OTRA VISIÓN SOBRE LA NUEVA LEY DE LA CIENCIA.

Un fiasco: la Ley de la Ciencia.

José Carlos Bermejo Barrera.

La Ley de la Ciencia que se está tramitando es otro fruto más de la confusión ideológica y política en las que se mueven las universidades, los partidos políticos y el gobierno de España. Habría que destacar en primer lugar que no tiene mucho sentido elaborar una ley sobre la ciencia, cuando es ya una opinión ampliamente compartida que no es posible definir qué es esa cosa llamada ciencia, si por ciencia se entienden materias tan dispares como el álgebra, la química orgánica, la física teórica y la filología griega, todos ellos, eso sí, campos de conocimiento bien definidos y académicamente regulados.

Si entendemos que ciencia es sinónimo de conocimiento sin más, estaría claro que a nadie se le ocurriría elaborar una ley general del conocimiento, del mismo modo que no puede redactarse una ley sobre el mundo, la materia, ni sobre el amor y la felicidad. Sin embargo, dado que nuestros legisladores son por lo general personas competentes en el manejo de la técnica jurídica – aunque su nivel de competencia parezca ser, a veces, decreciente en proporción geométrica-, está muy claro que lo que el legislador quiere regular en este texto normativo no es el conocimiento, sino aquel conjunto de conocimientos que puedan permitir el desarrollo de unas técnicas aplicables en el campo de la producción de bienes para el mercado, con lo cual la mayor parte de los saberes académicos deberían quedar excluidos de esta nueva ley.

Sin embargo, como sería muy duro reconocerlo, puesto que ello implicaría proclamar la inutilidad del conocimiento en sí mismo, la Ley de la Ciencia juega con una constante confusión conceptual entre los términos ciencia y conocimiento y ofrece a profesores e investigadores de campos académica y económicamente débiles, como las llamadas humanidades o las propias ciencias sociales, el consuelo de poder disfrutar también de las migajas del gran banquete de la ciencia que esta ley parece estar dispuesta a ofrecer. Migajas muchas veces muy bien recibidas por algunos estómagos agradecidos.

Pero es que esta ley no sólo confunde el conocimiento con la ciencia, sino que en todo su articulado subyace la idea difusa de que es el conocimiento el mecanismo básico de la creación de la riqueza, y no el capital ni el trabajo, y además oculta que el concepto básico de cualquier teoría económica es el concepto de propiedad, sin la cual no se podrían concebir las ideas de bienes y mercancías, ni la propia idea de mercado como espacio en el que los propietarios intercambian sus mercancías en unas confrontaciones muy duras entre empresas con el objeto de asegurarse sus cuotas de mercado, no sólo gracias al mecanismo autorregulado de los precios, sino también gracias al uso de variados tipos de medios de coacción extraeconómica, medios que pueden ser jurídicos, políticos o incluso militares.

Nuestra nueva ley de la ciencia, en la que el conocimiento parece ser la única variable que puede regular el crecimiento económico, a pesar de que no se explique de ninguna manera cómo lo puede hacer, no será una ley de la tecno-ciencia de un duro mundo económico real en el que las empresas utilizan todo tipo de medios para copar el mercado gracias a la ventaja competitiva de algunos de sus productos, sino una ley de la ciencia imaginaria. Una ley que podría ser una muestra del pensamiento mágico y en la que se confunden voluntariamente los actos administrativos con los conceptos, métodos, protocolos, instrumentos y recursos que se entremezclan en el complejísimo entramado de los diferentes tipos de investigaciones científicas, y no de un modo torpe o ingenuo, sino como parte de una estrategia fríamente diseñada.

Esa estrategia utiliza como instrumento básico para su desarrollo la polinormatividad, es decir, la promulgación constante de leyes, reales decretos y reglamentos que intentan controlar hasta los más mínimos detalles de diferentes terrenos que puedan ser objeto de codificación legal. Una polinormatividad que se podría definir como transversal, porque se desarrolla sin respetar muchas veces la jerarquía normativa, de modo tal que normas de nivel jerárquico inferior modifican o alteran otras normas o leyes de nivel superior, pudiendo caerse a veces en contradicciones flagrantes, más fáciles de mantener en el ámbito del derecho administrativo que en otros ámbitos jurídicos.

Gracias a esa polinormatividad transversal se puede, por ejemplo, en el ámbito universitario, ir transformando toda la realidad académica sin reformar la ley orgánica que la regula ni otras leyes o reales decretos de ámbito global. Gracias a ella se le pueden arrebatar unas competencias establecidas por ley orgánica para los centros académicos o para determinados órganos colegiados, como los de los centros y departamentos, a través del real decreto que creará las Escuelas de Doctorado, diseñado para facilitar la entrada de las empresas en este escalón docente. Gracias a la polinormatividad tranversal, un complemento salarial creado por el Ministerio de Hacienda, el sexenio de investigación, que jurídicamente no se diferencia del quinquenio docente, ni del trienio, ni de otro tipo de complementos, se convierte en el eje básico de la jerarquía intelectual de las universidades, limitando la plena competencia docente e investigadora de Catedráticos y Profesores Titulares, establecida por la ley orgánica que es la cúspide del sistema universitario español.

La Ley de la Ciencia, una ley sin objeto real, no es más que otra muestra de la polinormatividad transversal, y su finalidad esencial consiste en desregular las piezas claves del sistema normativo académico con el propósito de conseguir un determinado fin.

La Ley de la Ciencia es la ley de los profesores y de los funcionarios que se otorgan a sí mismos la categoría y los diferentes rangos del supuesto estatuto legal del investigador. Unos profesores y unos funcionarios que en aras del conocimiento están dispuestos a acaparar la mayor cantidad posible de fondos públicos para su utilización académica.

