FONDOS PÚBLICOS PARA EMPRESAS PRIVADAS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.


Diego Llanes Ruiz

No procede repetir aquí las razonables quejas que los rectores de las universidades públicas españolas han realizado sobre la disminución en inversiones en I+D del gobierno central y de las comunidades autónomas. El rector de la UCO ha ocupado un lugar destacado en la prensa en estas críticas, en mi opinión, muchas veces acertadas. Sin embargo, hay unas inversiones en I+D que no sufren recortes: las inversiones públicas para potenciar el I+D de empresas.

No es usual que la universidad pública dedique fondos a financiar proyectos de empresas privadas, especialmente ahora que la institución sufre importantes recortes. El que la UCO tenga previsto dedicar más de 10 millones de euros de fondos públicos a potenciar empresas privadas, creo que es noticia y una prueba de que hay inversiones públicas que escapan a los recortes cuando afectan a determinados proyectos privados.

Repasemos brevemente los datos.

Hemos conocido recientemente que la UCO ha dispuesto de casi un millón de euros de su presupuesto para invertir en Rabanales 21 SA. Esta inversión, que tendrá la forma de “préstamo participativo”, es para evitar los problemas de impago que arrastra esa empresa por acometer una urbanización megalómana. Este tipo de préstamo se convertirá en una inversión en el capital social de la empresa, dado que muy probablemente la empresa no podrá devolverlo. Debemos recordar que Rabanales 21 SA es un proyecto privado, al que la UCO se unió con la aportación de unos terrenos de su propiedad y, por tanto, públicos. La entrada en esta sociedad se presentó en su momento como un buen negocio para la UCO. La participación en el proyecto de diversos socios solventes, especialmente Cajas de Ahorro y alguna constructora, unido a un buen proyecto en I+D, apoyado por la Junta de Andalucía, debería concluir con la revalorización de los terrenos. Conclusión: un gran negocio y además en I+D+i que era lo moderno. Sin embargo, doce años después, el proyecto en I+D+i aún no ha echado a andar, los terrenos se han devaluado y la UCO se ve en la necesidad de enterrar casi un millón de euros públicos en un proyecto que ya es privado. En su momento muchos universitarios nos opusimos a un proyecto de I+D, que por desmesurado nacía muerto, y que se ha mantenido en pie en tanto ha durado la burbuja inmobiliaria. Los 2 o 3 edificios que hoy funcionan serían suficientes para cubrir la capacidad en transferencia de la UCO por muchos años. Sorprende todavía más que tenga que ser la UCO la que, con fondos públicos, acuda en salvación de una sociedad privada y que los bancos presentes en el accionariado (Caixabank, accionista mayoritario, y Kutxabank) no hagan nada y miren hacia otro lado. Más pronto que tarde sería interesante abrir un debate en nuestra universidad y en la ciudad sobre el futuro de unos terrenos que nunca debían haber dejado de ser públicos.

Aun siendo importante la inversión de un millón de euros en Rabanales 21 SA, ésta aparece como ridícula cuando se compara con los 9,2 millones de euros, que la UCO ha anunciado haber conseguido para que el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) lleve a cabo tres novedosos proyectos de investigación. Lo que no se ha dicho es que estos fondos, al venir en la forma de Compra Pública Innovadora, modelo de financiación pública para aumentar la competitividad de empresas, van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO.

En resumen, en un año en que los recortes acosan a las universidades públicas, la UCO consigue 10,2 millones de fondos públicos y los dedica a financiar proyectos de empresas privadas. Al margen de lo sorprendente de la noticia me surge la siguiente pregunta: ¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector agroalimentario, la seña de identidad de nuestra universidad, y no al sector de la biomedicina donde las Universidades de Granada y Sevilla ya nos llevan una importante delantera?

Lo descrito tiene su explicación última en el hecho de que junto a las actividades docentes e investigadoras, la universidad ha sido obligada a jugar el papel de motor económico de un modelo de crecimiento que hace agua por todos lados. Los gestores universitarios, como funcionarios diligentes, cumplen lo que desde las más altas instancias políticas se les indica, que no es otra cosa que favorecer los intereses del sector financiero. En cualquier caso, sería interesante conocer las explicaciones que nuestros gestores dan a estos hechos, confirmándolos, desmintiéndolos o matizándolos. Además de transparencia, se añadiría claridad a los planes de futuro que tienen para nuestra universidad, si es que los tienen.

