El Claustro debe “informar” la memoria anual presentada por el Rector


Al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba

Francisco Rincón León, catedrático del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos, provisto de DNI XXXXXXXX y con domicilio a efectos de notificación en la calle XXXXXXXXXXXX (Córdoba-14xxx), con el debido respeto comparece y

D I C E :

Primero.- El art. 40 de los Estatutos de la UCO (en adelante Estatutos) establece que son funciones del Claustro Universitario, entre otras:

e) Informar la memoria que anualmente será presentada por el Rector, sobre las actividades docentes e investigadoras y sobre las medidas de desarrollo económico, presupuestario y de inversiones que se adopten, así como de la actividad que desarrollen los órganos de gestión y dirección de la Universidad, pudiendo realizar respecto de dicha memoria las propuestas y recomendaciones que considere oportunas.

f) Ser informado de la programación plurianual.

Por otra parte el Reglamento del Funcionamiento del Claustro (en adelante Reglamento) establece en su art. 31.1 que

en el primer trimestre de cada curso académico el Presidente del Claustro procederá a realizar la convocatoria para, de conformidad con lo establecido en el art. 40. e) de los Estatutos, informar la memoria anual que presente el Rector sobre las actividades docentes e investigadoras y sobre las medidas de desarrollo económico, presupuestario y de inversiones que se adopten, así como de la actividad que desarrollen los órganos de gestión y dirección de la Universidad.

Cualquiera que sea tanto la redacción del Reglamento como la interpretación que del mismo sea adoptada por los órganos de gestión universitaria, parece evidente la imposibilidad de contravenir lo dispuesto en los Estatutos. La posibilidad de una interpretación tal del Reglamento que se traduzca en una acción contraria a lo establecido por los Estatutos es legalmente imposible y moralmente reprobable. Por ello es injustificable una interpretación del Reglamento que se traduzca en una medida contraria a lo establecido por los Estatutos. Esto es, sustraer al claustro su derecho a informar la memoria anual presentada por el Rector, acción que supone el ejercicio de control que le atribuyen los Estatutos al claustro, y acción que sólo es ejecutable mediante el ejercicio democrático de una votación, y que al ser impedida con argumentaciones tan inconsistentes como los recogidos en el acta de la sesión del claustro de fecha 27-11-2013, no hace sino poner de manifiesto una actitud más propia del despotismo de la Ilustración que de una sociedad moderna con fuertes convicciones democráticas, actitud con la que no se hace sino mancillar los principios universitarios más elementales y de esta forma se atenta contra la propia esencia de la Universidad.

Segundo.- Le redacción de los Estatutos en cuanto a la función del claustro con relación a la memoria anual presentada por el Rector (art. 40 e) no deja lugar a dudas bajo ningún punto de vista del papel activo que el claustro debe asumir (informar la memoria) y no meramente pasivo (ser informado de la memoria) como sí ocurre en otras funciones que los Estatutos atribuyen al claustro (art. 40 f). La segunda parte del art. 40 e de los Estatutos (…pudiendo realizar respecto de dicha memoria las propuestas y recomendaciones que considere oportunas) no hace sino complementar la función recogida en dicho apartado (informar la memoria), y en modo alguno la segunda parte puede sustituir lo estipulado en la primera parte del mismo artículo, toda vez que la función en cuestión compete a la totalidad de los miembros del claustro presente en la sesión y la posibilidad de presentar propuestas o presentar recomendaciones compete a aquellos miembros del claustro que así lo estimen oportuno.

Mediante intervención en el claustro de fecha 27-11-2013 reclamé el papel activo que la normativa reconoce al pleno del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector (informar la memoria). Los argumentos contrarios a mi reclamación expuestos por el vicerrector de desarrollo normativo fueron claramente inconsistentes desde un punto de vista legal, toda vez que aquellos estuvieron basados en conveniencias y consideraciones no escritas formuladas o discutidas en el seno de la comisión que en su día elaboró la propuesta de modificación de Estatutos sobre “la conveniencia de no someter el informe del Rector a votación…”. Por otra parte tampoco parece consistente el argumento expuesto por el propio Rector y que no es otro que la no existencia de petición de una votación en los siete años anteriores de su mandato, invocando con ello una especie de tradición que justifique el incumplimiento de lo legalmente establecido, informar la memoria.

Ninguno de los dos argumentos justifican en modo alguno el secuestro de la función democrática y de control que los Estatutos atribuyen al pleno del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector (informar la memoria), derecho que sólo es posible desarrollar y ejecutar mediante una acción que implique a la totalidad de los claustrales presente en la sesión, acción que necesariamente implica una votación como mecanismo del claustro para informar la memoria anual presentada por el Rector como función del claustro reconocida por los Estatutos. Al no haberse accedido la mesa del claustro en su sesión de 27-11-2013 a la celebración de la votación reclamada se ha secuestrado al claustro la función que le asignan los Estatutos.

