José Carlos Bermejo Barrera.

La Ley de la Ciencia que se está tramitando es otro fruto más de la confusión ideológica y política en las que se mueven las universidades, los partidos políticos y el gobierno de España. Habría que destacar en primer lugar que no tiene mucho sentido elaborar una ley sobre la ciencia, cuando es ya una opinión ampliamente compartida que no es posible definir qué es esa cosa llamada ciencia, si por ciencia se entienden materias tan dispares como el álgebra, la química orgánica, la física teórica y la filología griega, todos ellos, eso sí, campos de conocimiento bien definidos y académicamente regulados.

Si entendemos que ciencia es sinónimo de conocimiento sin más, estaría claro que a nadie se le ocurriría elaborar una ley general del conocimiento, del mismo modo que no puede redactarse una ley sobre el mundo, la materia, ni sobre el amor y la felicidad. Sin embargo, dado que nuestros legisladores son por lo general personas competentes en el manejo de la técnica jurídica – aunque su nivel de competencia parezca ser, a veces, decreciente en proporción geométrica-, está muy claro que lo que el legislador quiere regular en este texto normativo no es el conocimiento, sino aquel conjunto de conocimientos que puedan permitir el desarrollo de unas técnicas aplicables en el campo de la producción de bienes para el mercado, con lo cual la mayor parte de los saberes académicos deberían quedar excluidos de esta nueva ley.

Sin embargo, como sería muy duro reconocerlo, puesto que ello implicaría proclamar la inutilidad del conocimiento en sí mismo, la Ley de la Ciencia juega con una constante confusión conceptual entre los términos ciencia y conocimiento y ofrece a profesores e investigadores de campos académica y económicamente débiles, como las llamadas humanidades o las propias ciencias sociales, el consuelo de poder disfrutar también de las migajas del gran banquete de la ciencia que esta ley parece estar dispuesta a ofrecer. Migajas muchas veces muy bien recibidas por algunos estómagos agradecidos.

Pero es que esta ley no sólo confunde el conocimiento con la ciencia, sino que en todo su articulado subyace la idea difusa de que es el conocimiento el mecanismo básico de la creación de la riqueza, y no el capital ni el trabajo, y además oculta que el concepto básico de cualquier teoría económica es el concepto de propiedad, sin la cual no se podrían concebir las ideas de bienes y mercancías, ni la propia idea de mercado como espacio en el que los propietarios intercambian sus mercancías en unas confrontaciones muy duras entre empresas con el objeto de asegurarse sus cuotas de mercado, no sólo gracias al mecanismo autorregulado de los precios, sino también gracias al uso de variados tipos de medios de coacción extraeconómica, medios que pueden ser jurídicos, políticos o incluso militares.

Nuestra nueva ley de la ciencia, en la que el conocimiento parece ser la única variable que puede regular el crecimiento económico, a pesar de que no se explique de ninguna manera cómo lo puede hacer, no será una ley de la tecno-ciencia de un duro mundo económico real en el que las empresas utilizan todo tipo de medios para copar el mercado gracias a la ventaja competitiva de algunos de sus productos, sino una ley de la ciencia imaginaria. Una ley que podría ser una muestra del pensamiento mágico y en la que se confunden voluntariamente los actos administrativos con los conceptos, métodos, protocolos, instrumentos y recursos que se entremezclan en el complejísimo entramado de los diferentes tipos de investigaciones científicas, y no de un modo torpe o ingenuo, sino como parte de una estrategia fríamente diseñada.

Esa estrategia utiliza como instrumento básico para su desarrollo la polinormatividad, es decir, la promulgación constante de leyes, reales decretos y reglamentos que intentan controlar hasta los más mínimos detalles de diferentes terrenos que puedan ser objeto de codificación legal. Una polinormatividad que se podría definir como transversal, porque se desarrolla sin respetar muchas veces la jerarquía normativa, de modo tal que normas de nivel jerárquico inferior modifican o alteran otras normas o leyes de nivel superior, pudiendo caerse a veces en contradicciones flagrantes, más fáciles de mantener en el ámbito del derecho administrativo que en otros ámbitos jurídicos.

Gracias a esa polinormatividad transversal se puede, por ejemplo, en el ámbito universitario, ir transformando toda la realidad académica sin reformar la ley orgánica que la regula ni otras leyes o reales decretos de ámbito global. Gracias a ella se le pueden arrebatar unas competencias establecidas por ley orgánica para los centros académicos o para determinados órganos colegiados, como los de los centros y departamentos, a través del real decreto que creará las Escuelas de Doctorado, diseñado para facilitar la entrada de las empresas en este escalón docente. Gracias a la polinormatividad tranversal, un complemento salarial creado por el Ministerio de Hacienda, el sexenio de investigación, que jurídicamente no se diferencia del quinquenio docente, ni del trienio, ni de otro tipo de complementos, se convierte en el eje básico de la jerarquía intelectual de las universidades, limitando la plena competencia docente e investigadora de Catedráticos y Profesores Titulares, establecida por la ley orgánica que es la cúspide del sistema universitario español.

La Ley de la Ciencia, una ley sin objeto real, no es más que otra muestra de la polinormatividad transversal, y su finalidad esencial consiste en desregular las piezas claves del sistema normativo académico con el propósito de conseguir un determinado fin.

La Ley de la Ciencia es la ley de los profesores y de los funcionarios que se otorgan a sí mismos la categoría y los diferentes rangos del supuesto estatuto legal del investigador. Unos profesores y unos funcionarios que en aras del conocimiento están dispuestos a acaparar la mayor cantidad posible de fondos públicos para su utilización académica.

La Ley de la Ciencia sostiene que está destinada a mejorar e incluso transformar la economía real y las condiciones de los mercados españoles, partiendo del principio de que un descubrimiento científico siempre se puede planificar con todas sus consecuencias (lo que no es cierto ni en ciencia ni en economía; Taleb, 2008), y que con solo convertirse en una patente jurídicamente reglada se convierte espontáneamente y por arte de magia en un valor económico que permite fabricar mercancías técnicamente más avanzadas, que por su propia naturaleza, por su calidad, colonizan determinados sectores del mercado. Obviando intencionadamente que, si es cierto que una patente tiene un propietario, también lo tienen todas las empresas productivas y aquellas otras que manejan el capital financiero. Y que sin el capital financiero, el capital industrial y el tejido empresarial no es posible producir ninguna mercancía. Y que, una vez producida, introducirla en el mercado supone un grandísimo esfuerzo económico en su promoción, difusión y en la lucha con la competencia, en la que, como en el amor y en la guerra, vale todo.

No deja de llamar la atención que en España se creen un escasísimo número de universidades privadas orientadas a la investigación, y que nuestras industrias dediquen tan poco dinero al desarrollo de los procesos de investigación y diseño de nuevos productos. Si recordásemos el peso que el ladrillo y el turismo tienen en nuestra economía ello nos podría resultar más comprensible. De la misma forma que ayudaría el tener en cuenta que un sector industrial clave, como el automóvil, está formado en España por fábricas de grandes multinacionales del motor que desarrollan sus procesos de I+D en sus países de origen.

El único capital interesado en las universidades españolas es el capital financiero, un capital que no sólo en España, sino en todo el mundo parece estar funcionado ya al margen de la economía productiva, que ya se llama ahora “economía real”. Grandes bancos, como el Santander, parecen ser ahora apasionados amantes y filántropos piadosos preocupados por las universidades y el conocimiento. Permítasenos dudar de la fidelidad de su amor. En primer lugar porque todos los bancos existen para lograr beneficios y no para ayudar a la gente. Y en segundo lugar porque, visto el estado de endeudamiento creciente de las universidades españolas, tanto del capital privado como de los fondos públicos, lo que está consiguiendo la banca es ir endeudando progresivamente a las universidades y obtener de ellas cada vez más todo tipo de beneficios, una vez que consiga poco a poco hacerlas caer en una situación de dependencia. Una dependencia que se refleja verbalmente cuando grandes líderes de la banca española sentencian con gran autoridad sobre los conceptos de investigación, ciencia y conocimiento y se ofrecen, a través de sus fundaciones, a orientar, educar y adoctrinar a profesores y autoridades académicas.

La Ley de la Ciencia, además de intentar cambiar estructuralmente la universidad desde un campo normativo diferente al de la estructura jurídica específica de las universidades, además de contribuir a asentar el proceso de dependencia de las universidades de la entidades financieras, favorece claramente el trasvase de fondos públicos a las empresas privadas a través de los complejos mecanismos administrativos de los proyectos y contratos de investigación, en los que las empresas compran los resultados de la investigación académica por debajo de los precios reales de mercado, gracias al uso de los fondos públicos que actúan como mecanismo de dumping en muchos campos de investigación y contribuyen a bloquear la creación de verdaderas empresas orientadas a este fin.

Los complejos mecanismos de creación, consolidación y extinción de empresas, regulados de modo armónico o salvaje por el mercado real, también estarán relacionados con la Ley de la Ciencia, puesto que favorece la creación de empresas en el ámbito académico y el desvío del trabajo de algunos profesores hacia el ámbito de esas empresas. Unas empresas algunas veces auditadas por los organismos encargados del control de las cuentas públicas, que observan con curiosidad cómo cuando esas mismas empresas pasan a ser plenamente rentables rompen sus lazos con el alma mater, quedando en el seno materno aquellas otras que son deficitarias.

El discurso de creación de empresas en esta ley, y cada vez de modo creciente en la universidad, se presenta como un discurso filantrópico y desinteresado de ayuda a la comunidad y servicio al bien común, cuando en realidad es algo mucho más prosaico. Los profesores universitarios, como ha analizado brillantemente Stanley Fish (Fish, 2008) no están para salvar al mundo, sino para enseñar y crear y transmitir conocimiento. En todo caso, como afirma el mismo Fish en el título de su libro, si lo quieren hacer, “salven al mundo en su tiempo libre”.

La Ley de la Ciencia pretende consolidar con su polinormatividad transversal a grupos de profesores que tienen ya la capacidad de definirse a sí mismos como mejores que sus compañeros, gracias al uso del vocabulario cada vez más vacío de la calidad y la excelencia, dos términos que no son más que sinónimos de otro: la superioridad, no ya definida jurídicamente por el sistema de poderes y competencias que las leyes otorgan, sino por la adscripción y la pertenencia a un grupo de profesores que se consideran ellos mismos una aristocracia, a pesar de no ser más que una mera oligarquía, que cada vez más basará su poder simplemente en el control de los recursos de la investigación, y en el poder de evaluar los resultados de las investigaciones que ellos mismos – como colectivo – producen, aunque eso sí, apelando a la salvación de la comunidad.

Quizás la autora intelectual de esta Ley, Cristina Garmendia, superviviente en varios cambios ministeriales de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, y que podría ser perfectamente ministra con el PP, sea un icono o una imagen de lo que esta nueva ley pretende ofrecer.

Cristina Garmendia carece de un bagaje académico propio. Es una empresaria y antigua miembro de la CEOE. En las declaraciones de bienes de sus compañeros de gobierno apareció como la persona que poseía mayor riqueza y patrimonio personal. En su ámbito empresarial, las industrias farmacéuticas, desarrolló su actividad como colaboradora o subcontratadora, de un modo u otro, de las grandes empresas farmacéuticas que siempre que pueden intentan subcontratar sus procesos de investigación y producción en terceros países que les garanticen unos costes por debajo de los precios de mercado de los países más desarrollados.

Cristina Garmendia, empresaria real, pero también ideóloga del mercado, se convirtió en ministra de universidades sólo por un año, hasta que las universidades le fueron arrebatadas de su competencia. Intentó trasladar a la universidad no lo mejor del mundo de la empresa, sino lo peor, la jerga vacía de la gestión y el control por el control, que en el caso de la universidad se convirtió en un proceso meramente burocrático y sin trascendencia real, por estar las universidades públicas al margen del mercado. Ello puede verse en el borrador del estatuto del profesorado – que luego no se aprobó-, copia de un catálogo de puestos de trabajo de una empresa pero en el que la obsesión de control que reflejaba, al no ser el control de una producción real, parecía convertirse en un sutil sistema de definición y regulación de los diferentes matices de la nada.

Cristina Garmendia, que protagonizó estrepitosos enfrentamientos con el ministro de Industria, quien lógicamente reclamaba sus competencias en el ámbito de la investigación e innovación industrial, llegando a tirarse los trastos en reuniones de ámbito europeo, ha creado una Ley de la Ciencia para funcionarios y profesores, una ley para favorecer que algunas empresas privadas se beneficien más que otras de los fondos públicos – con los que también se vio recompensada la banca española a partir del 2008 -, siempre con el fin de contribuir al bien común.

Pero ha tenido un problema, consecuencia inevitable de la propia filosofía de su ley (y es que cuando expulsamos la realidad por la puerta, se nos cuela por la ventana): dado que la Ley de la Ciencia no es la ley de una economía real, la realidad le jugó una mala pasada a la economía imaginaria.

En una economía real, la innovación y la creación y conquista de nuevos mercados no se crea con leyes, sino de formas mucho más complejas, tal y como ocurrió con el proceso de producción e innovación técnica masiva protagonizado por los EE. UU. después de la II Guerra Mundial (De Grazia, 2005), un proceso gracias al cual ese pais llegó a inundar a Europa y a buena parte del mundo con sus productos. Todo ello gracias en primer lugar al diseño y comercialización de productos inexistentes hasta ese momento, como todos los electrodomésticos, la industria de la higiene y la cosmética y todo el sistema de mercancías que se mueve en torno a las industrias relacionadas con la cultura.

En la España de la economía imaginaria, inevitablemente, va a surgir un problema: el de las víctimas de la nueva situación creada por todo un proceso que pretende consagrar la nueva ley, los llamados precarios.

España no puede absorber el creciente número de investigadores en formación porque no existe un mercado real que demande investigadores en tantos campos, ya que el mundo de la investigación española es mayoritariamente académico, y el tejido industrial español no se basa en las industrias innovadoras. Y como en economía no hay milagros y las palabras no crean las cosas – excepto en el primer capítulo del Génesis, cuando Dios creó el mundo-, consecuentemente miles de investigadores formados carecen de empleo y función social en España.

Como esos mismos investigadores no se pueden crear su propias empresas por arte de magia, porque el mercado real no las demanda y las pocas que se pueden crear comienzan a gestionarse por profesores funcionarios dentro del ámbito universitario, esos investigadores no tienen otra salida que ser también funcionarios. Y como no puede haber funcionarios investigadores en número masivo en un país que no los necesita, se decide convertirlos progresivamente en profesores funcionarios, no para que se formen como profesores y enseñen, sino para que sigan investigando en el sector público, en las empresas concebidas en el seno del sector público u ofreciendo investigación barata a empresas gracias al mecanismo del dumping investigador.

Y ellos, con razón, reclaman su estatuto laboral estable, como el resto de los funcionarios, a pesar de que pueda no ser fácil ofrecérselo en un mercado cada vez más inestable, precario y que facilita de modo creciente el despido y la baja de los salarios.

La ley de la Ciencia española es una nueva ley de la ciencia imaginaria. En realidad podríamos llamarla la ley de una obsesión, la de la obsesión de la riqueza, que en otros momentos de la historia encarnó el oro (Bernstein, 2002), un elemento químico en el que se podían convertir todas las riquezas, que se podía a su vez cambiar por todas ellas y que sería la base de toda la economía, de toda la riqueza de la sociedad y del bien común. El oro, que ahora se denomina más asépticamente capital y al que todo el mundo (políticos, empresarios y académicos) coinciden en llamar la sangre de la economía, aunque esa sangre, como la sangre real, tenga que circular por un cuerpo.

En el mundo actual, en el que la economía financiera se ha desligado de la economía real, el mayor peligro para la supervivencia del capitalismo o del sistema económico mundial es la desmedida ambición por el beneficio, heredera de la antigua ambición por el oro. Raymon W. Baker (Baker, 2005), un banquero y filósofo norteamericano, ha denunciado en su estudio del dirty money, del papel que el dinero sucio juega en la economía financiera mundial, que lo que el llama “el talón de Aquiles del capitalismo” no es el propio sistema del mercado, sino la desmedida ambición de quienes lo controlan, de quienes se mueven en un mundo en el que se piensa que la economía es un solo parámetro: el beneficio conseguido gracias a un tipo especial de conocimiento, el del inversor inteligente, que convierte conocimiento en riqueza.

En la economía real la riqueza básica básica no es el conocimiento, sino la producción de miles de mercancías entre las cuales la innovación sólo es importante en un número muy limitado de ellas. Jeffrey Sachs (Sachs, 2005) ha puesto de manifiesto cómo en la base del desarrollo económico los factores básicos son la producción de alimentos en cantidad suficiente para la población de un país, las buenas condiciones higiénicas, el acceso al agua, los transportes básicos en el mercado interior y exterior, la educación básica y unas condiciones de trabajo dignas. Todo ello muy alejado del mundo de la economía mágica de la Ley de la Ciencia.

La Ley de la Ciencia no es sólo la Ley de una ilusión: es una serie de gigantescos paralogismos o sofismas que podríamos formular de forma abstracta de este modo:

Todo conocimiento es riqueza.
La riqueza tiene un propietario
Luego el conocimiento también tiene que tener un propietario.

Toda riqueza es cuantificable.
Todo conocimiento es riqueza.
Luego todo conocimiento es cuantificable

Toda la riqueza se produce.
Todo el conocimiento se produce.
Luego producir conocimiento es idéntico a producir riqueza
(puesto que conocimiento y riqueza son idénticos)

Producir es bueno para el bien común.
Producir riqueza es bueno para el bien común
Luego producir conocimiento es bueno para el bien común

Quien crea más riqueza es propietario de más riqueza.
Quién crea más conocimiento es propietario de más conocimiento.
Luego quien crea más conocimiento tiene derecho a ser más rico.

La propiedad es un derecho reconocido por la ley.
El conocimiento es una clase de propiedad.
Luego debe hacerse una ley del conocimiento (o la ciencia).

Las leyes se crean para el bien común.
La ley de conocimiento es una ley.
Luego la ley del conocimiento se crea para el bien común.

La propiedad de uno debe ser reconocida por los demás.
El conocimiento es una propiedad.
Luego el conocimiento debe ser reconocido por los demás.

Todo el mundo tiene derecho a la propiedad y a enriquecerse.
El conocimiento es una propiedad.
Luego los que tienen conocimiento tiene derecho a enriquecerse.

Todos los que tienen muchas propiedades son ricos.
Los que tiene muchos conocimientos tienen muchas propiedades.
Luego los que tienen muchos conocimientos son ricos.

Se llaman ricos a aquellos que tienen muchas propiedades.
Se llaman ricos a aquellos que tienen muchos conocimientos.
Luego los ricos y los que tienen muchos conocimientos son idénticos.

El valor de la riqueza se cifra solo en dinero.
El conocimiento es una riqueza.
Luego el conocimiento es sólo dinero.

Los que poseen conocimiento son personas admirables.
El conocimiento es riqueza.
Luego los ricos son admirables.

En todos estos paralogismos sólo hay un error de base, y es que el conocimiento no tiene nada que ver con la riqueza. Los tres parámetros básicos de la economía son la propiedad, el capital y el trabajo (Schumpeter, 1994; Schabas, 2005). Y en un proceso productivo las patentes que se pueden generar mediante la investigación científica se convierten en un mecanismo productivo, no por el conocimiento mismo implícito en el desarrollo de las mismas, sino porque tienen un propietario que tiene el capital suficiente para generar un proceso productivo a partir de ellas, ya las haya creado, comprado o arrendado.

Referencias bibliográficas

1. Baker, Raymond W., 2005, Capitalism’s Achilles Heel. Dirty Money and how to Renew the Free-Market System, New Jersey, John Wiley & Sons.
2. Bernstein, Peter L., 2002, El oro. Historia de una obsesión, Buenos Aires, Ediciones B Argentina.
3. De Grazia, Victoria, 2005, Irresistible Empire. America’s advance through 20th-Century Europe, Cambridge (Mass.)-London, Harvard University Press.
4. Fish, Stanley, 2008, Save the World on your Own Time, Oxford, Oxford University Press.
5. Sachs, Jeffrey, 2005, El fin de la pobreza. Cómo conseguirlo en nuestro tiempo, Barcelona, Debate.
6. Schabas, Margaret, 2005, The Natural Origins of Economics, Chicago-Londres, Chicago University Press.
7. Schumpeter, Joseph A., 1994, History of Economic Analysis, con una nueva introducción por Mark Perlman, New York, Oxford University Press.
8. Taleb, Nassin Nicholas, 2008, El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable, Barcelona, Paidós/Círculo de Lectores.
9. Warsh, David, 2006, Knowledge and the wealth of nations. A story of economic discovery, New York, W.W. Norton & Company.

En un reglamento de contrataciones extraordinarias del 2008 de la UCO se habla de que se sigue la LOMLOU.  En este reglamento se dice que ”utilizando para ello la posibilidad que ofrece la LOMLOU de contratar profesores sustitutos interinos“. No he encontrado ese profesorado en la Ley.

En el primer Convenio Colectivo del PDI laboral de Andalucía aparece como figura extraordinaria de profesorado para sustituir a profesores en dos situaciones muy concretas:

1. Excedencia especial, y debe aparecer en el contrato el nombre del profesor que tiene reservada la plaza.
2. Cubrir interinamente una plaza de profesor ordinario (contratado doctor, ayudante doctor, ..) hasta finalizar el proceso de selección, y debe aparecer en el contrato el nombre de la plaza ordinaria que se cubre. 

No he encontrado en este Convenio referencia a la utilización para la contratación por necesidades docentes extraordinarias.

Esta figura tampoco la he encontrado en ninguna universidad de fuera de Andalucía.

Como ésta es una página de la Junta de Personal, creo que es el mejor lugar para dirigir esta pregunta y obtener alguna respuesta que me aclare la duda que tengo.

Un saludo

Diego Llanes

(ver más abajo la carta remitida a todo el profesorado).

Habría que resaltar que esta  noticia afecta especialmente a los muchos cargos de nuestra universidad (1 de cada 3 profesores funcionarios tiene un cargo)  que disponen de móvil institucional y que por tanto deben estar de enhorabuena por esta gestión.  Lamentablemente no podrán hacer uso directo del nuevo móvil en el extranjero, pero todo se andará.

Cada día me resulta mas complicado entender el mundo universitario en el que me muevo. La “realidad-publicitaria” no se cansa de decir que las universidades son el modelo y el motor de una nueva economía sostenible. Pero la tozuda realidad nos muestra día a día una universidad cada vez más cerrada y defensora de unos privilegios insostenibles.

Diego Llanes Ruiz

CARTA DEL VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES

Córdoba, 15 de noviembre de 2010

Estimados usuarios/compañeros

La Universidad ha renovado el Contrato de Comunicaciones de Voz consiguiendo un notable ahorro (cercano al 20%) y mejoras en este servicio. Tenemos disponible un abanico de tarifas planas de Internet. Esta información se puede consultar en los siguientes enlaces:

Tarifas tráfico de voz:
http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/telefonia/doc2/Precios_de_Llamadas.pdf
Tarifas tráfico de datos:
http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/telefonia/doc2/Tarifas_Planas.pdf

Además se ha conseguido el compromiso de la renovación de TODO el parque de terminales móviles de forma progresiva y ya hemos empezado por los más antiguos, LOS DE MÁS DE 6 MESES. Para ello se han establecido unos modelos tipo predefinidos (Nokia 5230 y Nokia 7230) que se van cambiando dentro de cada categoría. Este trámite puede hacerse en las oficinas de la Unidad Técnica, en el Campus de Rabanales.

Os recuerdo la posibilidad de conectarnos en movilidad (hacer uso del móvil y/o conectarse a Internet) que nos facilita la red de móviles.

ATENCIÓN: el uso de este servicio en el extranjero, no lo tenemos fijado (ya que intervienen operadores ajenos a nuestro contrato), por lo que si vais a viajar al extranjero y necesitáis hacer uso del servicio de movilidad, consultad con el Área de  Comunicaciones del Vicerrectorado de Tecnologías en la Unidad Técnica, donde se os facilitarán las tarifas para cada país.

La persona de contacto de la Unidad Técnica es Ana Luque, teléfono 8225.

Un saludo.
Juan Antonio Caballero Molina
Vicerrector de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

En mi opinión se necesita un nuevo paradigma para el funcionamiento de nuestra  universidad, igual que hace falta para la sociedad en su conjunto.  Se hace incluso imprescindible,  antes de que esta “realidad-publicitaria” acabe haciéndose añicos, ante los atónitos ojos de las nuevas generaciones de alumnos, profesores y trabajadores en general, por la crisis del sistema económico imperante.

Los creadores y defensores de esta “realidad-publicitaria” en la UCO son muchos, y no les va nada mal en cuanto a poder y gestión de recursos. Por tanto, no quieren y tampoco les gusta que se hable de poner en marcha ese nuevo paradigma universitario que pondría en peligro su privilegiada posición.

Sería utópico pensar que en nuestra plácida “realidad-publicitaria”, escritos como éste puedan servir para generar debate. Al menos espero os interese y sirva de muestra de que hay otras realidades (opiniones) posibles.

Digo Llanes Ruiz

Tomado de http://firgoa.usc.es/drupal/node/47659

¿Por qué es necesario cerrar ya la ANECA y neutralizar su ideología?

José Carlos Bermejo Barrera.

Catedrático de Historia Antigua. Universidad de Santiago

La supresión de la ANECA, mediante un decreto o una ley que la deje sin efecto legal alguno, es una necesidad imperiosa del sistema universitario español, debido a que es la propia existencia de esa agencia la que imposibilita cualquier reforma real de las universidades españolas.

Como veremos a continuación, el proceso de creación y consolidación de esa agencia, pieza clave de la política universitaria del PP y del PSOE, ha traído consigo:

1) la creación, difusión e implantación de una ideología muy concreta de la enseñanza superior.

2) la consolidación de un grupo social cada vez más amplio de profesores supuestamente expertos en establecer criterios objetivos de valoración de la docencia y la investigación, que a su vez son los que pueden dar acceso al disfrute de cuotas mayores o menores de fondos públicos necesarios para enseñar e investigar.

3) la sumisión del profesorado a todo tipo de procesos de control, con el fin de poder acceder a sus cuotas correspondientes de incentivos económicos, ya sea en sus nóminas, a nivel personal, o en otro tipo de ingresos.

4) el debilitamiento institucional de las universidades.

5) y lo que es más grave, la implantación y aceptación masiva de un sistema de doble verdad, en el cual todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a decir, que todos estos procesos carecen de finalidad alguna.

La ANECA fue creada por Pilar del Castillo, ministra de educación bajo el gobierno de José María Aznar, y fue concebida como un instrumento que podría permitir el control político e ideológico y la futura reconversión de las universidades españolas.

En el discurso aparentemente neoliberal que encarnaba Pilar del Castillo era necesario establecer un sistema de valoración de la calidad de las universidades con el fin de ajustarlas a las supuestas necesidades del mercado. En ese mismo discurso, sin embargo, anidaba una profunda contradicción, puesto que un elemento esencial del pensamiento neoliberal es que el mercado es un mecanismo que se autorregula de acuerdo con sus propias leyes, no siendo posible en modo alguno afirmar que la creación de un discurso sobre el mercado en un marco meramente académico – como iba a ocurrir en España – hubiese de ser el instrumento esencial de transformación de la realidad.

La realidad con la que se encontró Pilar del Castillo fue la de un sistema universitario español fragmentado entre diecisiete autonomías que en modo alguno estaban dispuestas a colaborar entre sí de ninguna manera. En el sistema político español actual, derivado del peculiar desarrollo de la Constitución de 1978, cada Autonomía actúa como una mónada política y como un agente en un supuesto mercado político en el que trata de optimizar sus beneficios y minimizar sus gastos, sin que nadie pueda creer ya hoy en día que el resultado de todo ello sea en modo alguno el bien común de nuestro sistema estatal .

Ante esta situación, si Pilar del Castillo y sus asesores hubiesen sido coherentes hubiesen tenido que seguir una de estas dos opciones en el caso de las universidades, presas de la Autonomías:

a) o bien retirar a las universidades españolas del sistema político de las Autonomías, lo cual podía parecer lógico cuando se predicaba ya la unidad del mercado europeo de educación superior y la libre circulación de profesores y alumnos, a la vez que la homologación generalizada de los títulos en toda Europa;

b) o bien privatizar todo el sistema universitario español y hacerlo depender realmente del mercado, del mismo modo que Rodrigo Rato y los equipos económicos de José María Aznar se encargaron de liquidar lo que quedaba de las empresas públicas en España.

Si Pilar del Castillo no optó por ninguna de estas dos soluciones, las únicas concordes con sus presupuestos ideológicos predicados en nombre del supuesto fin de las ideologías, fue porque sabía que no tenía posibilidad alguna de hacerlo.

En el discurso del PP y de su líder en esos momentos había un fuerte acento antiautonómico y procentralista, pero como José María Aznar pasó a gobernar con la ayuda de vascos (PNV) y catalanes (CIU), haciendo exactamente lo mismo que había reprochado a Felipe González, el discurso antiautonómico tuvo que ser bruscamente frenado, simbolizando ese frenazo la célebre frase del candidato a presidente del gobierno “yo también hablo catalán en la intimidad”, aunque sus hooligans gritasen en aquellos momentos: “¡Pujol, enano, habla castellano!”.

Todo esto fue algo más que una anécdota, puesto que cuando el PP subió al poder, pasó a utilizar sin ninguna cortapisa cualquier tipo de alianza política en Madrid o en cada Autonomía y ayuntamiento, con el fin de conquistar el poder en un momento dado. Y todo ello en nombre de un discurso pragmático que afirmaba que, al no existir ya las ideologías, lo único importante sería la realidad y su transformación mediante las recetas del conocimiento técnico imprescindible en todos y cada uno de los ámbitos sociales.

El freno a las universidades de las Autonomías y la vuelta a un sistema centralista o la creación de un nuevo sistema adaptado al nuevo marco europeo fue, pues, legalmente inconcebible, por estar supeditada la educación y las universidades a los intereses del sistema de alianzas entre partidos.

Y algo similar ocurrió con la idea posible de privatizar las universidades. No se implementó ni en la imaginación porque todo el mundo sabía que ello supondría la desaparición casi total del sistema universitario español. Y no sólo porque no hubiese empresas dispuestas a comprar las universidades públicas para hacerlas rentables, sino porque, dada la evolución del incipiente proceso de creación de las universidades privadas en España, todo el mundo sabía que las únicas titulaciones que serían objeto de su interés serían las empresariales, algunas jurídicas y en una parte mucho menor alguna que otra titulación tecnológica. Y ello era así porque era evidente – y lo sigue siendo ahora- que la estructura económica española, con un peso excesivo del sector público, de la construcción y el turismo, apenas necesita de las universidades ni para la formación de su fuerza de trabajo ni para renovar su infraestructura productiva.

Como no se podía optar por ninguna de las soluciones que se deberían haber intentado honradamente – si ser honrado es ser consecuente con lo que se dice y se piensa -, se decidió implantar un sistema insólito en el que se creía que la creación de un discurso neoliberal y tecnocrático de la educación superior sería el instrumento básico para cambiar toda la realidad. Un sistema casi hegeliano en el que el autodespliegue del pensamiento de un nuevo Absoluto evaluador de sí mismo – como el Geist de ese filósofo -, conseguiría ir creando la realidad a golpe de enunciados, del mismo modo que Yahvé creó el mundo en el primer libro del Génesis.

Veámoslo punto por punto.

1. La ideología ANECA

El discurso de y en torno a la ANECA es una ideología porque se basa en la idea de la omnipotencia de un mercado autorregulado en el terreno de la educación superior. Un mercado que debe ser nutrido de trabajadores por parte de las universidades que deberían ajustarse exclusivamente a sus necesidades laborales.

Todo el mundo pasó a hablar en términos neoliberales: políticos, autoridades académicas y profesores. Se utilizaron constantemente expresiones como “las demandas del mercado”, confundiendo sistemáticamente la realidad del mercado con la totalidad de la estructura social. Se pasó a utilizar el término empresa como sinónimo de sistema, institución y organismo, dando la impresión que en el universo, desde el átomo hasta la ONU, todo son empresas que se regulan a sí mismas.

La autorregulación y la búsqueda de equilibrio en cualquier sistema se definió como un intercambio entre proveedores y clientes, casi desde el nivel celular a la estructura de la mente. Todos los sistemas serían agentes autorregulados en supuestos mercados. Los alumnos serían clientes de sus profesores, las Facultades proveedoras de sus Universidades, las unidades administrativas menores de las mayores. Las estructuras de la administración pública solo serían redes empresariales, y su funcionamiento un proceso medido por procesos de control de calidad y creación e intercambio de productos del mercado de la educación, microcosmos del mercado universal.

La existencia de la universidad sólo se pretendió justificar por su utilidad económica (una rentabilidad inexistente en España). Los rectores españoles pasaron a decir que la importancia de sus instituciones se debería expresar en la cuota del PIB que habría que darles, aunque casi ninguno de ellos sabría definir el PIB. De sus bocas comenzaron a salir profecías sobre negros futuros o paradisíacos porvenires del país, que habría de depender casi exclusivamente de que sus universidades recibiesen cada vez más dinero, aunque no se sabía muy bien para qué, ya que ninguno de ellos podría demostrar, ni estadísticamente ni mediante un modelo econométrico razonable, cómo sus instituciones eran bases y cimientos de la prosperidad de su ciudad, o de su Comunidad Autónoma, por no decir ya de toda España.

El discurso académico sobre la economía no es más que una ideología, en el sentido que da la sociología clásica al término (Zizek, 2003; Plamenatz,1983; Mannheim, 1941; Kofman,1975; Eagleton, 1997). Es decir, un discurso que no sólo no se corresponde con la realidad, sino que la presenta de forma invertida, siguiendo la vieja metáfora de la “cámara oscura” o cámara fotográfica en la que el objetivo proyecta invertido el objeto enfocado.

La consolidación de la ideología del mercado en la universidad fue a la par del “milagro económico de Rodrigo Rato”, aplaudido por el PP, alabado por el PSOE y consolidado por Rodríguez Zapatero. Un milagro al que Rato dedicó su propia tesis doctoral, buscando así la consagración académica – como expresión máxima de su pensamiento ventrílocuo-, y que se basó en mejorar la economía española y conseguir un superávit fiscal gracias a la venta de las empresas públicas, a la impulsión de un gigantesca burbuja inmobiliaria incentivada por un sistema crediticio y fiscal disparatado y al mantenimiento de la dependencia de buena parte de nuestro sistema económico del turismo y del sector servicios.

Ese milagro económico, anunciado por el propio José María Aznar el mismo día que tomó posesión de su cargo con el lema “España va bien”, a pesar de que dos días más tarde estaba en el más absoluto descalabro institucional y ruina económica, tuvo un cierto componente performativo o mágico.

Se llama enunciado performativo, o realizativo, a aquel que crea la realidad, al igual que Yahvé creo el mundo a golpe de órdenes en el Génesis. Los enunciados performativos son básicos en el mundo social, se expresan en el modo imperativo y con ellos se transmiten las órdenes. En el caso español lo que ocurrió fue que el carácter performativo se convirtió en el elemento estructurante de la realidad política, de tal modo que podríamos decir que en España pasó a ser realidad lo que las autoridades decían una y mil veces que era real. En la economía el milagro dejó de ser real cuando la burbuja financiera estalló, porque la economía sí que es real, pero en el caso de las universidades, libres de los vaivenes del mercado, la realidad continuó siendo todavía meramente verbal. Así, en medio de una espantosa crisis, sus rectores siguieron sin tener reparos en pedir más y más dinero, en proclamarse garantes máximos del bienestar común y predicar como profetas beatíficos de un porvenir feliz en un mundo terriblemente incierto.

El discurso del mercado sigue plenamente en vigor en las universidades españolas, que creen en él porque el mercado no les afecta. Con ese discurso se muestran totalmente incapaces no sólo de analizar su realidad circundante, sino también de analizarse a sí mismas. Pero si ello sigue siendo posible es porque, a pesar de su autismo, a pesar de su rigidez, de su inmovilidad y de su notoria incapacidad de transformarse, no cesan de generar un falso discurso de eficacia y control y de una supuesta reforma y transformación de sí mismas. Un discurso cuyos ideólogos y creadores son las autoridades de todo tipo estructuradas en torno a la ANECA, con sus funcionarios y sus redes piramidales de evaluadores.

La ideología de la ANECA se basa, en primer lugar, en la idea del mercado y la empresa, que funcionan como las dos metáforas maestras que le permiten producir sus textos, sus informes y sus baremos de evaluación. Pero esas dos metáforas serían inaplicables si no se concretasen en una determinada ideología de la educación. Una ideología de la educación basada en las metáforas clave de las competencias y las habilidades.

Las ideas de competencias y habilidades son solo parte de una ideología de la educación muy concreta y no dos conceptos claves que permitan explicar todo tipo de aprendizajes. Y además de ello estas dos ideas carecen totalmente de valor jurídico, aunque se les haya otorgado sedicentemente.

Se llama competencia al conjunto de capacidades manuales, cognitivas e intelectuales que son necesarias para cumplir una determinada función, y más concretamente para ocupar un puesto de trabajo en un mercado competitivo o un lugar en una organización. La idea de que la competencia es el concepto clave de la educación solo es defendible si se subordina única y exclusivamente ésta a la creación de una fuerza de trabajo adaptada a las necesidades transitorias de un mercado en constante evolución.

La práctica totalidad de los procesos educativos, a nivel sensoriomotriz, cognitivo, lingüístico o de cualquier tipo de pensamiento, no es reducible al nivel de meras competencias, porque la educación es un proceso complejo en el que interrelacionan diferentes sistemas, instituciones y valores, y con una serie de agentes que interaccionan de modo continuo, complejo y cambiante en el tiempo.

La educación no es un conjunto numerable de competencias, sino un conjunto compuesto de numerosos subconjuntos que interseccionan entre sí, siendo todos ellos no numerables.

Si ello es así al hablar de las competencias, es mucho más evidente en el caso de las habilidades. Se llaman habilidades al conjunto de instrumentos, estrategias y representaciones de que un sujeto dispone para moverse en un ámbito concreto: físico, laboral, social, económico o intelectual. Las habilidades son enumerables en un marco económico concreto y cuando se formalizan para ocupar un cargo o un puesto de trabajo, regidos por una reglamentación jurídica o económica específica. Por ello, hacer de ellas la segunda clave de bóveda de la educación sólo es posible si y solamente si se considera que todo el proceso educativo es formalizable y enunciable de un modo simplificado en el marco de un sistema autorregulado que es el mercado. Un mercado que lógicamente solo se definiría por parámetros de tipo económico, si fuese un mercado real.

Partiendo así de las dos metáforas maestras del mercado y la empresa, psicólogos, pedagogos, sociólogos y juristas han creado un sistema irreal, ni pensado ni ajustado ni diseñado para ningún mercado existente, en el que se ha generado todo un sistema de pensamiento innume a la realidad, imposible de refutar, y cuya función básica es reconocerse a sí mismo, del mismo modo que el Espíritu, el Geist hegeliano – trasunto del Dios cristiano – solo tiene la misión de conocerse a sí mismo gracias a su despliegue en el tiempo.

El pensamiento ANECA, partiendo de las metáforas maestras de la empresa y el mercado y con las herramientas básicas de las competencias y habilidades, ha creado todo un sistema de normativas, textos, protocolos y procedimientos que poseen las siguientes características:

1) son compulsivamente exhaustivos, porque intentan controlar una realidad que se les escapa.

2) son cerrados y autorreferentes, porque solo hablan, en realidad, de sí mismos.

3) son mutables de modo continuo, porque como no consiguen controlar la realidad, caen en la contradicción y necesitan ser constantemente corregidos.

4) no entran nunca en los contenidos, por ejemplo de los planes de estudio, de la investigación desarrollada en los proyectos, de los trabajos publicados, porque carecen de capacidad para analizar sus realidades correspondientes.

5) exigen la aceptación ciega del protocolo y no admiten ser refutados. Así, por ejemplo, se establece que en la valoración de los trabajos de un sexenio la autoridad científica de los evaluadores no es refutable, a pesar de que nunca ponen por escrito sus informes científicos, ni sus criterios de valoración de las publicaciones, en los que nunca nadie se refiere al contenido ni al método de las mismas.

6) premian a quienes creen en esos protocolos, los cumplen puntualmente y los aplican a los demás miembros de la comunidad académica, ofreciéndoles la posibilidad de incorporarse por cooptación a la pirámide evaluadora.

La rigidez y el carácter formal de todo el pensamiento ANECA ha llevado a situaciones tan insólitas, en nombre de su ideología, como hacer modelos de elaboración de planes de estudios en los niveles de grado y posgrado con los mismos patrones. Este es el caso de la división de las horas de los créditos en expositivos, interactivos, tutoriales, dentro del marco de las competencias y habilidades exigidas. Y lo mismo ocurre cuando se pretende establecer a priori el número de horas de estudio de cada alumno, sin tener en cuenta ni sus capacidades intelectuales, ni su formación ni sus medios.

Materias como la filología, la historia, la filosofía, las matemáticas, el derecho, la economía o las ciencias experimentales, en las cuales nadie ha escrito ni defendido que el modelo de competencias y habilidades tengan ningún valor epistemológico, metodológico o pedagógico en ningún país del mundo, se someten a los mismos patrones de docencia, aprobados en amplísimos documentos estandartizados que repiten las mismas ideas vacías. Unos documentos que nunca se publican, que carecen de valor normativo para la obtención de los títulos por no tener valor legal al no estar publicados en el BOE, y que casi todo el mundo sabe que no se pueden materialmente aplicar, dejando aparte que en ellos no se define de modo alguno aquello de lo que se está hablando, si partiésemos del significado de lo que se habla y no de la forma normativa protocolaria en la que se expresa.

Unos documentos de los que se dice, con más cinismo que humor, que son de “obligado cumplo y miento”, porque casi todo el mundo cree que son imposibles de aplicar, que no tiene sentido lo que dicen – si se refiere a algo concreto-, pero que generan masas de documentación, ocupan miles y miles de horas de trabajo y absorben cada vez más personal y recursos en las universidades españolas, en las que da la impresión de que miles y miles de zombies se mueven al compás de unas letras muertas. Pero eso sí, de unas letras y unas normas que, aunque no se refieren a nada ni van a cambiar la realidad, sin embargo sí que han conseguido establecer el control de las instituciones y las personas por parte de unas nuevas minorías de ideólogos del mercado, de la empresa, de las competencias y de las habilidades, que colocando el mundo al revés han conseguido dominarlo y situarse en su cima.

2 y 3. Profesores evaluadores y profesores evaluados

La descripción anterior del pensamiento ANECA podría suscitar en algunos lectores la idea de que ese pensamiento cerrado, que se considera perfecto e imposible de refutar, produciendo además satisfacciones personales vicarias a quienes lo defienden, pudiera tener algo en común con una especie de delirio. Está claro que eso no sería más que una metáfora, del mismo tipo que aquella en la que Sigmund Freud comparó a las religiones y a los sistemas filosóficos con los delirios cerrados perfectos y extremadamente racionales de los paranoicos.

Quiero hacer constar que de lo que se trata aquí no es de juzgar ni menospreciar a las personas, funcionarios y profesores, que colaboran con la ANECA, con mayor o menor esfuerzo y sin duda de la forma más honrada que pueden, sino de lo que ésta supone como sistema. Y por ello no desearía que la comparación anterior pudiese resultar hiriente, como igualmente hiriente sería por parte de quienes desean seguir defendiendo este sistema atribuir a los pocos que lo criticamos oscuros motivos, fruto del resentimiento, o de algunas razones todavía más inconfesables.

Si el pensamiento ANECA puede ser algo similar a un delirio, porque es paralelo a la realidad, también podría ser fácil por parte de sus defensores decir que las críticas a este sistema no son más que una quimera en la que algunos se inventan una conjura diabólica de banqueros, políticos y académicos que desean apoderarse de la universidad.

En su momento Leon Poliakov (Poliakov, 1982) analizó la historia de la idea de la conjura diabólica en la historia política europea, y a él podemos remitirnos si deseamos ver la diferencia entre esas supuestas conjuras, como la de los “Sabios de Sión”, y la situación que estamos describiendo, sin duda mucho más concreta y prosaica. Siguiendo también a Poliakov, gran estudioso de la historia de Rusia, podríamos establecer otro interesante paralelo entre el pensamiento de la ANECA y la ideología de la URSS, una ideología cerrada, que se consideraba basada en una ciencia irrefutable, que pensaba que la disidencia no era posible en ese sistema, a menos que el disidente fuese un agente enemigo a sueldo o un enfermo víctima de patologías como el “trastorno de ideas reformistas”, consistente en querer cambiar un sistema perfecto e ideal, o la “esquizofrenia latente”, patología que cursaba sin ningún síntoma clínico, sin que ninguna prueba diagnóstica pudiera probarla o refutarla, si se hubiese dado el caso de que tres psiquiatras soviéticos la hubiesen diagnosticado, evaluando al supuesto enfermo, que siempre era un intelectual internable en un psiquiátrico por razones políticas, como puede verse en todos los casos analizados por Sidney Bloch y Peter Reddaway (Bloch y Reddaway, 1977).

Por suerte España no es la URSS, disfrutamos de garantías jurídicas y protección médica, pero qué duda cabe de que a algunos de nuestros políticos y de nuestras autoridades académicas les haría quizás alguna ilusión disponer de instrumentos clínicos como ése para intentar explicar por qué muy pocos se atreven a criticar un sistema que ellos consideran irrefutable y perfecto.

No hay en España conjuras diabólicas, pero sí hechos sociológicos, y uno de ellos, y de gran interés, es la formación de las oligarquías evaluadoras y académicas y del proceso de su creciente consolidación.

Cuando se creó la ANECA, Pilar del Castillo nombró director de la misma a una persona de su confianza, de su partido e incluso de su mismo departamento, retribuyéndolo con unos generosos emolumentos. Este hecho podríamos considerarlo como un símbolo, puesto que en el desarrollo subsiguiente de los procesos de evaluación españoles han intervenido e intervienen sistemáticamente esos mismos factores:

a) las afinidades políticas, según sea el partido gobernante en cada Autonomía o en el Gobierno central. Ellas determinan los nombramientos de los directores de los organismos, y éstos a su vez seleccionan a quienes van a realizar estas labores dentro de amplísimos grupos de posibles candidatos.

b) las competencias científicas han de ser poseídas, y seguro que las tienen en mayor o menor grado, por estos evaluadores elegidos discrecionalmente. El problema es que en la definición y delimitación de esas competencias hay amplios márgenes legales que permiten diferentes tipos de actuaciones. Lo que se debe a que en realidad no hay ninguna ciencia ni método neutro de la evaluación de publicaciones, investigaciones o méritos, pudiendo cambiarse – siempre dentro de márgenes aceptables legalmente- los parámetros que miden la evaluación, y que en unos casos favorecen a unos, y en otros a otros.

c) las afinidades políticas, multiplicadas por 17 (las diecisiete Autonomías), y los amplios márgenes de discrecionalidad que se pueden utilizar han hecho que, en contra de lo que se podría esperar, los resultados obtenidos no coincidan más que en parte con los resultados deseados:

• el cuerpo de los evaluadores no está así formado siempre por aquellas personas de cuyo prestigio e imparcialidad nadie podría dudar, puesto que no se jugarían ningún interés personal, académico o económico en el proceso de evaluación. Sino que:
• son los evaluadores funcionarios los que evalúan a otros funcionarios en sus carreras docentes e investigadoras y en sus luchas legítimas por la consecución de recursos para la investigación. Y si unos funcionarios evalúan a otros y todos se juegan mucho en estos procesos, es muy difícil, psicológica, sociológica e incluso moralmente, que el proceso se desarrolle con la máxima neutralidad, pues ninguna zorra se hace vegetariana al entrar en un gallinero, por utilizar una metáfora de otro tipo, próxima a la fábula y ajena al mercado.

Se forma así progresivamente el grupo de los evaluadores, que coopta constantemente nuevos miembros, mientras otros se retiran de él, cansados, desilusionados u obligados por razones legales.

La estrategia de la evaluación siguió una serie de pasos, no intencionada y planificadamente diseñados, pero sí desarrollados de modo sucesivo y sistemático. Fueron los siguientes.

Control de los Sexenios

Se crearon los sexenios que premian la investigación como complementos salariales por parte del ministerio de José María Maravall, ministro de Educación con Felipe González.

Esos sexenios, cinco, tenían la misma dotación salarial que los quinquenios, seis, que premiaban la labor docente, pero como los quinquenios se concedieron de oficio y los sexenios se supone que premiaban la investigación, es decir la inteligencia y la autoestima de los profesores, consecuentemente los sexenios pasaron a estar dotados de gran carga simbólica, ya que el no obtenerlos suponía “suspender” al profesor en su curriculum.

Los sexenios se dieron y dan con criterios que pueden cambiar en cada convocatoria. Se reparten desigualmente. En algunas áreas de conocimiento se conceden casi todos los que se piden, en otras muy pocos. En algunas apenas se solicitan. Y los niveles de exigencia varían en cada caso. En áreas de humanidades pueden servir para lograrlos trabajos publicados en revistas locales, mientras que en otras – sobre todo en las científicas- se exige un nivel más elevado en las publicaciones.

La negación de sexenios dañaba sólo, pues, el bolsillo y la autoestima, en un principio, pero es que poco a poco, y sin base legal alguna, pasaron a ser considerados requisitos para ejercer la labor investigadora y docente y méritos esenciales para promocionarse en la carrera académica, creándose una auténtica pirámide sexenal en las universidades.

Este mecanismo, ya consolidado, hace caer a los profesores en una relación de dependencia de los evaluadores – que a veces evalúan a profesores con más sexenios concedidos que los que ellos mismos tienen-, puesto que no obtenerlos les puede perjudicar un poco económicamente, pero mucho en su dignidad como personas e intelectuales y bastante en su promoción académica personal.

Si a ello añadimos que los nombramientos de las comisiones de evaluación son discrecionales, que la ANECA establece y cambia constantemente los requisitos exigibles para su concesión y que el proceso no es recurrible, la indefensión de los solicitantes es casi total ante unos evaluadores que pueden valorar un trabajo por el tipo de revista en el que se publica o por su contenido, según el caso, y según unos criterios nunca escritos antes de la apertura del plazo de solicitud. Dejando así al ciudadano solicitante en un proceso administrativo como éste inerme ante una función pública que no deja siempre del todo claro cómo motiva sus acuerdos y niega sistemáticamente el trámite de audiencia que la ley establece.

El control de los proyectos

Son también evaluadores, nombrados de acuerdo con los criterios anteriores, quienes reparten los fondos públicos que el Estado español en todos sus niveles dedica a la investigación.

El dinero dedicado a la financiación de los proyectos ha crecido paralelamente al proceso de descapitalización de las universidades en sus instalaciones investigadoras comunes, bibliotecas y medios de todo tipo. Y la capacidad creciente de grupos concretos para acumular capital es cada vez mayor, creándose así una nueva jerarquía de investigadores ricos e investigadores pobres, en lo que se refiere a los recursos que manejan.

En la evaluación de los proyectos, que no atienden prácticamente nunca a las necesidades reales de ningún mercado concreto, ya que eso se hace mediante contratos con empresas, se utilizan por parte de los evaluadores, que no siempre son los científicos más destacados, distintos criterios.

Estos son el número de sexenios de cada investigador o del grupo, porque se supone que el sexenio mide la capacidad de investigar por igual, a pesar de que se concede de modo muy variable y heterogéneo en los diferentes campos; el número de proyectos anteriormente conseguidos, medidos por su cantidad y financiación y no por sus resultados, ya que los resultados no se pueden evaluar de modo objetivo y uniforme en cada caso y cada campo; y por ultimo el interés de temas o campos de conocimiento que establece la ANECA y los propios evaluadores.

Dado que la mayor parte de los investigadores necesitan financiación para trabajar, y puesto que de lo que estamos hablando es de una concurrencia entre investigadores y profesores funcionarios para conseguir un dinero limitado o escaso, es consecuentemente imposible que en esta concurrencia entre personas que comparten los mismos intereses, pero que solo disponen de bienes escasos en un juego de suma cero, el proceso se autorregule del modo más eficaz , más claro y más transparente. Ello sólo sería así si los resultados se midiesen por parte de unos agentes externos y no interesados en el proceso.

Y esos agentes sólo podrían ser dos: el mercado real, lo que no es el caso, o los resultados académicos, que se concretan en publicaciones.

El mundo académico padeció y sigue padeciendo un exceso de verbalismo, y por ello en él se cree que el éxito se puede medir por las publicaciones de cada persona. Y como esas publicaciones no son evaluables por su valor ni interés, salvo en casos muy excepcionales, se recurre a medir su cantidad, llegando a creerse y afirmarse públicamente que el número de artículos publicados por una universidad en revistas nacionales o internacionales, que suelen tener un mínimo número de lectores, es la base del “desarrollo económico de un país”, como si las publicaciones científicas creasen la realidad y lo mejor de ella: el dinero, lo más valorado por quienes así piensan.

El problema español es que las escalas de las publicaciones las establecen los evaluadores y la propia ANECA, por lo cual se cierra el círculo. El profesor debe publicar donde la ANECA dice para conseguir sus sexenios, sus proyectos y para promocionarse profesionalmente en una universidad que le reconoce su plena capacidad docente e investigadora al nombrarlo profesor y se la limita cada día arteramente mediante normas que contradicen la legislación, lo que ocurre exactamente igual en el resto del sistema jurídico español, tal y como señala Alejandro Nieto (Nieto, 2007, 2010).

Si a ello añadimos que en España los investigadores y profesores funcionarios han perdido la movilidad entre universidades, en las Autonomías y en el resto del país, y si tenemos en cuenta que casi ningún profesor español se  ha promocionado cambiando de universidad fuera de España al ser reclamado por otra universidad más importante que la suya, como ocurre en el resto de Europa, EE.UU. y los países más desarrollados, podremos afirmar que los profesores españoles son cautivos en este sistema.

Así podremos comprender cómo en este mundo de profesores funcionarios inermes, indefensos, desarmados ideológica y moralmente, carentes de una tradición sindical auténtica que defienda de verdad los intereses de la educación pública, como la de otros países como Francia, Italia o Alemania, la ANECA va consolidando su poder, no sobre ellos, sino incluso sobre las autoridades académicas, cada vez más débiles.

4. La desestructuración institucional

La creación de la ANECA y la progresiva implantación del pensamiento ANECA en las universidades españolas han sido dos instrumentos claves en el desarrollo del proceso de desestructuración institucional y de consolidación de un nuevo tipo de jerarquía que se encarna en la ideología y las redes de los evaluadores.

Ese proceso fue iniciado igualmente por Pilar del Castillo, la última ministra de educación que tenía unas ideas claras en la reciente historia de España – unas ideas neoliberales y centralistas -, y continuado por la innumerable plétora de ministros y ministras de educación de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, ministros y ministras que dedicidieron dejar intactas las bases institucionales creadas por el PP, defendiéndolas ya sea desde el discurso empresarial desaforado de Cristina Garmendia, o bien desde la atalaya heideggeriana de Ángel Gabilondo, que parece disfrutar repitiendo los tópicos de la ideología neoliberal, que poco tienen que ver con el himeneo de metafísica y poesía y con los crepúsculos de los entes y las auroras del ser desvelado que se pueden seguir en sus libros.

Pilar del Castillo estaba convencida de que era necesario enderezar a la universidad española y con ella al Estado de las Autonomías, nuevo objetivo de la iras neoliberales de otras compañeras de su partido y también ministras de educación, como Esperanza Aguirre, que, con el aplauso de la Academia de la Historia, culpó de todos los males de los nacionalismos periféricos y del supuesto proceso de desintegración de España a los profesores que enseñaban la Historia guiados por sus ideologías nacionalistas.

Pero como, tal y como hemos visto, las propias Autonomías y los partidos nacionalistas de algunas de ellas habían pasado a ser las claves de la estabilidad del primer gobierno de Aznar, entonces este discurso neocentralista debió quedar solapado, pasar a ser sólo sedicente, y se intentó realizar una labor de zapa de las estructuras académicas, de un modo que se revelaría eficaz, centrándose en tres puntos:

a) redefinir la cooptación de los profesores con nuevos sistemas.

b) intentar reestablecer el control central de las universidades, no jurídicamente – lo que hubiese sido imposible- sino basándose en la implantación del sistema de evaluación de la calidad, un sistema supuestamente científico, neutro y no contaminado por las ideologías.

c) difundir la ideología neoliberal de las metáforas maestras del mercado y la empresa y la ideología tecnocrática de las competencias y habilidades como claves de bóveda de todo el sistema educativo, tanto a nivel central como autonómico, en el ámbito político y en el seno de las universidades con campañas repetitivas de difusión de las cuatro metáforas claves del pensamiento ANECA.

Comencemos por el principio.

El sistema universitario español se basó en la implantación a partir de la segunda mitad del siglo XIX de un sistema en el que los profesores universitarios se hiciesen funcionarios a través de las oposiciones estatales, que les permitían ocupar de modo vitalicio una cátedra y con ella poder moverse – más o menos según las épocas – por el muy escaso número de universidades españolas existentes.

Este sistema privilegiaba el ámbito docente sobre el investigador – casi inexistente en las universidades españolas hasta la segunda mitad del siglo XX – y exigía el conocimiento de los programas de las asignaturas de cada cátedra de modo enciclopédico e incluso memorístico. En él lo que en realidad ocurría es que en los procesos de cooptación de cada campo de conocimiento un número muy reducido de catedráticos, casi siempre de la Universidad Central de Madrid, la única que podía otorgar el título de doctor, controlaban sus campos docentes propios y reestructuraban las universidades de “provincias”, a la vez que ejercían un control ideológico de la universidad española.

José María Maravall, ministro de Felipe González, que llevó a cabo una reforma integral de la universidad sobre bases legales, cambiando todas las normativas en cada campo, con mayor o menor acierto, pero haciéndolo de un modo claro y nítido, quiso frenar el poder de los profesores de Madrid y de los grandes señores de casi todos los campos de conocimiento y por ello decidió modificar el sistema de la oposiciones, a la vez que progresivamente transfirió las universidades a las Autonomías.

Las oposiciones centralistas anteriores tenían un gran número de ejercicios en los que había que demostrar, además de que se poseían unos méritos curriculares, que se conocían los aspectos teóricos y prácticos, investigadores y docentes de cada materia. En ellas era un cuerpo cerrado de profesores el que abría o cerraba el camino a la cooptación. El problema era que muchos de esos profesores habían sido los responsables académicos y políticos de la universidad franquista y J. M. Maravall pensó poder bloquear su poder adelantando cinco años la edad de la jubilación, para poder deshacerse de los más viejos, y cambiando el sistema de cooptación.

Maravall y su LRU mantuvieron el sistema de oposiciones para poder acceder a los cuerpos estatales del profesorado universitario, pero cambiándolo sustancialmente y bloqueando el poder de los cuerpos docentes. Para ello primero se procedió a la funcionarización masiva, sin concursos – con el fin de que los profesores anteriores apenas pudiesen frenar el proceso – de miles de profesores contratados, que pasarían así a formar la masa crítica necesaria para acabar con el sistema de poder anterior y para implantar todo el nuevo sistema de gobierno, lo que sería posible si y solo si ellos también pasaban a ser funcionarios.

Una vez lograda esta estabilización masiva se procedió a implantar un sistema que, en nombre de la autonomía universitaria reconocida en la Constitución únicamente como garantía de que nadie pudiese lograr un control ideológico de la universidad, convirtió a las universidades en reinos de taifas autónomos que podrían convocar sus plazas docentes y lograr que ningún profesor foráneo pudiesen entrar en una universidad sin el aval o el consentimiento, ya no de las autoridades académicas legítimas, sino de los nuevos grupúsculos de profesores que pasaron a controlar localmente cada campo de conocimiento.

Maravall dejó prácticamente sin efecto el traslado entre universidades de los profesores funcionarios, y como en España no se contratan libremente profesores en los niveles superiores de la pirámide docente, sino solo en los inferiores, cada universidad pasó a convertirse así en un coto cerrado.

Por otra parte en su nuevo sistema se redujo a casi nada el conocimiento de los contenidos de las materias, reducidos a la exhibición de una lección elegida por el opositor y preparada de antemano, lo que impedía prácticamente suspenderlo, que es lo que se quería lograr.

Para frenar el poder de cooptación de los cuerpos docentes se cambió el sistema de composición de los tribunales de las oposiciones, que pasaron a ser nombrados por cada rector y no por el ministro de educación o la autoridad autonómica correspondiente. No era lo esencial saber quién iba a firmar el nombramiento, sino cómo, y en ese sentido se implantó una nueva garantía de discrecionalidad.

Como los cuerpos funcionariales eran estatales, no se pudo evitar la convocatoria pública de las plazas de cada área, pero se minó el principio de igualdad al establecer que cada plaza de cada universidad podría llevar un perfil – que en algún caso pudo llegar a ser la tesis doctoral de algún que otro candidato – perfil necesario, se decía, porque las nuevas áreas de conocimiento eran muy amplias.

A ello se sumó que en cada comisión dos de los cinco miembros eran nombrados por la universidad destinataria de cada plaza a propuesta del departamento al que iba destinada, y en el que ya estaba el concursante. Con lo cual de hecho concursantes y profesores afines pasaron a decidir dos de cada cinco miembros de cada comisión, que sólo necesitarían conseguir el tercer voto necesario para la propuesta favorable al candidato local previamente designado. Un tercer voto muy fácil de lograr en una época de convocatorias masivas de plazas en todas las universidades, convocatorias necesarias debido al incremento masivo y exponencial del número de alumnos y universidades en España.

Con todo ello se consiguió – no intencionadamente- rebajar el nivel de conocimientos de las materias por parte de buena parte de los profesores y consolidar los poderes locales en las universidades. Unos poderes que se orientaron hacia los nuevos poderes autonómicos, ahora responsables de la financiación de las universidades y de su creación, así como de los procesos de implantación masiva e indiscriminada de las titulaciones, llevada a cabo para satisfacer intereses locales o provinciales, y haciendo conjeturas de captación y disputa de votos entre los partidos de cada Autonomía, según lo que se implantase en cada ciudad.

Pilar del Castillo quiso frenar este proceso, pero como no podía tocar a las Autonomías por razones electorales, y porque su partido gobernaba en muchas de ellas, optó por la ambigüedad en el campo de la cooptación de los profesores, creando un sistema doble, paralelo a un nuevo poder centralizado doble, el de la ANECA, que duplicaba las funciones de las Autonomías y de las universidades, y en el que se estableció una dualidad insuperable entre lo que se quería y lo que se podía hacer y en el que se afirmaba a un nivel lo que siempre se negaba en otro, institucionalizando así la doble verdad.

Se creó así un nuevo sistema centralizado de cooptación con unas oposiciones nacionales que se llamarían habilitaciones, controladas por cada cuerpo docente, y en las que se intentaría volver a exigir más conocimientos de la materia, lo que no se logró. Pero como la provisión de las plazas por ley seguía correspondiendo a cada universidad, cada universidad volvía a duplicar el concurso, teniendo el derecho a excluir a personas previamente habilitadas a nivel estatal, con lo que la situación pasó a ser además de absurda, arbitraria.

Además el sistema de habilitaciones estatales se colapsó y los ejercicios pasaron a eternizarse, por lo que se vio que no iba a ser viable. Hubiese sido muy sencillo simplemente aumentar el número de ejercicios en las oposiciones y exigir en ellas el conocimiento de las materias, y obligar a que cada rector nombrase tribunales sorteados en su totalidad de modo público por su propia universidad entre todos los miembros de un cuerpo estatal. Con ello se hubiese conseguido corregir el principal defecto del sistema implantado por J. M. Maravall, pero no se hizo así. Y no se hizo así porque la ideología de la evaluación de la calidad quería representar ahora su papel.

Esta fue la misión de los ministros de J. L. Rodríguez Zapatero, fieles continuadores y celosos defensores de la nueva ideología que su partido criticaba cuando hacía oposición a los gobiernos de J. M. Aznar.

De acuerdo con la nueva ideología, lo que procedería hacer tendría que ser establecer un sistema complejo y neutro de protocolos que permitiese cooptar profesores a partir del conocimiento experto sobre la función abstracta de la docencia.

Un sistema, ni que decir tiene, al servicio del mercado, concebido a partir de las metáforas base de mercado y empresa y teóricamente destinado al servicio de la sociedad, que sería lo mismo que un mercado controlado por los emprendedores, es decir, los nuevos empresarios que al saber logran beneficios, y que crean simultáneamente conocimientos, empleos y riqueza (Warsh, 2006).

Todo ello se concretó en el terreno de la cooptación de los profesores en la implantación de un sistema de acreditación, diseñado y controlado por la ANECA y concebido como un sistema de control de calidad de las mercancías en un proceso industrial. Un sistema neutro, estandartizado y uniformado para todos los campos de conocimiento, en el que el candidato a profesor solo debería someterse a los parámetros que los evaluadores estableciesen para acumular los puntos que sumados le den acceso a su plaza. Un acceso ya automático cuando se repita el concurso en el nivel local de cada universidad, dado el sistema de selección de los miembros de las nuevas comisiones.

Los cuerpos docentes pasan a ser de este modo expropiados de sus competencias propias. Cada profesor, sea o no nombrado tras cumplir los requisitos de estos nuevos protocolos, ha de ajustarse a los nuevos parámetros, porque esos parámetros constituyen la estructura de la nueva realidad docente a las que se denomina Plan Bolonia, un plan que nunca existió.

La ANECA, creadora de la ideología del mercado y la evaluación y de los nuevos modelos vacíos y formales, así como de los protocolos a los que habrán de ajustarse los nuevos títulos – que mantienen los contenidos de los anteriores, aunque más empobrecidos, y en los que los evaludores jamás querrán entrar – necesitaba completar el control de los docentes por las dos caras de la moneda.

Los nuevos docentes han de enseñar – no importa qué – pero de acuerdo con el módulo y modelo previstos. Se ajustarán a los protocolos, lo demostrarán cubriendo masas de documentos sin efectos legales ni reales, que solo sirven para demostrar la fidelidad al nuevo sistema infalible. Los profesores más viejos podrían intentar resistirse a ello. Si lo hacen se proclamará que ya no tienen fuerzas para adaptarse a la nueva revolución pedagógica – puesto que no se les puede internar como disidientes en hospitales o residencias de “ancianos” – o bien simplemente se les presionará mediante los métodos de control del profesorado establecidos por el sistema de las evaluaciones.

Los “nuevos profesores”, a los que ya no se les exigirá el conocimiento previo de las materias ni una práctica docente previa acreditada en un futuro próximo, ya que la capacidad docente se adquirirá mediante un “máster docente” en el que se enseñarán los protocolos – es decir, la pseudotecnología neutra de la enseñanza, que se puede rellenar con cualquier contenido por igual – serán ya víctimas de este sistema desde el comienzo de sus carreras investigadoras y docentes.

Los “nuevos profesores” han de publicar lo que se les exija en los lugares que se les exija, han de poder rellenar todas las casillas del formulario que les va a garantizar su futuro profesional y poder construirse así un “curriculum” normalizado, basándose en la tecnología curricular. Acudirán a los lugares que se les mande, cuando se les mande, y querrán ser cooptados por los grupos que controlarán todo este proceso y todas sus vidas. Podrían hacerlo mintiendo, fingiendo, sabiendo que el mundo real existe y no se ajusta a lo que los parámetros de las evaluaciones dicen de él, sabiendo que el saber no se mide, y que los honores académicos – sean del tipo que sean – no son más que un ritual de control y de sumisión. Pero eso sería pedirles demasiado, tendrían que ser casi sobrehumanos, y como la mayoría no lo son han decidido aceptar el sistema mediante una especie de síndrome de Estocolmo y convertirse en sus fieles defensores.

Los profesores españoles académicamente tienen que moverse simultáneamente en tres sistemas: el de las evaluaciones formales, que intentan establecer el control básico, el de las realidades autonómicas, y el del conocimiento científico real, que se crea a nivel internacional. Mediante el primero han de asegurarse su futuro, en combinación con las autoridades de sus universidades, que les dotarán sus plazas, y de las autoridades autonómicas y nacionales que les financiarán sus proyectos en ese segundo nivel. En el tercero de ellos intentarán lograr a duras penas un lugar bajo el sol, sabiendo que nunca saldrán de sus nuevas universidades, ni serán contratados por empresas punteras de ámbito internacional, unas empresas a las que admiran como emblemas del mundo del mercado, del que se les dice que configura toda la realidad, cosa que ellos repiten encantados.

Lo repiten desde su lugar en el mundo, una universidad de funcionarios, controlada por funcionarios, cada vez más al servicio de sí mismos. Una universidad cegada por un discurso falso acerca de sí misma, generadora de una ideología que no sólo enmascara la realidad, sino que intenta anular la capacidad de pensar, de crear conocimiento y de lograr ningún tipo de innovación, puesto que en ella se afirma que toda innovación y toda creación han de ser planificadas, reguladas, controladas, medidas y evaluadas partiendo de un sistema de parámetros y conceptos vacíos, que está totalmente cerrado, y que se considera a sí mismo como perfecto, irrefutable e imposible de modificarse sustancialmente.

Ese ha sido el gran logro del pensamiento ANECA en su reformulación de la actividad docente y que ha desembocado en una  auténtica quiebra del estado de derecho.

J.M. Maravall intentó reformar la universidad española con una ley orgánica y una serie de leyes y decretos que se derivasen de ella. En este caso, como debe ocurrir en todo sistema normativo, se partió de la existencia de una jerarquía normativa, y se intentó que las normas fuesen claras, que estuviesen claramente publicadas, fuesen conocidas y que su aplicación resultase creíble.

Tuvo Maravall aciertos y errores, pero no se puede decir de él que no hiciese las cosas de modo claro y transparente. Todo lo contrario de lo que ocurre actualmente, gracias a la implantación institucional de la ANECA y a la difusión de su ideología.

En la actualidad el principio de jerarquía normativa prácticamente ha desaparecido en España, tal y como ha demostrado Alejandro Nieto. Se publican cientos de normativas por parte de diferentes fuentes de derecho, cuyas competencias se solapan, a nivel central, autonómico, universitario, etc. Los autores de muchas normas desconocen las normas de los demás autores y pueden ignorar que hay otras normas anteriores, que ellos no se molestan en derogar (lógicamente, porque no las conocen). Se considera que no es necesario crear nuevos marcos legales globales, como sería lógico si “Bolonia” supusiese una reforma global de la universidad española, por primera vez en su triste historia ahora integrada en el marco europeo de la educación superior.

No hacen falta leyes orgánicas nuevas, ni leyes generales de las universidades, aunque se intente poner todo patas arriba, por lo menos verbalmente. Pilar de Castillo solo modificó la LRU de Maravall, y la interminable plétora de ministras y ministros de educación de Zapatero ni siquiera intentó otra reforma, solo puso parches.

Se reformaron los títulos sin hacer un catálogo previo, se mantuvo intacto el poder descoordinado de las autonomías, que a su vez crearon sus propias agencias de evaluación, emuladores locales de la gran ANECA, y rivales en la lucha por la competencia evaluadora onmisciente.

Se mantuvo intacto un catálogo de áreas de conocimiento creado hace veinticinco años de modo atropellado. Se consolidaron departamentos disfuncionales que duplican las funciones de las facultades en muchos casos. Se incrementó el número de instancias y órganos de gobierno. Se complicaron hasta el barroquismo todos los procedimientos de control, sabiendo que carecen de todo tipo de eficacia. Se incrementó el número de cargos académicos, de modo que aproximadamente uno de cada diez profesores ocupa un cargo. En la Universidad de Córdoba 1 de cada 3 profesores funcionarios tiene un cargo. Añadido de D. Llanes. Se aumentó el número de procesos de pseudocontrol de modo desorbitado y a la vez el personal encargado de desarrollar planes estrátegicos, sistemas de control de calidad… , sin que en realidad se haya conseguido cambiar nada.

En esta especie de patio del Monipodio del derecho, Jordi Sevilla, ministro de administraciones públicas con J.L. Rodríguez Zapatero, cambió la edad de jubilación obligatoria de los profesores funcionarios desde los 70 a los 65 años, sin que el Ministerio de Educación se enterase, a pesar de haber sido aprobada esa importantísima ley en las Cortes Españolas. Como se dio el caso de que había muchos profesores legalmente jubilados sin saber que lo estaban, ni ellos ni sus rectores, se procedió a dejar sin efecto un artículo de una ley de rango superior apelando a una transitoria de otra ley anterior y sin cambiar la ley principal.

Del mismo modo se han implantado los posgrados – másters- antes de los grados. Se les ha arrebatado a los licenciados que pretendan ser docentes derechos que les conceden las disposiciones transitorias del Decreto por el que se implantó el sistema europeo de títulos superiores, equiparándolos a los inexistentes graduados y obligándoles a cursar un máster docente para poder acceder a unos cuerpos de funcionarios en los que el mismo título de licenciado, expedido por la misma universidad, posee un valor diferente según se haya obtenido antes o después de una determinada fecha.

Se pretende crear Escuelas de Doctorado, que expidan el título de Doctor, violando artículos de la vigente ley de universidades, que establece que los títulos estatales sólo los pueden otorgar los Centros, no siendo la Escuela de Doctorado tal cosa, a la vez que con esto se le quita la plena competencia docente e investigadora a la mayor parte de los profesores funcionarios.

Se intenta refomar la universidad a través de Ley de la Ciencia, elaborada por un Ministerio que no tiene competencias en educación, y que intenta sustraer arteramente las competencias de las universidades reconocidas por su Ley superior. Se intenta controlar a los profesores con un Estatuto del personal docente concebido como un catálogo de puestos de trabajo de una empresa, en el que se pretende imponer a los profesores obligaciones no contempladas en ninguna otra ley.

Y todo ello a la vez que se mantienen todas las titulaciones existentes, se pretende incrementar el número de plazas de profesores, se descapitalizan los servicios comunes y se desvían gran parte de los recursos hacia proyectos de investigación sobrefinanciados, cuyos resultados muchas veces no se conocen y en los que la disciplina contable es a veces muy laxa.

En este mundo polinormativo hasta el delirio, descoordinado, disfuncional y tendente al caos, ¿cómo se regula el sistema?

En primer lugar, dejando que funcione por inercia, a pesar de su creciente disfuncionalidad. En segundo lugar, convirtiendo a las universidades en peones del juego político partidista en el gobierno central y en cada comunidad autónoma. Y en tercer lugar, esperando que en medio de la mayor crisis económica mundial de los últimos ochenta años los recursos de las universidades españolas se sigan incrementando, o en último caso que no disminuyan, para que puedan seguir funcionando igual. Y ¿cómo se pretende hacer todo ello creíble?

Pues por la repetición hasta la saciedad del discurso del mercado y la empresa, de la reforma docente, del recurso verbal a las competencias y habilidades, y de la integración de la universidad en la sociedad. Un discurso creado por el pensamiento ANECA, pero cuya mayor gloria y mayor éxito consiste ya no sólo en que lo repitan los profesores, que son controlados por él y quienes lo defienden, sino también las autoridades académicas, elegidas básicamente por los profesores para que sigan defendiendo sus intereses, y las autoridades políticas estatales y autonómicas.

Las ministras y ministros españoles de educación, o de ciencia, repiten el discurso al pie de la letra, y lo mismo ocurre en cada autonomía. Los políticos hablan de los parámetros de la evaluación (sexenios, proyectos, número de artículos publicados, control estratégico de la calidad), cuando dicen cómo piensan reformar la universidad. Lo que ocurre es que saben que no pueden reformarla por ser las universidades rehenes de los poderes autonómicos, avalados por el poder central, que vive en simbiosis con ellos.

En cada Autonomía sus titulaciones son practicamente intocables si las defienden los poderes provinciales o municipales, que tambien utilizan el vocabulario y la ideología de la evaluación y el pensamiento ANECA, para enmascarar unas realidades de cálculo electoral mucho más prosaicas y concretas.

La superposición de la ideología y el pensamiento ANECA con una realidad que la contradice, ya que en ella se aspira a que todo siga como está y hacer cambios para que nada cambie, ha generado la implantación de la doble verdad. Una doble verdad que sólo puede desembocar en el creciente descrédito de los discursos y de las instituciones. Y es que una norma es norma en tanto que la gente crea que se puede aplicar en la realidad, y que por ello puede ser vinculante. Si, como pasa en la universidad, ya nadie sabe cuántas normas hay, cuándo y cómo se aplican, y poco a poco se extiende la convicción de que puede haber leyes para cada persona, entonces se hunde la credibilidad en el derecho y las instituciones, que se basa en la idea de que la ley es igual para todas aquellas personas que estén en el mismo caso.

Para sobrevivir en la universidad española hay que desarrollar muchas habilidades. El problema es que muy pocas de ellas han de ser científicas y casi ninguna docente. Las habilidades básicas han de ser las habilidades sociales. Es decir, la capacidad de entender los juegos sociales y los juegos del lenguaje de los actores de esta realidad institucional. Unos juegos que han de permitir desarrollar estrategias complejas en varios frentes, y sobre todo comprender que el significado de las palabras, la semántica y el sentido del discurso dependen siempre del contexto, del hablante, del oyente y del momento.

Sobrevivir es saber básicamente manejar la ambigüedad y saber generar un discurso verbal y retórico cambiante y polivalente en el que siempre puedan hallarse razones que puedan justificar los intereses que el hablante defienda en cada momento de su vida académica. Una vida académica cerrada, aislada del exterior y que se puede ver amenazada cuando la realidad económica, social y política decidan dejar de sostener un enorme sistema disfuncional hasta la médula y complejo hasta la saciedad.

Cuando ello ocurra el sistema se hundirá global y repentinamente, como ocurrió en la URSS y sus satélites. Países en los que todo estaba bien porque era verdad y se basaba en una ciencia perfecta e irrefutable, y en los que la figura del disidente no podía ser en modo alguno tolerada. Se hundieron esos sistemas, y en el mismo momento en que ello ocurrió, sus viejos líderes pasaron a decir que ellos también habían sido disidentes, que nunca habían creído en su propio sistema y que por ello ahora podían seguir liderando esa nueva realidad que ya no tenía nada que ver con todo lo anterior.

No vamos a hacer ahora una profecía, pero sí proponer los dos únicos caminos posibles para reformar la universidad española, una vez suprimida legalmente la ANECA - logro que consideramos de momento imposible-, caminos que la ANECA considerará sin duda como muestra innegable de la existencia de un “transtorno de ideas reformistas”.

La vida después de la ANECA.

Si se pretendiese de verdad reformar la universidad española deberían tomarse varias medidas básicas y reelaborar las leyes que rigen las universidad en todos sus ámbitos.

La primera y esencial sería acabar con el discurso de la doble verdad, dejar muda la ideología del mercado y la evaluación, porque es inaplicable en un sistema de universidades públicas basado en la existencia de cuerpos de funcionarios estables. Y optar por uno de estos dos modelos, viables partiendo de la realidad del presente:

1. O bien se restaura un Sistema Estatal de Universidades, haciendo que dejen de depender de las Comunidades Autónomas, en lo que se refiere a la distribución de titulaciones, que sería diseñada a nivel estatal, intentado mantener la equidad y el equilibrio territorial. Del mismo modo habría que volver a permitir la movilidad y el traslado de los profesores, al igual que en muchos otros cuerpos de funcionarios. Y sería también indispensable que se volviesen a establecer la definición de los contenidos de las titulaciones para facilitar su homologación real y no solamente verbal.
2. O bien se deja a cada Comunidad Autónoma su sistema universitario propio del que sólo ella será responsable, haciendo que se ajuste a las realidades de la oferta y la demanda en el campo de la educación española y europea, de modo tal que sobreviva el más apto, de acuerdo con la ideología neoliberal del mercado que todo el mundo predica.

Esta segunda solución podría ser muy traumática, porque generaría unos desquilibrios muy notorios entre comunidades y acabaría por suponer una reconversión o adelgazamiento de la universidad española similar al que está ocurriendo en el resto del mundo, cosa que se intenta evitar a toda costa.

En este segundo sistema cada comunidad con su presupuesto de universidades mantendría o cerraría sus centros según su viabilidad, tal y como pretende hacer el gobierno francés y casi todos los demás gobiernos europeos. Siendo así pues la realidad la que regularía el sistema y no las evaluaciones verbales y vacías de las agencias evaluadoras autonómicas o estatales.

En cualquier caso, y fuese cual fuese la solución que se adoptase, sería imprescindible simplificar todos los procedimientos de pseudocontrol, imposibles ya tras la desaparición de la ANECA. Sería también prioritario hacer que la institución recuperase su lógica propia, al subordinarse sus estructuras y sus miembros a sus funciones básicas: la docencia y la investigación. Para ello sería fundamental reforzar una autoridad académica unitaria, legalmente definida mediante la creación de una nueva ley orgánica de las universidades. Y por último habría que establecer un rígido control del gasto, que frenase el proceso de descapitalización de los servicios y estructuras comunes, cambiando a su vez toda la financiación y la estructura del sistema de los proyectos de investigación, concesión y control de los mismos.

Entonces ya no habría que hablar de la empresa en universidades que no son empresas, ni del mercado, al tratarse de un servicio público como la educación. Ni tampoco seguir insistiendo machaconamente en las competencias y habilidades que unos supuestos estudiosos y analistas de la educación creen poder definir formalmente, al margen de cualquier tipo de contenidos, por estar convencidos no sólo que las palabras nunca se refieren a las cosas, sino que la única realidad existente es la de las palabras, la de sus propias palabras.

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Llinares García, Mar, “El Defensor del Pueblo da la razón a los estudiantes de Santiago, pero los manda a un callejón sin salida”, http://firgoa.usc.es/drupal/node/46201

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Zizek, Slavoj (2003): Ideología. Un mapa de la cuestión, México, FCE, (London, 1994).

Más artículos de JcBB en: http://firgoa.usc.es/drupal/taxonomy/term/341

BONAVENTURA DE SOUSA SANTOS

En mi última crónica describí un escenario perturbador para el futuro de la universidad europea como resultado de los actuales procesos de reforma. Señalé que se trata sólo de un escenario posible cuya emergencia puede evitarse tomando algunas medidas exigentes.

En primer lugar, hay que empezar por reconocer que la nueva normalidad creada por el escenario descrito significaría el fin de la universidad tal y como la conocemos.

En segundo lugar, es necesario acabar con los vicios de la universidad anterior al proceso de Bolonia: inercia y endogamia detrás de la aversión a la innovación; autoritarismo institucional disfrazado de autoridad académica; nepotismo disfrazado de mérito; elitismo disfrazado retóricamente de excelencia; control político disfrazado de participación democrática; neofeudalismo disfrazado de autonomía departamental o de facultad; miedo a la evaluación disfrazado de libertad académica; baja producción científica bajo la apariencia de resistencia heroica a términos de referencia estúpidos y comentarios ignorantes de árbitros.

En tercer lugar, el proceso de Bolonia debe retirar de su vocabulario el concepto de “capital humano”. Las universidades forman seres humanos y ciudadanos plenos y no capital humano sujeto, como cualquier otro capital, a las fluctuaciones del mercado. No se puede correr el riesgo de confundir la sociedad civil con el mercado. Las universidades son centros de saber en el sentido más amplio del término, lo que implica pluralismo científico, interculturalidad al conocimiento que tiene valor de mercado y al que no.

El análisis coste/beneficio en el ámbito de la investigación y el desarrollo es un instrumento tosco que puede frenar la innovación en vez de promoverla. Basta consultar la historia de la tecnología para concluir que las innovaciones con mayor valor instrumental se desarrollaron sin ningún tipo de atención al análisis coste/beneficio. Resultaría fatal para las universidades si la reforma en curso se orientara a neutralizar los mecanismos de resistencia contra las imposiciones unilaterales del mercado, los mismos que, en el pasado, fueron cruciales para resistir las imposiciones unilaterales de la religión y el Estado.

En cuarto lugar, la reforma debe incentivar a las universidades un concepto amplio de responsabilidad social, que no debe confundirse con la instrumentalización. En el caso portugués, los contratos celebrados entre las universidades y el Gobierno para aumentar la cualificación de la población dejan en ridículo la idea del aislamiento social de las universidades. Sin embargo, si no se cumplen todas las condiciones, las instituciones pueden verse sometidas a estrés institucional destructivo que alcanzaría de manera fatal a la generación de docentes situados en la franja de los treinta y cuarenta años.

En quinto lugar, para que nada de esto ocurra, es necesario que todos los docentes universitarios reciban las mismas oportunidades de investigación, no haciéndoles depender del ranking de las universidades ni del tema de la investigación, no tolerando cargas lectivas asfixiantes ni la degradación de los salarios (manteniendo las carreras activas y permitiendo que los salarios se paguen, en parte, por los proyectos de investigación).

En sexto lugar, el proceso de Bolonia debe tratar los rankings como la sal en la comida, es decir, con moderación. Debe introducir, además, la pluralidad de criterios en la definición de los rankings, a semejanza de lo que ya ocurre en otros campos: en el ranking de países, por ejemplo, el índice del PIB coexiste con el índice de desarrollo humano del PNUD [1].

Todo esto es posible sólo si el proceso de Bolonia se convierte cada vez más en una energía endógena y cada vez menos en una imposición de peritos internacionales que transforman preferencias subjetivas en políticas públicas inevitables; y si los responsables de la reforma convencen a la UE y a los Estados para invertir más en las universidades, que no sea en respuesta a presiones corporativas, sino porque ésta es la inversión capaz de garantizar el futuro de la idea de Europa como Europa de las ideas.

Notas

[1] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (N. T.)

Artículo original del 22 de septiembre de 2010.

Fuente: http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=4791

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal).

El Proceso de Bolonia —la unificación de los sistemas universitarios europeos con vistas a crear un espacio de educación superior— se ha visto como una gran oportunidad para llevar a cabo la reforma de la universidad europea. Pienso, sin embargo, que los universitarios europeos tienen que enfrentarse a la siguiente cuestión: ¿el proceso de Bolonia es una reforma o una contrarreforma? La reforma es la transformación de la universidad a fin de prepararla para responder creativamente a los desafíos del siglo XXI, en cuya definición participa activamente. La contrarreforma es, so pretexto de reforma, la imposición a la universidad de desafíos que legitiman su total descaracterización. La pregunta no tiene por ahora respuesta, porque todo está en el aire. Sin embargo, hay señales perturbadoras de que puede que prevalezcan las fuerzas de la contrarreforma. Si esto llegara a ocurrir, el escenario distópico tendría los siguientes contornos.

Ahora que la crisis financiera ha permitido ver los peligros de crear una moneda única sin unificar las políticas públicas, la política fiscal y los presupuestos del Estado, es posible que, con el tiempo, el proceso de Bolonia se transforme en el euro de las universidades europeas. Las consecuencias previsibles serán las siguientes: el abandono de los principios de internacionalismo universitario solidario y de respeto por la diversidad cultural e institucional en nombre de la eficiencia del mercado universitario europeo y la competitividad; las universidades más débiles —concentradas en los países más débiles— serán situadas por las agencias de calificación universitaria en la cola del ranking, supuestamente tan riguroso como realmente arbitrario y subjetivo, sufriendo las consecuencias de la aceleración de la desinversión pública; muchas universidades cerrarán y, tal y como ya está sucediendo en otros niveles educativos, los estudiantes y sus padres deambularán por los países en busca de la mejor relación calidad/precio, como ya lo hacen en los centros comerciales en los que las universidades se están transformando.

El impacto interno será arrollador: la relación entre la investigación y la docencia, tan proclamada por Bolonia, será el paraíso para las universidades situadas a la cabeza del ranking —una pequeña minoría— y el infierno para la inmensa mayoría de las universidades y universitarios. Los criterios de mercantilización reducirán el valor de las diferentes áreas de conocimiento a su precio de mercado, de manera que el latín, la poesía o la filosofía sólo se mantendrán si algún macdonald [1] informático ve en ellas alguna utilidad.

Los gestores de las universidades serán los primeros en asimilar la orgía clasificadora, objetivomaníaca e indicemaníaca; se convertirán en especialistas a la hora de crear sus propias recetas para la expropiación de las familias o el pillaje del descanso y la vida personal de los docentes, ejerciendo toda su creatividad en la destrucción de la creatividad y la diversidad universitarias, normalizando todo lo que es normalizable y destruyendo todo lo que no lo es.

Los profesores serán proletarizados por aquello de lo que supuestamente son dueños —la enseñanza, la evaluación y la investigación—, zombis de formularios, objetivos, evaluaciones impecables en rigor formal y necesariamente fraudulentas en la sustancia, deliverable , milestones , negocios de citación recíproca para mejorar los índices, comparaciones entre ”publicas cualquier cosa en cualquier sitio”, carreras imaginadas como estimulantes y siempre paradas en los pisos inferiores. Los estudiantes serán los dueños de su propio aprendizaje y de su endeudamiento durante el resto de su vida, en permanente desliz de la cultura estudiantil a la cultura del consumo estudiantil, autónomos en las elecciones de las que desconocen la lógica y los límites, orientados personalmente hacia las salidas del desempleo profesional.

Finalmente, el servicio de educación terciaria será liberalizado de acuerdo con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Nada de esto tiene por qué suceder. Para que no suceda es necesario que los universitarios y las fuerzas políticas para las que esta nueva normalidad es una monstruosidad definan lo que se tiene que hacer y se organicen eficazmente para hacerlo. Será el tema de la próxima crónica.

Notas

[1] Referencia a Peter Macdonald, fundador de Linux. (N.T)

Artículo original del 25 de agosto de 2010.

Fuente: http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=4759

*Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal).

Texto leído en el acto de apoyo a la huelga general de trabajadores de la cultura y la enseñanza convocado por UGT y CCOO el 22 de septiembre en Sevilla.

Juan Torres López (www.juantorreslopez.com).
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

Queridas amigas y amigos:

Agradezco a UGT y CC.OO. la oportunidad de dirigirme a ustedes para apoyar la convocatoria de huelga del día 29.

Yo soy un modesto científico social. Me dedico a estudiar la realidad económica, analizo lo que veo y publico mis conclusiones. A eso se añade, naturalmente, que soy un ciudadano más, un ser humano con convicciones, con ideales, con sentimientos, emociones y preferencias, como también las tienen el gobernador del Banco de España o los economistas liberales, aunque éstos suelen decir que están libres de valores y que solo hablan como técnicos objetivos, qué casualidad, siempre que proponen medidas que perjudican a las clases trabajadoras.

Pues bien, es como científico social y como ciudadano como puedo hablarles.
Como científico social vengo analizando desde hace años la situación económica internacional y sus efectos sobre la economía española. Mis análisis me llevaron a predecir que iba a producirse una crisis como la que estamos viviendo. Por cierto, justamente lo contrario de lo que pasó con los que ahora nos dicen que tienen la solución segura y obligada para salir de ella: no solo no la predijeron sino que decían, incluso a finales de 2007, que las cosas iban magníficamente.

Disculpen que sea quizá algo inmodesto y me cite a mí mismo. Verán, el 10 de septiembre de 2007 yo escribí lo siguiente:

“aunque la crisis se inicie en el mercado hipotecario de un país, en este caso de Estados Unidos, es completamente seguro que se extenderá por todo el globo terráqueo… Si hubiera que apostar, yo más bien lo haría por unos meses largos de inestabilidad profunda, de sobresaltos y de pérdida de vigor económico. El sector inmobiliario, en primer lugar, saltará próximamente por los aires en los países, como España, en donde ha generado burbujas especulativas; y detrás de él, quizá algunos ámbitos del sector bancario y financiero. Tras de lo cual es inevitable que venga una nueva fase recesiva que puede ser duradera si no se adoptan medidas de choque rápidas y contundentes en forma, principalmente, de incremento del gasto”.

Pues bien, exactamente por aquellos mismos días el Fondo Monetario Internacional afirmaba en un informe que “lo que nos parece más probable es que el vigoroso crecimiento mundial perdure”, “comparando los datos actuales con los de septiembre de 2006 no hay tantas razones para preocuparse por la economía mundial”.

Y el entonces su director gerente, el español Rodrigo Rato, decía unos días antes que yo que “seguimos previendo por ahora que la economía mundial mantendrá su buena marcha” y que sus proyecciones apuntaban “a un crecimiento mundial sostenido” (doy más muestras de estos patinazos en mi libro La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se han hundido nada que saldrá a la calle en unas semanas publicado por Editorial Sequitur).

Les digo esto para que comprueben ustedes que entonces engañaron a la ciudadanía. Y lo que también quiero decirles a continuación es que exactamente igual que la engañaron entonces, la están engañando ahora.

Se desencadenó una crisis por la torpeza de esas instituciones y de las personas que nos gobernaban, porque no supieron o no quisieren prevenirla, como acabamos de ver; por su complicidad, porque dejaron hacer y deshacer a los bancos y a los especuladores para que ganaran cientos de miles de millones de euros que dedicaban, prácticamente sin pagar ni uno solo en impuestos, a seguir especulando.

Para hacerle frente dedicaron billones de euros a salvar a los bancos, a permitirles que sigan haciendo lo que quieran, sin cambiar ni una sola coma de las normas que siguen permitiendo la especulación generalizada y la acumulación ingente de riesgo. Es decir, dando lugar a que dentro de muy poco, y créanme ustedes que desgraciadamente voy a acertar de nuevo, se provoque otro cataclismo financiero y económico.

Para evitar que se hundieran las economías los gobiernos tuvieron que endeudarse y se volvieron a poner en manos de los bancos privados, porque sus cómplices, las autoridades de los bancos centrales, sobre todo en Europa, no ayudaron a los gobiernos, es decir, a los pueblos, con la misma generosidad con que lo hacen con los bancos.

Y así fue como los financieros que hace unos meses estaban contra las cuerdas han recobrado de nuevo todo su poder político y de extorsión que ahora usan para imponer medidas de ajuste a los gobiernos. Y las imponen como ellos saben, mintiendo una vez más.

• Mienten porque no es verdad que las medidas de ajuste y de recorte social que están llevando a cabo sean las adecuadas para salir de la crisis. Si la economía se ha venido abajo es por falta de fuelle, de financiación, de recursos y de demanda. Por tanto, hacer lo que propone el gobierno neoliberal de la Unión Europea y lo que aplica el español es justo lo contrario de lo que se necesitaría para volver a darle impulso.
• Mienten porque no es verdad que con estas medidas vayan a recuperar a las economías sino que van a hundirlas más. La banca y las grandes empresas no dependen tanto de la demanda que están restringiendo recortando el gasto público y los salarios porque tienen un gran poder y mantienen sus mercados cautivos (¿quién va a dejar de pagar a Movistar o la hipoteca del banco si su sueldo baja un 5%) y hacen más negocio asegurándose que se pague la deuda y poniendo en marcha nuevos servicios privados en lugar de los públicos que poco a poco se vendrán abajo. Pero la situación de las pequeñas y medianas empresas, que son las que mantienen más del 90% del empleo total es la contraria porque dependen mucho más del gasto que proviene principalmente de los salarios.
• Mienten porque no es verdad que la reforma laboral sea necesaria para salir de la crisis y ni siquiera para crear empleo. La creación de empleo depende de que haya demanda y de que las pequeñas y medianas empresas (que como acabo de decir crean la inmensa mayoría del empleo en España) dispongan de financiación para producir y de que luego vendan lo que producen. Ni quienes defienden la reforma laboral se han atrevido a decir que esta reforma vaya a crear empleo: unos dicen que lo creará más adelante, otros que sirve para aumentar la productividad, otros que para bajar la temporalidad… ¡valiente equipo de médicos que coinciden en la terapia (¡qué casualidad!) de quitarle la cartera al enfermo pero que luego cada uno dice que esa medicina servirá para una cosa distinta.
• Mienten porque no es verdad que reformas laborales como la de ahora creen empleo. No han creado empleo nunca en ninguno de los países en los que se ha llevado a cabo. Lo que hacen estas reformas es lesionar y limitar los derechos laborales y lo que se conseguirá ahora será reducir salarios, bajar la calidad del empleo, aumentar el empleo parcial no deseado y que los grandes empresarios puedan negociar más fácilmente las condiciones de trabajo.
• Mienten porque no es verdad que sea necesario ir hacia la privatización de las cajas de ahorro para salir de la crisis. Al revés, si la banca privada se dedica a la especulación, a la inversión no productiva, a comprar más bancos por medio mundo perdiendo empleo, tendrá que ser el sector público el que asegure la financiación imprescindible de la actividad económica.
• Mienten porque no es verdad que haya que fomentar las pensiones privadas como respuesta a la crisis. ¿Cómo se puede decir que si hay más gente para acudir al médico porque vivimos más, la solución es que se vaya a las consultas menos veces? Lo suyo será, por el contrario, que encontremos fórmulas, que las hay, para disponer de más recursos. Y eso mismo pasa con las pensiones públicas.
• Mienten porque no es verdad, en fin, que para obtener recursos públicos haya que reducir el gasto en pensiones, en educación, e investigación, en gasto social en general.

Como ha señalado el Sindicato de Técnicos de Hacienda (al que supongo que también les gustaría ver desaparecer como a UGT, CCOO, ELA, CGT y cualquier otro que diga las cosas claras para defender a los trabajadores), reduciendo la economía sumergida de nuestro país (donde solo en impuestos y cuotas de la Seguridad Social se defraudan cada año 88.000 millones de euros) a la media europea se obtendrían 38.000 millones de ingresos adicionales. Prohibiendo operaciones al descubierto contra la Deuda Pública española y el euro en los mercados financieros se ahorrarían 1.403 millones de euros al año. Aumentando 5 puntos en el tipo impositivo de 295 entidades bancarias se recaudarían 1.285 millones. Es decir, más o menos lo que se obtuvo de la rebaja del sueldo de los funcionarios, con la diferencia de que ésta disminuye el consumo y las ganancias de los banca no. Recuperando el Impuesto de Patrimonio de las grandes fortunas se obtendrían 1.240 millones cada año. Y eso por no hablar del gasto militar o el que se dedica a la Iglesia o a subvenciones a las grandes empresas y fortunas.

• Mienten, pues, cuando dicen que los recortes que realizan son los únicos posibles y los que más convienen a las clases trabajadoras.

Están engañando a la ciudadanía. Afirman que aplican medidas como imprescindibles cuando se trata de las que mejor le convienen a los poderosos y a las clases más ricas, las del mismo tipo que han provocado la crisis. No es verdad que estén tratando de salir de la crisis y de evitar que se vuelva a producir sino que buscan aumentar sus privilegios a costa de reducir los derechos laborales y sociales.

Esto es lo que puedo decirles como científico social. No hay ni una razón que rigurosamente pueda convalidar las propuestas del gobierno como medidas que objetivamente y ciertamente vayan a producir el efecto que dicen que van a producir. Lo que sabemos por el análisis económico y por la experiencia nos dice que, por el contrario, es más realista pensar que van a frenar la recuperación y que lo que con certeza van a generar es un incremento de la desigualdad y del malestar social. De hecho, ya en 2009 ha aumentado en España en un millón el número de pobres, y en un 12% el número de personas que tienen más de 1 millón de euros de patrimonio.

Como científico social tengo, por tanto, una razón muy poderosa para ir a la huelga: nadie con dignidad puede callar cuando oye mentiras, cuando sabe que lo están engañando para quitarle la riqueza, el salario y el bienestar, a él o ella y a sus hijos, o al resto de sus conciudadanos.

Pero déjenme que también les hable como ciudadano, desde mis preferencias éticas y desde mis emociones.

Todas estas medidas no solo van a producir el efecto económico que les he anticipado. Significan también una merma evidente de los derechos sociales, de la capacidad de negociación de los trabajadores, es decir, de los que ya de por sí tienen menos poder y menos capacidad de decisión. La prueba de ello es el acoso tan grande que se lleva a cabo contra los convocantes de la huelga que es, no se olvide, un derecho constitucional.

Y yo, como ciudadano, quiero estar al lado de los más débiles, de los que tienen menos defensas. Porque creo que lo necesitan y porque creo que hay que parar los pies a los que mandan demasiado, a los banqueros que no se hartan de ganar dinero aunque así lleven a la ruina a medio mundo, porque creo que hay que decir que estamos hartos de que los gobiernos representativos sigan a los pies de los mercados.

Y, aunque a veces me haya parecido que los sindicatos han tenido actitudes demasiado acomodaticias que igual han dado lugar a que lleguemos a donde ahora estamos, voy a la huelga que convocan porque tengo la convicción de que son una pieza esencial de la democracia para defender a los trabajadores. Y porque, cuando quieren acabar con ellos como ahora, hay que estar a su lado para evitar ese ataque que solo puede calificarse como de auténtico peligro fascista.

Y para terminar, permítanme que les llame la atención sobre algo que me parece importante.

Desde el mismo momento en que los sindicatos convocaron la huelga general del 29 de septiembre, los medios de comunicación, los periodistas y dirigentes de derechas, los economistas liberales… comenzaron a decir que no había razones para la convocarla.

Poco a poco, los sindicalistas y las personas que apoyamos la huelga hemos tratado de ir explicándolas y a pesar de que no contamos ni mucho menos con las mismas plataformas que todos ellos, lo cierto es que han tenido que cambiar de discurso. Cuando ya se ha hablado con docenas de miles de trabajadores sobre la reforma laboral y mucha más gente sabe de verdad en qué consiste, no se puede seguir diciendo que no hay razones para convocar una protesta contra ella. Ahora reconocen que, bueno, sí, que puede haberlas para convocar una huelga pero que, en todo caso, no va a tener efecto, que será inútil y que todo seguirá igual al día siguiente.

Es curioso, si la huelga del día 29 no va servir para nada, si al día siguiente todo va a seguir igual ¿por qué se preocupan entonces tanto por ella, por qué gastan tanta tinta y tantos discursos en descalificarla? Si esta huelga es tan inútil, ¿a qué viene tanta crítica a los sindicatos por convocarla? Si es inocua ¿qué importancia tiene, por qué no dejan en paz a la gente que quiere hacerla si al día siguiente nadie habrá notado nada?

Hay mucha falacia en los argumentos de quienes tratan de desactivar la huelga de esta forma. No hay un solo derecho laboral o social que se haya regalado a los trabajadores, que no haya sido el resultado de luchas y de huelgas. Si no se hubieran hecho, aún seguiríamos en las cavernas. Si a lo largo de la historia ha habido algo útil es la movilización social y las huelgas. Lo inútil hoy día, como antes en tantas ocasiones, sería dejar que se siguieran aplicando recortes a los derechos sociales y laborales sin decir nada. Y para defenderlos lo que hay que hacer es exactamente lo mismo que se hizo para conquistarlos: movilizarse y reclamarlos, ahora, mediante la huelga del día 29.

Es verdad que una huelga puede tener más o menos éxito a la hora de conseguir el resultado que se propone (echar atrás, en este caso, la reforma laboral). Unas huelgas han logrado sus efectos de modo inmediato, otras más tarde, pero las únicas huelgas completamente inútiles han sido las que no se han hecho.

También se afirma que la huelga será inútil porque el gobierno no cambiará de postura. Un razonamiento que realmente parece surrealista que se haga en un país que tiene un presidente que antes incluso de tomar posesión como tal ya había dado la orden de retirar las tropas de Irak precisamente para responder a la movilización social que lo pedía constantemente. ¿Acaso habría podido hacer eso Zapatero sin la presión anterior de millones de personas en las calles?

¿Por qué los que salen a la calle y llaman a la gente a salir para otras cosas dicen que es inútil que sean los trabajadores quienes lo hagan para defender sus derechos? ¿No es bastante evidente que saben que eso no es inútil sino todo lo contrario, que temen que lo hagan porque saben que así antes o después lograrán evitar que se tomen esas decisiones?

Por todas estas razones les digo que yo voy a la huelga y hago lo que me han dicho que haga, concluir el acto. Pero no. El este acto no concluye aquí. Yo les cedo ahora la palabra a todos ustedes para que salgan a la calle y hablen con la gente, para que hagan un esfuerzo máximo para explicar lo que está pasando ahora con la reforma laboral y lo que preparan más tarde con las pensiones o con lo servicios públicos.

Recientemente ha visto la luz un libro colectivo “Construir el futuro de la universidad pública” Editorial Icaria, donde hay un capítulo en el que analizo las estructuras universitarias en función de las actividades que deben realizar las universidades. Cuando escribí el capítulo, la crisis económica estaba aun en su primera fase.

Durante 2010 la crisis generada por el capitalismo financiero especulativo ha entrado en una segunda fase donde las inversiones públicas, que se emplearon y emplean para salvar a las entidades financieras y que en el pasado permitieron salir del “crack del 29”, son ahora presentadas por los mercados como las causas del problema. Los mercados es el nombre que hoy adopta el capital financiero especulativo y que tiene entre sus portavoces al FMI, Comisión Europea, BCE, BdE, OCDE, Agencias de ratings, etc. Para salir de la crisis, en esta segunda fase, los gobiernos son obligados a realizar recortes en los gastos públicos.

Las medidas que está tomando el actual gobierno, cumplen las directrices del FMI y la Comisión Europea y están suponiendo un recorte drástico en la inversión pública. Entre ellas están: la bajada de sueldos de funcionarios y de otros trabajadores; la congelación de las pensiones; la reforma laboral encaminada a facilitar el despido y favorecer la bajada de salarios; la eliminación de inversiones productivas socialmente, etc. Estas medidas se toman además a sabiendas de que los ciudadanos que las sufrirán no han sido los causantes de la crisis.

El hundimiento del modelo económico que hemos tenido en los últimos años y las vías para mantenerlo a flote tendrán una repercusión importante sobre las universidades públicas.

Con la entrada en esta segunda fase de la crisis declaraciones como las del 27 de Abril del Consejo de Universidades, donde se insiste en  “la Universidad como institución clave del cambio de modelo productivo…” y en  “la mejora de la financiación como un instrumento……, al objeto de que puedan convertirse en motores de transformación social….”,  pueden haber quedado anticuadas en sólo un mes. Ahora podremos comprobar si los bancos y sus fundaciones, que tanto apoyaban “la economía del conocimiento” cuando las inversiones públicas parecían no tener fin, sustituyen a la inversión del gobierno en el desarrollo de una universidad pública al servicio del avance del conocimiento científico y motor de la transformación social.

Los dirigentes universitarios en general, no parecen haber comprendido todavía  las consecuencias que sobre las universidades tendrá el recorte de las inversiones públicas. El Secretario General de Universidades M. Rubiralta en una reciente entrevista estima que el recorte reducirá la inversión al 30% de lo previsto, recorte que ya vienen sufriendo universidades de algunas comunidades autónomas, como las madrileñas. Aunque el recorte más llamativo, por su novedad, ha sido la reducción de sueldos y complementos de los trabajadores universitarios. Todavía, sin embargo, es normal que se siga hablando en las universidades de proyectos faraónicos, como si la crisis y el recorte no fuera con nosotros o como si tuviéramos capacidad de autofinanciarlos.

Se continúa aumentando el número de cargos académicos, como si no fueran ya muchos; en la Universidad de Córdoba existen 248 cargos (1 de cada 3 profesores doctores funcionarios tiene un cargo). Se solicitan más fondos para nuevos diseños virtuales de Campus de Excelencia Internacional o !!Internacional  regional¡¡. Se habla de continuar sin ninguna reflexión con la implantación de un enorme número de nuevos grados y másteres según Bolonia. Tan implicados han estado, la gran mayoría de los dirigentes universitarios y sus agencias, en el modelo de desarrollo económico vigente, cuando los fondos públicos detraídos por el gobierno del ladrillo y la especulación no parecían tener fin, que no parecen percatarse de que el tiempo que permitía todas esas actuaciones ha terminado y que, además, no volverá.

Nuestros gestores mejor harían en prepararse, y prepararnos a todos, para enfrentar con el menor daño posible la larga época de austeridad que se aproxima y que hará que la implantación de Bolonia se haga con una reducción dramática de las inversiones; queda lejos el coste cero. En unos años asistiremos a las consecuencias negativas que, sobre la formación universitaria del país, tendrá esta irresponsable aventura, llamada Bolonia, que puede llevarse por delante el prestigio de nuestra universidad al tener que realizarse con una reducción de las inversiones. Nadie había previsto que algo similar podría suceder y por tanto tendremos todos, pero los gestores primero, que echar mano de la imaginación para enfrentarnos a los nuevos problemas que se avecinan. Bien haríamos en no aceptar la situación e incrementar las protestas que ya se están iniciando. http://universidadfrentealacrisis.blogspot.com/.

En la situación actual no se trataría tanto de protestar y hacer huelgas por la disminución del sueldo, que también, sino de ir generando una alternativa política que pueda ofrecer una salida a la crisis que implique la desaparición de la influencia del capital financiero improductivo tanto en las universidades como en el resto de la sociedad. Esta alternativa, será difícil de plasmar en estos momentos por la atomización de los grupos políticos y ONGs que puedan defenderla y por el hecho de que una buena parte de la sociedad se vio favorecida por el modelo económico del ladrillo y la especulación. Esta alternativa, debe plantearse, en primer lugar, como un movimiento de carácter europeo con el objetivo básico de devolver a los ciudadanos, a través de sus gobiernos elegidos democráticamente, el control de la actividad económica, arrebatándosela al mercado controlado hoy por el capital financiero improductivo.

De todos nosotros, quienes hoy trabajamos o estudiamos en la universidad,  depende el que pongamos las bases para que la universidad pueda ocupar un lugar importante en un nuevo modelo económico. Ello no tiene nada que ver con las luchas corporativas internas que sólo muestran esa parte de la universidad que sigue recluida en su torre de privilegios, sin afrontar desde sus aulas y laboratorios los graves problemas que atraviesa nuestra sociedad. Se trata de un reto difícil y que deberemos transmitir adecuadamente a los jóvenes, sus principales beneficiarios, para que haciéndolo suyo lo lleven a buen puerto.

Estimados compañeros:

Ante la convocatoria de huelga convocada por los sindicatos para el próximo martes, 8 de junio, la JPDI ha acordado, por mayoría, apoyar y patrocinar dicha convocatoria de huelga.

Por tal motivo es por lo que me dirijo a tí para rogarte, con el más absoluto respeto a tu opinión personal respecto a dicha convocatoria, que dediques un poco de tu tiempo a la lectura de los archivos que te adjuntamos pues, de la misma, estoy convencido que se deduce la necesidad de hacer un esfuerzo más, la manifestación expresa del deseo de hacer huelga con la consiguiente pérdida de haberes, para así dejar constancia que cualquier decisión posterior de reducirnoslos aún más será recibida con la adecuada respuesta.

Si deseas más información, expresamente sobre los visos de inconstitucionalidad de la medida, entra en la página web de la JPDI. Con base en esa información se iniciará, además de con la huelga, la defensa de nuestros derechos.

En la confianza de haberte servido de utilidad en la toma de tu decisión recibe un cordial saludo de

A. López Pinto
Pte de la JPDI

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