El Claustro debe “informar” la memoria anual presentada por el Rector


Al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba

Francisco Rincón León, catedrático del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos, provisto de DNI XXXXXXXX y con domicilio a efectos de notificación en la calle XXXXXXXXXXXX (Córdoba-14xxx), con el debido respeto comparece y

D I C E :

Primero.- El art. 40 de los Estatutos de la UCO (en adelante Estatutos) establece que son funciones del Claustro Universitario, entre otras:

e) Informar la memoria que anualmente será presentada por el Rector, sobre las actividades docentes e investigadoras y sobre las medidas de desarrollo económico, presupuestario y de inversiones que se adopten, así como de la actividad que desarrollen los órganos de gestión y dirección de la Universidad, pudiendo realizar respecto de dicha memoria las propuestas y recomendaciones que considere oportunas.

f) Ser informado de la programación plurianual.

Por otra parte el Reglamento del Funcionamiento del Claustro (en adelante Reglamento) establece en su art. 31.1 que

en el primer trimestre de cada curso académico el Presidente del Claustro procederá a realizar la convocatoria para, de conformidad con lo establecido en el art. 40. e) de los Estatutos, informar la memoria anual que presente el Rector sobre las actividades docentes e investigadoras y sobre las medidas de desarrollo económico, presupuestario y de inversiones que se adopten, así como de la actividad que desarrollen los órganos de gestión y dirección de la Universidad.

Cualquiera que sea tanto la redacción del Reglamento como la interpretación que del mismo sea adoptada por los órganos de gestión universitaria, parece evidente la imposibilidad de contravenir lo dispuesto en los Estatutos. La posibilidad de una interpretación tal del Reglamento que se traduzca en una acción contraria a lo establecido por los Estatutos es legalmente imposible y moralmente reprobable. Por ello es injustificable una interpretación del Reglamento que se traduzca en una medida contraria a lo establecido por los Estatutos. Esto es, sustraer al claustro su derecho a informar la memoria anual presentada por el Rector, acción que supone el ejercicio de control que le atribuyen los Estatutos al claustro, y acción que sólo es ejecutable mediante el ejercicio democrático de una votación, y que al ser impedida con argumentaciones tan inconsistentes como los recogidos en el acta de la sesión del claustro de fecha 27-11-2013, no hace sino poner de manifiesto una actitud más propia del despotismo de la Ilustración que de una sociedad moderna con fuertes convicciones democráticas, actitud con la que no se hace sino mancillar los principios universitarios más elementales y de esta forma se atenta contra la propia esencia de la Universidad.

Segundo.- Le redacción de los Estatutos en cuanto a la función del claustro con relación a la memoria anual presentada por el Rector (art. 40 e) no deja lugar a dudas bajo ningún punto de vista del papel activo que el claustro debe asumir (informar la memoria) y no meramente pasivo (ser informado de la memoria) como sí ocurre en otras funciones que los Estatutos atribuyen al claustro (art. 40 f). La segunda parte del art. 40 e de los Estatutos (…pudiendo realizar respecto de dicha memoria las propuestas y recomendaciones que considere oportunas) no hace sino complementar la función recogida en dicho apartado (informar la memoria), y en modo alguno la segunda parte puede sustituir lo estipulado en la primera parte del mismo artículo, toda vez que la función en cuestión compete a la totalidad de los miembros del claustro presente en la sesión y la posibilidad de presentar propuestas o presentar recomendaciones compete a aquellos miembros del claustro que así lo estimen oportuno.

Mediante intervención en el claustro de fecha 27-11-2013 reclamé el papel activo que la normativa reconoce al pleno del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector (informar la memoria). Los argumentos contrarios a mi reclamación expuestos por el vicerrector de desarrollo normativo fueron claramente inconsistentes desde un punto de vista legal, toda vez que aquellos estuvieron basados en conveniencias y consideraciones no escritas formuladas o discutidas en el seno de la comisión que en su día elaboró la propuesta de modificación de Estatutos sobre “la conveniencia de no someter el informe del Rector a votación…”. Por otra parte tampoco parece consistente el argumento expuesto por el propio Rector y que no es otro que la no existencia de petición de una votación en los siete años anteriores de su mandato, invocando con ello una especie de tradición que justifique el incumplimiento de lo legalmente establecido, informar la memoria.