La posibilidad de debatir algunos términos de la memoria anual e incluso la posibilidad de presentación de propuestas o la inclusión de algunos aspectos en la memoria por parte de algunos de los claustrales contemplada en el Reglamento, no hace sino aportar elementos de discusión y/o clarificación de algunos de los términos incluidos en la memoria anual presentada por el Rector, permitiendo de esta forma a los claustrales la toma de conciencia de los contenidos de la memoria con una mayor claridad y conocimiento de causa a la hora de ejercitar la función que los Estatutos atribuyen al pleno del claustro, esto es, informar la memoria anual presentada por el Rector. En modo alguno estas iniciativas particulares de algunos de los claustrales pueden sustituir lo que los Estatutos reconocen como un derecho del claustro en la sesión correspondiente (el pleno del claustro), esto es, informar la memoria anual presentada por el Rector. La memoria anual no es sino una rendición efectiva de cuentas, y como tal el legislador estableció que debe ser informada por el destinatario de dicha rendición de cuentas y que no es otro que el pleno de claustro, o lo que es lo mismo, la totalidad de los claustrales presentes en la sesión y no sólo aquellos claustrales que debatieron aspectos de la memoria, presentaron propuestas de inclusión en la memoria o cualquiera de las posibilidades que el Reglamento contempla. Sólo así se puede dar cumplimiento a lo que es una función del claustro, informar la memoria anual, y de esta forma calificar la rendición de cuentas que se le presenta al cuerpo electoral que democráticamente eligió al Rector para el gobierno de la Universidad a la que pertenecen todos.

Por todo ello y con los argumentos presentados en el presente escrito, todos los acuerdos de todos y cada uno de las sesiones del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector han carecido de los requisitos que los Estatutos establecen, y por ello son acuerdos nulos de pleno derecho. Ello obliga a V.E.M. a adoptar las medidas que en derecho procedan, por lo que, previo informe de la asesoría jurídica en tal sentido, me deberán ser notificadas tanto el informe jurídico correspondiente por el que bien se acceda a mis pretensiones o por el contrario se desestimen, como la medidas legales que sean adoptadas por parte del Rector. Y ello como paso previo a la interposición, en su caso, del correspondiente recurso contencioso-administrativo por vía judicial.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos y a fin de cumplimentar los trámites legales preceptivos.

Córdoba, a 9 de enero de 2014

Francisco Rincón

 

FONDOS PÚBLICOS PARA EMPRESAS PRIVADAS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.


Diego Llanes Ruiz

No procede repetir aquí las razonables quejas que los rectores de las universidades públicas españolas han realizado sobre la disminución en inversiones en I+D del gobierno central y de las comunidades autónomas. El rector de la UCO ha ocupado un lugar destacado en la prensa en estas críticas, en mi opinión, muchas veces acertadas. Sin embargo, hay unas inversiones en I+D que no sufren recortes: las inversiones públicas para potenciar el I+D de empresas.

No es usual que la universidad pública dedique fondos a financiar proyectos de empresas privadas, especialmente ahora que la institución sufre importantes recortes. El que la UCO tenga previsto dedicar más de 10 millones de euros de fondos públicos a potenciar empresas privadas, creo que es noticia y una prueba de que hay inversiones públicas que escapan a los recortes cuando afectan a determinados proyectos privados.

Repasemos brevemente los datos.

Hemos conocido recientemente que la UCO ha dispuesto de casi un millón de euros de su presupuesto para invertir en Rabanales 21 SA. Esta inversión, que tendrá la forma de “préstamo participativo”, es para evitar los problemas de impago que arrastra esa empresa por acometer una urbanización megalómana. Este tipo de préstamo se convertirá en una inversión en el capital social de la empresa, dado que muy probablemente la empresa no podrá devolverlo. Debemos recordar que Rabanales 21 SA es un proyecto privado, al que la UCO se unió con la aportación de unos terrenos de su propiedad y, por tanto, públicos. La entrada en esta sociedad se presentó en su momento como un buen negocio para la UCO. La participación en el proyecto de diversos socios solventes, especialmente Cajas de Ahorro y alguna constructora, unido a un buen proyecto en I+D, apoyado por la Junta de Andalucía, debería concluir con la revalorización de los terrenos. Conclusión: un gran negocio y además en I+D+i que era lo moderno. Sin embargo, doce años después, el proyecto en I+D+i aún no ha echado a andar, los terrenos se han devaluado y la UCO se ve en la necesidad de enterrar casi un millón de euros públicos en un proyecto que ya es privado. En su momento muchos universitarios nos opusimos a un proyecto de I+D, que por desmesurado nacía muerto, y que se ha mantenido en pie en tanto ha durado la burbuja inmobiliaria. Los 2 o 3 edificios que hoy funcionan serían suficientes para cubrir la capacidad en transferencia de la UCO por muchos años. Sorprende todavía más que tenga que ser la UCO la que, con fondos públicos, acuda en salvación de una sociedad privada y que los bancos presentes en el accionariado (Caixabank, accionista mayoritario, y Kutxabank) no hagan nada y miren hacia otro lado. Más pronto que tarde sería interesante abrir un debate en nuestra universidad y en la ciudad sobre el futuro de unos terrenos que nunca debían haber dejado de ser públicos.

Aun siendo importante la inversión de un millón de euros en Rabanales 21 SA, ésta aparece como ridícula cuando se compara con los 9,2 millones de euros, que la UCO ha anunciado haber conseguido para que el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) lleve a cabo tres novedosos proyectos de investigación. Lo que no se ha dicho es que estos fondos, al venir en la forma de Compra Pública Innovadora, modelo de financiación pública para aumentar la competitividad de empresas, van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO.

En resumen, en un año en que los recortes acosan a las universidades públicas, la UCO consigue 10,2 millones de fondos públicos y los dedica a financiar proyectos de empresas privadas. Al margen de lo sorprendente de la noticia me surge la siguiente pregunta: ¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector agroalimentario, la seña de identidad de nuestra universidad, y no al sector de la biomedicina donde las Universidades de Granada y Sevilla ya nos llevan una importante delantera?

Lo descrito tiene su explicación última en el hecho de que junto a las actividades docentes e investigadoras, la universidad ha sido obligada a jugar el papel de motor económico de un modelo de crecimiento que hace agua por todos lados. Los gestores universitarios, como funcionarios diligentes, cumplen lo que desde las más altas instancias políticas se les indica, que no es otra cosa que favorecer los intereses del sector financiero. En cualquier caso, sería interesante conocer las explicaciones que nuestros gestores dan a estos hechos, confirmándolos, desmintiéndolos o matizándolos. Además de transparencia, se añadiría claridad a los planes de futuro que tienen para nuestra universidad, si es que los tienen.

Una nueva amenaza para los profesores: el acoso administrativo


José Carlos Bermejo Barrera, Alfonso García Tobío y Juan Carlos Pardo Pérez
Profesores de la Universidad de Santigago de Compostela.
 “On most campuses the institution´s various Propaganda organs perhaps receiving stylistic Inspiration from the North Korean press, touted  The president as an academic and intellectual  Giant and a Renaissance man beloved by  employees, venerated by the students and  by faculty”.
Benjamin Ginsberg: The Fall of the Faculty. The Rise of the All-Administrative University and why It matters, Oxford University Press, Oxford,2011, p.212.

La mayor parte de los profesores universitarios creemos que las funciones básicas de la Universidad son en primer lugar la docencia y en segundo lugar la investigación, y observamos día a día como se está produciendo una progresiva degradación de ambas, debida en gran parte al incremento desproporcionado de los procesos de control y gasto administrativos, que en muchos casos violan la legislación vigente y conculcan nuestros derechos como profesores, a la vez que los derechos de los estudiantes.

Todo ello responde a un nuevo proceso, que denominaremos como acoso administrativo, que se ha convertido de hecho en el instrumento básico del control de las instituciones universitarias y de la mayoría de sus miembros por parte de un reducido número de supuestos expertos en la gestión y la administración. Dichos expertos desarrollan continuamente complejas tramas normativas, que son a la vez artificialmente complejas y contradictorias entre sí mismas, pudiéndose adaptar su aplicación a todo tipo de circunstancias que pueden llegar a hacer irreconocible a la propia norma utilizada, a base de aplicarle todo tipo de excepciones y los correpondientes argumentos ad hoc que hagan posible refrendar cualquier uso de la misma.

Por ello es necesario sacar a la luz la naturaleza del acoso administrativo y dejar bien claro que es posible evitarlo, no mediante la rebelión, la violencia o el uso de la insumisión, sino reclamando la correcta aplicación de las leyes y siendo conscientes como profesores de que tenemos una serie de derechos irrenunciables, que no han sido objeto de concesión graciable de quién nos gobierne en cada momento, sino que son constunciales al ejercicio de nuestra profesión y han de servir como garantía del buen ejercicio de nuestra función docente. Unos derechos absolutamente indisociables de nuestra dignidad como docentes, como ciudadanosy como personas.

 Debemos ser conscientes, pues, de los siguientes hechos, que es necesario denunciar a la opinión pública:

1) Que en la Universidad española la función administrativa – desempeñada por funcionarios profesionales y un número cada vez mayor de profesores -, se ha convertido en un fin en sí misma y en su función esencial.