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Réquiem por el Instituto de Criminología


RÉQUIEM POR EL INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA
Por HERMINIO R. PADILLA ALBA

Publicado en ABC (30/07/12)
Republicado en este Blog a petición del Autor

En el último Consejo de Gobierno celebrado por la Universidad de Córdoba (UCO) con fecha de 20 de julio se decidió suprimir la Sección de Córdoba del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (en adelante IAIC). La explicación que ha dado la UCO es que «desde hace varios años no desarrollaba actividad alguna». No voy a entrar a polemizar con la UCO, pero desde que fui nombrado por el Rector secretario de esta Sección, allá por el año 2006, he organizado y dirigido cada curso académico uno o dos cursos en los que la Unidad proponente ha sido siempre la Sección de Córdoba del IAIC. Además, la Sección también ha colaborado en la financiación de la publicación de libros sobre distintas materias de corte criminológico y de Derecho positivo. Tras estos días, y pasada la lógica indignación, escribo y doy a conocer públicamente esto no como ejercicio del derecho al pataleo sino con mucha tristeza y pesar pues creo que la Sección de Córdoba del IAIC no se merecía un final como el que ha tenido.

La UCO, o más bien las personas que hoy están en sus órganos de gestión, han tenido poca sensibilidad. De todas formas soy consciente del hecho de que la Sección, por mucho cariño que le haya puesto en estos años para mantenerla viva (no es culpa nuestra que la Universidad no haya puesto en marcha el título oficial de Criminología), no deja de ser una institución. Peor lo están pasando muchos profesores asociados que no verán renovados sus contratos para el próximo curso académico tras el ERE encubierto de la UCO. Se interpreta restrictiva e interesadamente un Real Decreto para modificar el Plan Docente del Departamento ya aprobado en el mes de mayo aumentando las horas de clase de unos profesores (entre los que se incluyen también, al parecer sin cumplir la formalidad legal de la autorización de la Secretaría General de Universidades de la Junta, al personal laboral) para dejar sin materia que enseñar a los asociados y así poder ponerlos directamente en la calle en el mes de septiembre.

La pasada semana se nos pidió por la Junta de Personal Docente e Investigador de la UCO que intentemos colaborar con el equipo rectoral aportándoles ideas que puedan conducir a la optimización en el uso de los escasos recursos económicos disponibles. Frente a ideas elogiables pero difíciles de llevar a la práctica de las que he tenido conocimiento, yo les he propuesto una muy sencilla y factible: que quien desempeñe un cargo de gestión no cobre –o al menos disminuya su cuantía– el complemento económico que recibe por tal desempeño. Desde un Secretario de Departamento, un Director, un Vicedecano, un Decano… hasta llegar a los puestos más altos: Vicerrectores y Rector. Con tal medida se podrían salvar muchos puestos de profesores asociados pues su sueldo está muy cercano al complemento económico más bajo, el de un Secretario de Departamento o de Instituto. Y si de labor o desempeño de función se trata, no hay color: gana el profesor asociado por goleada.

Como para Jesucristo (Mt 23:3) lo importante eran los hechos y no las palabras, desde 2008 no he cobrado ni un céntimo de euro por el desempeño de la labor de Secretario del citado IAIC. Ante la falta de voluntad que la UCO ha mostrado en mantener, incluso a coste cero, la Sección de Córdoba del IAIC, descanse en paz. Igualmente R.I.P. para los profesores asociados de la UCO, aunque a éstos todavía les queda una esperanza ya que en el Rectorado se está (sic) estudiando la viabilidad de proceder, en vez de a la no renovación de sus contratos, a su suspensión.

RECORTES EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS


ALTERNATIVAS A LOS RECORTES EN LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA.

Diego Llanes Ruiz

La situación económica en que se encuentra España y Europa empieza a tener consecuencia directa sobre el funcionamiento de las universidades públicas. Se han anunciado importantes recortes, de alrededor de 130 millones, en las universidades públicas andaluzas, que en la UCO llegarían a los 10 millones de euros.

La necesidad de aplicar estos recortes en las universidades públicas, no debemos olvidarlo, es una consecuencia de la crisis del capitalismo financiero y de casino que ha imperado en los últimos años. Sin embargo, las medidas de recorte pretenden justificarse por la necesidad de eliminar la deuda (fundamentalmente privada y de bancos) que se ha generado estos años, y una y otra vez, nos dicen que la causa ha sido porque “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, argumento que ha sido interiorizado por una buena parte de la población y por muchos de nuestros compañero/as.

Debo decir que “no todos” hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y por tanto algunos (una gran mayoría de la población) deberíamos tener la fuerza moral necesaria para enfrentarnos a aquellas medidas encaminadas a hacer pagar a todos las deudas generadas por el crédito fácil y la especulación financiero-inmobiliaria.

Los bancos españoles, con muy pocas excepciones, han vivido por encima de sus posibilidades, pero de ahí a decir que, un funcionario (o un trabajador/a), que ha pagado religiosamente los impuestos y no ha adquirido deudas que no pudiera pagar con su sueldo, ha vivido por encima de sus posibilidades además de radicalmente falso, es un insulto.

Al igual que cada uno de nosotros puede y debe analizar si ha vivido por encima de sus posibilidades y tener una postura frente a la deuda coherente con su situación particular. Las instituciones, y entre ellas la Universidad de Córdoba, debe analizar su situación y los gastos acometidos durante estos últimos años de especulación y actuar en consecuencia respecto a los recortes.

No tengo datos suficientes para afirmar o negar que nuestra universidad sea una de las instituciones que ha vivido por encima de sus posibilidades, si es así los recortes que se nos piden tendrían algo de justos y necesarios, o por el contrario si los gastos se han ajustado a nuestras responsabilidades, los recortes son injustos e innecesarios. Más injustos serán todavía, si como parece, el gobierno de la nación y el autonómico pretenden aplicar los recortes al conjunto de la institución y especialmente a los más débiles, en forma de aumento de tasas académicas, disminución de sueldos o rescisión de contratos.

Sería necesario, por tanto, conocer si en nuestra universidad hay estructuras que han crecido por encima de las necesidades que marcaban nuestros objetivos básicos, y en caso de ser así su eliminación debería ser un primer paso en los recortes.

La Universidad de Córdoba ha decidido acometer reducciones en el gasto, y recientemente se han hecho publicas una serie de directrices generales (Consejo de Gobierno del 15-5-2012), pero estas propuestas se ven enturbiadas por decisiones concretas como la del anuncio de la contratación de un gerente para el ceiA3, lo que significa la generación de un nuevo cargo con un gasto adicional mínimo de 56.000 euros/año. Debemos tener en cuenta que el Campus ha estado funcionando durante casi tres  años sin ese cargo, y que además se hace la contratación en el momento que el programa de Campus de Excelencia ha sido calificado por el MEC de “herramienta inútil”.

La Universidad de Córdoba, para acometer los recortes que afectan al conjunto de su personal, debe en primer lugar y sobre cualquier otra consideración, hacer un esfuerzo en presentar una gestión transparente y evitar que pueda darse la percepción, como me ha sucedido con el nombramiento del gerente del ceiA3 y otras plazas, de que se favorece a grupos de privilegiados que en nada tienen que ver con los objetivos básicos de la institución.

Para empezar debemos cumplir con los objetivos docentes e investigadores desde una total transparencia económica, mostrando a la sociedad, que la financia, que su universidad cumple con los objetivos que se les pide y los desarrolla acorde con los medios que la sociedad pone a su disposición.

Por todo ello propongo una serie de medidas que se podrían estudiar en la UCO y que su adopción, conjunta o por separado además de reducir el gasto, permitiría empezar a diseñar una universidad pública diferente a la actual.

1.- Realizar una auditoría que permita conocer la situación económica de las diferentes estructuras de la UCO, con objeto de descubrir y proceder a la eliminación de aquellas partidas de gasto no acorde con los objetivos académicos básicos.

2.- Detener los planes de austeridad que afecten por igual a todo el personal, ya que no tiene en cuenta la responsabilidad que este personal tiene en la situación económica y el posible déficit de nuestra universidad.

3.- Elaborar un catálogo de los servicios básicos necesarios que permita recuperar la gestión pública de las empresas y servicios ahora privatizados. Responsabilizar de la gestión de todos los servicios al personal de administración y servicios. 

4.- Hacer de la actividad docente el objetivo y actividad principal de la institución y del profesorado. Independizar la actividad y el personal de las empresas de base tecnológica (EBT) de las estructuras universitarias.

4.- Con objeto de disminuir el anunciado recorte, poner a la venta las acciones de las diversas sociedades en las que participa la UCO, especialmente Rabanales 21 SA.  

5.- Disminución del número de cargos y eliminación de todos los complementos de asimilados a cargo.

6.- Emprender un programa para reducir la jornada laboral del personal fijo de nuestra universidad lo que servirá para fomentar un programa de nuevas contrataciones.

7.- Elaborar una relación de puestos de trabajos docentes (RPT) que contemple, un plan  para la contratación de profesorado joven, que aumente nuestra capacidad docente, y que su dedicación le permita acometer también investigaciones que sirvan para aumentar el conocimiento de los problemas que afectan a nuestra sociedad.

8.- Refundar democráticamente el modelo de universidad basado en la solidaridad y en la austeridad y no en los privilegios.

9. -Apostar por la separación de la gestión económica y de personal, de la académica. Las dos primeras deberán recaer en la sociedad que nos financia en tanto que  la actividad académica docencia e investigación, será responsabilidad de los universitarios.

Estas medidas permitirían que la UCO pudiera salir fortalecida de la crisis. Crisis que es del sistema económico, y que no se va a solucionar con recortes de sueldos y plazas. Para superarla, aunque nos parezcan utópicas, deberemos tomar medidas como las propuestas por el CADTM (Comité para la anulación de la deuda del tercer mundo para construir otra Europa) y que son:

1.- Realizar una auditoría de la deuda pública con el objetivo de anular su parte ilegítima.

2.- Detener los planes de austeridad puesto que son injustos y profundizan la crisis.

3.- Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza. Prohibir las transacciones con los paraísos judiciales y fiscales. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de las personas más ricas.

4.- Controlar los mercados financieros, principalmente mediante la creación de un registro de los propietarios de títulos, la interdicción de las ventas al descubierto y de la especulación en una serie de sectores.

5.- Transferir los bancos al sector público bajo control ciudadano.

6.- Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados desde 1980.

7.- Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para crear empleos, y al mismo tiempo aumentar los salarios y las pensiones.

8.- Refundar democráticamente otra Unión Europea basada en la solidaridad.

Espero que este escrito pueda ayudar a abrir un debate y ser una alternativa a los recortes que se proponen a la UCO desde la administración autonómica y nacional.

CARGOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA


Cargos universitarios.

Diego Llanes Ruiz

El denunciar públicamente que la Universidad de Córdoba  vive en una torre de marfil, cuando la sociedad que la rodea está inmersa en una profunda crisis, y que hay datos que muestran formas irresponsables de gestionar los fondos públicos, es necesario, aunque pueda resultar penoso para el que hace la denuncia.

Baste el dato de la cuantía de los fondos públicos que la universidad dedica para gratificar a sus cargos para entender de qué tipo de irresponsabilidad en la gestión hablamos.

Si en 2011 los gastos en remuneraciones de 272 cargos era de más de 1 millón de euros (1.040.097); en 2012 los ahora 275 cargos, recibirán más de 1,2 millones (1,209.779, un incremento de casi el 20%.

Si analizamos esta distribución encontramos que 19 profesores cobran gratificaciones de vicerrectores y reciben por ello más de 9.000 euros/año y que 34 profesores cobran gratificaciones como decanos o directores, aunque los centros sean solo 11, y reciben  por ello más de 7.000 euros al año. Los 222 profesores restantes se reparten gratificaciones que oscilan entre los 5.000 y los 2.000 euros al año. Para situar estas cantidades en su contexto salarial de 2012 es interesante conocer que hay decenas de profesores sustitutos interinos con seis horas de clase a la semana que tienen “sueldos-gratificaciones”  de 8.333 euros brutos al año.

Los 275 cargos salen básicamente de un colectivo formado por unos 750 profesores funcionarios, lo que indicaría que más del 35% de estos reciben gratificaciones. La primera consecuencia de esta situación es que cualquier proceso electoral o votación en la UCO está controlado por los que deciden quién merece la gratificación o quién debe tener el apoyo para conseguir un cargo que necesite votación.

Los gestores, léase equipo de gobierno, de nuestra universidad, tienen por costumbre ignorar las denuncias y hacer creer a la sociedad que vivimos en el mejor de los mundos, con la falsa idea de que los trapos sucios de una institución pública, deben lavarse puertas a dentro. Por ello se ignora el nepotismo que impregna a la institución, se ignora que Bolonia y los planes de jubilación han creado una nueva “clase pobre” de profesorado, los sustitutos interinos a tiempo parcial, con sueldos entre 300 y 600 euros mensuales.

Esta forma de gestión se mantiene y perpetúa al saberse apoyados por una buena parte del profesorado y lo más importante, por gestionar una institución pública clave para la mejora de la sociedad, y a la que no ha dejado de llegar los fondos públicos. La propaganda se encargará de resaltar el constante esfuerzo que se hace, para conectarnos a la sociedad, para aumentar nuestra excelencia y para engrandecer los resultados obtenidos por la economía del conocimiento, de la que es considerada portadora natural. En tanto, la sociedad cordobesa, receptora pasiva de esa propaganda, se sumerge día tras día en una profunda crisis económica. La desconexión entre la economía del conocimiento universitaria y la economía real, en la que vive la sociedad, es un problema que los gestores universitarios y políticos prefieren ignorar, y que no puede resolverse a base de propaganda por muy excelente que esta sea.

La mayoría de los gestores actuales son los mismos que comparaban las ventajas que traía Bolonia a la universidad, con las generadas por el euro a nuestra economía. Ahora, tres años después, tendrían dificultades para seguir usando este símil ¿pero quién se acuerda ya de eso? Bolonia y el euro han venido para quedarse y no importa si con ello estamos hundiendo a la universidad y a la economía. Siguen muchos de los que apostaban por fastuosos y desproporcionados proyectos ligados al “ladrillo” como Rabanales 21 y que ahora se ven obligados a gestionar una universidad en medio de una crisis económica. El problema es que ellos no saben gestionar la escasez, que les llevaría a tomar decisiones que irían en detrimento de su poder y por tanto están a la espera de las decisiones que tomen otros.

No puedo más que ser pesimista del futuro que espera a universidades gestionadas de esta forma. Para ser justo, hay que decir que no todas las universidades están gestionadas de igual forma. La Universidad Autónoma de Barcelona ha recortado a la mitad las gratificaciones de sus cargos y la Universidad Pablo Olavide ha sido noticia debido a que el claustro ha rechazado el informe de gestión anual del equipo rectoral. Estas noticias son imposibles en la Universidad de Córdoba, donde los órganos de gobierno han sido elegidos cuidadosamente y, jamás tendrán la tentación de manifestarse contra aquellos que les garantizan las gratificaciones. Andalucía necesita de una universidad con gestores que respondan de su gestión de los fondos recibidos y no de una universidad gestionada por grupos de universitarios sin ninguna responsabilidad social, modelo que se repite con más frecuencia de lo deseado a lo largo y ancho de nuestra geografía.

LA UCO CONSIDERA AL ESTUDIANTE UN BIEN PRODUCIDO.


En un reciente estudio presentado en la web. La UCO considera a los alumnos como los bienes producidos por nuestra empresa.

Creo que el tema del “mercado” “la excelencia” y “el emprendimiento” se les ha ido de las manos a nuestros dirigentes universitarios.

Presentada la campaña de sensibilización ” Despierta” y el Punto de Información Ambiental.

Cumpliendo uno de los compromisos que la Universidad adquirió cuando aprobó su adhesión al Programa Verde por el Clima, el Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba ha realizado el cálculo de la huella de Carbono, con datos de consumo de energía (electricidad y gas), de todos los centros de la UCO. La huella de Carbono es un concepto que mide las emisiones de dióxido de Carbono que se realizan en la cadena de producción de bienes. En este caso se considera que el bien producido es el estudiante y conforme a ello los datos indican que en 2009 esta huella ascendió a un total de 507 kilos de CO2 por estudiante y en 2010  a una cantidad algo menor, 473 kilos de CO2 por alumno ( un 6,7% de reducción). Y si bien la medición no es completa ( ya que no considera el transporte u otros tipos de consumo) se considera una cifra suficientemente ilustrativa para empezar a trabajar en la disminución, compensación y concienciación de este tipo de emisiones.

…………….

La información completa en: 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/component/k2/item/79097-20111201

La crisis económica y el ahorro en los gastos de la universidad pública.


Diego Llanes Ruiz.  Catedrático de Genética.
Miembro del Colectivo “Ideas y opiniones”.

La universidad pública y su personal sufren una reducción en sus ingresos debido a la crisis económica y, debido a ello, la Universidad de Córdoba ha puesto en marcha planes para incrementar el ahorro; se comenzó por el cierre de las instalaciones en las pasadas navidades y se plantea una medida similar para el próximo verano. Las cantidades que suponen estas medidas de ahorro me son desconocidas aunque espero que sean importantes ante la mala imagen que proyecta con ellas una institución que se postula como principal agente para la superación del actual modelo de crecimiento económico. Se me ocurre que sería interesante introducir, en el debate del ahorro universitario, el capítulo de reducción de gastos en cargos universitarios.

Durante los años de crisis económica el gasto en estos cargos no ha hecho más que incrementarse:  916.189 € en 2009, 986.040 € en 2010 y 1.040.077 € en 2011. Estos incrementos estan motivados por un aumento constante en el número de cargos: 230, 248 y 272 en 2009, 2010 y 2011, respectivamente.

El gasto de 2011 ni tan siquiera se ha visto disminuido por la reducción del 5% que ha afectado a los sueldos de los trabajadores de las universidades. Así, lo que debería haber representado una reducción del 5% sobre los 986.040 € del 2010, se ha convertido en una subida del 5,5%,  alcanzando la cifra record de más de un millón de euros anuales en el gasto de complementos de cargos en 2011. La explicación seguramente será la implantación de Bolonia y que somos Campus de Excelencia.

Pero el trato exquisito (en tiempos de crisis) con los cargos no se detiene en unos jugosos complementos anuales, complementos que pueden concretarse en los 7.729 € anuales que reciben los 21 vicerrectores y asimilados, en los 6.026 € que reciben los 35 decanos y asimilados, y en los 4.360 € que reciben los 58 directores de departamento y asimilados. No satisfecha con otorgar esos complementos, la universidad considera que además deben reducir su actividad docente reglada, (no así la investigadora, ni la docencia no reglada).  Así vicerrectores y asimilados pueden reducir esa actividad docente reglada en un 75%, los decanos, directores y asimilados en un 50%  y los directores de departamento y asimilados en un 37,5%.

Resumiendo, un profesor funcionario que tiene un cargo en la UCO recibe integro el sueldo que le corresponde según su categoría como funcionario: Catedrático o Profesor Titular. Sueldo que incluye ya los complementos de productividad docente e investigadora, y al que se añade el complemento de cargo que oscila entre los 2.300 € y los 7.729 €  anuales. Unido a ello tienen además una reducción en su actividad docente reglada, sin que esta reducción tenga efecto sobre la cantidad que recibe como complemento de una productividad docente que no ejercen.

Para valorar en su justa medida la situación hay que decir que la UCO, con menos de 800 profesores funcionarios, contabiliza 272 cargos, según los últimos presupuestos, aunque podrían ser más, lo que significa que uno de cada tres profesores tiene o disfruta de un cargo.

En algunos casos, estos cargos pueden recibir además uno o varios de los siguientes complementos: por proyectos de investigación, por contratos de investigación o asesoría, por dietas al pertenecer a empresas o instituciones varias, públicas o privadas y por docencia no reglada, como, por ejemplo, participar en la docencia de la universidad de mayores (Cátedra Intergeneracional “Profesor Francisco Santisteban”).

Esta abundante y variada fuente de ingresos contrasta con la que reciben los nuevos profesores que viene contratando nuestra universidad; los mal llamados “sustitutos interinos”. Estos “profesores”  tienen un sueldo que  oscila entre los 2.900 y 9.000 euros brutos anuales por impartir una o varias materias, lo que representa entre 2 y 6 horas semanales de clase (una dedicación muy superior a la de los cargos). En una universidad que, en su publicidad, se refiere constantemente a la “excelencia” e “innovación”, no parece que importe demasiado la mejora de las relaciones laborales y por tanto la justicia y bienestar social.

Como decía al principio en este artículo, la universidad, si quiere, cuenta con un buen colchón para reducir el gasto, reducción que puede añadirse, si se considera necesario, al cierre de las instalaciones en navidades y verano. Para ello solo hace falta un poco de voluntad política y otra visión de lo que significa el servicio público.

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