Ninguno de los dos argumentos justifican en modo alguno el secuestro de la función democrática y de control que los Estatutos atribuyen al pleno del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector (informar la memoria), derecho que sólo es posible desarrollar y ejecutar mediante una acción que implique a la totalidad de los claustrales presente en la sesión, acción que necesariamente implica una votación como mecanismo del claustro para informar la memoria anual presentada por el Rector como función del claustro reconocida por los Estatutos. Al no haberse accedido la mesa del claustro en su sesión de 27-11-2013 a la celebración de la votación reclamada se ha secuestrado al claustro la función que le asignan los Estatutos.

La posibilidad de debatir algunos términos de la memoria anual e incluso la posibilidad de presentación de propuestas o la inclusión de algunos aspectos en la memoria por parte de algunos de los claustrales contemplada en el Reglamento, no hace sino aportar elementos de discusión y/o clarificación de algunos de los términos incluidos en la memoria anual presentada por el Rector, permitiendo de esta forma a los claustrales la toma de conciencia de los contenidos de la memoria con una mayor claridad y conocimiento de causa a la hora de ejercitar la función que los Estatutos atribuyen al pleno del claustro, esto es, informar la memoria anual presentada por el Rector. En modo alguno estas iniciativas particulares de algunos de los claustrales pueden sustituir lo que los Estatutos reconocen como un derecho del claustro en la sesión correspondiente (el pleno del claustro), esto es, informar la memoria anual presentada por el Rector. La memoria anual no es sino una rendición efectiva de cuentas, y como tal el legislador estableció que debe ser informada por el destinatario de dicha rendición de cuentas y que no es otro que el pleno de claustro, o lo que es lo mismo, la totalidad de los claustrales presentes en la sesión y no sólo aquellos claustrales que debatieron aspectos de la memoria, presentaron propuestas de inclusión en la memoria o cualquiera de las posibilidades que el Reglamento contempla. Sólo así se puede dar cumplimiento a lo que es una función del claustro, informar la memoria anual, y de esta forma calificar la rendición de cuentas que se le presenta al cuerpo electoral que democráticamente eligió al Rector para el gobierno de la Universidad a la que pertenecen todos.

Por todo ello y con los argumentos presentados en el presente escrito, todos los acuerdos de todos y cada uno de las sesiones del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector han carecido de los requisitos que los Estatutos establecen, y por ello son acuerdos nulos de pleno derecho. Ello obliga a V.E.M. a adoptar las medidas que en derecho procedan, por lo que, previo informe de la asesoría jurídica en tal sentido, me deberán ser notificadas tanto el informe jurídico correspondiente por el que bien se acceda a mis pretensiones o por el contrario se desestimen, como la medidas legales que sean adoptadas por parte del Rector. Y ello como paso previo a la interposición, en su caso, del correspondiente recurso contencioso-administrativo por vía judicial.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos y a fin de cumplimentar los trámites legales preceptivos.

Córdoba, a 9 de enero de 2014

Francisco Rincón

 

¿Son legales las “desgravaciones docentes” de los cargos académicos?


Acabo de descubrir que la Universidad de Oviedo se ha puesto las pilas para aplicar el Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Obviamente, al tratarse de un RDL es de obligado cumplimiento y deroga cualquier Disposición de inferior rango que entre en contradicción con el RDL. Dado que la redución de encargo docente, o “desgravación”, como dicen en el Principado, es un Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, al igual que pasa aquí, en la UCO, o en cualquier otra Universidad Pública Española, los Cargos Académicos, que proliferan como setas en bosque húmedo, no pueden alegar que su “desgravación” docente sea algo más que una prerrogativa que ellos mismos se han otorgado.

Recordemos que el RDL es de rango superior al Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, que, en su articulado, dejaba el albur de las “desgravaciones” por cargos, carguillos y carguetes a lo que se dispusiera en los Estatutos de cada Universidad, por lo que parece obvio que esas “desgravaciones” deben desaparecer a la voz de ¡YA!

Por si acaso, y para no transmitir una imagen peor de la que ya tienen, los del Principado se lo van a pensar durante un año y, a lo mejor, se “recortan” un poquito la “desgravación” para el curso 2013-14; pero, de momento, por lo que pueda ocurrir o puedan discurrir tan ínclitos personajes, lo mejor es dejar las cosas como están para el próximo curso 2012-13 . Que bien lo dice el refrán: “Quien con sus manos se capa, buenos cojones se deja”

El Consejo de Gobierno aprueba un acuerdo sobre dedicación docente

18/6/2012

La instrucción se realiza en aplicación del decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado hoy un acuerdo sobre dedicación docente en aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que recoge los siguientes puntos:

— La reducción docente por actividad investigadora será la que proceda de conformidad con lo previsto en el artículo 6. Cuatro del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, y la redacción que con el mismo se da al artículo 68 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

— Mientras no se apruebe por el Consejo de Gobierno nueva normativa adaptada al citado Real Decreto-ley sobre la reducción de la docencia de los cargos académicos, durante el próximo curso 2012-13, éstos seguirán con la misma desgravación que se venía aplicando hasta el presente curso académico.

Con la salvedad de lo establecido en el número anterior, la reducción máxima de horas de dedicación docente para cada profesor por cualquier actividad que tenga reducción reconocida en la normativa vigente será de 90 horas. Ningún profesor podrá tener una dedicación docente inferior a 150 horas.

La JPDI te invita a participar en la Huelga General del Sector Público


Estimados compañeros:

Ante la convocatoria de huelga convocada por los sindicatos para el próximo martes, 8 de junio, la JPDI ha acordado, por mayoría, apoyar y patrocinar dicha convocatoria de huelga.

Por tal motivo es por lo que me dirijo a tí para rogarte, con el más absoluto respeto a tu opinión personal respecto a dicha convocatoria, que dediques un poco de tu tiempo a la lectura de los archivos que te adjuntamos pues, de la misma, estoy convencido que se deduce la necesidad de hacer un esfuerzo más, la manifestación expresa del deseo de hacer huelga con la consiguiente pérdida de haberes, para así dejar constancia que cualquier decisión posterior de reducirnoslos aún más será recibida con la adecuada respuesta.

Si deseas más información, expresamente sobre los visos de inconstitucionalidad de la medida, entra en la página web de la JPDI. Con base en esa información se iniciará, además de con la huelga, la defensa de nuestros derechos.

En la confianza de haberte servido de utilidad en la toma de tu decisión recibe un cordial saludo de

A. López Pinto
Pte de la JPDI
100607 CSIF Nuevas Retribuciones
100607 UGT ¿Cuánto te va a bajar la nómina?
100607 CCOO Recortes salariales y sociales
100607 El recorte confiscatorio
100607 Solicitud de notificación expresa
100607 Comunicacion trabajador en huelga
100606 Calcula tu nómina recortada

La calificación de los alumnos.


Diego Llanes Ruiz.
Catedrático de Genética.

La calificación de los alumnos.

La función más importante del profesorado universitario.

Aunque son muchos los cambios a los que está sometida nuestra universidad, su función principal, aportar profesionales capacitados a la sociedad, permanece intocable. Esta función tiene mucho que ver con los procesos de evaluación que el profesor realiza de sus alumnos.

Acuerdos recientes del Consejo de Gobierno olvidan este hecho, ya que las normas que nos hemos dado sobre este asunto tan trascendental – Estatutos y Reglamento de Régimen Académico – parecen existir sólo en el momento de ser publicadas. No hay un seguimiento para su puesta al día y así evitar arbitrariedades y desajustes y, lo que es peor, llegan a ser ignoradas sin ambages.

Me referiré extensamente a un reciente acuerdo del Consejo de Gobierno de la UCO (1-06­07) que ha puesto en cuestión la función práctica más importante del profesorado universitario: la calificación de la actividad de los alumnos a los que se imparte docencia, otorgando esta función a profesores ajenos a la materia que van a evaluar.

Otro acuerdo del último Consejo de Gobierno, (5-10-07) requeriría también un extenso comentario, que dejo para otro momento, me refiero a “la aprobación de propuestas de una Facultad, para la creación de Tribunales atendiendo a las reclamaciones de un grupo de alumnos”. En este caso el Consejo de Gobierno ignora por completo la normativa de la UCO e improvisa e inventa sobre la marcha la “normativa aplicable y aplicada”. Además, para mí sorpresa, el acuerdo fue “aprobado” previamente por la Comisión de Docencia de la Universidad.

Puedo imaginar una universidad con profesores que no investiguen o lo hagan en aspectos socialmente intrascendentes y que además no transfieran sus conocimientos a las empresas; pero no puedo imaginar una universidad con un profesorado que no sea el último responsable de evaluar (mejor bien, que mal) la labor y conocimientos de los alumnos a los que impartió docencia.

Para aquellos profesores y alumnos de la UCO que no reparan en los estatutos, reglamentos y demás normativa que nos rigen, tengo que decir que la UCO tiene aprobado un Reglamento sobre Régimen Académico de los Alumnos (CG. 7-5-04), donde, entre otros aspectos, se abre la posibilidad de que el alumnado reclame la justeza de la calificación otorgada a su examen; recurriendo, primero directamente al profesor(a) y después al departamento.

Se trata de revisar exámenes. Las normas sólo contemplan la realización de “nuevos” exámenes con tribunal para alumnos en sexta o séptima convocatoria. Sin embargo, el Consejo de Gobierno del 5-10-07, autoriza exámenes paralelos – tribunal y profesor – a la libre elección de los alumnos, para una asignatura de esta universidad. El incumplimiento normativo es evidente.

En la revisión de exámenes, el reglamento posibilita que el alumno disconforme con su calificación pueda recurrir al Consejo de Gobierno. Literalmente, el articulo 36.c dice: “el alumno podrá recurrir al Consejo de Gobierno mediante un escrito razonado, en el plazo de un mes a contar desde el recibo de la notificación. El Consejo de Gobierno arbitrará las medidas oportunas para que se realice una nueva revisión y decidirá teniendo en cuenta el curriculum del alumno y el informe técnico solicitado al Departamento para esta nueva revisión”. (Las negritas son mías) 

Lo original de este reglamento, comparado con el de otras universidades, es la posibilidad para realizar una nueva revisión del examen, “la tercera”, teniendo en cuenta aspectos externos al propio examen. 

Durante los tres años de vigencia del articulo 36c, o ningún alumno recurrió a él o el Consejo de Gobierno no aceptó los recursos “razonados”. Por tanto, esta tercera revisión o no se produjo, o de haberse producido nunca cuestionó la calificación dada por el profesor y el departamento.

Sin embargo, el Consejo de Gobierno del día 1 de junio 2007 procedió a modificar la calificación de Suspenso de un examen (calificación que fue mantenida tras pasar las dos primeras instancias de revisión previstas en el Reglamento de Régimen Académico – el profesor(a) y el Consejo de departamento – por la de Aprobado. La resolución dice textualmente: “El Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba acuerda ACEPTAR la propuesta del Tribunal nombrado…, y considerar superado el examen objeto de este Recurso con la calificación Aprobado (5.0) y solicitar la correspondiente Diligencia en Acta. (Negritas en el original). He omitido el nombre del alumno por ser irrelevante para el fondo de la cuestión.

Creo que el CG de la UCO no ha medido las consecuencias que puede tener esta decisión en los procesos de evaluación del alumnado. En mi opinión, el reglamento adolece de la claridad y garantías necesarias, en este punto 36.c, para que su aplicación, en el cambio de la calificación de un examen, no sea considerada como arbitraria. 

Tras el acuerdo, cualquier alumno suspenso en un examen, incluso en exámenes parciales, tiene la posibilidad de que la nota obtenida sea modificada en el Consejo de Gobierno. Para ello, el alumno debe dedicar sus esfuerzos en conseguir que “su escrito razonado” obtenga los apoyos suficientes de los miembros del Consejo de Gobierno.

Dado que son miles las calificaciones de exámenes que se realizan por parte del profesorado ¿por qué este acuerdo sobre una de ellas es importante? Su importancia radica en que por primera vez se retira al profesor(a) que imparte la materia y a los especialistas que forman el departamento la capacidad de reevaluar un examen concreto, pasando la capacidad a un Tribunal de no especialistas.

¿Cómo tratan otras universidades de nuestro entorno problemas similares? Reconociendo los problemas que pueden surgir a un alumno con la superación de ciertas materias de la carrera, muy especialmente en aquellas que le impiden finalizar los estudios, han desarrollado los llamados Tribunales de Compensación. 

La actuación del Consejo de Gobierno, aunque se quiera comparar, no tiene nada que ver con los Tribunales de Compensación existentes en varias universidades españolas y europeas de los que puedo ser defensor. Normalmente, estos tribunales funcionan para alumnos(as) con sólo una asignatura pendiente para finalizar la carrera y que además han cursado de 4 a 6 veces la materia y sus prácticas. Estos tribunales nunca se atreven a “revisar” la calificación concreta dada por el profesor y el departamento. El tribunal abre la posibilidad de aprobar la materia, completamente al margen de una calificación concreta de un examen específico, y ajena, además, a la opinión del departamento. Por tanto, no se trata de corregir, en base a no se sabe muy bien que criterios, la calificación de un examen dada por profesores de la especialidad, si no en juzgar la labor realizada por el estudiante durante todos sus años de estancia en la Universidad. Y, finalmente decidir si, en conjunto, está en posesión de los suficientes conocimientos y competencias profesionales para obtener el título académico al que opta, al margen de la calificación de un examen concreto.

Tratándose de un tema de tanta trascendencia, se me ocurre, como profesor de la UCO y queriendo ser constructivo, pedir al Consejo de Gobierno que inicie el proceso para modificar el mencionado Reglamento de Régimen Académico a la luz de la experiencia adquirida en este caso y en otros similares y que evite improvisar e inventar normativa para cada nuevo caso que vaya surgiendo, precisando los criterios, el alcance y el ámbito de aplicación de la revisión y realización de exámenes en cada una de las instancias. Lo que dará garantías tanto al alumno y como al profesor. Todo ello sin poner en cuestión que la calificación del trabajo y conocimientos de los alumnos compete exclusivamente al profesor(a) que imparte le haya impartido la materia de examen1. También sugiero que para salvaguardar las posibles incompatibilidades departamento/profesor y alumno, se estudie la creación de los Tribunales de Compensación, ahora que debemos reformar nuestros Estatutos2 .

Con este escrito persigo que la función, en la práctica, más importante del profesorado, la calificación de la labor de nuestros alumnos, ya de por si sometida a importantes y constantes presiones, no corra el riesgo de ser además una nueva moneda de cambio del amiguismo de los grupos de presión universitarios y extra universitarios.

1 Articulo 125 de los Estatutos de la UCO. 
2 La creación de los Tribunales de Compensación fueron rechazados para su inclusión en los actuales Estatutos de la UCO.

071024 La calificación de los alumnos.
071208 [ABC] La calificación de los alumnos.

Estatuto Básico del Empleado Público


Pablo Velez
23 Apr 2007 (recibido por e-mail)

Me parece muy bien que os hagais eco de lo recogido en el artículo 25.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, y que hayais divulgado su contenido y facilitado su aplicación con la elaboración de un modelo de solicitud.

Pero creo que no menos importancia tiene lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera.2, que a mi entender es tambien de aplicación inmediata a la entrada en vigor del Estatuto, y según lo dispuesto se deberán producir las siguientes situaciones:

– Todos los funcionarios del actual grupo A quedarán integrados en el Subgrupo A1, esta integración de momento no tiene mayor transcendencia, ya que al no haberse producido el desglose de las retribuciones de A1 y A2, sólo se producirá la integración en el nuevo Subgrupo.

– Todos los funcionarios del actual grupo B quedan integrados en el Subgrupo A2, esta integración tiene una gran importancia, en primer lugar todos los funcionarios del grupo B quedan integrados en un subgrupo del grupo A, con lo cual dejan de pertenecer al B, y por lo tanto sus retribuciones se verán incrementadas de momento al A al no haber desglose de retribuciones dentro de los subgrupos del A, esta medida es tan importante como la de los trienios de interinos, y en esta Universidad puede afectar a 28 ayudantes de bibliotecas, 17 funcionarios de gestión, 10 programadores de informática y 2 maestros de taller funcionarios.

– En cuanto a los funcionarios del grupo C quedarían integrados todos en el subgrupo C1, que aunque actualmente no supone ningún cambio sustancial, si les da la posibilidad de promocionar al grupo A sin pasar por el nuevo grupo B, por lo que es tambien muy importante llevar a cabo esta integración.

Es decir si lo expuesto arriba es correcto, su importancia, tanto a nivel de colectivo afectado, como de reestructuración de plantilla y retribuciones es de tal magnitud que creo se merece tambien un trato prioritario en cuanto a difusión y preocupación por su aplicación inmediata.

Nota: espero que se haga tambien el modelo de solicitud de integración.

A %d blogueros les gusta esto: