El Claustro debe “informar” la memoria anual presentada por el Rector


Al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba

Francisco Rincón León, catedrático del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos, provisto de DNI XXXXXXXX y con domicilio a efectos de notificación en la calle XXXXXXXXXXXX (Córdoba-14xxx), con el debido respeto comparece y

D I C E :

Primero.- El art. 40 de los Estatutos de la UCO (en adelante Estatutos) establece que son funciones del Claustro Universitario, entre otras:

e) Informar la memoria que anualmente será presentada por el Rector, sobre las actividades docentes e investigadoras y sobre las medidas de desarrollo económico, presupuestario y de inversiones que se adopten, así como de la actividad que desarrollen los órganos de gestión y dirección de la Universidad, pudiendo realizar respecto de dicha memoria las propuestas y recomendaciones que considere oportunas.

f) Ser informado de la programación plurianual.

Por otra parte el Reglamento del Funcionamiento del Claustro (en adelante Reglamento) establece en su art. 31.1 que

en el primer trimestre de cada curso académico el Presidente del Claustro procederá a realizar la convocatoria para, de conformidad con lo establecido en el art. 40. e) de los Estatutos, informar la memoria anual que presente el Rector sobre las actividades docentes e investigadoras y sobre las medidas de desarrollo económico, presupuestario y de inversiones que se adopten, así como de la actividad que desarrollen los órganos de gestión y dirección de la Universidad.

Cualquiera que sea tanto la redacción del Reglamento como la interpretación que del mismo sea adoptada por los órganos de gestión universitaria, parece evidente la imposibilidad de contravenir lo dispuesto en los Estatutos. La posibilidad de una interpretación tal del Reglamento que se traduzca en una acción contraria a lo establecido por los Estatutos es legalmente imposible y moralmente reprobable. Por ello es injustificable una interpretación del Reglamento que se traduzca en una medida contraria a lo establecido por los Estatutos. Esto es, sustraer al claustro su derecho a informar la memoria anual presentada por el Rector, acción que supone el ejercicio de control que le atribuyen los Estatutos al claustro, y acción que sólo es ejecutable mediante el ejercicio democrático de una votación, y que al ser impedida con argumentaciones tan inconsistentes como los recogidos en el acta de la sesión del claustro de fecha 27-11-2013, no hace sino poner de manifiesto una actitud más propia del despotismo de la Ilustración que de una sociedad moderna con fuertes convicciones democráticas, actitud con la que no se hace sino mancillar los principios universitarios más elementales y de esta forma se atenta contra la propia esencia de la Universidad.

Segundo.- Le redacción de los Estatutos en cuanto a la función del claustro con relación a la memoria anual presentada por el Rector (art. 40 e) no deja lugar a dudas bajo ningún punto de vista del papel activo que el claustro debe asumir (informar la memoria) y no meramente pasivo (ser informado de la memoria) como sí ocurre en otras funciones que los Estatutos atribuyen al claustro (art. 40 f). La segunda parte del art. 40 e de los Estatutos (…pudiendo realizar respecto de dicha memoria las propuestas y recomendaciones que considere oportunas) no hace sino complementar la función recogida en dicho apartado (informar la memoria), y en modo alguno la segunda parte puede sustituir lo estipulado en la primera parte del mismo artículo, toda vez que la función en cuestión compete a la totalidad de los miembros del claustro presente en la sesión y la posibilidad de presentar propuestas o presentar recomendaciones compete a aquellos miembros del claustro que así lo estimen oportuno.

Mediante intervención en el claustro de fecha 27-11-2013 reclamé el papel activo que la normativa reconoce al pleno del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector (informar la memoria). Los argumentos contrarios a mi reclamación expuestos por el vicerrector de desarrollo normativo fueron claramente inconsistentes desde un punto de vista legal, toda vez que aquellos estuvieron basados en conveniencias y consideraciones no escritas formuladas o discutidas en el seno de la comisión que en su día elaboró la propuesta de modificación de Estatutos sobre “la conveniencia de no someter el informe del Rector a votación…”. Por otra parte tampoco parece consistente el argumento expuesto por el propio Rector y que no es otro que la no existencia de petición de una votación en los siete años anteriores de su mandato, invocando con ello una especie de tradición que justifique el incumplimiento de lo legalmente establecido, informar la memoria.

Ninguno de los dos argumentos justifican en modo alguno el secuestro de la función democrática y de control que los Estatutos atribuyen al pleno del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector (informar la memoria), derecho que sólo es posible desarrollar y ejecutar mediante una acción que implique a la totalidad de los claustrales presente en la sesión, acción que necesariamente implica una votación como mecanismo del claustro para informar la memoria anual presentada por el Rector como función del claustro reconocida por los Estatutos. Al no haberse accedido la mesa del claustro en su sesión de 27-11-2013 a la celebración de la votación reclamada se ha secuestrado al claustro la función que le asignan los Estatutos.

La posibilidad de debatir algunos términos de la memoria anual e incluso la posibilidad de presentación de propuestas o la inclusión de algunos aspectos en la memoria por parte de algunos de los claustrales contemplada en el Reglamento, no hace sino aportar elementos de discusión y/o clarificación de algunos de los términos incluidos en la memoria anual presentada por el Rector, permitiendo de esta forma a los claustrales la toma de conciencia de los contenidos de la memoria con una mayor claridad y conocimiento de causa a la hora de ejercitar la función que los Estatutos atribuyen al pleno del claustro, esto es, informar la memoria anual presentada por el Rector. En modo alguno estas iniciativas particulares de algunos de los claustrales pueden sustituir lo que los Estatutos reconocen como un derecho del claustro en la sesión correspondiente (el pleno del claustro), esto es, informar la memoria anual presentada por el Rector. La memoria anual no es sino una rendición efectiva de cuentas, y como tal el legislador estableció que debe ser informada por el destinatario de dicha rendición de cuentas y que no es otro que el pleno de claustro, o lo que es lo mismo, la totalidad de los claustrales presentes en la sesión y no sólo aquellos claustrales que debatieron aspectos de la memoria, presentaron propuestas de inclusión en la memoria o cualquiera de las posibilidades que el Reglamento contempla. Sólo así se puede dar cumplimiento a lo que es una función del claustro, informar la memoria anual, y de esta forma calificar la rendición de cuentas que se le presenta al cuerpo electoral que democráticamente eligió al Rector para el gobierno de la Universidad a la que pertenecen todos.

Por todo ello y con los argumentos presentados en el presente escrito, todos los acuerdos de todos y cada uno de las sesiones del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector han carecido de los requisitos que los Estatutos establecen, y por ello son acuerdos nulos de pleno derecho. Ello obliga a V.E.M. a adoptar las medidas que en derecho procedan, por lo que, previo informe de la asesoría jurídica en tal sentido, me deberán ser notificadas tanto el informe jurídico correspondiente por el que bien se acceda a mis pretensiones o por el contrario se desestimen, como la medidas legales que sean adoptadas por parte del Rector. Y ello como paso previo a la interposición, en su caso, del correspondiente recurso contencioso-administrativo por vía judicial.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos y a fin de cumplimentar los trámites legales preceptivos.

Córdoba, a 9 de enero de 2014

Francisco Rincón

 

EL NEFASTO SISTEMA DE ACCESO A LA PROFESIÓN DE PROFESOR DE UNIVERSIDAD


Herminio R. Padilla Alba
Profesor de Derecho Penal y Magistrado suplente
Publicado también en ABC de Córdoba, el 25 feb 2013

Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco del informe para la reforma universitaria encargado a un comité de expertos por el ministro José Ignacio Wert. Entre los aspectos que se tocan en dicho informe está el de la selección del profesorado universitario, en el que se distingue entre profesorado funcionario y profesorado contratado, en una proporción del 51 % y 49 % respectivamente. Para el profesorado funcionario se seguirá manteniendo un proceso de concurso parecido al actual (acreditación ante la ANECA y luego concurso oposición por una plaza que convoque la Universidad); para el contratado un proceso de selección entre doctores que decidirá cada Universidad.

Difícil, muy difícil, me resulta escribir para criticar la forma actual –y parece que también futura– de acceso a la profesión de profesor funcionario o contratado de Universidad, pues parece que uno tira piedras sobre su propio tejado o muerde, cual vulgar perro arrabalero, la mano caritativa de quien le da de comer. Pero lo que voy a narrar es –y seguramente si no se cambia continúe siendo– objetivamente cierto, y en un porcentaje que podría sorprender y que nadie se atreve a denunciar. Por mucho que se quiera mejorar por arriba la continuidad y estabilidad del profesorado universitario con evaluaciones constantes de su actividad –si algo veo positivo en la reforma es el empeño en que el profesorado siga formándose y trabajando sin dormirse en los laureles por la plaza conseguida–, si la base está podrida, poco o más bien nada se puede hacer. Es como construir un edificio con cimientos de barro: al final el peso terminará por derrumbarlo.

Para quien no lo sepa, el acceso a la profesión de profesor funcionario o contratado de Universidad no se hace de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y la razón es muy simple: de inicio no hay unas pruebas objetivas e imparciales evaluadoras de conocimientos como tienen el resto de profesiones públicas. Y es que quien quiere ser profesor de Universidad lo primero que tiene que hacer es buscarse un padrino, esto es, un catedrático o profesor titular que lo avale para meterlo en el Departamento. En principio ello no sería objetable si el candidato tuviese un buen expediente académico –único mérito curricular, a falta de examen, evaluable en ese momento– que le permitiese optar a una beca de investigación, pero resulta que en la Universidad también se entra por la puerta de atrás, esto es, a través de un contrato de profesor asociado que, lejos de adjudicarse a profesionales de prestigio que compaginen su trabajo con la docencia, se da no ya a amigos y conocidos del catedrático o profesor de turno sino también a cónyuges, parejas, hijos, sobrinos y demás familiares. Nepotismo puro y duro generador a su vez de absoluta lealtad y sumisión. El resto, puro trámite y bajo la consabida fórmula del “hoy por ti, mañana por mí”: aprobación y renovación de la plaza de asociado por el Departamento, lectura de la tesis doctoral ante un tribunal en que sus cinco miembros son propuestos por el propio catedrático o profesor director de la tesis –todavía no he visto a nadie que suspenda una tesis doctoral, siendo normalmente la nota de sobresaliente cum laude por unanimidad–, y examen de la titularidad o cátedra, ahora previa evaluación positiva del currículum del candidato por una agencia nacional (lucha de poder entre quienes intentan colocar a los suyos), ante un tribunal que también pone el maestro, aunque luego se maquille al tener que ser aprobado por la Universidad a propuesta del Departamento.

 

Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español


En el siguiente enlace se accede al documento

Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español

preparado por una Comisión de Expertos y presentada al Ministro de Educación Ciencia y Deportes, D. José Ignacio Wert Ortega, el 12 de febrero de 2013, proponiendo ideas (y alguna que otra ocurrencia) para que no sea menos que los Gobiernos anteriores y proceda a una nueva Reforma del Sistema Universitario

La JPDI te invita a documentarte y a opinar en nuestro blog acerca de la Novísima Reforma que se nos avecina.

¿Fondos públicos para empresas en la UCO?


 ENRIQUE AGUILAR BENÍTEZ DE LUGO
Publicado en El Día de Córdoba,
hoy 22 de febrero de 2013

 CUANDO me jubilé anticipadamente al comenzar el curso 2012-2013, en la comida que algunos amigos y compañeros tuvieron a bien ofrecerme, indicaba que “me jubilaba, pero que no me iba” y que procuraría estar al tanto de los avances en mi disciplina y en el día a día de la vida de mi Universidad.

Durante estos meses he recordado algunas veces las laboriosísimas gestiones y la gran cantidad de trabajo necesarios para poner en marcha el Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación (cei-A3) y el Instituto de Investigaciones Biomédicas (Imibic).

En El Día del viernes 15 de febrero, aparece el artículo Fondos públicos para empresas en la UCO  del que es autor el profesor Llanes en el que se hace referencia al Proyecto de Rabanales 21 y al Imibic.

En relación al Proyecto Rabanales 21, el profesor Llanes lo considera excesivo o megalómano y critica que se vayan a dedicar fondos públicos a un proyecto que interesaba, fundamentalmente, a las empresas privadas. Casi 15 años después de tomar aquella decisión estratégica, el profesor LLanes hace una reflexión que es difícil no compartir, al menos parcialmente. Sin embargo, pasa como con los economistas, que siempre interpretan muy bien el pasado, pero no aciertan en sus pronósticos de futuro. Decía Gil de Biedma que “escribir un poema sobre la lluvia sólo se puede hacer en un día lluvioso”. Igual sucede con Rabanales 21.

Cuando la UCO lideró la creación del Parque Científico Tecnológico era un momento de extraordinaria bonanza económica (basada, básicamente, en la cultura del ladrillo) y de auge en la concepción y creación de Parques Tecnológicos como alternativa a “la economía del ladrillo”. En esos momentos, prácticamente todas las universidades tenían o aspiraban a tener uno y había abundantes fondos públicos (en las convocatorias conocidas como “parquetazos” para potenciarlos; de hecho, la urbanización y los fondos para los semilleros de empresas son de origen público, no universitario).

Coincidió aquella época con mi etapa de vicerrector de Investigación y me tocó recibir a bastantes empresarios que intentaban instalarse en el parque. Las peticiones eran examinadas por la Comisión de Investigación y muchas de ellas rechazadas por no demostrar suficientemente en qué medida potenciaban la I+D. Aún recuerdo el informe, extensísimo, que tuve que preparar en torno a la petición (finalmente denegada) de Baldomero Moreno S.A. La crisis ha hecho desistir, momentáneamente, a algunas de esas empresas. Al haber cesado como vicerrector , ignoro las causas y la conveniencia por las que la Universidad ha decidido, recientemente, aportar un millón de euros al funcionamiento del parque. Tal vez se trate de un nuevo esfuerzo de activar, que no enterrar, el proyecto. Indica el profesor Llanes que los terrenos aportados por la UCO como cuota de participación en Rabanales 21 se han devaluado. Esta devaluación, probable, pero no contrastada por ninguna tasación, seguramente es similar a la que se ha producido en el valor de todos los terrenos y que ha conducido a la quiebra de numerosas empresas y entidades. ¿Valdrían mas si perteneciesen a la Universidad? ¿Deberían haberse vendido?

De mayor gravedad, según el profesor Llanes, es la obtención de 9,2 millones de euros por el Imibic para desarrollar Proyectos de Investigación. Crítica que “esos fondos van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO”. Esto es totalmente inexacto porque: 1) los fondos no los aporta la UCO, los aporta el Ministerio de Economía y 2) los fondos no van a las empresas, van a financiar proyectos desarrollados por investigadores del Imibic en laboratorios adscritos al Instituto. Estos fondos han permitido, entre otras acciones, mantener y contratar investigadores. En la actualidad se están presentando nuevos proyectos para su financiación, algunos de carácter fundamentalmente básico. Más adelante, el subconsciente traiciona al articulista, cuando dice “¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector Agroalimentario, la seña de identidad de nuestra Universidad y no al sector de Biomedicina ?”. Y yo digo, ¿debe deducirse un criterio corporativo que transforma los 9,2 millones de malos en buenos según el área de conocimiento que los recibe?

La investigación en España atraviesa un momento delicadísimo por los recortes y por la “cuasi” nula aportación del sector empresarial a la misma. Es preciso conseguir mayor inversión en I+D por parte de las empresas y una mayor relación con las universidades, lo que incluye cambiar la visión “cortoplacista” de muchos empresarios. Solo así saldremos adelante.

Quien a hierro mata, a hierro muere.


LA UNIVERSIDAD DE HUELVA HA APROBADO EN SU CONSEJO DE GOBIERNO QUE EL P.D.I. TANTO LABORAL COMO FUNCIONARIO TENDRÁN COMO MÁXIMO UN ENCARGO DOCENTE DE 8 HORAS SEMANALES.

