FONDOS PÚBLICOS PARA EMPRESAS PRIVADAS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.


Diego Llanes Ruiz

No procede repetir aquí las razonables quejas que los rectores de las universidades públicas españolas han realizado sobre la disminución en inversiones en I+D del gobierno central y de las comunidades autónomas. El rector de la UCO ha ocupado un lugar destacado en la prensa en estas críticas, en mi opinión, muchas veces acertadas. Sin embargo, hay unas inversiones en I+D que no sufren recortes: las inversiones públicas para potenciar el I+D de empresas.

No es usual que la universidad pública dedique fondos a financiar proyectos de empresas privadas, especialmente ahora que la institución sufre importantes recortes. El que la UCO tenga previsto dedicar más de 10 millones de euros de fondos públicos a potenciar empresas privadas, creo que es noticia y una prueba de que hay inversiones públicas que escapan a los recortes cuando afectan a determinados proyectos privados.

Repasemos brevemente los datos.

Hemos conocido recientemente que la UCO ha dispuesto de casi un millón de euros de su presupuesto para invertir en Rabanales 21 SA. Esta inversión, que tendrá la forma de “préstamo participativo”, es para evitar los problemas de impago que arrastra esa empresa por acometer una urbanización megalómana. Este tipo de préstamo se convertirá en una inversión en el capital social de la empresa, dado que muy probablemente la empresa no podrá devolverlo. Debemos recordar que Rabanales 21 SA es un proyecto privado, al que la UCO se unió con la aportación de unos terrenos de su propiedad y, por tanto, públicos. La entrada en esta sociedad se presentó en su momento como un buen negocio para la UCO. La participación en el proyecto de diversos socios solventes, especialmente Cajas de Ahorro y alguna constructora, unido a un buen proyecto en I+D, apoyado por la Junta de Andalucía, debería concluir con la revalorización de los terrenos. Conclusión: un gran negocio y además en I+D+i que era lo moderno. Sin embargo, doce años después, el proyecto en I+D+i aún no ha echado a andar, los terrenos se han devaluado y la UCO se ve en la necesidad de enterrar casi un millón de euros públicos en un proyecto que ya es privado. En su momento muchos universitarios nos opusimos a un proyecto de I+D, que por desmesurado nacía muerto, y que se ha mantenido en pie en tanto ha durado la burbuja inmobiliaria. Los 2 o 3 edificios que hoy funcionan serían suficientes para cubrir la capacidad en transferencia de la UCO por muchos años. Sorprende todavía más que tenga que ser la UCO la que, con fondos públicos, acuda en salvación de una sociedad privada y que los bancos presentes en el accionariado (Caixabank, accionista mayoritario, y Kutxabank) no hagan nada y miren hacia otro lado. Más pronto que tarde sería interesante abrir un debate en nuestra universidad y en la ciudad sobre el futuro de unos terrenos que nunca debían haber dejado de ser públicos.

Aun siendo importante la inversión de un millón de euros en Rabanales 21 SA, ésta aparece como ridícula cuando se compara con los 9,2 millones de euros, que la UCO ha anunciado haber conseguido para que el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) lleve a cabo tres novedosos proyectos de investigación. Lo que no se ha dicho es que estos fondos, al venir en la forma de Compra Pública Innovadora, modelo de financiación pública para aumentar la competitividad de empresas, van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO.

En resumen, en un año en que los recortes acosan a las universidades públicas, la UCO consigue 10,2 millones de fondos públicos y los dedica a financiar proyectos de empresas privadas. Al margen de lo sorprendente de la noticia me surge la siguiente pregunta: ¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector agroalimentario, la seña de identidad de nuestra universidad, y no al sector de la biomedicina donde las Universidades de Granada y Sevilla ya nos llevan una importante delantera?

Lo descrito tiene su explicación última en el hecho de que junto a las actividades docentes e investigadoras, la universidad ha sido obligada a jugar el papel de motor económico de un modelo de crecimiento que hace agua por todos lados. Los gestores universitarios, como funcionarios diligentes, cumplen lo que desde las más altas instancias políticas se les indica, que no es otra cosa que favorecer los intereses del sector financiero. En cualquier caso, sería interesante conocer las explicaciones que nuestros gestores dan a estos hechos, confirmándolos, desmintiéndolos o matizándolos. Además de transparencia, se añadiría claridad a los planes de futuro que tienen para nuestra universidad, si es que los tienen.

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