2) Que esa función de control, a la que destinan cada vez más recursos en detrimento de los necesarios para el desarrollo pleno de la docencia y la investigación, se está llevando a cabo de forma anónima, autoritaria y cumple una clara función de adoctrinamiento.

3) Que la proliferación normativa y la policefalia de las fuentes que la dictan, oculta al debate público – bajo un disfraz técnico – las ideas y los propósitos para los que dichas normas se redactan.

4) Que solo esta progresiva imposición normativa puede conseguir anular la capacidad de respuesta del profesorado, gracias a la anulación de facto de las competencias de los órganos de gobierno unipersonales y colegiados en los ámbitos correspondientes a las Facultades y los Departamentos.

5) Que la sumisión de los profesores a la avalancha normativa está permitiendo conculcar sus derechos como docentes, como funcionarios y como trabajadores.

6) Que es la redacción de estas normas y el control progresivo por procedimientos continuos de evaluación – que tienen sus consecuencias en la fijación de salarios y la promoción de la carrera docente – lo que va a permitir precarizar las condiciones laborales del profesorado, privilegiando los contratos parciales y temporales frente a las plazas docentes, pues es en esos contratos donde se puede ejercer un control continuo.

7) Que se está consolidando el acoso administrativo del profesorado.

8) Se llama acoso administrativo al proceso de control de los profesores mediante normas que conculcan a otras y a leyes de mayor jerarquía normativa, que imponen una determinada ideología y que consagran como jurídicos términos y conceptos que no poseen ningún refrendo legal.

9) El acoso administrativo utiliza los siguientes procedimientos:

a) Considera que en la redacción de las normativas la uniformización de las formas no altera a los contenidos, lo que no es cierto.

b) Considera que cualquier normativa puede dar valor legal a los conceptos que deseen sus redactores. Ello no es así porque los conceptos jurídicos, además de forma, poseen contenido y están fijados en las leyes de superior rango, no pudiendo ser creados en cada caso.

c) No tiene en cuenta que la capacidad de dictar normas no puede conculcar los competencias de los órganos de gobierno ni los derechos del profesorado recogidos en la LOU, lo que sin embargo ocurre sistemáticamente.

10) Para el desarrollo del acoso administrativo están siendo esenciales las TIC, pues al obligar a seguir los pasos de los programas informáticos y los módulos de contenidos impuestos en ellos se logra ejercer el control de los profesores por parte de quienes los programan o diseñan.

11) El acoso administrativo del profesorado se lleva a cabo dando valor normativo conceptos e ideas de unos determinados lenguajes pedagógicos y empresariales. Existen dos clases de acoso administrativo:

a) El acoso normativo en la docencia.

b) El acoso normativo en la investigación.

Ambos conculcan claramente la plena capacidad docente e investigadora del profesorado gracias a la imposición de unos protocolos aparentemente neutros.

El acoso normativo en la docencia se ha ejercido:

1) En el desarrollo de redacción de los planes de estudio, en el que se han impuesto uniformemente una serie de ideas a todas las titulaciones y materias, como la de competencias y habilidades, que carecen de refrendo legal y son meras opiniones pedagógicas.

2) En la planificación docente, en la que se imponen módulos y proporciones a priori, sin tener en cuenta la especificidad de la materia a enseñar.

3) En la imposición de los diferentes tipos de créditos en un orden rígido en el calendario docente, sin tener en cuenta los contenidos ni las formas de enseñanza que cada materia requiere.

4) En la imposición a priori de los formatos digitales, que son considerados no como medios, sino como fines en sí mismos.

5) En la imposición de guías docentes destinadas a los profesores y funcionarios que controlan la administración – y que pueden dictaminar sobre ellas- y no a los alumnos.

6) En la imposición de la figura del profesor de los otros profesores. Esos profesores de profesores poseen plena capacidad docente sobre los demás profesores de todas las áreas de conocimiento de su universidad. Una capacidad no reconocida en ninguna ley y que conculca la plena capacidad docente de los demás profesores y su dignidad académica.

7) La consolidación de esa supuesta capacidad docente de los “expertos” en innovación y administración sobre toda la universidad es ilegal y no es más que un proceso de control y sumisión del cuerpo docente a sus ideas y su autoridad institucional. No tiene sin embargo equivalencia ni contrapartida en los casos de las restantes áreas de conocimiento y profesores de todos los niveles.

Para frenar el acoso administrativo docente los profesores han de ser conscientes de lo siguiente:

1) Que su docencia en el aula no puede ser definida ni planificada por nadie más que ellos mismos, aunque de ello deberán dar cuenta a sus alumnos e informar a las autoridades docentes.

2) Que la elaboración de sus programas, programaciones y secuencias docentes le corresponde únicamente a ellos, aunque deberán darlas a conocer de antemano.

3) Que podrá utilizar los medios impresos, digitales, o de cualquier otro tipo de la forma que sea necesaria en función de su asignatura, sin seguir las pautas que se le quieran imponer.

4) Que deben ser conscientes de que la elaboración y control docente de los grados, licenciaturas y másteres está asignada por la LOU a los Centros y los Departamentos y no a las comisiones creadas administrativamente al margen de esta ley.

5) Que en el control de la docencia solo deben reconocer la autoridad de los Directores de Departamentos y Decanos, pues únicamente a ellos y a los órganos colegiados correspondientes se la asigna la ley.

6) Que no deben admitir órdenes de funcionarios no docentes jerárquicamente inferiores a ellos, aunque estén destinados en otros órganos administrativos superiores, pues las órdenes tendrán que dárselas los Vicerrectores correspondientes, si no se refieren a las capacidades docentes propias de su área de conocimiento y no interfieren con las competencias de Departamentos y Facultades.

7) Que cuando alguien o alguna norma interfiera con su docencia mediante la imposición de conceptos, métodos o patrones de control, nunca acepte una orden por e-mail

8) Cuando se tenga la sospecha de que quien da la orden se extralimita en sus funciones se deberá solicitarla por escrito con registro de salida – día y número – y recibirla con acuse de recibo.

9) esa orden debe ser recurrida ante el Rector, hasta que envie al recurrente al contencioso administrativo. Y si se diese el caso de que lo posiblemente ilegal fuese la normativa, se ha de recurrir la misma como tal al Consejo de Gobierno de cada Universidad, de modo individual o colectivo.

Todo ello no será posible si no se reivindican las funciones que la LOU otorga a Departamentos y Facultades, y que están siendo conculcadas de modo progresivo por la proliferación normativa y por la interferencia en el gobierno de las Universidad de las Agencias de evaluación, que se otorgan, a través de las leyes que las crean, competencias adscritas a otros órganos en otras leyes. Por ello sería necesario pedir a Directores y Decanos que se pronunciasen a través de sus órganos colegiados sobre el problema del acoso administrativo en la docencia.

El acoso administrativo se ejerce en la investigación mediante la creación de redes de evaluadores aparentemente neutros y autónomos, pero cuya capacidad de acción está limitada por las normativas que ellos aceptan y redactan, y que por estar nombrados de modo discrecional pueden ser susceptibles de padecer influencias de todo tipo.

La evaluación de la investigación en España es una de las más complejas del mundo desde el punto de vista administrativo, no es transparente, y además está sesgada ideológica, económica y políticamente. Los profesores son víctimas del acoso administrativo en la evaluación de su investigación y ello condiciona tanto su carrera académica como sus retribuciones. Los métodos con los que se lleva a cabo se basan en no analizar los contenidos sino aplicar sistemáticamente procedimientos formales y rígidos, además de sesgados.

Estos procesos de evaluación suelen hacerse fuera del marco de cada universidad, pero cada profesor que desee frenar el acoso administrativo en la investigación deberá básicamente, siempre que pueda, pedir que se redacten informes sobre los contenidos de la investigación con criterios científicos propios de cada campo y por especialistas, negándose a compartir y sobre todo a aplicar esos criterios cuando se le quieran imponer.

El acoso administrativo está siendo, y lo será cada vez más, el instrumento fundamental para lograr un control efectivo de los profesores universitarios españoles. Un control que se escapa cada vez más de la esfera del derecho y que permite someter a los profesores y a las universidades a los intereses económicos de algunas empresas, y a los intereses de algunos partidos políticos y sobre todo a los intereses de los grupos de administradores – profesores y funcionarios- que desean incrementar cada vez más las dimensiones de la administración y el gasto administrativo con el fin de promocionarse profesional, política, e incluso ecómicamente. El futuro dirá si conseguirán o no someter a todos los profesores.

Recortes y austeridad impuestos por los Políticos de lo Público contra los trabajadores de la Función Pública.


He recibido, por email, la siguiente y desgarradora carta, con el ruego de hacerla correr. La asumo como propia, porque no se puede escribir algo más cercano y acertado. Ruego a todos los que la lean le den la máxima difusión, tanto dentro como fuera de la Universidad. Gracias.
El Administrador

Recortes y austeridad impuestos por los Políticos de lo Público contra los trabajadores de la Función Pública.

Los empleados públicos siempre hemos trabajado con respeto y responsabilidad por entender que el destino de nuestro esfuerzo laboral y nuestra dedicación contribuía a mejorar la sociedad a la que servimos y de la que formamos parte. El lema “el servicio público” ha sido siempre nuestra guía moral y ética.

Sin embargo, en momentos difíciles como éste, en el que todo se desmorona, nuestro desconcierto es inmenso. Desconocemos porqué se nos juzga y condena tan duramente sin apenas garantías legales que nos amparen. Son nuestros propios compañeros –los que junto a nosotros han realizado el camino de lo público, desde otra atalaya- los ejecutores, los verdaderos verdugos. Veamos un ejemplo. No les tiembla la mano en firmar resoluciones que nos afectan: recortes de derechos adquiridos, reducción de sueldos, aumento de jornada, reducción de vacaciones, desaparición de ayudas sociales, etc. etc. Porque a ellos, a nuestros dirigentes, no les va afectar. Y si así fuere, en apariencia, ya resolverán –que medios tienen- para resarcirse por otras vías.

Nadie plantearía una queja porque como individuos particulares, como personas somos, en general, solidarios. Pero nos encontramos en un escenario diabólico, por calificarlo suavemente. Los dirigentes de lo público son a su vez juez y parte en muchas de las Administraciones, aunque yo voy a referirme a las Universidades.

En la Universidad, no tienen escrúpulos en aplicar recortes de cualquier tipo porque a ellos no les van a afectar, más bien al contrario. Ya ni justifican la creación de plazas para sus familiares y allegados, además de otras actuaciones de difícil exposición (…) No tienen siquiera problemas para hacerlo de forma legal –cuentan con sicarios sindicales altamente cualificados-, que más tarde cobrarán su parte alícuota del pastel. La vulneración de toda norma ética es el principio que nos rige hoy en día. La utilización del desvío de poder es herramienta de uso cotidiano. Este procedimiento, altamente reprobable, se ha multiplicado hasta el infinito de manera que sus redes lo hacen inextricable e indestructible.

Las partidas presupuestarias ocultas bien manejadas dan para mucho. Este es el alimento de las peores fieras, cada día más voraces, que por desgracia nos vemos obligados a soportar. Es el reino de los mediocres y mezquinos el que triunfa impunemente. Las gratificaciones por el trabajo de desviar fondos que irán a parar a sus bolsillos se realizan a plena luz, y para destapar tamaña poza séptica hacen falta muchas agallas (…) y ¡¡¡el miedo es libre!!!

El poder absoluto ejercido con el filtro de la falsa democracia cuenta con ello. El poder se hereda, no se destruye. Los nuevos delfines llegan con más hambre y con menos principios éticos para descuartizar a sus piezas, sin remordimientos, sin que la culpa ni siquiera les roce. Alegan que el ejercicio de responsabilidad de los cargos es duro, difícil de asumir por cualquiera. Alegan que nadie en su sano juicio querría esa elevada responsabilidad. Para ese ejercicio están ellos dispuestos al sacrificio por la colectividad, porque su sentido del deber así se lo impone. Continuarán soportando esa difícil carga, ocupando los puestos casi de manera feudal, por designio divino. En definitiva porque alguien tiene que trabajar para lo público con responsabilidad y acierto.

Sin embargo, todavía la luz del poder no nos ha cegado; aún nos permite desvelar las malas prácticas y denunciarlas. El coste es tan elevado (…) que las víctimas de este cínico terrorismo son ya demasiadas.

Es nuestra obligación: DESVELAR, DENUNCIAR y DERROTAR.

.

Reclamación ante la Comisión Electoral


Universidad de Córdoba
Registro General
Núm. Reg. : 8641
Fecha: 22 abril 2010
Hora: 13:32:00

A la Comisión Electoral de la Universidad de Córdoba

 El que suscribe, Prof. Manuel R. Ortega Girón, con DNI 30.000.482H, y domicilio a efecto de notificaciones Campus de Rabanales, Edificio Einstein, Departamento de Física Aplicada,

Manifiesto

Que soy candidato para la renovación del Claustro en las elecciones que tienen lugar hoy mismo, 22 de abril de 2010, figurando con en número 47 en la papeleta de votación correspondiente al Sector A, por lo que me considero plenamente legitimado para presentar reclamaciones ante la Comisión Electoral en relación con el proceso electoral en curso.

Que tengo conocimiento fehaciente de que en las elecciones en curso se está produciendo una situación que afecta notablemente a la seriedad del proceso electivo, calificable, a mi entender, como fraudulenta, por ser contraria a la rectitud del proceso electoral y lesionar gravemente los intereses de terceros, así como el carácter libre, personal y secreto del voto, tal como se reconoce en el Artículo 29.1 del Reglamento Electoral.

Sigue leyendo

Tribunales Paralelos


Intervención ante el Claustro de 13/12/2007

Manuel R. Ortega Girón
Claustral

 Sr. Rector, Mesa del Claustro, Claustrales:

Hace poco más de 4 años, con motivo de la aprobación de los Estatutos de la UCO, intervine ante el Claustro pidiendo el voto afirmativo, al tiempo que exhortaba al Sr. Rector para que velase por su cumplimiento efectivo.

Ya entonces, recelaba que se desatendiese mi ruego. Y, en efecto, desde los órganos colegiados en los que he participado y en los que sigo participando, he podido comprobar que, en no pocas ocasiones, se ha puesto más empeño en esquivar los Estatutos, y demás normativa, que en cumplirlos, llegando a situaciones rayanas con su conculcación. No pretendo presentar ahora un memorándum; me referiré a un solo caso que puede ser considerado como la punta del iceberg.

Recientemente se ha presentado una situación, conocida por la comunidad universitaria, que atañe a la vulneración del art. 125, concerniente a algo tan trascendente como la evaluación y calificación de los conocimientos adquiridos por los alumnos a su paso por esta Universidad.

Desautorizar al profesorado en el ejercicio de este derecho y obligación, que está claramente definido en el citado artículo, además de constituir una irregularidad grave, repercute en la desmotivación del profesorado en la labor docente y en deterioro de la Mejora de la Calidad Docente que todos deseamos.

Me pregunto: ¿Por qué y cómo hemos llegado a esta situación? Puede que sea por desconocimiento de la Normativa,… Puede que sea por zafiedad en su interpretación,…

No quiero ni pensar que sea por desprecio a la misma de quien o quienes, creyéndose que pueden hacer y deshacer a su antojo, olvidan que su mandato está limitado a gestionar y administrar en aras del interés colectivo. Siempre con sujeción a la legislación y normativa vigente.

Aun cuando se tratase simplemente de “desconocimiento”, no es admisible que quienes desempeñan cargos, electos o designados, desconozcan la normativa que ellos mismos deben cumplir y hacer cumplir. Si se exige el conocimiento de los Estatutos en los Concursos para acceso del Personal de la Administración y Servicios, no se puede disculpar tal conocimiento a quienes ostentan cargos remunerados por la responsabilidad que conllevan.

Tampoco es admisible que quienes representan a sus colectivos en órganos colegiados desconozcan la normativa o actúen con desgana, no preocupándose de profundizar y analizar las propuestas, resoluciones o acuerdos procedentes de los escalones inferiores, dándolas casi sistemáticamente por buenas.

Como no es mi deseo extenderme más, por no cansar a los aquí presentes y porque la intencionalidad de mi intervención creo que ya es patente, termino como empecé.

Exhorto al Sr. Rector para que vele por el cumplimiento efectivo de la normativa y para que, en el caso de su vulneración, sea por desconocimiento, zafiedad o trasgresión a sabiendas, proceda, como es sana costumbre democrática, al cese de los responsables, cuando ello sea posible.

Muchas gracias por la atención prestada.

¡ El 2 de enero es lectivo !


Manuel R. Ortega Girón y otros.

 ¡Voy a narrar una escena inenarrable! Si, he dicho bien, inenarrable; por ello tan solo me remito a los documentos.


1. Comienza con una convocatoría (click)

Érase una vez un 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes.


2. Sigue con una observación y un recordatorio.

A la Dirección del Dpto. de Física Aplicada:

Ante la convocatorias de Consejo de Departamento, para mañana día dos de enero, me permito hacer la observación de que se trata de un día no lectivo, por lo que de acuerdo con los Estatutos de la UCO, en su ….

Artículo 31. Normas comunes a los órganos colegiados. 1. Sin perjuicio de las normas específicas que se puedan establecer para cada órgano en los presentes Estatutos, serán comunes y aplicables a todos los órganos colegiados las siguientes: a) Las sesiones de los órganos colegiados deberán realizarse en días lectivos.

dicha convocatoria es ilegal y, en consecuencia, carece de efecto.

Lamento tener que intervenir, una vez más para recordar a la dirección del Departamento de Física Aplicada la obligación de actuar dentro de la legalidad, a cuyo conocimiento está obligada.

Paz y felicidad para todos en este nuevo año 2007.

Manuel R. Ortega Girón
Dpto. de Física Aplicada – Universidad de Córdoba


3. Continúa con una respuesta del Sr. Director.

He recibido e-mail del Prof. Ortega en el que me recuerda el artículo 31 de los actuales Estatutos. Lo conozco.

Hace la afirmación de que el dos de enero es un día no lectivo. Afortunadamente no es el profesor Ortega el que establece si son lectivos o no, son los calendarios oficiales de la Universidad de Córdoba aprobados en C.G. de 26.01.06 los que establecen esa consideración de lectivos o no. En la página web

 http://www.uco.es/servicios/informacion/calendario/calendario_2006_2007.htm

aparecen como periodos lectivos desde el 27 de septiembre de 2006 al 31 de julio de 2007 y del 1 al 30 de septiembre de 2007. Exclusión lógica de los días festivos pero no de los días laborales sin clase, ya que por esa misma razón estarían excluidos desde el 9 de junio hasta el 31 de julio y todo el mes de septiembre.

Si así fuera hubiera sido sesión de Consejo anómala o “ilegal” la sesión del 19.06.06.

Por otra parte he de indicarle que “ilegal” es lo que va en contra de ley: los Estatutos de nuestra Universidad están aprobados por Decreto de La Junta de Andalucía. Y lo de carecer de efecto es un pronunciamiento que le corresponde a otros Órganos y no al profesor Ortega.

Ya que el profesor Ortega me recuerda determinado artículo de nuestros Estatutos, yo como Presidente del Órgano colegiado le recuerdo parte del artículo 87:

Artículo 87. Naturaleza, organización y funcionamiento.
Son funciones del Director de Departamento:
1. Presidir y convocar el Consejo de Departamento fijando el orden del día de sus sesiones

Análogas funciones establece la ley 30/1992 en su artículo 23.

Le recuerdo por tanto, al profesor Ortega, que no haga públicamente pronunciamientos que no le corresponde, ni públicamente tilde la convocatoria de ilegal tratando de desconvocarla, en contra de los artículos que le he manifestado.

Por tanto la convocatoria sigue adelante. Feliz año 2007

JOSÉ ANTONIO GISTAS


4. Y más aclaraciones.

Evidentemente, no soy yo quien establece el calendario académico, sino el Consejo de Gobierno de la UCO del que, en su día, tanto el Prof. Gistas como yo, fuimos miembros. Y fue en su Sesión Ordinaria de 26/1/06 (nº 2/06) en la que se estableció que los días del 2 a 5 de enero de 2007 son “Días laborales sin clase“;esto es “no lectivos“, que es el significado del culto término “lectivo“, pero no por culto inaccesible para muchos universitarios.

Como parece que en este Departamento algunos tenemos que demostrar lo obvio, y sin ánimo de molestar a nadie, me permito hacer dos citas recortadas del DRAE (Diccionario de la Real Academia Española):

lectivo, va. (Del lat. lectum, supino de leg re, leer, e -ivo). adj. Dicho de un período de tiempo: Destinado para dar lección en los establecimientos de enseñanza. V. día ~.

día. (Del lat. dies). m. Tiempo… || ~ lectivo. m. En los establecimientos de enseñanza, aquel en que se da clase. ||

En cuanto a la sesión del Consejo de Dpto. 19.06.06., dicho día venía marcado como “Exámenes“, sin ser señalado explícitamente como “sin clase” (“no lectivo). Los días de exámenes son lectivos (art. 95.8 de los Estatutos Modificados)

«8. Los actos de votación, en las elecciones mediante sufragio universal, tendrán lugar en días lectivos que no correspondan a períodos de convocatoria ordinaria de exámenes. …».

Ni desconozco, ni pongo en duda las funciones del Director de Departamento, que no le eximen del cumplimiento de la normativa legal vigente. Igualmente, le recuerdo al Director de Dpto. que entre sus funciones no se incluye la de pretender conculcar mis derechos de libre expresión.

Insisto en que la convocatoria no se ajusta a derecho (ilegal). No me corresponde a mí, sino al Director del Departamento, la anulación de la convocatoria de Consejo en día no lectivo, por ser contraria al principio de legalidad.

Me reitero en desear Paz y Felicidad para todos y todas.

Manuel R. Ortega Girón
Dpto. de Física Aplicada – Universidad de Córdoba


5. Finalmente, el Consejo de Departamento celebró sesión el 2 de enero de 2007 (¿lectivo?).

Después de un preámbulo en el que intento razonar con todos los asistentes lo que, por pura obviedad, es indiscutible, el Director del Departamento decide que el 2 de enero de 2007 es día lectivo y abre la sesión.

Naturalmente, abrumado por la “razón” de la ley del más fuerte, encubierta “democráticamente” en forma de votos, emito reparo de legalidad y me retiro.

Ni santos, ni inocentes.


6. Un epílogo y un lamento.

Presenté Recursos de Alzada ante el Consejo de Gobierno (contra el Consejo de Departamento) y ante el Rector (contra el Director de Depto.)

El Consejo de Gobierno me ha dado la razón en este recurso [CGO 5/3/07 (nº 2/07)].

Lamentablemente, este reconocimiento ha resultado ser una victoria pírrica, ya que los espurios propósitos que motivaron tan urgentísima convocatoria ya han sido satisfechos gracias a la desidia y negligencia (no pensemos lo peor) de una Administración que debería velar por el cumplimiento de la legalidad.

A %d blogueros les gusta esto: