ENCUESTAS Y CALIDAD DOCENTE


ENCUESTAS Y CALIDAD DOCENTE.

Herminio R. Padilla

Doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Córdoba

Publicado también en ABC de Córdoba, el 24 de enero de 2015

En Andalucía la Universidad de Córdoba (UCO), como publicó este periódico a principios de diciembre del año pasado, fue pionera (curso 1995/96) en pasar encuestas al alumnado para evaluar a sus docentes. Si la preocupación de quienes ahora nos representan es, como parece, que saliera a la luz un dato real sobre la peor valoración, que en modo alguno implica un suspenso para los profesores de Administración y Dirección de Empresas (ADE) por cuanto el promedio que sacan de 3,63 es sobre un techo de 5 (sobre 10 equivaldría a un 7,26), mal encaminados estamos por cuanto las encuestas a los alumnos no dejan de ser eso, unos simples cuestionarios con 21 ítems que hoy por hoy no miden –en contra de lo que algunos dicen o piensan– indicio de calidad alguno y que, además, siguen arrastrando los déficits o carencias detectados cuando se inició el nuevo modelo de enseñanza basado en créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos).

Ya en 2007, el entonces vicerrector de Planificación y Calidad decía en este periódico que el sistema de encuestas que se realizaba entre los alumnos debería ser mejorado y modificado. Hoy, siete años después, las preguntas que se les hacen a los alumnos siguen siendo las mismas, muchas de ellas inútiles y sin que se haya puesto remedio al grave problema de las encuestas, esto es, a la baja o nula participación de los alumnos al rellenarlas (en mi caso la encuesta se ha pasado la última semana de clase, cuando la inmensa mayoría de ellos están ya enclaustrados preparando los exámenes), lo que claramente provoca que sus resultados sean engañosos. Añádase a ello el que, por mucho Plan Bolonia que se aplique, en titulaciones como Derecho y ADE, con grupos de más de cien alumnos, se juega en otra liga frente a titulaciones en las que puede haber por grupo treinta o incluso menos alumnos.

Quien es profesor de Universidad no debería nunca olvidar que su trabajo se lo debe justamente a los alumnos. Recuérdese, como nos dice Julien Théry, que las universidades nacieron cuando maestros y estudiantes –magistri y scolares– decidieron organizarse en asociaciones profesionales («universitas», que designaba la totalidad o el conjunto de los miembros de un grupo) para defender sus intereses ante las autoridades de las ciudades, y que en un principio los ingresos de los profesores procedían de sus alumnos, sobre todo de los que pagaban al hacer los exámenes. Por eso unas encuestas con preguntas bien formuladas son importantes para el profesor, pues le permiten corregir aquello que no gusta a quienes reciben sus enseñanzas.

La calidad y prestigio de una Universidad con sus docentes, sin embargo, no pasa por encuestar a los alumnos sino por cambiar el nefasto sistema de acceso a esta profesión, que en más casos de los deseables hace precisamente que no lleguen los mejores, y también en no pervertir la figura del profesor asociado, buscando y conservando, cuando no mimando y pese a las dificultades económicas que en un momento determinado puedan existir, a aquellos buenos profesionales que realmente con su sapiencia y experiencia laboral pueden aportar bastante a la Universidad. Los alumnos seguro además que lo agradecerán.

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El Claustro debe “informar” la memoria anual presentada por el Rector


Al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba

Francisco Rincón León, catedrático del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos, provisto de DNI XXXXXXXX y con domicilio a efectos de notificación en la calle XXXXXXXXXXXX (Córdoba-14xxx), con el debido respeto comparece y

D I C E :

Primero.- El art. 40 de los Estatutos de la UCO (en adelante Estatutos) establece que son funciones del Claustro Universitario, entre otras:

e) Informar la memoria que anualmente será presentada por el Rector, sobre las actividades docentes e investigadoras y sobre las medidas de desarrollo económico, presupuestario y de inversiones que se adopten, así como de la actividad que desarrollen los órganos de gestión y dirección de la Universidad, pudiendo realizar respecto de dicha memoria las propuestas y recomendaciones que considere oportunas.

f) Ser informado de la programación plurianual.

Por otra parte el Reglamento del Funcionamiento del Claustro (en adelante Reglamento) establece en su art. 31.1 que

en el primer trimestre de cada curso académico el Presidente del Claustro procederá a realizar la convocatoria para, de conformidad con lo establecido en el art. 40. e) de los Estatutos, informar la memoria anual que presente el Rector sobre las actividades docentes e investigadoras y sobre las medidas de desarrollo económico, presupuestario y de inversiones que se adopten, así como de la actividad que desarrollen los órganos de gestión y dirección de la Universidad.

Cualquiera que sea tanto la redacción del Reglamento como la interpretación que del mismo sea adoptada por los órganos de gestión universitaria, parece evidente la imposibilidad de contravenir lo dispuesto en los Estatutos. La posibilidad de una interpretación tal del Reglamento que se traduzca en una acción contraria a lo establecido por los Estatutos es legalmente imposible y moralmente reprobable. Por ello es injustificable una interpretación del Reglamento que se traduzca en una medida contraria a lo establecido por los Estatutos. Esto es, sustraer al claustro su derecho a informar la memoria anual presentada por el Rector, acción que supone el ejercicio de control que le atribuyen los Estatutos al claustro, y acción que sólo es ejecutable mediante el ejercicio democrático de una votación, y que al ser impedida con argumentaciones tan inconsistentes como los recogidos en el acta de la sesión del claustro de fecha 27-11-2013, no hace sino poner de manifiesto una actitud más propia del despotismo de la Ilustración que de una sociedad moderna con fuertes convicciones democráticas, actitud con la que no se hace sino mancillar los principios universitarios más elementales y de esta forma se atenta contra la propia esencia de la Universidad.

Segundo.- Le redacción de los Estatutos en cuanto a la función del claustro con relación a la memoria anual presentada por el Rector (art. 40 e) no deja lugar a dudas bajo ningún punto de vista del papel activo que el claustro debe asumir (informar la memoria) y no meramente pasivo (ser informado de la memoria) como sí ocurre en otras funciones que los Estatutos atribuyen al claustro (art. 40 f). La segunda parte del art. 40 e de los Estatutos (…pudiendo realizar respecto de dicha memoria las propuestas y recomendaciones que considere oportunas) no hace sino complementar la función recogida en dicho apartado (informar la memoria), y en modo alguno la segunda parte puede sustituir lo estipulado en la primera parte del mismo artículo, toda vez que la función en cuestión compete a la totalidad de los miembros del claustro presente en la sesión y la posibilidad de presentar propuestas o presentar recomendaciones compete a aquellos miembros del claustro que así lo estimen oportuno.

Mediante intervención en el claustro de fecha 27-11-2013 reclamé el papel activo que la normativa reconoce al pleno del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector (informar la memoria). Los argumentos contrarios a mi reclamación expuestos por el vicerrector de desarrollo normativo fueron claramente inconsistentes desde un punto de vista legal, toda vez que aquellos estuvieron basados en conveniencias y consideraciones no escritas formuladas o discutidas en el seno de la comisión que en su día elaboró la propuesta de modificación de Estatutos sobre “la conveniencia de no someter el informe del Rector a votación…”. Por otra parte tampoco parece consistente el argumento expuesto por el propio Rector y que no es otro que la no existencia de petición de una votación en los siete años anteriores de su mandato, invocando con ello una especie de tradición que justifique el incumplimiento de lo legalmente establecido, informar la memoria.

Ninguno de los dos argumentos justifican en modo alguno el secuestro de la función democrática y de control que los Estatutos atribuyen al pleno del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector (informar la memoria), derecho que sólo es posible desarrollar y ejecutar mediante una acción que implique a la totalidad de los claustrales presente en la sesión, acción que necesariamente implica una votación como mecanismo del claustro para informar la memoria anual presentada por el Rector como función del claustro reconocida por los Estatutos. Al no haberse accedido la mesa del claustro en su sesión de 27-11-2013 a la celebración de la votación reclamada se ha secuestrado al claustro la función que le asignan los Estatutos.

La posibilidad de debatir algunos términos de la memoria anual e incluso la posibilidad de presentación de propuestas o la inclusión de algunos aspectos en la memoria por parte de algunos de los claustrales contemplada en el Reglamento, no hace sino aportar elementos de discusión y/o clarificación de algunos de los términos incluidos en la memoria anual presentada por el Rector, permitiendo de esta forma a los claustrales la toma de conciencia de los contenidos de la memoria con una mayor claridad y conocimiento de causa a la hora de ejercitar la función que los Estatutos atribuyen al pleno del claustro, esto es, informar la memoria anual presentada por el Rector. En modo alguno estas iniciativas particulares de algunos de los claustrales pueden sustituir lo que los Estatutos reconocen como un derecho del claustro en la sesión correspondiente (el pleno del claustro), esto es, informar la memoria anual presentada por el Rector. La memoria anual no es sino una rendición efectiva de cuentas, y como tal el legislador estableció que debe ser informada por el destinatario de dicha rendición de cuentas y que no es otro que el pleno de claustro, o lo que es lo mismo, la totalidad de los claustrales presentes en la sesión y no sólo aquellos claustrales que debatieron aspectos de la memoria, presentaron propuestas de inclusión en la memoria o cualquiera de las posibilidades que el Reglamento contempla. Sólo así se puede dar cumplimiento a lo que es una función del claustro, informar la memoria anual, y de esta forma calificar la rendición de cuentas que se le presenta al cuerpo electoral que democráticamente eligió al Rector para el gobierno de la Universidad a la que pertenecen todos.

Por todo ello y con los argumentos presentados en el presente escrito, todos los acuerdos de todos y cada uno de las sesiones del claustro en relación a la memoria anual presentada por el Rector han carecido de los requisitos que los Estatutos establecen, y por ello son acuerdos nulos de pleno derecho. Ello obliga a V.E.M. a adoptar las medidas que en derecho procedan, por lo que, previo informe de la asesoría jurídica en tal sentido, me deberán ser notificadas tanto el informe jurídico correspondiente por el que bien se acceda a mis pretensiones o por el contrario se desestimen, como la medidas legales que sean adoptadas por parte del Rector. Y ello como paso previo a la interposición, en su caso, del correspondiente recurso contencioso-administrativo por vía judicial.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos y a fin de cumplimentar los trámites legales preceptivos.

Córdoba, a 9 de enero de 2014

Francisco Rincón

 

EL NEFASTO SISTEMA DE ACCESO A LA PROFESIÓN DE PROFESOR DE UNIVERSIDAD


Herminio R. Padilla Alba
Profesor de Derecho Penal y Magistrado suplente
Publicado también en ABC de Córdoba, el 25 feb 2013

Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco del informe para la reforma universitaria encargado a un comité de expertos por el ministro José Ignacio Wert. Entre los aspectos que se tocan en dicho informe está el de la selección del profesorado universitario, en el que se distingue entre profesorado funcionario y profesorado contratado, en una proporción del 51 % y 49 % respectivamente. Para el profesorado funcionario se seguirá manteniendo un proceso de concurso parecido al actual (acreditación ante la ANECA y luego concurso oposición por una plaza que convoque la Universidad); para el contratado un proceso de selección entre doctores que decidirá cada Universidad.

Difícil, muy difícil, me resulta escribir para criticar la forma actual –y parece que también futura– de acceso a la profesión de profesor funcionario o contratado de Universidad, pues parece que uno tira piedras sobre su propio tejado o muerde, cual vulgar perro arrabalero, la mano caritativa de quien le da de comer. Pero lo que voy a narrar es –y seguramente si no se cambia continúe siendo– objetivamente cierto, y en un porcentaje que podría sorprender y que nadie se atreve a denunciar. Por mucho que se quiera mejorar por arriba la continuidad y estabilidad del profesorado universitario con evaluaciones constantes de su actividad –si algo veo positivo en la reforma es el empeño en que el profesorado siga formándose y trabajando sin dormirse en los laureles por la plaza conseguida–, si la base está podrida, poco o más bien nada se puede hacer. Es como construir un edificio con cimientos de barro: al final el peso terminará por derrumbarlo.

Para quien no lo sepa, el acceso a la profesión de profesor funcionario o contratado de Universidad no se hace de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y la razón es muy simple: de inicio no hay unas pruebas objetivas e imparciales evaluadoras de conocimientos como tienen el resto de profesiones públicas. Y es que quien quiere ser profesor de Universidad lo primero que tiene que hacer es buscarse un padrino, esto es, un catedrático o profesor titular que lo avale para meterlo en el Departamento. En principio ello no sería objetable si el candidato tuviese un buen expediente académico –único mérito curricular, a falta de examen, evaluable en ese momento– que le permitiese optar a una beca de investigación, pero resulta que en la Universidad también se entra por la puerta de atrás, esto es, a través de un contrato de profesor asociado que, lejos de adjudicarse a profesionales de prestigio que compaginen su trabajo con la docencia, se da no ya a amigos y conocidos del catedrático o profesor de turno sino también a cónyuges, parejas, hijos, sobrinos y demás familiares. Nepotismo puro y duro generador a su vez de absoluta lealtad y sumisión. El resto, puro trámite y bajo la consabida fórmula del “hoy por ti, mañana por mí”: aprobación y renovación de la plaza de asociado por el Departamento, lectura de la tesis doctoral ante un tribunal en que sus cinco miembros son propuestos por el propio catedrático o profesor director de la tesis –todavía no he visto a nadie que suspenda una tesis doctoral, siendo normalmente la nota de sobresaliente cum laude por unanimidad–, y examen de la titularidad o cátedra, ahora previa evaluación positiva del currículum del candidato por una agencia nacional (lucha de poder entre quienes intentan colocar a los suyos), ante un tribunal que también pone el maestro, aunque luego se maquille al tener que ser aprobado por la Universidad a propuesta del Departamento.

 

A VUELTAS CON LA FINANCIACIÓN DE EMPRESAS POR PARTE DE LA UCO


Diego Llanes Ruiz

Respuesta al artículo del Prof. Enrique Aguilar Benítez de Lugo.

Hubiera sido lo más lógico que fueran los actuales gestores de la UCO los que respondieran a mi artículo, sin embargo ha sido el Prof. Aguilar, con más de un año apartado de la gestión universitaria, quien ha hecho algunos interesantes comentarios.

Por su referencia a los economistas y el pasado, el Prof. Aguilar parece ignorar que en su momento, junto con otros universitarios, me opuse al proyecto Rabanales 21. Que el tiempo esté dando la razón a los que en su día considerábamos un error el proyecto, por enajenar unos terrenos de la UCO destinados a “equipamientos educativos”, no me hace nada feliz pues quien pierde es una Universidad Pública.

También afirma en su artículo que “es totalmente inexacto” que los 9,2 millones de euros que la UCO decía haber conseguido para el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) vayan en realidad a financiar empresas. Asegura que esos millones los aporta el Ministerio de Economía y son para laboratorios adscritos al IMIBIC.

En mi escrito manejaba los datos que ofreció a la prensa, el 20 de noviembre de 2012, el actual vicerrector de Política Científica, Prof. Castaño. En aquella comparecencia, anunció la captación de 9,2 millones por parte de la UCO, en su mayoría de Fondos FEDER, para el desarrollo de tres proyectos de investigación en el IMIBIC, mediante la modalidad de “compra pública precomercial”.

Para entender por qué digo que esos millones son para empresas, debo primero explicar lo que es “compra pública precomercial”. En 2011, la ministra Garmendia aprueba la regulación de un modelo de financiación pública de empresas con el objetivo de potenciar su innovación y hacerlas más competitivas internacionalmente,  persiguiendo además que las administraciones públicas pudieran prestar mejores servicios. Para ello, el gobierno español regula el 8 de julio de 2011 la Compra Pública Innovadora (CPI), definiendo en ella dos tipos: la Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) y la Compra Pública Precomercial (CPP). En la primera (CPTI), las administraciones financian proyectos para que las empresas ofrezcan, en un plazo razonable, el desarrollo de una tecnología nueva y un plan sobre su explotación. En la segunda (CPP) las administraciones financian proyectos para que las empresas aumenten el conocimiento y hagan exploración y diseño de soluciones de problemas elegidos por la administración, pero sin incluir actividades de desarrollo comercial.

En mi opinión, en la primera opción los resultados son fácilmente controlables por la administración pública que pone los fondos, mientras que en la segunda, este control es más complicado, pues, aunque se prevea una comisión de seguimiento, será difícil valorar el aumento del conocimiento.

Pues bien, la Universidad de Córdoba, según informaba el Prof.  Castaño, había conseguido 9,2 millones para financiar tres proyectos en la modalidad CPP. Cuando se consulta la página web de los contratos CPP (en definitiva son contratos públicos, con lo que ello implica de publicidad, concurrencia, transparencia,…), encontramos que el 26 de octubre de 2012 la UCO ofertó efectivamente una compra CPP por valor de unos 4,69 millones de euros, y no por 9,2 millones, para tres proyectos que tienen por título: Proyecto “Sistema de conservación celular”, por 684.035 euros, proyecto “Sistema de detección de compuestos volátiles para diagnóstico precoz de cáncer”, por 2,21 millones y proyecto “Robot quirúrgico”, por 1,79 millones, proyectos que coinciden con los indicados por el Prof. Castaño a la prensa.

Estos tres proyectos están en la fase final de adjudicación, y todo parece indicar que los de “Conservación” y “Robots”, se adjudicarán a una empresa del País Vasco con una financiación total de más de 2,4 millones, mientras que el proyecto “Diagnóstico” lo será a una empresa ubicada en nuestra ciudad por más de 2,2 millones.

Como se recoge en el pliego de prescripciones de la CPP, es la UCO la administración que oferta el contrato, y no el IMIBIC. Por tanto es la UCO la que debe ser la responsable de haber solicitado y obtenido esos fondos que proceden de los presupuestos generales del Estado, y es también la UCO la que debe haber decidido los problemas en que deben trabajar las empresas.

En mi artículo, por tanto, no hay datos “totalmente inexactos”. No cabe duda de que la mitad de los 9,2 millones anunciados como CPP van a dos empresas. No me corresponde a mí, ni creo que al Prof. Aguilar, sino al Prof. Castaño, explicar el destino de la otra mitad, puesto que, por lo que parece, no han sido destinados a la “compra pública precomercial”. Quizás ha sido dedicada a investigaciones de laboratorios adscritos al IMIBIC, como dice el Prof. Aguilar, aunque para ello, por lo que he explicado, se haya tenido que forzar la legalidad de lo que son los “contratos públicos precomerciales”.

En estos tiempos de crisis y recortes, la UCO debería hacer un ejercicio de transparencia y explicar dónde y cómo decide asignar los fondos públicos que consigue; es más, debería explicar cómo los consigue. En estos malos tiempos que corren, los ejercicios de transparencia ayudan a que la mayoría que soporta recortes lo haga con un espíritu diferente.

¿Fondos públicos para empresas en la UCO?


 ENRIQUE AGUILAR BENÍTEZ DE LUGO
Publicado en El Día de Córdoba,
hoy 22 de febrero de 2013

 CUANDO me jubilé anticipadamente al comenzar el curso 2012-2013, en la comida que algunos amigos y compañeros tuvieron a bien ofrecerme, indicaba que “me jubilaba, pero que no me iba” y que procuraría estar al tanto de los avances en mi disciplina y en el día a día de la vida de mi Universidad.

Durante estos meses he recordado algunas veces las laboriosísimas gestiones y la gran cantidad de trabajo necesarios para poner en marcha el Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación (cei-A3) y el Instituto de Investigaciones Biomédicas (Imibic).

En El Día del viernes 15 de febrero, aparece el artículo Fondos públicos para empresas en la UCO  del que es autor el profesor Llanes en el que se hace referencia al Proyecto de Rabanales 21 y al Imibic.

En relación al Proyecto Rabanales 21, el profesor Llanes lo considera excesivo o megalómano y critica que se vayan a dedicar fondos públicos a un proyecto que interesaba, fundamentalmente, a las empresas privadas. Casi 15 años después de tomar aquella decisión estratégica, el profesor LLanes hace una reflexión que es difícil no compartir, al menos parcialmente. Sin embargo, pasa como con los economistas, que siempre interpretan muy bien el pasado, pero no aciertan en sus pronósticos de futuro. Decía Gil de Biedma que “escribir un poema sobre la lluvia sólo se puede hacer en un día lluvioso”. Igual sucede con Rabanales 21.

Cuando la UCO lideró la creación del Parque Científico Tecnológico era un momento de extraordinaria bonanza económica (basada, básicamente, en la cultura del ladrillo) y de auge en la concepción y creación de Parques Tecnológicos como alternativa a “la economía del ladrillo”. En esos momentos, prácticamente todas las universidades tenían o aspiraban a tener uno y había abundantes fondos públicos (en las convocatorias conocidas como “parquetazos” para potenciarlos; de hecho, la urbanización y los fondos para los semilleros de empresas son de origen público, no universitario).

Coincidió aquella época con mi etapa de vicerrector de Investigación y me tocó recibir a bastantes empresarios que intentaban instalarse en el parque. Las peticiones eran examinadas por la Comisión de Investigación y muchas de ellas rechazadas por no demostrar suficientemente en qué medida potenciaban la I+D. Aún recuerdo el informe, extensísimo, que tuve que preparar en torno a la petición (finalmente denegada) de Baldomero Moreno S.A. La crisis ha hecho desistir, momentáneamente, a algunas de esas empresas. Al haber cesado como vicerrector , ignoro las causas y la conveniencia por las que la Universidad ha decidido, recientemente, aportar un millón de euros al funcionamiento del parque. Tal vez se trate de un nuevo esfuerzo de activar, que no enterrar, el proyecto. Indica el profesor Llanes que los terrenos aportados por la UCO como cuota de participación en Rabanales 21 se han devaluado. Esta devaluación, probable, pero no contrastada por ninguna tasación, seguramente es similar a la que se ha producido en el valor de todos los terrenos y que ha conducido a la quiebra de numerosas empresas y entidades. ¿Valdrían mas si perteneciesen a la Universidad? ¿Deberían haberse vendido?

De mayor gravedad, según el profesor Llanes, es la obtención de 9,2 millones de euros por el Imibic para desarrollar Proyectos de Investigación. Crítica que “esos fondos van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO”. Esto es totalmente inexacto porque: 1) los fondos no los aporta la UCO, los aporta el Ministerio de Economía y 2) los fondos no van a las empresas, van a financiar proyectos desarrollados por investigadores del Imibic en laboratorios adscritos al Instituto. Estos fondos han permitido, entre otras acciones, mantener y contratar investigadores. En la actualidad se están presentando nuevos proyectos para su financiación, algunos de carácter fundamentalmente básico. Más adelante, el subconsciente traiciona al articulista, cuando dice “¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector Agroalimentario, la seña de identidad de nuestra Universidad y no al sector de Biomedicina ?”. Y yo digo, ¿debe deducirse un criterio corporativo que transforma los 9,2 millones de malos en buenos según el área de conocimiento que los recibe?

La investigación en España atraviesa un momento delicadísimo por los recortes y por la “cuasi” nula aportación del sector empresarial a la misma. Es preciso conseguir mayor inversión en I+D por parte de las empresas y una mayor relación con las universidades, lo que incluye cambiar la visión “cortoplacista” de muchos empresarios. Solo así saldremos adelante.

FONDOS PÚBLICOS PARA EMPRESAS PRIVADAS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.


Diego Llanes Ruiz

No procede repetir aquí las razonables quejas que los rectores de las universidades públicas españolas han realizado sobre la disminución en inversiones en I+D del gobierno central y de las comunidades autónomas. El rector de la UCO ha ocupado un lugar destacado en la prensa en estas críticas, en mi opinión, muchas veces acertadas. Sin embargo, hay unas inversiones en I+D que no sufren recortes: las inversiones públicas para potenciar el I+D de empresas.

No es usual que la universidad pública dedique fondos a financiar proyectos de empresas privadas, especialmente ahora que la institución sufre importantes recortes. El que la UCO tenga previsto dedicar más de 10 millones de euros de fondos públicos a potenciar empresas privadas, creo que es noticia y una prueba de que hay inversiones públicas que escapan a los recortes cuando afectan a determinados proyectos privados.

Repasemos brevemente los datos.

Hemos conocido recientemente que la UCO ha dispuesto de casi un millón de euros de su presupuesto para invertir en Rabanales 21 SA. Esta inversión, que tendrá la forma de “préstamo participativo”, es para evitar los problemas de impago que arrastra esa empresa por acometer una urbanización megalómana. Este tipo de préstamo se convertirá en una inversión en el capital social de la empresa, dado que muy probablemente la empresa no podrá devolverlo. Debemos recordar que Rabanales 21 SA es un proyecto privado, al que la UCO se unió con la aportación de unos terrenos de su propiedad y, por tanto, públicos. La entrada en esta sociedad se presentó en su momento como un buen negocio para la UCO. La participación en el proyecto de diversos socios solventes, especialmente Cajas de Ahorro y alguna constructora, unido a un buen proyecto en I+D, apoyado por la Junta de Andalucía, debería concluir con la revalorización de los terrenos. Conclusión: un gran negocio y además en I+D+i que era lo moderno. Sin embargo, doce años después, el proyecto en I+D+i aún no ha echado a andar, los terrenos se han devaluado y la UCO se ve en la necesidad de enterrar casi un millón de euros públicos en un proyecto que ya es privado. En su momento muchos universitarios nos opusimos a un proyecto de I+D, que por desmesurado nacía muerto, y que se ha mantenido en pie en tanto ha durado la burbuja inmobiliaria. Los 2 o 3 edificios que hoy funcionan serían suficientes para cubrir la capacidad en transferencia de la UCO por muchos años. Sorprende todavía más que tenga que ser la UCO la que, con fondos públicos, acuda en salvación de una sociedad privada y que los bancos presentes en el accionariado (Caixabank, accionista mayoritario, y Kutxabank) no hagan nada y miren hacia otro lado. Más pronto que tarde sería interesante abrir un debate en nuestra universidad y en la ciudad sobre el futuro de unos terrenos que nunca debían haber dejado de ser públicos.

Aun siendo importante la inversión de un millón de euros en Rabanales 21 SA, ésta aparece como ridícula cuando se compara con los 9,2 millones de euros, que la UCO ha anunciado haber conseguido para que el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) lleve a cabo tres novedosos proyectos de investigación. Lo que no se ha dicho es que estos fondos, al venir en la forma de Compra Pública Innovadora, modelo de financiación pública para aumentar la competitividad de empresas, van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO.

En resumen, en un año en que los recortes acosan a las universidades públicas, la UCO consigue 10,2 millones de fondos públicos y los dedica a financiar proyectos de empresas privadas. Al margen de lo sorprendente de la noticia me surge la siguiente pregunta: ¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector agroalimentario, la seña de identidad de nuestra universidad, y no al sector de la biomedicina donde las Universidades de Granada y Sevilla ya nos llevan una importante delantera?

Lo descrito tiene su explicación última en el hecho de que junto a las actividades docentes e investigadoras, la universidad ha sido obligada a jugar el papel de motor económico de un modelo de crecimiento que hace agua por todos lados. Los gestores universitarios, como funcionarios diligentes, cumplen lo que desde las más altas instancias políticas se les indica, que no es otra cosa que favorecer los intereses del sector financiero. En cualquier caso, sería interesante conocer las explicaciones que nuestros gestores dan a estos hechos, confirmándolos, desmintiéndolos o matizándolos. Además de transparencia, se añadiría claridad a los planes de futuro que tienen para nuestra universidad, si es que los tienen.

Réquiem por el Instituto de Criminología


RÉQUIEM POR EL INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA
Por HERMINIO R. PADILLA ALBA

Publicado en ABC (30/07/12)
Republicado en este Blog a petición del Autor

En el último Consejo de Gobierno celebrado por la Universidad de Córdoba (UCO) con fecha de 20 de julio se decidió suprimir la Sección de Córdoba del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (en adelante IAIC). La explicación que ha dado la UCO es que «desde hace varios años no desarrollaba actividad alguna». No voy a entrar a polemizar con la UCO, pero desde que fui nombrado por el Rector secretario de esta Sección, allá por el año 2006, he organizado y dirigido cada curso académico uno o dos cursos en los que la Unidad proponente ha sido siempre la Sección de Córdoba del IAIC. Además, la Sección también ha colaborado en la financiación de la publicación de libros sobre distintas materias de corte criminológico y de Derecho positivo. Tras estos días, y pasada la lógica indignación, escribo y doy a conocer públicamente esto no como ejercicio del derecho al pataleo sino con mucha tristeza y pesar pues creo que la Sección de Córdoba del IAIC no se merecía un final como el que ha tenido.

La UCO, o más bien las personas que hoy están en sus órganos de gestión, han tenido poca sensibilidad. De todas formas soy consciente del hecho de que la Sección, por mucho cariño que le haya puesto en estos años para mantenerla viva (no es culpa nuestra que la Universidad no haya puesto en marcha el título oficial de Criminología), no deja de ser una institución. Peor lo están pasando muchos profesores asociados que no verán renovados sus contratos para el próximo curso académico tras el ERE encubierto de la UCO. Se interpreta restrictiva e interesadamente un Real Decreto para modificar el Plan Docente del Departamento ya aprobado en el mes de mayo aumentando las horas de clase de unos profesores (entre los que se incluyen también, al parecer sin cumplir la formalidad legal de la autorización de la Secretaría General de Universidades de la Junta, al personal laboral) para dejar sin materia que enseñar a los asociados y así poder ponerlos directamente en la calle en el mes de septiembre.

La pasada semana se nos pidió por la Junta de Personal Docente e Investigador de la UCO que intentemos colaborar con el equipo rectoral aportándoles ideas que puedan conducir a la optimización en el uso de los escasos recursos económicos disponibles. Frente a ideas elogiables pero difíciles de llevar a la práctica de las que he tenido conocimiento, yo les he propuesto una muy sencilla y factible: que quien desempeñe un cargo de gestión no cobre –o al menos disminuya su cuantía– el complemento económico que recibe por tal desempeño. Desde un Secretario de Departamento, un Director, un Vicedecano, un Decano… hasta llegar a los puestos más altos: Vicerrectores y Rector. Con tal medida se podrían salvar muchos puestos de profesores asociados pues su sueldo está muy cercano al complemento económico más bajo, el de un Secretario de Departamento o de Instituto. Y si de labor o desempeño de función se trata, no hay color: gana el profesor asociado por goleada.

Como para Jesucristo (Mt 23:3) lo importante eran los hechos y no las palabras, desde 2008 no he cobrado ni un céntimo de euro por el desempeño de la labor de Secretario del citado IAIC. Ante la falta de voluntad que la UCO ha mostrado en mantener, incluso a coste cero, la Sección de Córdoba del IAIC, descanse en paz. Igualmente R.I.P. para los profesores asociados de la UCO, aunque a éstos todavía les queda una esperanza ya que en el Rectorado se está (sic) estudiando la viabilidad de proceder, en vez de a la no renovación de sus contratos, a su suspensión.

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