La Ley de la Ciencia sostiene que está destinada a mejorar e incluso transformar la economía real y las condiciones de los mercados españoles, partiendo del principio de que un descubrimiento científico siempre se puede planificar con todas sus consecuencias (lo que no es cierto ni en ciencia ni en economía; Taleb, 2008), y que con solo convertirse en una patente jurídicamente reglada se convierte espontáneamente y por arte de magia en un valor económico que permite fabricar mercancías técnicamente más avanzadas, que por su propia naturaleza, por su calidad, colonizan determinados sectores del mercado. Obviando intencionadamente que, si es cierto que una patente tiene un propietario, también lo tienen todas las empresas productivas y aquellas otras que manejan el capital financiero. Y que sin el capital financiero, el capital industrial y el tejido empresarial no es posible producir ninguna mercancía. Y que, una vez producida, introducirla en el mercado supone un grandísimo esfuerzo económico en su promoción, difusión y en la lucha con la competencia, en la que, como en el amor y en la guerra, vale todo.

No deja de llamar la atención que en España se creen un escasísimo número de universidades privadas orientadas a la investigación, y que nuestras industrias dediquen tan poco dinero al desarrollo de los procesos de investigación y diseño de nuevos productos. Si recordásemos el peso que el ladrillo y el turismo tienen en nuestra economía ello nos podría resultar más comprensible. De la misma forma que ayudaría el tener en cuenta que un sector industrial clave, como el automóvil, está formado en España por fábricas de grandes multinacionales del motor que desarrollan sus procesos de I+D en sus países de origen.

El único capital interesado en las universidades españolas es el capital financiero, un capital que no sólo en España, sino en todo el mundo parece estar funcionado ya al margen de la economía productiva, que ya se llama ahora “economía real”. Grandes bancos, como el Santander, parecen ser ahora apasionados amantes y filántropos piadosos preocupados por las universidades y el conocimiento. Permítasenos dudar de la fidelidad de su amor. En primer lugar porque todos los bancos existen para lograr beneficios y no para ayudar a la gente. Y en segundo lugar porque, visto el estado de endeudamiento creciente de las universidades españolas, tanto del capital privado como de los fondos públicos, lo que está consiguiendo la banca es ir endeudando progresivamente a las universidades y obtener de ellas cada vez más todo tipo de beneficios, una vez que consiga poco a poco hacerlas caer en una situación de dependencia. Una dependencia que se refleja verbalmente cuando grandes líderes de la banca española sentencian con gran autoridad sobre los conceptos de investigación, ciencia y conocimiento y se ofrecen, a través de sus fundaciones, a orientar, educar y adoctrinar a profesores y autoridades académicas.

La Ley de la Ciencia, además de intentar cambiar estructuralmente la universidad desde un campo normativo diferente al de la estructura jurídica específica de las universidades, además de contribuir a asentar el proceso de dependencia de las universidades de la entidades financieras, favorece claramente el trasvase de fondos públicos a las empresas privadas a través de los complejos mecanismos administrativos de los proyectos y contratos de investigación, en los que las empresas compran los resultados de la investigación académica por debajo de los precios reales de mercado, gracias al uso de los fondos públicos que actúan como mecanismo de dumping en muchos campos de investigación y contribuyen a bloquear la creación de verdaderas empresas orientadas a este fin.

Los complejos mecanismos de creación, consolidación y extinción de empresas, regulados de modo armónico o salvaje por el mercado real, también estarán relacionados con la Ley de la Ciencia, puesto que favorece la creación de empresas en el ámbito académico y el desvío del trabajo de algunos profesores hacia el ámbito de esas empresas. Unas empresas algunas veces auditadas por los organismos encargados del control de las cuentas públicas, que observan con curiosidad cómo cuando esas mismas empresas pasan a ser plenamente rentables rompen sus lazos con el alma mater, quedando en el seno materno aquellas otras que son deficitarias.

El discurso de creación de empresas en esta ley, y cada vez de modo creciente en la universidad, se presenta como un discurso filantrópico y desinteresado de ayuda a la comunidad y servicio al bien común, cuando en realidad es algo mucho más prosaico. Los profesores universitarios, como ha analizado brillantemente Stanley Fish (Fish, 2008) no están para salvar al mundo, sino para enseñar y crear y transmitir conocimiento. En todo caso, como afirma el mismo Fish en el título de su libro, si lo quieren hacer, “salven al mundo en su tiempo libre”.

La Ley de la Ciencia pretende consolidar con su polinormatividad transversal a grupos de profesores que tienen ya la capacidad de definirse a sí mismos como mejores que sus compañeros, gracias al uso del vocabulario cada vez más vacío de la calidad y la excelencia, dos términos que no son más que sinónimos de otro: la superioridad, no ya definida jurídicamente por el sistema de poderes y competencias que las leyes otorgan, sino por la adscripción y la pertenencia a un grupo de profesores que se consideran ellos mismos una aristocracia, a pesar de no ser más que una mera oligarquía, que cada vez más basará su poder simplemente en el control de los recursos de la investigación, y en el poder de evaluar los resultados de las investigaciones que ellos mismos – como colectivo – producen, aunque eso sí, apelando a la salvación de la comunidad.

Quizás la autora intelectual de esta Ley, Cristina Garmendia, superviviente en varios cambios ministeriales de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, y que podría ser perfectamente ministra con el PP, sea un icono o una imagen de lo que esta nueva ley pretende ofrecer.

Cristina Garmendia carece de un bagaje académico propio. Es una empresaria y antigua miembro de la CEOE. En las declaraciones de bienes de sus compañeros de gobierno apareció como la persona que poseía mayor riqueza y patrimonio personal. En su ámbito empresarial, las industrias farmacéuticas, desarrolló su actividad como colaboradora o subcontratadora, de un modo u otro, de las grandes empresas farmacéuticas que siempre que pueden intentan subcontratar sus procesos de investigación y producción en terceros países que les garanticen unos costes por debajo de los precios de mercado de los países más desarrollados.

Cristina Garmendia, empresaria real, pero también ideóloga del mercado, se convirtió en ministra de universidades sólo por un año, hasta que las universidades le fueron arrebatadas de su competencia. Intentó trasladar a la universidad no lo mejor del mundo de la empresa, sino lo peor, la jerga vacía de la gestión y el control por el control, que en el caso de la universidad se convirtió en un proceso meramente burocrático y sin trascendencia real, por estar las universidades públicas al margen del mercado. Ello puede verse en el borrador del estatuto del profesorado – que luego no se aprobó-, copia de un catálogo de puestos de trabajo de una empresa pero en el que la obsesión de control que reflejaba, al no ser el control de una producción real, parecía convertirse en un sutil sistema de definición y regulación de los diferentes matices de la nada.

Cristina Garmendia, que protagonizó estrepitosos enfrentamientos con el ministro de Industria, quien lógicamente reclamaba sus competencias en el ámbito de la investigación e innovación industrial, llegando a tirarse los trastos en reuniones de ámbito europeo, ha creado una Ley de la Ciencia para funcionarios y profesores, una ley para favorecer que algunas empresas privadas se beneficien más que otras de los fondos públicos – con los que también se vio recompensada la banca española a partir del 2008 -, siempre con el fin de contribuir al bien común.

Pero ha tenido un problema, consecuencia inevitable de la propia filosofía de su ley (y es que cuando expulsamos la realidad por la puerta, se nos cuela por la ventana): dado que la Ley de la Ciencia no es la ley de una economía real, la realidad le jugó una mala pasada a la economía imaginaria.

En una economía real, la innovación y la creación y conquista de nuevos mercados no se crea con leyes, sino de formas mucho más complejas, tal y como ocurrió con el proceso de producción e innovación técnica masiva protagonizado por los EE. UU. después de la II Guerra Mundial (De Grazia, 2005), un proceso gracias al cual ese pais llegó a inundar a Europa y a buena parte del mundo con sus productos. Todo ello gracias en primer lugar al diseño y comercialización de productos inexistentes hasta ese momento, como todos los electrodomésticos, la industria de la higiene y la cosmética y todo el sistema de mercancías que se mueve en torno a las industrias relacionadas con la cultura.

En la España de la economía imaginaria, inevitablemente, va a surgir un problema: el de las víctimas de la nueva situación creada por todo un proceso que pretende consagrar la nueva ley, los llamados precarios.

España no puede absorber el creciente número de investigadores en formación porque no existe un mercado real que demande investigadores en tantos campos, ya que el mundo de la investigación española es mayoritariamente académico, y el tejido industrial español no se basa en las industrias innovadoras. Y como en economía no hay milagros y las palabras no crean las cosas – excepto en el primer capítulo del Génesis, cuando Dios creó el mundo-, consecuentemente miles de investigadores formados carecen de empleo y función social en España.

Como esos mismos investigadores no se pueden crear su propias empresas por arte de magia, porque el mercado real no las demanda y las pocas que se pueden crear comienzan a gestionarse por profesores funcionarios dentro del ámbito universitario, esos investigadores no tienen otra salida que ser también funcionarios. Y como no puede haber funcionarios investigadores en número masivo en un país que no los necesita, se decide convertirlos progresivamente en profesores funcionarios, no para que se formen como profesores y enseñen, sino para que sigan investigando en el sector público, en las empresas concebidas en el seno del sector público u ofreciendo investigación barata a empresas gracias al mecanismo del dumping investigador.

Y ellos, con razón, reclaman su estatuto laboral estable, como el resto de los funcionarios, a pesar de que pueda no ser fácil ofrecérselo en un mercado cada vez más inestable, precario y que facilita de modo creciente el despido y la baja de los salarios.

La ley de la Ciencia española es una nueva ley de la ciencia imaginaria. En realidad podríamos llamarla la ley de una obsesión, la de la obsesión de la riqueza, que en otros momentos de la historia encarnó el oro (Bernstein, 2002), un elemento químico en el que se podían convertir todas las riquezas, que se podía a su vez cambiar por todas ellas y que sería la base de toda la economía, de toda la riqueza de la sociedad y del bien común. El oro, que ahora se denomina más asépticamente capital y al que todo el mundo (políticos, empresarios y académicos) coinciden en llamar la sangre de la economía, aunque esa sangre, como la sangre real, tenga que circular por un cuerpo.

En el mundo actual, en el que la economía financiera se ha desligado de la economía real, el mayor peligro para la supervivencia del capitalismo o del sistema económico mundial es la desmedida ambición por el beneficio, heredera de la antigua ambición por el oro. Raymon W. Baker (Baker, 2005), un banquero y filósofo norteamericano, ha denunciado en su estudio del dirty money, del papel que el dinero sucio juega en la economía financiera mundial, que lo que el llama “el talón de Aquiles del capitalismo” no es el propio sistema del mercado, sino la desmedida ambición de quienes lo controlan, de quienes se mueven en un mundo en el que se piensa que la economía es un solo parámetro: el beneficio conseguido gracias a un tipo especial de conocimiento, el del inversor inteligente, que convierte conocimiento en riqueza.

En la economía real la riqueza básica básica no es el conocimiento, sino la producción de miles de mercancías entre las cuales la innovación sólo es importante en un número muy limitado de ellas. Jeffrey Sachs (Sachs, 2005) ha puesto de manifiesto cómo en la base del desarrollo económico los factores básicos son la producción de alimentos en cantidad suficiente para la población de un país, las buenas condiciones higiénicas, el acceso al agua, los transportes básicos en el mercado interior y exterior, la educación básica y unas condiciones de trabajo dignas. Todo ello muy alejado del mundo de la economía mágica de la Ley de la Ciencia.

La Ley de la Ciencia no es sólo la Ley de una ilusión: es una serie de gigantescos paralogismos o sofismas que podríamos formular de forma abstracta de este modo:

Todo conocimiento es riqueza.
La riqueza tiene un propietario
Luego el conocimiento también tiene que tener un propietario.

Toda riqueza es cuantificable.
Todo conocimiento es riqueza.
Luego todo conocimiento es cuantificable

Toda la riqueza se produce.
Todo el conocimiento se produce.
Luego producir conocimiento es idéntico a producir riqueza
(puesto que conocimiento y riqueza son idénticos)

Producir es bueno para el bien común.
Producir riqueza es bueno para el bien común
Luego producir conocimiento es bueno para el bien común

Quien crea más riqueza es propietario de más riqueza.
Quién crea más conocimiento es propietario de más conocimiento.
Luego quien crea más conocimiento tiene derecho a ser más rico.

La propiedad es un derecho reconocido por la ley.
El conocimiento es una clase de propiedad.
Luego debe hacerse una ley del conocimiento (o la ciencia).

Las leyes se crean para el bien común.
La ley de conocimiento es una ley.
Luego la ley del conocimiento se crea para el bien común.

La propiedad de uno debe ser reconocida por los demás.
El conocimiento es una propiedad.
Luego el conocimiento debe ser reconocido por los demás.

Todo el mundo tiene derecho a la propiedad y a enriquecerse.
El conocimiento es una propiedad.
Luego los que tienen conocimiento tiene derecho a enriquecerse.

Todos los que tienen muchas propiedades son ricos.
Los que tiene muchos conocimientos tienen muchas propiedades.
Luego los que tienen muchos conocimientos son ricos.

Se llaman ricos a aquellos que tienen muchas propiedades.
Se llaman ricos a aquellos que tienen muchos conocimientos.
Luego los ricos y los que tienen muchos conocimientos son idénticos.

El valor de la riqueza se cifra solo en dinero.
El conocimiento es una riqueza.
Luego el conocimiento es sólo dinero.

Los que poseen conocimiento son personas admirables.
El conocimiento es riqueza.
Luego los ricos son admirables.

En todos estos paralogismos sólo hay un error de base, y es que el conocimiento no tiene nada que ver con la riqueza. Los tres parámetros básicos de la economía son la propiedad, el capital y el trabajo (Schumpeter, 1994; Schabas, 2005). Y en un proceso productivo las patentes que se pueden generar mediante la investigación científica se convierten en un mecanismo productivo, no por el conocimiento mismo implícito en el desarrollo de las mismas, sino porque tienen un propietario que tiene el capital suficiente para generar un proceso productivo a partir de ellas, ya las haya creado, comprado o arrendado.

Referencias bibliográficas

1. Baker, Raymond W., 2005, Capitalism’s Achilles Heel. Dirty Money and how to Renew the Free-Market System, New Jersey, John Wiley & Sons.
2. Bernstein, Peter L., 2002, El oro. Historia de una obsesión, Buenos Aires, Ediciones B Argentina.
3. De Grazia, Victoria, 2005, Irresistible Empire. America’s advance through 20th-Century Europe, Cambridge (Mass.)-London, Harvard University Press.
4. Fish, Stanley, 2008, Save the World on your Own Time, Oxford, Oxford University Press.
5. Sachs, Jeffrey, 2005, El fin de la pobreza. Cómo conseguirlo en nuestro tiempo, Barcelona, Debate.
6. Schabas, Margaret, 2005, The Natural Origins of Economics, Chicago-Londres, Chicago University Press.
7. Schumpeter, Joseph A., 1994, History of Economic Analysis, con una nueva introducción por Mark Perlman, New York, Oxford University Press.
8. Taleb, Nassin Nicholas, 2008, El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable, Barcelona, Paidós/Círculo de Lectores.
9. Warsh, David, 2006, Knowledge and the wealth of nations. A story of economic discovery, New York, W.W. Norton & Company.

UNA PREGUNTA

¿Cuáles son las bases legales para la contratación de los Profesores Sustitutos Interinos por aumento de la carga docente?

En un reglamento de contrataciones extraordinarias del 2008 de la UCO se habla de que se sigue la LOMLOU.  En este reglamento se dice que ”utilizando para ello la posibilidad que ofrece la LOMLOU de contratar profesores sustitutos interinos“. No he encontrado ese profesorado en la Ley.

En el primer Convenio Colectivo del PDI laboral de Andalucía aparece como figura extraordinaria de profesorado para sustituir a profesores en dos situaciones muy concretas:

1. Excedencia especial, y debe aparecer en el contrato el nombre del profesor que tiene reservada la plaza.
2. Cubrir interinamente una plaza de profesor ordinario (contratado doctor, ayudante doctor, ..) hasta finalizar el proceso de selección, y debe aparecer en el contrato el nombre de la plaza ordinaria que se cubre. 

No he encontrado en este Convenio referencia a la utilización para la contratación por necesidades docentes extraordinarias.

Esta figura tampoco la he encontrado en ninguna universidad de fuera de Andalucía.

Como ésta es una página de la Junta de Personal, creo que es el mejor lugar para dirigir esta pregunta y obtener alguna respuesta que me aclare la duda que tengo.

Un saludo

Diego Llanes

A vueltas con la “realidad-publicitaria”

Se afirma,  además, que con ello  consiguen un ahorro económico de casi el   20%

(ver más abajo la carta remitida a todo el profesorado).

Habría que resaltar que esta  noticia afecta especialmente a los muchos cargos de nuestra universidad (1 de cada 3 profesores funcionarios tiene un cargo)  que disponen de móvil institucional y que por tanto deben estar de enhorabuena por esta gestión.  Lamentablemente no podrán hacer uso directo del nuevo móvil en el extranjero, pero todo se andará.

Cada día me resulta mas complicado entender el mundo universitario en el que me muevo. La “realidad-publicitaria” no se cansa de decir que las universidades son el modelo y el motor de una nueva economía sostenible. Pero la tozuda realidad nos muestra día a día una universidad cada vez más cerrada y defensora de unos privilegios insostenibles.

Diego Llanes Ruiz

CARTA DEL VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES

Córdoba, 15 de noviembre de 2010

Estimados usuarios/compañeros

La Universidad ha renovado el Contrato de Comunicaciones de Voz consiguiendo un notable ahorro (cercano al 20%) y mejoras en este servicio. Tenemos disponible un abanico de tarifas planas de Internet. Esta información se puede consultar en los siguientes enlaces:

Tarifas tráfico de voz:
http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/telefonia/doc2/Precios_de_Llamadas.pdf
Tarifas tráfico de datos:
http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/telefonia/doc2/Tarifas_Planas.pdf

Además se ha conseguido el compromiso de la renovación de TODO el parque de terminales móviles de forma progresiva y ya hemos empezado por los más antiguos, LOS DE MÁS DE 6 MESES. Para ello se han establecido unos modelos tipo predefinidos (Nokia 5230 y Nokia 7230) que se van cambiando dentro de cada categoría. Este trámite puede hacerse en las oficinas de la Unidad Técnica, en el Campus de Rabanales.

Os recuerdo la posibilidad de conectarnos en movilidad (hacer uso del móvil y/o conectarse a Internet) que nos facilita la red de móviles.

ATENCIÓN: el uso de este servicio en el extranjero, no lo tenemos fijado (ya que intervienen operadores ajenos a nuestro contrato), por lo que si vais a viajar al extranjero y necesitáis hacer uso del servicio de movilidad, consultad con el Área de  Comunicaciones del Vicerrectorado de Tecnologías en la Unidad Técnica, donde se os facilitarán las tarifas para cada país.

La persona de contacto de la Unidad Técnica es Ana Luque, teléfono 8225.

Un saludo.
Juan Antonio Caballero Molina
Vicerrector de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

NUEVO PARADIGMA UNIVERSITARIO.

Este largo artículo interesará especialmente a quienes,  como yo, se sienten fuera de la que llamo “realidad-publicitaria” en que está sumida la universidad española.

En mi opinión se necesita un nuevo paradigma para el funcionamiento de nuestra  universidad, igual que hace falta para la sociedad en su conjunto.  Se hace incluso imprescindible,  antes de que esta “realidad-publicitaria” acabe haciéndose añicos, ante los atónitos ojos de las nuevas generaciones de alumnos, profesores y trabajadores en general, por la crisis del sistema económico imperante.

Los creadores y defensores de esta “realidad-publicitaria” en la UCO son muchos, y no les va nada mal en cuanto a poder y gestión de recursos. Por tanto, no quieren y tampoco les gusta que se hable de poner en marcha ese nuevo paradigma universitario que pondría en peligro su privilegiada posición.

Sería utópico pensar que en nuestra plácida “realidad-publicitaria”, escritos como éste puedan servir para generar debate. Al menos espero os interese y sirva de muestra de que hay otras realidades (opiniones) posibles.

Digo Llanes Ruiz

 

Tomado de http://firgoa.usc.es/drupal/node/47659

 

¿Por qué es necesario cerrar ya la ANECA y neutralizar su ideología?

José Carlos Bermejo Barrera.

Catedrático de Historia Antigua. Universidad de Santiago

La supresión de la ANECA, mediante un decreto o una ley que la deje sin efecto legal alguno, es una necesidad imperiosa del sistema universitario español, debido a que es la propia existencia de esa agencia la que imposibilita cualquier reforma real de las universidades españolas.

Como veremos a continuación, el proceso de creación y consolidación de esa agencia, pieza clave de la política universitaria del PP y del PSOE, ha traído consigo:

1) la creación, difusión e implantación de una ideología muy concreta de la enseñanza superior.

2) la consolidación de un grupo social cada vez más amplio de profesores supuestamente expertos en establecer criterios objetivos de valoración de la docencia y la investigación, que a su vez son los que pueden dar acceso al disfrute de cuotas mayores o menores de fondos públicos necesarios para enseñar e investigar.

3) la sumisión del profesorado a todo tipo de procesos de control, con el fin de poder acceder a sus cuotas correspondientes de incentivos económicos, ya sea en sus nóminas, a nivel personal, o en otro tipo de ingresos.

4) el debilitamiento institucional de las universidades.

5) y lo que es más grave, la implantación y aceptación masiva de un sistema de doble verdad, en el cual todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a decir, que todos estos procesos carecen de finalidad alguna.

La ANECA fue creada por Pilar del Castillo, ministra de educación bajo el gobierno de José María Aznar, y fue concebida como un instrumento que podría permitir el control político e ideológico y la futura reconversión de las universidades españolas.

OPINIONES INTERESANTES (2)

La “reuniversidad”

BONAVENTURA DE SOUSA SANTOS

Carta Maior

Traducido por Antoni Jesús Aguiló y revisado por Àlex Tarradellas

En mi última crónica describí un escenario perturbador para el futuro de la universidad europea como resultado de los actuales procesos de reforma. Señalé que se trata sólo de un escenario posible cuya emergencia puede evitarse tomando algunas medidas exigentes.

En primer lugar, hay que empezar por reconocer que la nueva normalidad creada por el escenario descrito significaría el fin de la universidad tal y como la conocemos.

En segundo lugar, es necesario acabar con los vicios de la universidad anterior al proceso de Bolonia: inercia y endogamia detrás de la aversión a la innovación; autoritarismo institucional disfrazado de autoridad académica; nepotismo disfrazado de mérito; elitismo disfrazado retóricamente de excelencia; control político disfrazado de participación democrática; neofeudalismo disfrazado de autonomía departamental o de facultad; miedo a la evaluación disfrazado de libertad académica; baja producción científica bajo la apariencia de resistencia heroica a términos de referencia estúpidos y comentarios ignorantes de árbitros.

En tercer lugar, el proceso de Bolonia debe retirar de su vocabulario el concepto de “capital humano”. Las universidades forman seres humanos y ciudadanos plenos y no capital humano sujeto, como cualquier otro capital, a las fluctuaciones del mercado. No se puede correr el riesgo de confundir la sociedad civil con el mercado. Las universidades son centros de saber en el sentido más amplio del término, lo que implica pluralismo científico, interculturalidad al conocimiento que tiene valor de mercado y al que no.

El análisis coste/beneficio en el ámbito de la investigación y el desarrollo es un instrumento tosco que puede frenar la innovación en vez de promoverla. Basta consultar la historia de la tecnología para concluir que las innovaciones con mayor valor instrumental se desarrollaron sin ningún tipo de atención al análisis coste/beneficio. Resultaría fatal para las universidades si la reforma en curso se orientara a neutralizar los mecanismos de resistencia contra las imposiciones unilaterales del mercado, los mismos que, en el pasado, fueron cruciales para resistir las imposiciones unilaterales de la religión y el Estado.

En cuarto lugar, la reforma debe incentivar a las universidades un concepto amplio de responsabilidad social, que no debe confundirse con la instrumentalización. En el caso portugués, los contratos celebrados entre las universidades y el Gobierno para aumentar la cualificación de la población dejan en ridículo la idea del aislamiento social de las universidades. Sin embargo, si no se cumplen todas las condiciones, las instituciones pueden verse sometidas a estrés institucional destructivo que alcanzaría de manera fatal a la generación de docentes situados en la franja de los treinta y cuarenta años.

En quinto lugar, para que nada de esto ocurra, es necesario que todos los docentes universitarios reciban las mismas oportunidades de investigación, no haciéndoles depender del ranking de las universidades ni del tema de la investigación, no tolerando cargas lectivas asfixiantes ni la degradación de los salarios (manteniendo las carreras activas y permitiendo que los salarios se paguen, en parte, por los proyectos de investigación).

En sexto lugar, el proceso de Bolonia debe tratar los rankings como la sal en la comida, es decir, con moderación. Debe introducir, además, la pluralidad de criterios en la definición de los rankings, a semejanza de lo que ya ocurre en otros campos: en el ranking de países, por ejemplo, el índice del PIB coexiste con el índice de desarrollo humano del PNUD [1].

Todo esto es posible sólo si el proceso de Bolonia se convierte cada vez más en una energía endógena y cada vez menos en una imposición de peritos internacionales que transforman preferencias subjetivas en políticas públicas inevitables; y si los responsables de la reforma convencen a la UE y a los Estados para invertir más en las universidades, que no sea en respuesta a presiones corporativas, sino porque ésta es la inversión capaz de garantizar el futuro de la idea de Europa como Europa de las ideas.

Notas

[1] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (N. T.)

Artículo original del 22 de septiembre de 2010.

Fuente: http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=4791

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal).

OPINIONES INTERESANTES

La “desuniversidad

BONAVENTURA DE SOUSA SANTOS.

Carta Maior

Traducido por Antoni Jesús Aguiló y revisado por Àlex Tarradellas

El Proceso de Bolonia —la unificación de los sistemas universitarios europeos con vistas a crear un espacio de educación superior— se ha visto como una gran oportunidad para llevar a cabo la reforma de la universidad europea. Pienso, sin embargo, que los universitarios europeos tienen que enfrentarse a la siguiente cuestión: ¿el proceso de Bolonia es una reforma o una contrarreforma? La reforma es la transformación de la universidad a fin de prepararla para responder creativamente a los desafíos del siglo XXI, en cuya definición participa activamente. La contrarreforma es, so pretexto de reforma, la imposición a la universidad de desafíos que legitiman su total descaracterización. La pregunta no tiene por ahora respuesta, porque todo está en el aire. Sin embargo, hay señales perturbadoras de que puede que prevalezcan las fuerzas de la contrarreforma. Si esto llegara a ocurrir, el escenario distópico tendría los siguientes contornos.

Ahora que la crisis financiera ha permitido ver los peligros de crear una moneda única sin unificar las políticas públicas, la política fiscal y los presupuestos del Estado, es posible que, con el tiempo, el proceso de Bolonia se transforme en el euro de las universidades europeas. Las consecuencias previsibles serán las siguientes: el abandono de los principios de internacionalismo universitario solidario y de respeto por la diversidad cultural e institucional en nombre de la eficiencia del mercado universitario europeo y la competitividad; las universidades más débiles —concentradas en los países más débiles— serán situadas por las agencias de calificación universitaria en la cola del ranking, supuestamente tan riguroso como realmente arbitrario y subjetivo, sufriendo las consecuencias de la aceleración de la desinversión pública; muchas universidades cerrarán y, tal y como ya está sucediendo en otros niveles educativos, los estudiantes y sus padres deambularán por los países en busca de la mejor relación calidad/precio, como ya lo hacen en los centros comerciales en los que las universidades se están transformando.

El impacto interno será arrollador: la relación entre la investigación y la docencia, tan proclamada por Bolonia, será el paraíso para las universidades situadas a la cabeza del ranking —una pequeña minoría— y el infierno para la inmensa mayoría de las universidades y universitarios. Los criterios de mercantilización reducirán el valor de las diferentes áreas de conocimiento a su precio de mercado, de manera que el latín, la poesía o la filosofía sólo se mantendrán si algún macdonald [1] informático ve en ellas alguna utilidad.

Los gestores de las universidades serán los primeros en asimilar la orgía clasificadora, objetivomaníaca e indicemaníaca; se convertirán en especialistas a la hora de crear sus propias recetas para la expropiación de las familias o el pillaje del descanso y la vida personal de los docentes, ejerciendo toda su creatividad en la destrucción de la creatividad y la diversidad universitarias, normalizando todo lo que es normalizable y destruyendo todo lo que no lo es.

Los profesores serán proletarizados por aquello de lo que supuestamente son dueños —la enseñanza, la evaluación y la investigación—, zombis de formularios, objetivos, evaluaciones impecables en rigor formal y necesariamente fraudulentas en la sustancia, deliverable , milestones , negocios de citación recíproca para mejorar los índices, comparaciones entre ”publicas cualquier cosa en cualquier sitio”, carreras imaginadas como estimulantes y siempre paradas en los pisos inferiores. Los estudiantes serán los dueños de su propio aprendizaje y de su endeudamiento durante el resto de su vida, en permanente desliz de la cultura estudiantil a la cultura del consumo estudiantil, autónomos en las elecciones de las que desconocen la lógica y los límites, orientados personalmente hacia las salidas del desempleo profesional.

Finalmente, el servicio de educación terciaria será liberalizado de acuerdo con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Nada de esto tiene por qué suceder. Para que no suceda es necesario que los universitarios y las fuerzas políticas para las que esta nueva normalidad es una monstruosidad definan lo que se tiene que hacer y se organicen eficazmente para hacerlo. Será el tema de la próxima crónica.

Notas

[1] Referencia a Peter Macdonald, fundador de Linux. (N.T)

Artículo original del 25 de agosto de 2010.

Fuente: http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=4759

*Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal).

Huelga General 29-S. ¡YO VOY!

YO VOY A LA HUELGA

Texto leído en el acto de apoyo a la huelga general de trabajadores de la cultura y la enseñanza convocado por UGT y CCOO el 22 de septiembre en Sevilla.

Juan Torres López (www.juantorreslopez.com).
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

Queridas amigas y amigos:

Agradezco a UGT y CC.OO. la oportunidad de dirigirme a ustedes para apoyar la convocatoria de huelga del día 29.

Yo soy un modesto científico social. Me dedico a estudiar la realidad económica, analizo lo que veo y publico mis conclusiones. A eso se añade, naturalmente, que soy un ciudadano más, un ser humano con convicciones, con ideales, con sentimientos, emociones y preferencias, como también las tienen el gobernador del Banco de España o los economistas liberales, aunque éstos suelen decir que están libres de valores y que solo hablan como técnicos objetivos, qué casualidad, siempre que proponen medidas que perjudican a las clases trabajadoras.

Pues bien, es como científico social y como ciudadano como puedo hablarles.
Como científico social vengo analizando desde hace años la situación económica internacional y sus efectos sobre la economía española. Mis análisis me llevaron a predecir que iba a producirse una crisis como la que estamos viviendo. Por cierto, justamente lo contrario de lo que pasó con los que ahora nos dicen que tienen la solución segura y obligada para salir de ella: no solo no la predijeron sino que decían, incluso a finales de 2007, que las cosas iban magníficamente.

Disculpen que sea quizá algo inmodesto y me cite a mí mismo. Verán, el 10 de septiembre de 2007 yo escribí lo siguiente:

“aunque la crisis se inicie en el mercado hipotecario de un país, en este caso de Estados Unidos, es completamente seguro que se extenderá por todo el globo terráqueo… Si hubiera que apostar, yo más bien lo haría por unos meses largos de inestabilidad profunda, de sobresaltos y de pérdida de vigor económico. El sector inmobiliario, en primer lugar, saltará próximamente por los aires en los países, como España, en donde ha generado burbujas especulativas; y detrás de él, quizá algunos ámbitos del sector bancario y financiero. Tras de lo cual es inevitable que venga una nueva fase recesiva que puede ser duradera si no se adoptan medidas de choque rápidas y contundentes en forma, principalmente, de incremento del gasto”.

Pues bien, exactamente por aquellos mismos días el Fondo Monetario Internacional afirmaba en un informe que “lo que nos parece más probable es que el vigoroso crecimiento mundial perdure”, “comparando los datos actuales con los de septiembre de 2006 no hay tantas razones para preocuparse por la economía mundial”.

Y el entonces su director gerente, el español Rodrigo Rato, decía unos días antes que yo que “seguimos previendo por ahora que la economía mundial mantendrá su buena marcha” y que sus proyecciones apuntaban “a un crecimiento mundial sostenido” (doy más muestras de estos patinazos en mi libro La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se han hundido nada que saldrá a la calle en unas semanas publicado por Editorial Sequitur).

La crisis económica y el futuro de la Universiad Pública Española.

Diego Llanes Ruiz.

Recientemente ha visto la luz un libro colectivo “Construir el futuro de la universidad pública” Editorial Icaria, donde hay un capítulo en el que analizo las estructuras universitarias en función de las actividades que deben realizar las universidades. Cuando escribí el capítulo, la crisis económica estaba aun en su primera fase.

Durante 2010 la crisis generada por el capitalismo financiero especulativo ha entrado en una segunda fase donde las inversiones públicas, que se emplearon y emplean para salvar a las entidades financieras y que en el pasado permitieron salir del “crack del 29”, son ahora presentadas por los mercados como las causas del problema. Los mercados es el nombre que hoy adopta el capital financiero especulativo y que tiene entre sus portavoces al FMI, Comisión Europea, BCE, BdE, OCDE, Agencias de ratings, etc. Para salir de la crisis, en esta segunda fase, los gobiernos son obligados a realizar recortes en los gastos públicos.

Las medidas que está tomando el actual gobierno, cumplen las directrices del FMI y la Comisión Europea y están suponiendo un recorte drástico en la inversión pública. Entre ellas están: la bajada de sueldos de funcionarios y de otros trabajadores; la congelación de las pensiones; la reforma laboral encaminada a facilitar el despido y favorecer la bajada de salarios; la eliminación de inversiones productivas socialmente, etc. Estas medidas se toman además a sabiendas de que los ciudadanos que las sufrirán no han sido los causantes de la crisis.

El hundimiento del modelo económico que hemos tenido en los últimos años y las vías para mantenerlo a flote tendrán una repercusión importante sobre las universidades públicas.

Con la entrada en esta segunda fase de la crisis declaraciones como las del 27 de Abril del Consejo de Universidades, donde se insiste en  “la Universidad como institución clave del cambio de modelo productivo…” y en  “la mejora de la financiación como un instrumento……, al objeto de que puedan convertirse en motores de transformación social….”,  pueden haber quedado anticuadas en sólo un mes. Ahora podremos comprobar si los bancos y sus fundaciones, que tanto apoyaban “la economía del conocimiento” cuando las inversiones públicas parecían no tener fin, sustituyen a la inversión del gobierno en el desarrollo de una universidad pública al servicio del avance del conocimiento científico y motor de la transformación social.

Los dirigentes universitarios en general, no parecen haber comprendido todavía  las consecuencias que sobre las universidades tendrá el recorte de las inversiones públicas. El Secretario General de Universidades M. Rubiralta en una reciente entrevista estima que el recorte reducirá la inversión al 30% de lo previsto, recorte que ya vienen sufriendo universidades de algunas comunidades autónomas, como las madrileñas. Aunque el recorte más llamativo, por su novedad, ha sido la reducción de sueldos y complementos de los trabajadores universitarios. Todavía, sin embargo, es normal que se siga hablando en las universidades de proyectos faraónicos, como si la crisis y el recorte no fuera con nosotros o como si tuviéramos capacidad de autofinanciarlos.

Se continúa aumentando el número de cargos académicos, como si no fueran ya muchos; en la Universidad de Córdoba existen 248 cargos (1 de cada 3 profesores doctores funcionarios tiene un cargo). Se solicitan más fondos para nuevos diseños virtuales de Campus de Excelencia Internacional o !!Internacional  regional¡¡. Se habla de continuar sin ninguna reflexión con la implantación de un enorme número de nuevos grados y másteres según Bolonia. Tan implicados han estado, la gran mayoría de los dirigentes universitarios y sus agencias, en el modelo de desarrollo económico vigente, cuando los fondos públicos detraídos por el gobierno del ladrillo y la especulación no parecían tener fin, que no parecen percatarse de que el tiempo que permitía todas esas actuaciones ha terminado y que, además, no volverá.

Nuestros gestores mejor harían en prepararse, y prepararnos a todos, para enfrentar con el menor daño posible la larga época de austeridad que se aproxima y que hará que la implantación de Bolonia se haga con una reducción dramática de las inversiones; queda lejos el coste cero. En unos años asistiremos a las consecuencias negativas que, sobre la formación universitaria del país, tendrá esta irresponsable aventura, llamada Bolonia, que puede llevarse por delante el prestigio de nuestra universidad al tener que realizarse con una reducción de las inversiones. Nadie había previsto que algo similar podría suceder y por tanto tendremos todos, pero los gestores primero, que echar mano de la imaginación para enfrentarnos a los nuevos problemas que se avecinan. Bien haríamos en no aceptar la situación e incrementar las protestas que ya se están iniciando. http://universidadfrentealacrisis.blogspot.com/.

En la situación actual no se trataría tanto de protestar y hacer huelgas por la disminución del sueldo, que también, sino de ir generando una alternativa política que pueda ofrecer una salida a la crisis que implique la desaparición de la influencia del capital financiero improductivo tanto en las universidades como en el resto de la sociedad. Esta alternativa, será difícil de plasmar en estos momentos por la atomización de los grupos políticos y ONGs que puedan defenderla y por el hecho de que una buena parte de la sociedad se vio favorecida por el modelo económico del ladrillo y la especulación. Esta alternativa, debe plantearse, en primer lugar, como un movimiento de carácter europeo con el objetivo básico de devolver a los ciudadanos, a través de sus gobiernos elegidos democráticamente, el control de la actividad económica, arrebatándosela al mercado controlado hoy por el capital financiero improductivo.

De todos nosotros, quienes hoy trabajamos o estudiamos en la universidad,  depende el que pongamos las bases para que la universidad pueda ocupar un lugar importante en un nuevo modelo económico. Ello no tiene nada que ver con las luchas corporativas internas que sólo muestran esa parte de la universidad que sigue recluida en su torre de privilegios, sin afrontar desde sus aulas y laboratorios los graves problemas que atraviesa nuestra sociedad. Se trata de un reto difícil y que deberemos transmitir adecuadamente a los jóvenes, sus principales beneficiarios, para que haciéndolo suyo lo lleven a buen puerto.

La JPDI te invita a participar en la Huelga General del Sector Público

Estimados compañeros:

Ante la convocatoria de huelga convocada por los sindicatos para el próximo martes, 8 de junio, la JPDI ha acordado, por mayoría, apoyar y patrocinar dicha convocatoria de huelga.

Por tal motivo es por lo que me dirijo a tí para rogarte, con el más absoluto respeto a tu opinión personal respecto a dicha convocatoria, que dediques un poco de tu tiempo a la lectura de los archivos que te adjuntamos pues, de la misma, estoy convencido que se deduce la necesidad de hacer un esfuerzo más, la manifestación expresa del deseo de hacer huelga con la consiguiente pérdida de haberes, para así dejar constancia que cualquier decisión posterior de reducirnoslos aún más será recibida con la adecuada respuesta.

Si deseas más información, expresamente sobre los visos de inconstitucionalidad de la medida, entra en la página web de la JPDI. Con base en esa información se iniciará, además de con la huelga, la defensa de nuestros derechos.

En la confianza de haberte servido de utilidad en la toma de tu decisión recibe un cordial saludo de

A. López Pinto
Pte de la JPDI

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