La Universidad de Huelva en Consejo de Gobierno celebrado ayer miércoles día 18 de julio da validez a la Nota Informativa del Ministerio con fecha de día 2 de julio, en la que se alude explícitamente al R.D. 898/1985 como referencia obligada para determinar la dedicación docente del profesorado de universidad, por lo que ha aprobado que la dedicación docente máxima para el personal docente e investigador, tanto funcionario como contratado, no excederá de 8 horas semanales, lo que se traduce en un curso académico de 30 semanas lectivas en un máximo de 240 horas anuales.

La Universidad de Huelva se suma por tanto a un conjunto cada vez más numeroso de Universidades que establecen el máximo encargo docente en 8 horas semanales.

El libre albedrio interpretativo de la legislación vigente, y de la credibilidad o no del Ministerio y de sus notas aclaratorias está servido, y con él la desregulación del Sistema Público Universitario, que en nuestra Universidad se traduce en más despidos, más destrucción de empleo,menos oportunidades para la investigación, menos calidad en la docencia e innovación y una mayor precarización del trabajo.

¿Por qué la Universidad de Córdoba hace una lectura restrictiva del RDL 14/2012? ¿Acaso nuestra Universidad es menos pública que la Universidad de Huelva o la Universidad Pablo de Olavide? ¿Es distinta la fuente de financiación de las Universidades Públicas Andaluzas? ¿Acaso es solo que nuestros dirigentes, elegidos por nosotros mismos, nos vuelven la espalda en un afán de quedar bien con el Gobierno Central? ¿Acaso es, simplemente, una perversión sádica familiar? ¿Acaso los despidos es la única forma que se les “ocurre” para ahorrar?

Que tengan bien seguro que este rigor, que ahora nos hacen padecer, bien puede volverse contra ellos; quien a hierro mata, a hierro muere, dice el proverbio.

Recortes y austeridad impuestos por los Políticos de lo Público contra los trabajadores de la Función Pública.


He recibido, por email, la siguiente y desgarradora carta, con el ruego de hacerla correr. La asumo como propia, porque no se puede escribir algo más cercano y acertado. Ruego a todos los que la lean le den la máxima difusión, tanto dentro como fuera de la Universidad. Gracias.
El Administrador

Recortes y austeridad impuestos por los Políticos de lo Público contra los trabajadores de la Función Pública.

Los empleados públicos siempre hemos trabajado con respeto y responsabilidad por entender que el destino de nuestro esfuerzo laboral y nuestra dedicación contribuía a mejorar la sociedad a la que servimos y de la que formamos parte. El lema “el servicio público” ha sido siempre nuestra guía moral y ética.

Sin embargo, en momentos difíciles como éste, en el que todo se desmorona, nuestro desconcierto es inmenso. Desconocemos porqué se nos juzga y condena tan duramente sin apenas garantías legales que nos amparen. Son nuestros propios compañeros –los que junto a nosotros han realizado el camino de lo público, desde otra atalaya- los ejecutores, los verdaderos verdugos. Veamos un ejemplo. No les tiembla la mano en firmar resoluciones que nos afectan: recortes de derechos adquiridos, reducción de sueldos, aumento de jornada, reducción de vacaciones, desaparición de ayudas sociales, etc. etc. Porque a ellos, a nuestros dirigentes, no les va afectar. Y si así fuere, en apariencia, ya resolverán –que medios tienen- para resarcirse por otras vías.

Nadie plantearía una queja porque como individuos particulares, como personas somos, en general, solidarios. Pero nos encontramos en un escenario diabólico, por calificarlo suavemente. Los dirigentes de lo público son a su vez juez y parte en muchas de las Administraciones, aunque yo voy a referirme a las Universidades.

En la Universidad, no tienen escrúpulos en aplicar recortes de cualquier tipo porque a ellos no les van a afectar, más bien al contrario. Ya ni justifican la creación de plazas para sus familiares y allegados, además de otras actuaciones de difícil exposición (…) No tienen siquiera problemas para hacerlo de forma legal –cuentan con sicarios sindicales altamente cualificados-, que más tarde cobrarán su parte alícuota del pastel. La vulneración de toda norma ética es el principio que nos rige hoy en día. La utilización del desvío de poder es herramienta de uso cotidiano. Este procedimiento, altamente reprobable, se ha multiplicado hasta el infinito de manera que sus redes lo hacen inextricable e indestructible.

Las partidas presupuestarias ocultas bien manejadas dan para mucho. Este es el alimento de las peores fieras, cada día más voraces, que por desgracia nos vemos obligados a soportar. Es el reino de los mediocres y mezquinos el que triunfa impunemente. Las gratificaciones por el trabajo de desviar fondos que irán a parar a sus bolsillos se realizan a plena luz, y para destapar tamaña poza séptica hacen falta muchas agallas (…) y ¡¡¡el miedo es libre!!!

El poder absoluto ejercido con el filtro de la falsa democracia cuenta con ello. El poder se hereda, no se destruye. Los nuevos delfines llegan con más hambre y con menos principios éticos para descuartizar a sus piezas, sin remordimientos, sin que la culpa ni siquiera les roce. Alegan que el ejercicio de responsabilidad de los cargos es duro, difícil de asumir por cualquiera. Alegan que nadie en su sano juicio querría esa elevada responsabilidad. Para ese ejercicio están ellos dispuestos al sacrificio por la colectividad, porque su sentido del deber así se lo impone. Continuarán soportando esa difícil carga, ocupando los puestos casi de manera feudal, por designio divino. En definitiva porque alguien tiene que trabajar para lo público con responsabilidad y acierto.

Sin embargo, todavía la luz del poder no nos ha cegado; aún nos permite desvelar las malas prácticas y denunciarlas. El coste es tan elevado (…) que las víctimas de este cínico terrorismo son ya demasiadas.

Es nuestra obligación: DESVELAR, DENUNCIAR y DERROTAR.

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¿Son legales las “desgravaciones docentes” de los cargos académicos?


Acabo de descubrir que la Universidad de Oviedo se ha puesto las pilas para aplicar el Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Obviamente, al tratarse de un RDL es de obligado cumplimiento y deroga cualquier Disposición de inferior rango que entre en contradicción con el RDL. Dado que la redución de encargo docente, o “desgravación”, como dicen en el Principado, es un Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, al igual que pasa aquí, en la UCO, o en cualquier otra Universidad Pública Española, los Cargos Académicos, que proliferan como setas en bosque húmedo, no pueden alegar que su “desgravación” docente sea algo más que una prerrogativa que ellos mismos se han otorgado.

Recordemos que el RDL es de rango superior al Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, que, en su articulado, dejaba el albur de las “desgravaciones” por cargos, carguillos y carguetes a lo que se dispusiera en los Estatutos de cada Universidad, por lo que parece obvio que esas “desgravaciones” deben desaparecer a la voz de ¡YA!

Por si acaso, y para no transmitir una imagen peor de la que ya tienen, los del Principado se lo van a pensar durante un año y, a lo mejor, se “recortan” un poquito la “desgravación” para el curso 2013-14; pero, de momento, por lo que pueda ocurrir o puedan discurrir tan ínclitos personajes, lo mejor es dejar las cosas como están para el próximo curso 2012-13 . Que bien lo dice el refrán: “Quien con sus manos se capa, buenos cojones se deja”

El Consejo de Gobierno aprueba un acuerdo sobre dedicación docente

18/6/2012

La instrucción se realiza en aplicación del decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado hoy un acuerdo sobre dedicación docente en aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que recoge los siguientes puntos:

— La reducción docente por actividad investigadora será la que proceda de conformidad con lo previsto en el artículo 6. Cuatro del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, y la redacción que con el mismo se da al artículo 68 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

— Mientras no se apruebe por el Consejo de Gobierno nueva normativa adaptada al citado Real Decreto-ley sobre la reducción de la docencia de los cargos académicos, durante el próximo curso 2012-13, éstos seguirán con la misma desgravación que se venía aplicando hasta el presente curso académico.

Con la salvedad de lo establecido en el número anterior, la reducción máxima de horas de dedicación docente para cada profesor por cualquier actividad que tenga reducción reconocida en la normativa vigente será de 90 horas. Ningún profesor podrá tener una dedicación docente inferior a 150 horas.

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