EL NEFASTO SISTEMA DE ACCESO A LA PROFESIÓN DE PROFESOR DE UNIVERSIDAD


Herminio R. Padilla Alba
Profesor de Derecho Penal y Magistrado suplente
Publicado también en ABC de Córdoba, el 25 feb 2013

Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco del informe para la reforma universitaria encargado a un comité de expertos por el ministro José Ignacio Wert. Entre los aspectos que se tocan en dicho informe está el de la selección del profesorado universitario, en el que se distingue entre profesorado funcionario y profesorado contratado, en una proporción del 51 % y 49 % respectivamente. Para el profesorado funcionario se seguirá manteniendo un proceso de concurso parecido al actual (acreditación ante la ANECA y luego concurso oposición por una plaza que convoque la Universidad); para el contratado un proceso de selección entre doctores que decidirá cada Universidad.

Difícil, muy difícil, me resulta escribir para criticar la forma actual –y parece que también futura– de acceso a la profesión de profesor funcionario o contratado de Universidad, pues parece que uno tira piedras sobre su propio tejado o muerde, cual vulgar perro arrabalero, la mano caritativa de quien le da de comer. Pero lo que voy a narrar es –y seguramente si no se cambia continúe siendo– objetivamente cierto, y en un porcentaje que podría sorprender y que nadie se atreve a denunciar. Por mucho que se quiera mejorar por arriba la continuidad y estabilidad del profesorado universitario con evaluaciones constantes de su actividad –si algo veo positivo en la reforma es el empeño en que el profesorado siga formándose y trabajando sin dormirse en los laureles por la plaza conseguida–, si la base está podrida, poco o más bien nada se puede hacer. Es como construir un edificio con cimientos de barro: al final el peso terminará por derrumbarlo.

Para quien no lo sepa, el acceso a la profesión de profesor funcionario o contratado de Universidad no se hace de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y la razón es muy simple: de inicio no hay unas pruebas objetivas e imparciales evaluadoras de conocimientos como tienen el resto de profesiones públicas. Y es que quien quiere ser profesor de Universidad lo primero que tiene que hacer es buscarse un padrino, esto es, un catedrático o profesor titular que lo avale para meterlo en el Departamento. En principio ello no sería objetable si el candidato tuviese un buen expediente académico –único mérito curricular, a falta de examen, evaluable en ese momento– que le permitiese optar a una beca de investigación, pero resulta que en la Universidad también se entra por la puerta de atrás, esto es, a través de un contrato de profesor asociado que, lejos de adjudicarse a profesionales de prestigio que compaginen su trabajo con la docencia, se da no ya a amigos y conocidos del catedrático o profesor de turno sino también a cónyuges, parejas, hijos, sobrinos y demás familiares. Nepotismo puro y duro generador a su vez de absoluta lealtad y sumisión. El resto, puro trámite y bajo la consabida fórmula del “hoy por ti, mañana por mí”: aprobación y renovación de la plaza de asociado por el Departamento, lectura de la tesis doctoral ante un tribunal en que sus cinco miembros son propuestos por el propio catedrático o profesor director de la tesis –todavía no he visto a nadie que suspenda una tesis doctoral, siendo normalmente la nota de sobresaliente cum laude por unanimidad–, y examen de la titularidad o cátedra, ahora previa evaluación positiva del currículum del candidato por una agencia nacional (lucha de poder entre quienes intentan colocar a los suyos), ante un tribunal que también pone el maestro, aunque luego se maquille al tener que ser aprobado por la Universidad a propuesta del Departamento.

 

Una nueva amenaza para los profesores: el acoso administrativo


José Carlos Bermejo Barrera, Alfonso García Tobío y Juan Carlos Pardo Pérez
Profesores de la Universidad de Santigago de Compostela.
 “On most campuses the institution´s various Propaganda organs perhaps receiving stylistic Inspiration from the North Korean press, touted  The president as an academic and intellectual  Giant and a Renaissance man beloved by  employees, venerated by the students and  by faculty”.
Benjamin Ginsberg: The Fall of the Faculty. The Rise of the All-Administrative University and why It matters, Oxford University Press, Oxford,2011, p.212.

La mayor parte de los profesores universitarios creemos que las funciones básicas de la Universidad son en primer lugar la docencia y en segundo lugar la investigación, y observamos día a día como se está produciendo una progresiva degradación de ambas, debida en gran parte al incremento desproporcionado de los procesos de control y gasto administrativos, que en muchos casos violan la legislación vigente y conculcan nuestros derechos como profesores, a la vez que los derechos de los estudiantes.

Todo ello responde a un nuevo proceso, que denominaremos como acoso administrativo, que se ha convertido de hecho en el instrumento básico del control de las instituciones universitarias y de la mayoría de sus miembros por parte de un reducido número de supuestos expertos en la gestión y la administración. Dichos expertos desarrollan continuamente complejas tramas normativas, que son a la vez artificialmente complejas y contradictorias entre sí mismas, pudiéndose adaptar su aplicación a todo tipo de circunstancias que pueden llegar a hacer irreconocible a la propia norma utilizada, a base de aplicarle todo tipo de excepciones y los correpondientes argumentos ad hoc que hagan posible refrendar cualquier uso de la misma.

Por ello es necesario sacar a la luz la naturaleza del acoso administrativo y dejar bien claro que es posible evitarlo, no mediante la rebelión, la violencia o el uso de la insumisión, sino reclamando la correcta aplicación de las leyes y siendo conscientes como profesores de que tenemos una serie de derechos irrenunciables, que no han sido objeto de concesión graciable de quién nos gobierne en cada momento, sino que son constunciales al ejercicio de nuestra profesión y han de servir como garantía del buen ejercicio de nuestra función docente. Unos derechos absolutamente indisociables de nuestra dignidad como docentes, como ciudadanosy como personas.

 Debemos ser conscientes, pues, de los siguientes hechos, que es necesario denunciar a la opinión pública:

1) Que en la Universidad española la función administrativa – desempeñada por funcionarios profesionales y un número cada vez mayor de profesores -, se ha convertido en un fin en sí misma y en su función esencial.

2) Que esa función de control, a la que destinan cada vez más recursos en detrimento de los necesarios para el desarrollo pleno de la docencia y la investigación, se está llevando a cabo de forma anónima, autoritaria y cumple una clara función de adoctrinamiento.

3) Que la proliferación normativa y la policefalia de las fuentes que la dictan, oculta al debate público – bajo un disfraz técnico – las ideas y los propósitos para los que dichas normas se redactan.

4) Que solo esta progresiva imposición normativa puede conseguir anular la capacidad de respuesta del profesorado, gracias a la anulación de facto de las competencias de los órganos de gobierno unipersonales y colegiados en los ámbitos correspondientes a las Facultades y los Departamentos.

5) Que la sumisión de los profesores a la avalancha normativa está permitiendo conculcar sus derechos como docentes, como funcionarios y como trabajadores.

6) Que es la redacción de estas normas y el control progresivo por procedimientos continuos de evaluación – que tienen sus consecuencias en la fijación de salarios y la promoción de la carrera docente – lo que va a permitir precarizar las condiciones laborales del profesorado, privilegiando los contratos parciales y temporales frente a las plazas docentes, pues es en esos contratos donde se puede ejercer un control continuo.

7) Que se está consolidando el acoso administrativo del profesorado.

8) Se llama acoso administrativo al proceso de control de los profesores mediante normas que conculcan a otras y a leyes de mayor jerarquía normativa, que imponen una determinada ideología y que consagran como jurídicos términos y conceptos que no poseen ningún refrendo legal.

9) El acoso administrativo utiliza los siguientes procedimientos:

a) Considera que en la redacción de las normativas la uniformización de las formas no altera a los contenidos, lo que no es cierto.

b) Considera que cualquier normativa puede dar valor legal a los conceptos que deseen sus redactores. Ello no es así porque los conceptos jurídicos, además de forma, poseen contenido y están fijados en las leyes de superior rango, no pudiendo ser creados en cada caso.

c) No tiene en cuenta que la capacidad de dictar normas no puede conculcar los competencias de los órganos de gobierno ni los derechos del profesorado recogidos en la LOU, lo que sin embargo ocurre sistemáticamente.

10) Para el desarrollo del acoso administrativo están siendo esenciales las TIC, pues al obligar a seguir los pasos de los programas informáticos y los módulos de contenidos impuestos en ellos se logra ejercer el control de los profesores por parte de quienes los programan o diseñan.

11) El acoso administrativo del profesorado se lleva a cabo dando valor normativo conceptos e ideas de unos determinados lenguajes pedagógicos y empresariales. Existen dos clases de acoso administrativo:

a) El acoso normativo en la docencia.

b) El acoso normativo en la investigación.

Ambos conculcan claramente la plena capacidad docente e investigadora del profesorado gracias a la imposición de unos protocolos aparentemente neutros.

El acoso normativo en la docencia se ha ejercido:

1) En el desarrollo de redacción de los planes de estudio, en el que se han impuesto uniformemente una serie de ideas a todas las titulaciones y materias, como la de competencias y habilidades, que carecen de refrendo legal y son meras opiniones pedagógicas.

2) En la planificación docente, en la que se imponen módulos y proporciones a priori, sin tener en cuenta la especificidad de la materia a enseñar.

3) En la imposición de los diferentes tipos de créditos en un orden rígido en el calendario docente, sin tener en cuenta los contenidos ni las formas de enseñanza que cada materia requiere.

4) En la imposición a priori de los formatos digitales, que son considerados no como medios, sino como fines en sí mismos.

5) En la imposición de guías docentes destinadas a los profesores y funcionarios que controlan la administración – y que pueden dictaminar sobre ellas- y no a los alumnos.

6) En la imposición de la figura del profesor de los otros profesores. Esos profesores de profesores poseen plena capacidad docente sobre los demás profesores de todas las áreas de conocimiento de su universidad. Una capacidad no reconocida en ninguna ley y que conculca la plena capacidad docente de los demás profesores y su dignidad académica.

7) La consolidación de esa supuesta capacidad docente de los “expertos” en innovación y administración sobre toda la universidad es ilegal y no es más que un proceso de control y sumisión del cuerpo docente a sus ideas y su autoridad institucional. No tiene sin embargo equivalencia ni contrapartida en los casos de las restantes áreas de conocimiento y profesores de todos los niveles.

Para frenar el acoso administrativo docente los profesores han de ser conscientes de lo siguiente:

1) Que su docencia en el aula no puede ser definida ni planificada por nadie más que ellos mismos, aunque de ello deberán dar cuenta a sus alumnos e informar a las autoridades docentes.

2) Que la elaboración de sus programas, programaciones y secuencias docentes le corresponde únicamente a ellos, aunque deberán darlas a conocer de antemano.

3) Que podrá utilizar los medios impresos, digitales, o de cualquier otro tipo de la forma que sea necesaria en función de su asignatura, sin seguir las pautas que se le quieran imponer.

4) Que deben ser conscientes de que la elaboración y control docente de los grados, licenciaturas y másteres está asignada por la LOU a los Centros y los Departamentos y no a las comisiones creadas administrativamente al margen de esta ley.

5) Que en el control de la docencia solo deben reconocer la autoridad de los Directores de Departamentos y Decanos, pues únicamente a ellos y a los órganos colegiados correspondientes se la asigna la ley.

6) Que no deben admitir órdenes de funcionarios no docentes jerárquicamente inferiores a ellos, aunque estén destinados en otros órganos administrativos superiores, pues las órdenes tendrán que dárselas los Vicerrectores correspondientes, si no se refieren a las capacidades docentes propias de su área de conocimiento y no interfieren con las competencias de Departamentos y Facultades.

7) Que cuando alguien o alguna norma interfiera con su docencia mediante la imposición de conceptos, métodos o patrones de control, nunca acepte una orden por e-mail

8) Cuando se tenga la sospecha de que quien da la orden se extralimita en sus funciones se deberá solicitarla por escrito con registro de salida – día y número – y recibirla con acuse de recibo.

9) esa orden debe ser recurrida ante el Rector, hasta que envie al recurrente al contencioso administrativo. Y si se diese el caso de que lo posiblemente ilegal fuese la normativa, se ha de recurrir la misma como tal al Consejo de Gobierno de cada Universidad, de modo individual o colectivo.

Todo ello no será posible si no se reivindican las funciones que la LOU otorga a Departamentos y Facultades, y que están siendo conculcadas de modo progresivo por la proliferación normativa y por la interferencia en el gobierno de las Universidad de las Agencias de evaluación, que se otorgan, a través de las leyes que las crean, competencias adscritas a otros órganos en otras leyes. Por ello sería necesario pedir a Directores y Decanos que se pronunciasen a través de sus órganos colegiados sobre el problema del acoso administrativo en la docencia.

El acoso administrativo se ejerce en la investigación mediante la creación de redes de evaluadores aparentemente neutros y autónomos, pero cuya capacidad de acción está limitada por las normativas que ellos aceptan y redactan, y que por estar nombrados de modo discrecional pueden ser susceptibles de padecer influencias de todo tipo.

La evaluación de la investigación en España es una de las más complejas del mundo desde el punto de vista administrativo, no es transparente, y además está sesgada ideológica, económica y políticamente. Los profesores son víctimas del acoso administrativo en la evaluación de su investigación y ello condiciona tanto su carrera académica como sus retribuciones. Los métodos con los que se lleva a cabo se basan en no analizar los contenidos sino aplicar sistemáticamente procedimientos formales y rígidos, además de sesgados.

Estos procesos de evaluación suelen hacerse fuera del marco de cada universidad, pero cada profesor que desee frenar el acoso administrativo en la investigación deberá básicamente, siempre que pueda, pedir que se redacten informes sobre los contenidos de la investigación con criterios científicos propios de cada campo y por especialistas, negándose a compartir y sobre todo a aplicar esos criterios cuando se le quieran imponer.

El acoso administrativo está siendo, y lo será cada vez más, el instrumento fundamental para lograr un control efectivo de los profesores universitarios españoles. Un control que se escapa cada vez más de la esfera del derecho y que permite someter a los profesores y a las universidades a los intereses económicos de algunas empresas, y a los intereses de algunos partidos políticos y sobre todo a los intereses de los grupos de administradores – profesores y funcionarios- que desean incrementar cada vez más las dimensiones de la administración y el gasto administrativo con el fin de promocionarse profesional, política, e incluso ecómicamente. El futuro dirá si conseguirán o no someter a todos los profesores.

Quien a hierro mata, a hierro muere.


LA UNIVERSIDAD DE HUELVA HA APROBADO EN SU CONSEJO DE GOBIERNO QUE EL P.D.I. TANTO LABORAL COMO FUNCIONARIO TENDRÁN COMO MÁXIMO UN ENCARGO DOCENTE DE 8 HORAS SEMANALES.

La Universidad de Huelva en Consejo de Gobierno celebrado ayer miércoles día 18 de julio da validez a la Nota Informativa del Ministerio con fecha de día 2 de julio, en la que se alude explícitamente al R.D. 898/1985 como referencia obligada para determinar la dedicación docente del profesorado de universidad, por lo que ha aprobado que la dedicación docente máxima para el personal docente e investigador, tanto funcionario como contratado, no excederá de 8 horas semanales, lo que se traduce en un curso académico de 30 semanas lectivas en un máximo de 240 horas anuales.

La Universidad de Huelva se suma por tanto a un conjunto cada vez más numeroso de Universidades que establecen el máximo encargo docente en 8 horas semanales.

El libre albedrio interpretativo de la legislación vigente, y de la credibilidad o no del Ministerio y de sus notas aclaratorias está servido, y con él la desregulación del Sistema Público Universitario, que en nuestra Universidad se traduce en más despidos, más destrucción de empleo,menos oportunidades para la investigación, menos calidad en la docencia e innovación y una mayor precarización del trabajo.

¿Por qué la Universidad de Córdoba hace una lectura restrictiva del RDL 14/2012? ¿Acaso nuestra Universidad es menos pública que la Universidad de Huelva o la Universidad Pablo de Olavide? ¿Es distinta la fuente de financiación de las Universidades Públicas Andaluzas? ¿Acaso es solo que nuestros dirigentes, elegidos por nosotros mismos, nos vuelven la espalda en un afán de quedar bien con el Gobierno Central? ¿Acaso es, simplemente, una perversión sádica familiar? ¿Acaso los despidos es la única forma que se les “ocurre” para ahorrar?

Que tengan bien seguro que este rigor, que ahora nos hacen padecer, bien puede volverse contra ellos; quien a hierro mata, a hierro muere, dice el proverbio.

UNA PREGUNTA


¿Cuáles son las bases legales para la contratación de los Profesores Sustitutos Interinos por aumento de la carga docente?

En un reglamento de contrataciones extraordinarias del 2008 de la UCO se habla de que se sigue la LOMLOU.  En este reglamento se dice que “utilizando para ello la posibilidad que ofrece la LOMLOU de contratar profesores sustitutos interinos“. No he encontrado ese profesorado en la Ley.

En el primer Convenio Colectivo del PDI laboral de Andalucía aparece como figura extraordinaria de profesorado para sustituir a profesores en dos situaciones muy concretas:

  1. Excedencia especial, y debe aparecer en el contrato el nombre del profesor que tiene reservada la plaza.
  2. Cubrir interinamente una plaza de profesor ordinario (contratado doctor, ayudante doctor, ..) hasta finalizar el proceso de selección, y debe aparecer en el contrato el nombre de la plaza ordinaria que se cubre. 

No he encontrado en este Convenio referencia a la utilización para la contratación por necesidades docentes extraordinarias.

Esta figura tampoco la he encontrado en ninguna universidad de fuera de Andalucía.

Como ésta es una página de la Junta de Personal, creo que es el mejor lugar para dirigir esta pregunta y obtener alguna respuesta que me aclare la duda que tengo.

Un saludo

Diego Llanes

Elecciones a Claustro 2010


Antonio López Pinto
Presidente de la JPDI

 

Estimado compañero:

Recabo unos momentos tu atención para informarte que el próximo jueves, día 22, hay convocada una elección a miembros del Claustro.

Si ya has participado en alguna reunión preparatoria de listado o grupo para aceptar compromisos de voto o si has recibido un correo estimulando al respeto al compromiso adquirido no es necesario que sigas leyendo pues tendrás mucha más información sobre el proceso electoral que yo mismo o que los demás que no hemos sido “tocados por el dedo del altísimo”.

Si, por el contrario, perteneces a ese grupo que ha intentado presentar su candidatura por vía telemática y se ha encontrado con la imposibilidad de hacerlo por inoperancia del sistema (a pesar de tener sus pertinentes certificados de identificación personal) o perteneces a ese otro grupo de universitarios no especialmente motivados para participar en órganos de representación, pero con inquietud y deseo de que la nave universitaria sea dirigida con eficiencia, transparencia y amplia participación, sí tiene sentido, y te ruego, que sigas leyendo.

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Plan Docentia – Actitudes Críticas .


Los compañeros de la Junta y del Comité de Empresa del PDI de la Universidad de Huelva nos envían este documento, que han dirigido al Vicerrector competente, en el que manifiestan su postura conjunta que ante la propuesta del Plan Docencia. Nos aseguran que la postura de la Universidad de Jaén es prácticamente la misma.

http://www.uco.es/jpdi/archivo/2008/081119_JPDICE_UHU_docentia.pdf

La UCO tiene pendiente aprobar e implantar el Plan Docentia. La JPDI de la UCO ha estado atenta durante los preliminares y se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto. Aunque la JPDI ha mantenido entrevistas con el Vicerrector de Calidad y con el Rector, no se ha establecido un proceso de negociación en las condiciones previstas en el EBEP.

En estas circunstancias, esta JPDI permanece en actitud expectante de los acontecimientos, atenta y preocupada por este asunto. Hará publica su postura a su debido tiempo.

¡La evaluación que nunca existió!


Luis Morera Sanz
19 noviembre 2008

El pasado domingo, 20 de abril, el diario Córdoba publicó – sección Debates de Córdoba – un artículo del Sr. Vicerrector de Planificación y Calidad de la Universidad de Córdoba, en el que puede leerse, al final del primer párrafo: “…por el contrario, la docencia nunca fue evaluada y los quinquenios se concedieron automáticamente …”. Contundentes afirmaciones, que entran en contradicción con lo que se dice en dos resoluciones de la UCO, en las que se me comunicaba: “Efectuada la evaluación favorable de méritos docentes prevista en el Real Decreto 1086/89, de 28 de Agosto, sobre retribuciones del Profesorado Universitario,…..” (7/11/1989) y “Efectuada una nueva evaluación favorable de méritos docentes prevista en el Real Decreto 1086/89.….” (11/11/1991).

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