EL NEFASTO SISTEMA DE ACCESO A LA PROFESIÓN DE PROFESOR DE UNIVERSIDAD


Herminio R. Padilla Alba
Profesor de Derecho Penal y Magistrado suplente
Publicado también en ABC de Córdoba, el 25 feb 2013

Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco del informe para la reforma universitaria encargado a un comité de expertos por el ministro José Ignacio Wert. Entre los aspectos que se tocan en dicho informe está el de la selección del profesorado universitario, en el que se distingue entre profesorado funcionario y profesorado contratado, en una proporción del 51 % y 49 % respectivamente. Para el profesorado funcionario se seguirá manteniendo un proceso de concurso parecido al actual (acreditación ante la ANECA y luego concurso oposición por una plaza que convoque la Universidad); para el contratado un proceso de selección entre doctores que decidirá cada Universidad.

Difícil, muy difícil, me resulta escribir para criticar la forma actual –y parece que también futura– de acceso a la profesión de profesor funcionario o contratado de Universidad, pues parece que uno tira piedras sobre su propio tejado o muerde, cual vulgar perro arrabalero, la mano caritativa de quien le da de comer. Pero lo que voy a narrar es –y seguramente si no se cambia continúe siendo– objetivamente cierto, y en un porcentaje que podría sorprender y que nadie se atreve a denunciar. Por mucho que se quiera mejorar por arriba la continuidad y estabilidad del profesorado universitario con evaluaciones constantes de su actividad –si algo veo positivo en la reforma es el empeño en que el profesorado siga formándose y trabajando sin dormirse en los laureles por la plaza conseguida–, si la base está podrida, poco o más bien nada se puede hacer. Es como construir un edificio con cimientos de barro: al final el peso terminará por derrumbarlo.

Para quien no lo sepa, el acceso a la profesión de profesor funcionario o contratado de Universidad no se hace de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y la razón es muy simple: de inicio no hay unas pruebas objetivas e imparciales evaluadoras de conocimientos como tienen el resto de profesiones públicas. Y es que quien quiere ser profesor de Universidad lo primero que tiene que hacer es buscarse un padrino, esto es, un catedrático o profesor titular que lo avale para meterlo en el Departamento. En principio ello no sería objetable si el candidato tuviese un buen expediente académico –único mérito curricular, a falta de examen, evaluable en ese momento– que le permitiese optar a una beca de investigación, pero resulta que en la Universidad también se entra por la puerta de atrás, esto es, a través de un contrato de profesor asociado que, lejos de adjudicarse a profesionales de prestigio que compaginen su trabajo con la docencia, se da no ya a amigos y conocidos del catedrático o profesor de turno sino también a cónyuges, parejas, hijos, sobrinos y demás familiares. Nepotismo puro y duro generador a su vez de absoluta lealtad y sumisión. El resto, puro trámite y bajo la consabida fórmula del “hoy por ti, mañana por mí”: aprobación y renovación de la plaza de asociado por el Departamento, lectura de la tesis doctoral ante un tribunal en que sus cinco miembros son propuestos por el propio catedrático o profesor director de la tesis –todavía no he visto a nadie que suspenda una tesis doctoral, siendo normalmente la nota de sobresaliente cum laude por unanimidad–, y examen de la titularidad o cátedra, ahora previa evaluación positiva del currículum del candidato por una agencia nacional (lucha de poder entre quienes intentan colocar a los suyos), ante un tribunal que también pone el maestro, aunque luego se maquille al tener que ser aprobado por la Universidad a propuesta del Departamento.

 

Anuncios

Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español


En el siguiente enlace se accede al documento

Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español

preparado por una Comisión de Expertos y presentada al Ministro de Educación Ciencia y Deportes, D. José Ignacio Wert Ortega, el 12 de febrero de 2013, proponiendo ideas (y alguna que otra ocurrencia) para que no sea menos que los Gobiernos anteriores y proceda a una nueva Reforma del Sistema Universitario

La JPDI te invita a documentarte y a opinar en nuestro blog acerca de la Novísima Reforma que se nos avecina.

A VUELTAS CON LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS POR PARTE DE LA UCO


Diego Llanes Ruiz

Respuesta al artículo del Prof. Enrique Aguilar Benítez de Lugo.

Hubiera sido lo más lógico que fueran los actuales gestores de la UCO los que respondieran a mi artículo, sin embargo ha sido el Prof. Aguilar, con más de un año apartado de la gestión universitaria, quien ha hecho algunos interesantes comentarios.

Por su referencia a los economistas y el pasado, el Prof. Aguilar parece ignorar que en su momento, junto con otros universitarios, me opuse al proyecto Rabanales 21. Que el tiempo esté dando la razón a los que en su día considerábamos un error el proyecto, por enajenar unos terrenos de la UCO destinados a “equipamientos educativos”, no me hace nada feliz pues quien pierde es una Universidad Pública.

También afirma en su artículo que “es totalmente inexacto” que los 9,2 millones de euros que la UCO decía haber conseguido para el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) vayan en realidad a financiar empresas. Asegura que esos millones los aporta el Ministerio de Economía y son para laboratorios adscritos al IMIBIC.

En mi escrito manejaba los datos que ofreció a la prensa, el 20 de noviembre de 2012, el actual vicerrector de Política Científica, Prof. Castaño. En aquella comparecencia, anunció la captación de 9,2 millones por parte de la UCO, en su mayoría de Fondos FEDER, para el desarrollo de tres proyectos de investigación en el IMIBIC, mediante la modalidad de “compra pública precomercial”.

Para entender por qué digo que esos millones son para empresas, debo primero explicar lo que es “compra pública precomercial”. En 2011, la ministra Garmendia aprueba la regulación de un modelo de financiación pública de empresas con el objetivo de potenciar su innovación y hacerlas más competitivas internacionalmente,  persiguiendo además que las administraciones públicas pudieran prestar mejores servicios. Para ello, el gobierno español regula el 8 de julio de 2011 la Compra Pública Innovadora (CPI), definiendo en ella dos tipos: la Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) y la Compra Pública Precomercial (CPP). En la primera (CPTI), las administraciones financian proyectos para que las empresas ofrezcan, en un plazo razonable, el desarrollo de una tecnología nueva y un plan sobre su explotación. En la segunda (CPP) las administraciones financian proyectos para que las empresas aumenten el conocimiento y hagan exploración y diseño de soluciones de problemas elegidos por la administración, pero sin incluir actividades de desarrollo comercial.

En mi opinión, en la primera opción los resultados son fácilmente controlables por la administración pública que pone los fondos, mientras que en la segunda, este control es más complicado, pues, aunque se prevea una comisión de seguimiento, será difícil valorar el aumento del conocimiento.

Pues bien, la Universidad de Córdoba, según informaba el Prof.  Castaño, había conseguido 9,2 millones para financiar tres proyectos en la modalidad CPP. Cuando se consulta la página web de los contratos CPP (en definitiva son contratos públicos, con lo que ello implica de publicidad, concurrencia, transparencia,…), encontramos que el 26 de octubre de 2012 la UCO ofertó efectivamente una compra CPP por valor de unos 4,69 millones de euros, y no por 9,2 millones, para tres proyectos que tienen por título: Proyecto “Sistema de conservación celular”, por 684.035 euros, proyecto “Sistema de detección de compuestos volátiles para diagnóstico precoz de cáncer”, por 2,21 millones y proyecto “Robot quirúrgico”, por 1,79 millones, proyectos que coinciden con los indicados por el Prof. Castaño a la prensa.

Estos tres proyectos están en la fase final de adjudicación, y todo parece indicar que los de “Conservación” y “Robots”, se adjudicarán a una empresa del País Vasco con una financiación total de más de 2,4 millones, mientras que el proyecto “Diagnóstico” lo será a una empresa ubicada en nuestra ciudad por más de 2,2 millones.

Como se recoge en el pliego de prescripciones de la CPP, es la UCO la administración que oferta el contrato, y no el IMIBIC. Por tanto es la UCO la que debe ser la responsable de haber solicitado y obtenido esos fondos que proceden de los presupuestos generales del Estado, y es también la UCO la que debe haber decidido los problemas en que deben trabajar las empresas.

En mi artículo, por tanto, no hay datos “totalmente inexactos”. No cabe duda de que la mitad de los 9,2 millones anunciados como CPP van a dos empresas. No me corresponde a mí, ni creo que al Prof. Aguilar, sino al Prof. Castaño, explicar el destino de la otra mitad, puesto que, por lo que parece, no han sido destinados a la “compra pública precomercial”. Quizás ha sido dedicada a investigaciones de laboratorios adscritos al IMIBIC, como dice el Prof. Aguilar, aunque para ello, por lo que he explicado, se haya tenido que forzar la legalidad de lo que son los “contratos públicos precomerciales”.

En estos tiempos de crisis y recortes, la UCO debería hacer un ejercicio de transparencia y explicar dónde y cómo decide asignar los fondos públicos que consigue; es más, debería explicar cómo los consigue. En estos malos tiempos que corren, los ejercicios de transparencia ayudan a que la mayoría que soporta recortes lo haga con un espíritu diferente.

¿Fondos públicos para empresas en la UCO?


 ENRIQUE AGUILAR BENÍTEZ DE LUGO
Publicado en El Día de Córdoba,
hoy 22 de febrero de 2013

 CUANDO me jubilé anticipadamente al comenzar el curso 2012-2013, en la comida que algunos amigos y compañeros tuvieron a bien ofrecerme, indicaba que “me jubilaba, pero que no me iba” y que procuraría estar al tanto de los avances en mi disciplina y en el día a día de la vida de mi Universidad.

Durante estos meses he recordado algunas veces las laboriosísimas gestiones y la gran cantidad de trabajo necesarios para poner en marcha el Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación (cei-A3) y el Instituto de Investigaciones Biomédicas (Imibic).

En El Día del viernes 15 de febrero, aparece el artículo Fondos públicos para empresas en la UCO  del que es autor el profesor Llanes en el que se hace referencia al Proyecto de Rabanales 21 y al Imibic.

En relación al Proyecto Rabanales 21, el profesor Llanes lo considera excesivo o megalómano y critica que se vayan a dedicar fondos públicos a un proyecto que interesaba, fundamentalmente, a las empresas privadas. Casi 15 años después de tomar aquella decisión estratégica, el profesor LLanes hace una reflexión que es difícil no compartir, al menos parcialmente. Sin embargo, pasa como con los economistas, que siempre interpretan muy bien el pasado, pero no aciertan en sus pronósticos de futuro. Decía Gil de Biedma que “escribir un poema sobre la lluvia sólo se puede hacer en un día lluvioso”. Igual sucede con Rabanales 21.

Cuando la UCO lideró la creación del Parque Científico Tecnológico era un momento de extraordinaria bonanza económica (basada, básicamente, en la cultura del ladrillo) y de auge en la concepción y creación de Parques Tecnológicos como alternativa a “la economía del ladrillo”. En esos momentos, prácticamente todas las universidades tenían o aspiraban a tener uno y había abundantes fondos públicos (en las convocatorias conocidas como “parquetazos” para potenciarlos; de hecho, la urbanización y los fondos para los semilleros de empresas son de origen público, no universitario).

Coincidió aquella época con mi etapa de vicerrector de Investigación y me tocó recibir a bastantes empresarios que intentaban instalarse en el parque. Las peticiones eran examinadas por la Comisión de Investigación y muchas de ellas rechazadas por no demostrar suficientemente en qué medida potenciaban la I+D. Aún recuerdo el informe, extensísimo, que tuve que preparar en torno a la petición (finalmente denegada) de Baldomero Moreno S.A. La crisis ha hecho desistir, momentáneamente, a algunas de esas empresas. Al haber cesado como vicerrector , ignoro las causas y la conveniencia por las que la Universidad ha decidido, recientemente, aportar un millón de euros al funcionamiento del parque. Tal vez se trate de un nuevo esfuerzo de activar, que no enterrar, el proyecto. Indica el profesor Llanes que los terrenos aportados por la UCO como cuota de participación en Rabanales 21 se han devaluado. Esta devaluación, probable, pero no contrastada por ninguna tasación, seguramente es similar a la que se ha producido en el valor de todos los terrenos y que ha conducido a la quiebra de numerosas empresas y entidades. ¿Valdrían mas si perteneciesen a la Universidad? ¿Deberían haberse vendido?

De mayor gravedad, según el profesor Llanes, es la obtención de 9,2 millones de euros por el Imibic para desarrollar Proyectos de Investigación. Crítica que “esos fondos van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO”. Esto es totalmente inexacto porque: 1) los fondos no los aporta la UCO, los aporta el Ministerio de Economía y 2) los fondos no van a las empresas, van a financiar proyectos desarrollados por investigadores del Imibic en laboratorios adscritos al Instituto. Estos fondos han permitido, entre otras acciones, mantener y contratar investigadores. En la actualidad se están presentando nuevos proyectos para su financiación, algunos de carácter fundamentalmente básico. Más adelante, el subconsciente traiciona al articulista, cuando dice “¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector Agroalimentario, la seña de identidad de nuestra Universidad y no al sector de Biomedicina ?”. Y yo digo, ¿debe deducirse un criterio corporativo que transforma los 9,2 millones de malos en buenos según el área de conocimiento que los recibe?

La investigación en España atraviesa un momento delicadísimo por los recortes y por la “cuasi” nula aportación del sector empresarial a la misma. Es preciso conseguir mayor inversión en I+D por parte de las empresas y una mayor relación con las universidades, lo que incluye cambiar la visión “cortoplacista” de muchos empresarios. Solo así saldremos adelante.

FONDOS PÚBLICOS PARA EMPRESAS PRIVADAS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.


Diego Llanes Ruiz

No procede repetir aquí las razonables quejas que los rectores de las universidades públicas españolas han realizado sobre la disminución en inversiones en I+D del gobierno central y de las comunidades autónomas. El rector de la UCO ha ocupado un lugar destacado en la prensa en estas críticas, en mi opinión, muchas veces acertadas. Sin embargo, hay unas inversiones en I+D que no sufren recortes: las inversiones públicas para potenciar el I+D de empresas.

No es usual que la universidad pública dedique fondos a financiar proyectos de empresas privadas, especialmente ahora que la institución sufre importantes recortes. El que la UCO tenga previsto dedicar más de 10 millones de euros de fondos públicos a potenciar empresas privadas, creo que es noticia y una prueba de que hay inversiones públicas que escapan a los recortes cuando afectan a determinados proyectos privados.

Repasemos brevemente los datos.

Hemos conocido recientemente que la UCO ha dispuesto de casi un millón de euros de su presupuesto para invertir en Rabanales 21 SA. Esta inversión, que tendrá la forma de “préstamo participativo”, es para evitar los problemas de impago que arrastra esa empresa por acometer una urbanización megalómana. Este tipo de préstamo se convertirá en una inversión en el capital social de la empresa, dado que muy probablemente la empresa no podrá devolverlo. Debemos recordar que Rabanales 21 SA es un proyecto privado, al que la UCO se unió con la aportación de unos terrenos de su propiedad y, por tanto, públicos. La entrada en esta sociedad se presentó en su momento como un buen negocio para la UCO. La participación en el proyecto de diversos socios solventes, especialmente Cajas de Ahorro y alguna constructora, unido a un buen proyecto en I+D, apoyado por la Junta de Andalucía, debería concluir con la revalorización de los terrenos. Conclusión: un gran negocio y además en I+D+i que era lo moderno. Sin embargo, doce años después, el proyecto en I+D+i aún no ha echado a andar, los terrenos se han devaluado y la UCO se ve en la necesidad de enterrar casi un millón de euros públicos en un proyecto que ya es privado. En su momento muchos universitarios nos opusimos a un proyecto de I+D, que por desmesurado nacía muerto, y que se ha mantenido en pie en tanto ha durado la burbuja inmobiliaria. Los 2 o 3 edificios que hoy funcionan serían suficientes para cubrir la capacidad en transferencia de la UCO por muchos años. Sorprende todavía más que tenga que ser la UCO la que, con fondos públicos, acuda en salvación de una sociedad privada y que los bancos presentes en el accionariado (Caixabank, accionista mayoritario, y Kutxabank) no hagan nada y miren hacia otro lado. Más pronto que tarde sería interesante abrir un debate en nuestra universidad y en la ciudad sobre el futuro de unos terrenos que nunca debían haber dejado de ser públicos.

Aun siendo importante la inversión de un millón de euros en Rabanales 21 SA, ésta aparece como ridícula cuando se compara con los 9,2 millones de euros, que la UCO ha anunciado haber conseguido para que el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) lleve a cabo tres novedosos proyectos de investigación. Lo que no se ha dicho es que estos fondos, al venir en la forma de Compra Pública Innovadora, modelo de financiación pública para aumentar la competitividad de empresas, van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO.

En resumen, en un año en que los recortes acosan a las universidades públicas, la UCO consigue 10,2 millones de fondos públicos y los dedica a financiar proyectos de empresas privadas. Al margen de lo sorprendente de la noticia me surge la siguiente pregunta: ¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector agroalimentario, la seña de identidad de nuestra universidad, y no al sector de la biomedicina donde las Universidades de Granada y Sevilla ya nos llevan una importante delantera?

Lo descrito tiene su explicación última en el hecho de que junto a las actividades docentes e investigadoras, la universidad ha sido obligada a jugar el papel de motor económico de un modelo de crecimiento que hace agua por todos lados. Los gestores universitarios, como funcionarios diligentes, cumplen lo que desde las más altas instancias políticas se les indica, que no es otra cosa que favorecer los intereses del sector financiero. En cualquier caso, sería interesante conocer las explicaciones que nuestros gestores dan a estos hechos, confirmándolos, desmintiéndolos o matizándolos. Además de transparencia, se añadiría claridad a los planes de futuro que tienen para nuestra universidad, si es que los tienen.

A %d blogueros les gusta esto: