A VUELTAS CON LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS POR PARTE DE LA UCO


Diego Llanes Ruiz

Respuesta al artículo del Prof. Enrique Aguilar Benítez de Lugo.

Hubiera sido lo más lógico que fueran los actuales gestores de la UCO los que respondieran a mi artículo, sin embargo ha sido el Prof. Aguilar, con más de un año apartado de la gestión universitaria, quien ha hecho algunos interesantes comentarios.

Por su referencia a los economistas y el pasado, el Prof. Aguilar parece ignorar que en su momento, junto con otros universitarios, me opuse al proyecto Rabanales 21. Que el tiempo esté dando la razón a los que en su día considerábamos un error el proyecto, por enajenar unos terrenos de la UCO destinados a “equipamientos educativos”, no me hace nada feliz pues quien pierde es una Universidad Pública.

También afirma en su artículo que “es totalmente inexacto” que los 9,2 millones de euros que la UCO decía haber conseguido para el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) vayan en realidad a financiar empresas. Asegura que esos millones los aporta el Ministerio de Economía y son para laboratorios adscritos al IMIBIC.

En mi escrito manejaba los datos que ofreció a la prensa, el 20 de noviembre de 2012, el actual vicerrector de Política Científica, Prof. Castaño. En aquella comparecencia, anunció la captación de 9,2 millones por parte de la UCO, en su mayoría de Fondos FEDER, para el desarrollo de tres proyectos de investigación en el IMIBIC, mediante la modalidad de “compra pública precomercial”.

Para entender por qué digo que esos millones son para empresas, debo primero explicar lo que es “compra pública precomercial”. En 2011, la ministra Garmendia aprueba la regulación de un modelo de financiación pública de empresas con el objetivo de potenciar su innovación y hacerlas más competitivas internacionalmente,  persiguiendo además que las administraciones públicas pudieran prestar mejores servicios. Para ello, el gobierno español regula el 8 de julio de 2011 la Compra Pública Innovadora (CPI), definiendo en ella dos tipos: la Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) y la Compra Pública Precomercial (CPP). En la primera (CPTI), las administraciones financian proyectos para que las empresas ofrezcan, en un plazo razonable, el desarrollo de una tecnología nueva y un plan sobre su explotación. En la segunda (CPP) las administraciones financian proyectos para que las empresas aumenten el conocimiento y hagan exploración y diseño de soluciones de problemas elegidos por la administración, pero sin incluir actividades de desarrollo comercial.

En mi opinión, en la primera opción los resultados son fácilmente controlables por la administración pública que pone los fondos, mientras que en la segunda, este control es más complicado, pues, aunque se prevea una comisión de seguimiento, será difícil valorar el aumento del conocimiento.

Pues bien, la Universidad de Córdoba, según informaba el Prof.  Castaño, había conseguido 9,2 millones para financiar tres proyectos en la modalidad CPP. Cuando se consulta la página web de los contratos CPP (en definitiva son contratos públicos, con lo que ello implica de publicidad, concurrencia, transparencia,…), encontramos que el 26 de octubre de 2012 la UCO ofertó efectivamente una compra CPP por valor de unos 4,69 millones de euros, y no por 9,2 millones, para tres proyectos que tienen por título: Proyecto “Sistema de conservación celular”, por 684.035 euros, proyecto “Sistema de detección de compuestos volátiles para diagnóstico precoz de cáncer”, por 2,21 millones y proyecto “Robot quirúrgico”, por 1,79 millones, proyectos que coinciden con los indicados por el Prof. Castaño a la prensa.

Estos tres proyectos están en la fase final de adjudicación, y todo parece indicar que los de “Conservación” y “Robots”, se adjudicarán a una empresa del País Vasco con una financiación total de más de 2,4 millones, mientras que el proyecto “Diagnóstico” lo será a una empresa ubicada en nuestra ciudad por más de 2,2 millones.

Como se recoge en el pliego de prescripciones de la CPP, es la UCO la administración que oferta el contrato, y no el IMIBIC. Por tanto es la UCO la que debe ser la responsable de haber solicitado y obtenido esos fondos que proceden de los presupuestos generales del Estado, y es también la UCO la que debe haber decidido los problemas en que deben trabajar las empresas.

En mi artículo, por tanto, no hay datos “totalmente inexactos”. No cabe duda de que la mitad de los 9,2 millones anunciados como CPP van a dos empresas. No me corresponde a mí, ni creo que al Prof. Aguilar, sino al Prof. Castaño, explicar el destino de la otra mitad, puesto que, por lo que parece, no han sido destinados a la “compra pública precomercial”. Quizás ha sido dedicada a investigaciones de laboratorios adscritos al IMIBIC, como dice el Prof. Aguilar, aunque para ello, por lo que he explicado, se haya tenido que forzar la legalidad de lo que son los “contratos públicos precomerciales”.

En estos tiempos de crisis y recortes, la UCO debería hacer un ejercicio de transparencia y explicar dónde y cómo decide asignar los fondos públicos que consigue; es más, debería explicar cómo los consigue. En estos malos tiempos que corren, los ejercicios de transparencia ayudan a que la mayoría que soporta recortes lo haga con un espíritu diferente.

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FONDOS PÚBLICOS PARA EMPRESAS PRIVADAS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.


Diego Llanes Ruiz

No procede repetir aquí las razonables quejas que los rectores de las universidades públicas españolas han realizado sobre la disminución en inversiones en I+D del gobierno central y de las comunidades autónomas. El rector de la UCO ha ocupado un lugar destacado en la prensa en estas críticas, en mi opinión, muchas veces acertadas. Sin embargo, hay unas inversiones en I+D que no sufren recortes: las inversiones públicas para potenciar el I+D de empresas.

No es usual que la universidad pública dedique fondos a financiar proyectos de empresas privadas, especialmente ahora que la institución sufre importantes recortes. El que la UCO tenga previsto dedicar más de 10 millones de euros de fondos públicos a potenciar empresas privadas, creo que es noticia y una prueba de que hay inversiones públicas que escapan a los recortes cuando afectan a determinados proyectos privados.

Repasemos brevemente los datos.

Hemos conocido recientemente que la UCO ha dispuesto de casi un millón de euros de su presupuesto para invertir en Rabanales 21 SA. Esta inversión, que tendrá la forma de “préstamo participativo”, es para evitar los problemas de impago que arrastra esa empresa por acometer una urbanización megalómana. Este tipo de préstamo se convertirá en una inversión en el capital social de la empresa, dado que muy probablemente la empresa no podrá devolverlo. Debemos recordar que Rabanales 21 SA es un proyecto privado, al que la UCO se unió con la aportación de unos terrenos de su propiedad y, por tanto, públicos. La entrada en esta sociedad se presentó en su momento como un buen negocio para la UCO. La participación en el proyecto de diversos socios solventes, especialmente Cajas de Ahorro y alguna constructora, unido a un buen proyecto en I+D, apoyado por la Junta de Andalucía, debería concluir con la revalorización de los terrenos. Conclusión: un gran negocio y además en I+D+i que era lo moderno. Sin embargo, doce años después, el proyecto en I+D+i aún no ha echado a andar, los terrenos se han devaluado y la UCO se ve en la necesidad de enterrar casi un millón de euros públicos en un proyecto que ya es privado. En su momento muchos universitarios nos opusimos a un proyecto de I+D, que por desmesurado nacía muerto, y que se ha mantenido en pie en tanto ha durado la burbuja inmobiliaria. Los 2 o 3 edificios que hoy funcionan serían suficientes para cubrir la capacidad en transferencia de la UCO por muchos años. Sorprende todavía más que tenga que ser la UCO la que, con fondos públicos, acuda en salvación de una sociedad privada y que los bancos presentes en el accionariado (Caixabank, accionista mayoritario, y Kutxabank) no hagan nada y miren hacia otro lado. Más pronto que tarde sería interesante abrir un debate en nuestra universidad y en la ciudad sobre el futuro de unos terrenos que nunca debían haber dejado de ser públicos.

Aun siendo importante la inversión de un millón de euros en Rabanales 21 SA, ésta aparece como ridícula cuando se compara con los 9,2 millones de euros, que la UCO ha anunciado haber conseguido para que el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) lleve a cabo tres novedosos proyectos de investigación. Lo que no se ha dicho es que estos fondos, al venir en la forma de Compra Pública Innovadora, modelo de financiación pública para aumentar la competitividad de empresas, van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO.

En resumen, en un año en que los recortes acosan a las universidades públicas, la UCO consigue 10,2 millones de fondos públicos y los dedica a financiar proyectos de empresas privadas. Al margen de lo sorprendente de la noticia me surge la siguiente pregunta: ¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector agroalimentario, la seña de identidad de nuestra universidad, y no al sector de la biomedicina donde las Universidades de Granada y Sevilla ya nos llevan una importante delantera?

Lo descrito tiene su explicación última en el hecho de que junto a las actividades docentes e investigadoras, la universidad ha sido obligada a jugar el papel de motor económico de un modelo de crecimiento que hace agua por todos lados. Los gestores universitarios, como funcionarios diligentes, cumplen lo que desde las más altas instancias políticas se les indica, que no es otra cosa que favorecer los intereses del sector financiero. En cualquier caso, sería interesante conocer las explicaciones que nuestros gestores dan a estos hechos, confirmándolos, desmintiéndolos o matizándolos. Además de transparencia, se añadiría claridad a los planes de futuro que tienen para nuestra universidad, si es que los tienen.

ASALTO A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA


Publicado en el Día de Córdoba el 14 12 2012

Diego Llanes Ruiz

En pocos meses, las universidades públicas contarán con una cuarta ley para regular sus actividades. Si excluimos la LRU (1983) del PSOE, que significó un cambio necesario para los nuevos tiempos democráticos, el resto de las leyes LOU, (2001) del PP y LOMLOU, (2007) del PSOE, nunca me parecieron realmente necesarias,  y creo que solo tenían un fin; abrir las universidades al llamado capitalismo académico. Para ello, introduce, la LOU, y desarrolla, la LOMLOU, un nuevo objetivo universitario: el conocimiento al servicio del desarrollo económico.

Nuestro capitalismo académico es una mala copia del original. Al tener nuestro país, y no digamos Andalucía, una débil economía productiva, no contábamos con los sectores empresariales  que impusieron este modelo a las mejores universidades anglosajonas. Nosotros hemos tenido que intentar crear a los propios empresarios que se beneficien de esos cambios y para ello animar a cada universitario y universitaria a convertirse en emprendedor. Además fue necesario el inicio de una campaña de potenciación del mercado y lo privado, en abierta contradicción con el modelo funcionarial de nuestras universidades.

La nueva ley querrá, sin más dilación, imponer el capitalismo académico con el paso directo a la gestión privada de la universidad pública. Los procesos electorales, que aupaban al poder a los rectores, tienen por tanto los días contados. El poder pasará a manos de un organismo similar al actual Consejo Social, que será el encargado de gestionar a las universidades públicas y nombrar a los rectores.

Los nuevos miembros de los Consejos Sociales serán elegidos por el poder político, lo que vendrá a significar que las universidades públicas estarán controladas por el capital financiero, que en última instancia controla a las cúpulas de los partidos mayoritarios. Esto se llevará a cabo si la sociedad civil: organizaciones sociales, empresarios, pequeños partidos y sindicatos,… no se dota de la suficiente fuerza, como para imponer un modelo de gestión universitaria más acorde con las necesidades del conjunto de la sociedad.

La universidad que salió de la transición realizó eficazmente su función de poner la educación superior a disposición de un gran número de españoles. En los últimos años, el crecimiento económico especulativo, ligado a la burbuja inmobiliaria, también ha tenido sus efectos negativos en la gestión universitaria. La bonanza económica y la supuesta necesidad de hacer de la universidad motor del desarrollo económico alentaron y potenciaron al profesor-gestor, frente al docente y al investigador. El aumento exponencial de los cargos, que en ningún momento fue acompañado de los adecuados mecanismos de control, ha dado lugar al clientelismo y la auto-satisfacción.

Clientelismo debido a que los rectores debían ser elegidos cada cuatro años por el resto de miembros de la comunidad universitaria y auto-satisfacción ya que los fondos de que disponían estos gestores aumentaban cada año, lo que les permitía repartir prebendas, crear las más diversas estructuras y difundir su mayor éxito, el noveno lugar en el ranking mundial por publicaciones.

El clientelismo y la auto-satisfacción trajeron consigo además la desregulación y el descontrol en el funcionamiento de las universidades. Baste un ejemplo: los programas de jubilación anticipada incentivadas. Profesores-gestores de 33 universidades públicas desde 2002 han aprobado y puesto en marcha unos programas que carecen de soporte legal. El Tribunal de Cuentas ha abierto por ello diligencias para investigar el posible delito contable cometido por estos profesores-gestores.

La necesidad de más fondos públicos para las universidades tenía una justificación perfecta: éramos los motores de la economía. La realidad, sin embargo, discurría por otros caminos. Los fondos que nos financiaban no salían del aumento de nuestra economía productiva, provenían de los ingresos que el Estado conseguía con la burbuja inmobiliaria, verdadero motor de nuestro desarrollo. Por tanto, como ahora todos constatamos con un 25% de parados, el 33% en Andalucía, los motores de nuestro desarrollo no se alimentaban con los éxitos, ni con las publicaciones científicas, que se producían en las universidades, aunque nuestros rectores insistieran e insistan aún hoy en hacer creer a todos que somos nosotros, con el aumento de los conocimientos, los que llevábamos el peso del desarrollo económico.

Una vez desaparecido el verdadero motor de nuestro crecimiento, la burbuja inmobiliaria, se hace necesaria una reestructuración del modelo universitario. Lo que está en juego es si esos cambios se acometen para beneficiar al conjunto de la sociedad o a unos pocos. Se avecinan tiempos de incertidumbres y sacrificios, y de toda la sociedad depende que estos cambios puedan ser tutelados por una sociedad civil, que deberá fortalecerse, o por gestores que eliminarán las escasas posibilidades que tenemos de una universidad pública crítica con el modelo económico imperante

SOMOS MAYORIA, UNA PROPUESTA DE ACCIÓN POLÍTICA.


Hace unos días Julio Anguita publicó una propuesta dirigida a crear una alternativa que permita cambiar la situación política y económica de nuestro país. Esta propuesta creo que va más allá de lo que Julio Anguita pueda representar, sea bueno o malo, para cada uno de nosotros. Creo que merece la pena leerlo y actuar en consecuencia.

http://colectivoprometeo.blogspot.com.es/2012/06/somos-mayoria.html

Considero que esta propuesta puede coincidir con lo expresado en nuestro “marco de actuación” por ello os informo que pienso colaborar con la iniciativa, lo haré desde el puesto que pueda ocupar, jubilado o en activo, en la universidad el curso que viene.

Un abrazo

Diego

RECORTES EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS


ALTERNATIVAS A LOS RECORTES EN LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA.

Diego Llanes Ruiz

La situación económica en que se encuentra España y Europa empieza a tener consecuencia directa sobre el funcionamiento de las universidades públicas. Se han anunciado importantes recortes, de alrededor de 130 millones, en las universidades públicas andaluzas, que en la UCO llegarían a los 10 millones de euros.

La necesidad de aplicar estos recortes en las universidades públicas, no debemos olvidarlo, es una consecuencia de la crisis del capitalismo financiero y de casino que ha imperado en los últimos años. Sin embargo, las medidas de recorte pretenden justificarse por la necesidad de eliminar la deuda (fundamentalmente privada y de bancos) que se ha generado estos años, y una y otra vez, nos dicen que la causa ha sido porque “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, argumento que ha sido interiorizado por una buena parte de la población y por muchos de nuestros compañero/as.

Debo decir que “no todos” hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y por tanto algunos (una gran mayoría de la población) deberíamos tener la fuerza moral necesaria para enfrentarnos a aquellas medidas encaminadas a hacer pagar a todos las deudas generadas por el crédito fácil y la especulación financiero-inmobiliaria.

Los bancos españoles, con muy pocas excepciones, han vivido por encima de sus posibilidades, pero de ahí a decir que, un funcionario (o un trabajador/a), que ha pagado religiosamente los impuestos y no ha adquirido deudas que no pudiera pagar con su sueldo, ha vivido por encima de sus posibilidades además de radicalmente falso, es un insulto.

Al igual que cada uno de nosotros puede y debe analizar si ha vivido por encima de sus posibilidades y tener una postura frente a la deuda coherente con su situación particular. Las instituciones, y entre ellas la Universidad de Córdoba, debe analizar su situación y los gastos acometidos durante estos últimos años de especulación y actuar en consecuencia respecto a los recortes.

No tengo datos suficientes para afirmar o negar que nuestra universidad sea una de las instituciones que ha vivido por encima de sus posibilidades, si es así los recortes que se nos piden tendrían algo de justos y necesarios, o por el contrario si los gastos se han ajustado a nuestras responsabilidades, los recortes son injustos e innecesarios. Más injustos serán todavía, si como parece, el gobierno de la nación y el autonómico pretenden aplicar los recortes al conjunto de la institución y especialmente a los más débiles, en forma de aumento de tasas académicas, disminución de sueldos o rescisión de contratos.

Sería necesario, por tanto, conocer si en nuestra universidad hay estructuras que han crecido por encima de las necesidades que marcaban nuestros objetivos básicos, y en caso de ser así su eliminación debería ser un primer paso en los recortes.

La Universidad de Córdoba ha decidido acometer reducciones en el gasto, y recientemente se han hecho publicas una serie de directrices generales (Consejo de Gobierno del 15-5-2012), pero estas propuestas se ven enturbiadas por decisiones concretas como la del anuncio de la contratación de un gerente para el ceiA3, lo que significa la generación de un nuevo cargo con un gasto adicional mínimo de 56.000 euros/año. Debemos tener en cuenta que el Campus ha estado funcionando durante casi tres  años sin ese cargo, y que además se hace la contratación en el momento que el programa de Campus de Excelencia ha sido calificado por el MEC de “herramienta inútil”.

La Universidad de Córdoba, para acometer los recortes que afectan al conjunto de su personal, debe en primer lugar y sobre cualquier otra consideración, hacer un esfuerzo en presentar una gestión transparente y evitar que pueda darse la percepción, como me ha sucedido con el nombramiento del gerente del ceiA3 y otras plazas, de que se favorece a grupos de privilegiados que en nada tienen que ver con los objetivos básicos de la institución.

Para empezar debemos cumplir con los objetivos docentes e investigadores desde una total transparencia económica, mostrando a la sociedad, que la financia, que su universidad cumple con los objetivos que se les pide y los desarrolla acorde con los medios que la sociedad pone a su disposición.

Por todo ello propongo una serie de medidas que se podrían estudiar en la UCO y que su adopción, conjunta o por separado además de reducir el gasto, permitiría empezar a diseñar una universidad pública diferente a la actual.

1.- Realizar una auditoría que permita conocer la situación económica de las diferentes estructuras de la UCO, con objeto de descubrir y proceder a la eliminación de aquellas partidas de gasto no acorde con los objetivos académicos básicos.

2.- Detener los planes de austeridad que afecten por igual a todo el personal, ya que no tiene en cuenta la responsabilidad que este personal tiene en la situación económica y el posible déficit de nuestra universidad.

3.- Elaborar un catálogo de los servicios básicos necesarios que permita recuperar la gestión pública de las empresas y servicios ahora privatizados. Responsabilizar de la gestión de todos los servicios al personal de administración y servicios. 

4.- Hacer de la actividad docente el objetivo y actividad principal de la institución y del profesorado. Independizar la actividad y el personal de las empresas de base tecnológica (EBT) de las estructuras universitarias.

4.- Con objeto de disminuir el anunciado recorte, poner a la venta las acciones de las diversas sociedades en las que participa la UCO, especialmente Rabanales 21 SA.  

5.- Disminución del número de cargos y eliminación de todos los complementos de asimilados a cargo.

6.- Emprender un programa para reducir la jornada laboral del personal fijo de nuestra universidad lo que servirá para fomentar un programa de nuevas contrataciones.

7.- Elaborar una relación de puestos de trabajos docentes (RPT) que contemple, un plan  para la contratación de profesorado joven, que aumente nuestra capacidad docente, y que su dedicación le permita acometer también investigaciones que sirvan para aumentar el conocimiento de los problemas que afectan a nuestra sociedad.

8.- Refundar democráticamente el modelo de universidad basado en la solidaridad y en la austeridad y no en los privilegios.

9. -Apostar por la separación de la gestión económica y de personal, de la académica. Las dos primeras deberán recaer en la sociedad que nos financia en tanto que  la actividad académica docencia e investigación, será responsabilidad de los universitarios.

Estas medidas permitirían que la UCO pudiera salir fortalecida de la crisis. Crisis que es del sistema económico, y que no se va a solucionar con recortes de sueldos y plazas. Para superarla, aunque nos parezcan utópicas, deberemos tomar medidas como las propuestas por el CADTM (Comité para la anulación de la deuda del tercer mundo para construir otra Europa) y que son:

1.- Realizar una auditoría de la deuda pública con el objetivo de anular su parte ilegítima.

2.- Detener los planes de austeridad puesto que son injustos y profundizan la crisis.

3.- Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza. Prohibir las transacciones con los paraísos judiciales y fiscales. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de las personas más ricas.

4.- Controlar los mercados financieros, principalmente mediante la creación de un registro de los propietarios de títulos, la interdicción de las ventas al descubierto y de la especulación en una serie de sectores.

5.- Transferir los bancos al sector público bajo control ciudadano.

6.- Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados desde 1980.

7.- Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para crear empleos, y al mismo tiempo aumentar los salarios y las pensiones.

8.- Refundar democráticamente otra Unión Europea basada en la solidaridad.

Espero que este escrito pueda ayudar a abrir un debate y ser una alternativa a los recortes que se proponen a la UCO desde la administración autonómica y nacional.

MANUEL TORRES Y DIEGO LLANES, CARGOS UNIVERSITARIOS POLÉMICA.


MANUEL TORRES

Querido Diego creo que es bueno que lo hablemos con datos en la mano  pues pienso que tu comentario en el foro igual que el ABC son muy  injustos. Tu sabes perfectamente que decir a secas que la Universidad tiene 274 cargos, supone dejar caer que el REctor y su consejo de dirección manejan todos esos cargos. Perfectamente conoces que 106 son Directores y Secretarios de Dpto. que yo sepa no los nombra el REctor. 87 son Decanos, Vicedecanos y Secretarios y coordinadores de titulación nombrados en los 11 Centros por sus decanos, que no los nombra el  rector, 25 ponentes de selectividad, que no los nombra el rector y así  podíamos seguir. 1 Defensor que elige el Claustro. Si no me salen mal  las cuentas el Rector o su equipo nombran 46 cargos.

Aún así por si no lo sabes, nuestra intención como se anunció en Consejo de Gobierno pasado es reducir la estructura de Centros y  Departamentos, reducir los cargos que dependen del Rector y en ello estamos, pero lógicamente esto aparecerá en los presupuestos del 2013 pues en los del 12 ya estaban previstos. En fin, reconozco que me enfade cuando leí tu comentario, no suelo ir a ese foro, pero alguien me lo envió y realmente me sentí mal, de que con cierta demagogia (en mi opinión) se usaran así los datos.

Y lo de ABC no tiene nombre ellos  saben perfectamente que el incremento no es real, por un problema de no contabilización no se recogía en presupuesto el pago de 14 mensualidades de complemento tal y como se publicó en el BOE. Tú sabes  que el complemento de los cargos viene fijado por el Gobierno y  publicado en el BOE en cuanto a su cuantía. Lo que si tiene capacidad  estatutaria el Rector es para nombrar otros cargos y asimilar a… (en total te repito 46) Cosa que como te he dicho tenemos previsto reducir  en el presupuesto del próximo año. Porque la administración en general  ha respondido a un modelo expansivo y ahora tiene que responder a un  modelo limitado a la realidad que tenemos. . Si quieres quedamos y lo hablamos donde quieras. Pero por favor documéntate bien antes de dar informaciones que no se corresponden a la verdad o que son solo parcialmente ciertas. Quizá en claustro sería buena ocasión para debatirlo, pero si quieres otro lugar con otra gente por mi no hay  problema, aunque no sea mi competencia, yo asumo la responsabilidad que me corresponde como miembro del equipo de gobierno de esta  universidad.

También agradeceré que si te parece bien utilices este email para publicarlo en el mismo foro.

Un fuerte abrazo.

Manuel Torres Aguilar

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DIEGO LLANES

Hola Manolo, gracias por tu respuesta y explicaciones que no me convencen, al margen de otras consideraciones creo que la causa principal de que tengamos puntos de vista tan diferentes se debe a que procedemos de dos ambientes universitarios distintos, tu llevas muchos  años en el rectorado y has olvidado, cosa natural, como se ven las cosas, cuando no se tiene secretaria, ni teléfono, ni tarjetas corporativas, mi caso, y el del grupo de  profesores que van al despacho cada día a recibir alumnos en tutorías, dar las clases que le tocan sin reducciones y hacer lo que puedan para conseguir fondos si quieren investigar y eso con un sueldo, sin complementos de cargo, recortado por el gobierno de Zapatero,  que por lo que dices aprobó subir las pagas de 12 a 14 a los cargos en el mismo año, extraño ¿no?

Tener 275 cargos en 2012, para repartir entre 736 profesores funcionarios, y con  solo 46, según dices, nombrados directamente por uno de esos cargos, el Rector, es un ESCANDALO, que dice poco de la gestión de la universidad pública, además como sabes perfectamente el número de cargos no ha dejado de crecer en tiempos de crisis económica, pasando desde 230 en 2009 a los 275 de 2012 y ahora dices que lo vais a reducir en 2013.

Quizás no os dé tiempo de arreglar las cosas para 2013 como propones,  y definitivamente el ministerio pase la gestión económica y de personal  a gestores externos y solo quede para el profesorado la gestión académica, con ello se daría un paso de gigante para acabar el amiguismo y nepotismo que impregna la gestión económica y de personal de muchas universidades públicas.

Esa medida, y no la pérdida de “excelencia” de la universidad pública,  explicaría gran parte de las protestas de los cargos universitarios y de la CRUE que ahora ponen el grito en el cielo al ver en peligro sus cargos, cuando mantuvieron un silencio absoluto con Bolonia, verdadero problema para los profesores y las universidades públicas. Confundiendo y mezclando el daño que harán los recortes a  la universidad pública con la necesaria pérdida de privilegios, de algunos, que representaría una gestión externa de las universidades si, como parece, quiere poner en marcha el ministerio, aunque tengo mis dudas de que pueda.

No formo parte del claustro, por tanto para el debate te propongo utilizar un salón del rectorado dando la suficiente publicidad, pueden incluirse alumnos, sindicatos,… Por cierto, no pienso presentarme a rector, con lo que no hay peligro de que utilice el acto electoralmente.

Un cordial saludo

Diego

PS. Pondré esta respuesta y tu email en el blog.

TEOREMA DE IGNACIO WERT. MINISTRO DE EDUCACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA.


” Toda docencia universitaria puede mejorarse
incrementando sus costes e incentivando a todos los profesores
para que progresivamente dejen de impartirla.”

Tomado del artículo de José Carlos Bermejo Barrera, ¿Qué compro y que me vende señor ministro?

Tasas, mentiras y el desahucio de la Universidad Pública.

http://firgoa.usc.es/drupal/node/50786

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