FONDOS PÚBLICOS PARA EMPRESAS PRIVADAS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.


Diego Llanes Ruiz

No procede repetir aquí las razonables quejas que los rectores de las universidades públicas españolas han realizado sobre la disminución en inversiones en I+D del gobierno central y de las comunidades autónomas. El rector de la UCO ha ocupado un lugar destacado en la prensa en estas críticas, en mi opinión, muchas veces acertadas. Sin embargo, hay unas inversiones en I+D que no sufren recortes: las inversiones públicas para potenciar el I+D de empresas.

No es usual que la universidad pública dedique fondos a financiar proyectos de empresas privadas, especialmente ahora que la institución sufre importantes recortes. El que la UCO tenga previsto dedicar más de 10 millones de euros de fondos públicos a potenciar empresas privadas, creo que es noticia y una prueba de que hay inversiones públicas que escapan a los recortes cuando afectan a determinados proyectos privados.

Repasemos brevemente los datos.

Hemos conocido recientemente que la UCO ha dispuesto de casi un millón de euros de su presupuesto para invertir en Rabanales 21 SA. Esta inversión, que tendrá la forma de “préstamo participativo”, es para evitar los problemas de impago que arrastra esa empresa por acometer una urbanización megalómana. Este tipo de préstamo se convertirá en una inversión en el capital social de la empresa, dado que muy probablemente la empresa no podrá devolverlo. Debemos recordar que Rabanales 21 SA es un proyecto privado, al que la UCO se unió con la aportación de unos terrenos de su propiedad y, por tanto, públicos. La entrada en esta sociedad se presentó en su momento como un buen negocio para la UCO. La participación en el proyecto de diversos socios solventes, especialmente Cajas de Ahorro y alguna constructora, unido a un buen proyecto en I+D, apoyado por la Junta de Andalucía, debería concluir con la revalorización de los terrenos. Conclusión: un gran negocio y además en I+D+i que era lo moderno. Sin embargo, doce años después, el proyecto en I+D+i aún no ha echado a andar, los terrenos se han devaluado y la UCO se ve en la necesidad de enterrar casi un millón de euros públicos en un proyecto que ya es privado. En su momento muchos universitarios nos opusimos a un proyecto de I+D, que por desmesurado nacía muerto, y que se ha mantenido en pie en tanto ha durado la burbuja inmobiliaria. Los 2 o 3 edificios que hoy funcionan serían suficientes para cubrir la capacidad en transferencia de la UCO por muchos años. Sorprende todavía más que tenga que ser la UCO la que, con fondos públicos, acuda en salvación de una sociedad privada y que los bancos presentes en el accionariado (Caixabank, accionista mayoritario, y Kutxabank) no hagan nada y miren hacia otro lado. Más pronto que tarde sería interesante abrir un debate en nuestra universidad y en la ciudad sobre el futuro de unos terrenos que nunca debían haber dejado de ser públicos.

Aun siendo importante la inversión de un millón de euros en Rabanales 21 SA, ésta aparece como ridícula cuando se compara con los 9,2 millones de euros, que la UCO ha anunciado haber conseguido para que el Instituto Maimónides de Investigación en Biomedicina (IMIBIC) lleve a cabo tres novedosos proyectos de investigación. Lo que no se ha dicho es que estos fondos, al venir en la forma de Compra Pública Innovadora, modelo de financiación pública para aumentar la competitividad de empresas, van directamente a financiar empresas y no a la institución pública que pone los fondos, en este caso la UCO.

En resumen, en un año en que los recortes acosan a las universidades públicas, la UCO consigue 10,2 millones de fondos públicos y los dedica a financiar proyectos de empresas privadas. Al margen de lo sorprendente de la noticia me surge la siguiente pregunta: ¿no hubiera sido más adecuado dedicar los 9,2 millones para financiar al sector agroalimentario, la seña de identidad de nuestra universidad, y no al sector de la biomedicina donde las Universidades de Granada y Sevilla ya nos llevan una importante delantera?

Lo descrito tiene su explicación última en el hecho de que junto a las actividades docentes e investigadoras, la universidad ha sido obligada a jugar el papel de motor económico de un modelo de crecimiento que hace agua por todos lados. Los gestores universitarios, como funcionarios diligentes, cumplen lo que desde las más altas instancias políticas se les indica, que no es otra cosa que favorecer los intereses del sector financiero. En cualquier caso, sería interesante conocer las explicaciones que nuestros gestores dan a estos hechos, confirmándolos, desmintiéndolos o matizándolos. Además de transparencia, se añadiría claridad a los planes de futuro que tienen para nuestra universidad, si es que los tienen.

ASALTO A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA


Publicado en el Día de Córdoba el 14 12 2012

Diego Llanes Ruiz

En pocos meses, las universidades públicas contarán con una cuarta ley para regular sus actividades. Si excluimos la LRU (1983) del PSOE, que significó un cambio necesario para los nuevos tiempos democráticos, el resto de las leyes LOU, (2001) del PP y LOMLOU, (2007) del PSOE, nunca me parecieron realmente necesarias,  y creo que solo tenían un fin; abrir las universidades al llamado capitalismo académico. Para ello, introduce, la LOU, y desarrolla, la LOMLOU, un nuevo objetivo universitario: el conocimiento al servicio del desarrollo económico.

Nuestro capitalismo académico es una mala copia del original. Al tener nuestro país, y no digamos Andalucía, una débil economía productiva, no contábamos con los sectores empresariales  que impusieron este modelo a las mejores universidades anglosajonas. Nosotros hemos tenido que intentar crear a los propios empresarios que se beneficien de esos cambios y para ello animar a cada universitario y universitaria a convertirse en emprendedor. Además fue necesario el inicio de una campaña de potenciación del mercado y lo privado, en abierta contradicción con el modelo funcionarial de nuestras universidades.

La nueva ley querrá, sin más dilación, imponer el capitalismo académico con el paso directo a la gestión privada de la universidad pública. Los procesos electorales, que aupaban al poder a los rectores, tienen por tanto los días contados. El poder pasará a manos de un organismo similar al actual Consejo Social, que será el encargado de gestionar a las universidades públicas y nombrar a los rectores.

Los nuevos miembros de los Consejos Sociales serán elegidos por el poder político, lo que vendrá a significar que las universidades públicas estarán controladas por el capital financiero, que en última instancia controla a las cúpulas de los partidos mayoritarios. Esto se llevará a cabo si la sociedad civil: organizaciones sociales, empresarios, pequeños partidos y sindicatos,… no se dota de la suficiente fuerza, como para imponer un modelo de gestión universitaria más acorde con las necesidades del conjunto de la sociedad.

La universidad que salió de la transición realizó eficazmente su función de poner la educación superior a disposición de un gran número de españoles. En los últimos años, el crecimiento económico especulativo, ligado a la burbuja inmobiliaria, también ha tenido sus efectos negativos en la gestión universitaria. La bonanza económica y la supuesta necesidad de hacer de la universidad motor del desarrollo económico alentaron y potenciaron al profesor-gestor, frente al docente y al investigador. El aumento exponencial de los cargos, que en ningún momento fue acompañado de los adecuados mecanismos de control, ha dado lugar al clientelismo y la auto-satisfacción.

Clientelismo debido a que los rectores debían ser elegidos cada cuatro años por el resto de miembros de la comunidad universitaria y auto-satisfacción ya que los fondos de que disponían estos gestores aumentaban cada año, lo que les permitía repartir prebendas, crear las más diversas estructuras y difundir su mayor éxito, el noveno lugar en el ranking mundial por publicaciones.

El clientelismo y la auto-satisfacción trajeron consigo además la desregulación y el descontrol en el funcionamiento de las universidades. Baste un ejemplo: los programas de jubilación anticipada incentivadas. Profesores-gestores de 33 universidades públicas desde 2002 han aprobado y puesto en marcha unos programas que carecen de soporte legal. El Tribunal de Cuentas ha abierto por ello diligencias para investigar el posible delito contable cometido por estos profesores-gestores.

La necesidad de más fondos públicos para las universidades tenía una justificación perfecta: éramos los motores de la economía. La realidad, sin embargo, discurría por otros caminos. Los fondos que nos financiaban no salían del aumento de nuestra economía productiva, provenían de los ingresos que el Estado conseguía con la burbuja inmobiliaria, verdadero motor de nuestro desarrollo. Por tanto, como ahora todos constatamos con un 25% de parados, el 33% en Andalucía, los motores de nuestro desarrollo no se alimentaban con los éxitos, ni con las publicaciones científicas, que se producían en las universidades, aunque nuestros rectores insistieran e insistan aún hoy en hacer creer a todos que somos nosotros, con el aumento de los conocimientos, los que llevábamos el peso del desarrollo económico.

Una vez desaparecido el verdadero motor de nuestro crecimiento, la burbuja inmobiliaria, se hace necesaria una reestructuración del modelo universitario. Lo que está en juego es si esos cambios se acometen para beneficiar al conjunto de la sociedad o a unos pocos. Se avecinan tiempos de incertidumbres y sacrificios, y de toda la sociedad depende que estos cambios puedan ser tutelados por una sociedad civil, que deberá fortalecerse, o por gestores que eliminarán las escasas posibilidades que tenemos de una universidad pública crítica con el modelo económico imperante

Una nueva amenaza para los profesores: el acoso administrativo


José Carlos Bermejo Barrera, Alfonso García Tobío y Juan Carlos Pardo Pérez
Profesores de la Universidad de Santigago de Compostela.
 “On most campuses the institution´s various Propaganda organs perhaps receiving stylistic Inspiration from the North Korean press, touted  The president as an academic and intellectual  Giant and a Renaissance man beloved by  employees, venerated by the students and  by faculty”.
Benjamin Ginsberg: The Fall of the Faculty. The Rise of the All-Administrative University and why It matters, Oxford University Press, Oxford,2011, p.212.

La mayor parte de los profesores universitarios creemos que las funciones básicas de la Universidad son en primer lugar la docencia y en segundo lugar la investigación, y observamos día a día como se está produciendo una progresiva degradación de ambas, debida en gran parte al incremento desproporcionado de los procesos de control y gasto administrativos, que en muchos casos violan la legislación vigente y conculcan nuestros derechos como profesores, a la vez que los derechos de los estudiantes.

Todo ello responde a un nuevo proceso, que denominaremos como acoso administrativo, que se ha convertido de hecho en el instrumento básico del control de las instituciones universitarias y de la mayoría de sus miembros por parte de un reducido número de supuestos expertos en la gestión y la administración. Dichos expertos desarrollan continuamente complejas tramas normativas, que son a la vez artificialmente complejas y contradictorias entre sí mismas, pudiéndose adaptar su aplicación a todo tipo de circunstancias que pueden llegar a hacer irreconocible a la propia norma utilizada, a base de aplicarle todo tipo de excepciones y los correpondientes argumentos ad hoc que hagan posible refrendar cualquier uso de la misma.

Por ello es necesario sacar a la luz la naturaleza del acoso administrativo y dejar bien claro que es posible evitarlo, no mediante la rebelión, la violencia o el uso de la insumisión, sino reclamando la correcta aplicación de las leyes y siendo conscientes como profesores de que tenemos una serie de derechos irrenunciables, que no han sido objeto de concesión graciable de quién nos gobierne en cada momento, sino que son constunciales al ejercicio de nuestra profesión y han de servir como garantía del buen ejercicio de nuestra función docente. Unos derechos absolutamente indisociables de nuestra dignidad como docentes, como ciudadanosy como personas.

 Debemos ser conscientes, pues, de los siguientes hechos, que es necesario denunciar a la opinión pública:

1) Que en la Universidad española la función administrativa – desempeñada por funcionarios profesionales y un número cada vez mayor de profesores -, se ha convertido en un fin en sí misma y en su función esencial.

2) Que esa función de control, a la que destinan cada vez más recursos en detrimento de los necesarios para el desarrollo pleno de la docencia y la investigación, se está llevando a cabo de forma anónima, autoritaria y cumple una clara función de adoctrinamiento.

3) Que la proliferación normativa y la policefalia de las fuentes que la dictan, oculta al debate público – bajo un disfraz técnico – las ideas y los propósitos para los que dichas normas se redactan.

4) Que solo esta progresiva imposición normativa puede conseguir anular la capacidad de respuesta del profesorado, gracias a la anulación de facto de las competencias de los órganos de gobierno unipersonales y colegiados en los ámbitos correspondientes a las Facultades y los Departamentos.

5) Que la sumisión de los profesores a la avalancha normativa está permitiendo conculcar sus derechos como docentes, como funcionarios y como trabajadores.

6) Que es la redacción de estas normas y el control progresivo por procedimientos continuos de evaluación – que tienen sus consecuencias en la fijación de salarios y la promoción de la carrera docente – lo que va a permitir precarizar las condiciones laborales del profesorado, privilegiando los contratos parciales y temporales frente a las plazas docentes, pues es en esos contratos donde se puede ejercer un control continuo.

7) Que se está consolidando el acoso administrativo del profesorado.

8) Se llama acoso administrativo al proceso de control de los profesores mediante normas que conculcan a otras y a leyes de mayor jerarquía normativa, que imponen una determinada ideología y que consagran como jurídicos términos y conceptos que no poseen ningún refrendo legal.

9) El acoso administrativo utiliza los siguientes procedimientos:

a) Considera que en la redacción de las normativas la uniformización de las formas no altera a los contenidos, lo que no es cierto.

b) Considera que cualquier normativa puede dar valor legal a los conceptos que deseen sus redactores. Ello no es así porque los conceptos jurídicos, además de forma, poseen contenido y están fijados en las leyes de superior rango, no pudiendo ser creados en cada caso.

c) No tiene en cuenta que la capacidad de dictar normas no puede conculcar los competencias de los órganos de gobierno ni los derechos del profesorado recogidos en la LOU, lo que sin embargo ocurre sistemáticamente.

10) Para el desarrollo del acoso administrativo están siendo esenciales las TIC, pues al obligar a seguir los pasos de los programas informáticos y los módulos de contenidos impuestos en ellos se logra ejercer el control de los profesores por parte de quienes los programan o diseñan.

11) El acoso administrativo del profesorado se lleva a cabo dando valor normativo conceptos e ideas de unos determinados lenguajes pedagógicos y empresariales. Existen dos clases de acoso administrativo:

a) El acoso normativo en la docencia.

b) El acoso normativo en la investigación.

Ambos conculcan claramente la plena capacidad docente e investigadora del profesorado gracias a la imposición de unos protocolos aparentemente neutros.

El acoso normativo en la docencia se ha ejercido:

1) En el desarrollo de redacción de los planes de estudio, en el que se han impuesto uniformemente una serie de ideas a todas las titulaciones y materias, como la de competencias y habilidades, que carecen de refrendo legal y son meras opiniones pedagógicas.

2) En la planificación docente, en la que se imponen módulos y proporciones a priori, sin tener en cuenta la especificidad de la materia a enseñar.

3) En la imposición de los diferentes tipos de créditos en un orden rígido en el calendario docente, sin tener en cuenta los contenidos ni las formas de enseñanza que cada materia requiere.

4) En la imposición a priori de los formatos digitales, que son considerados no como medios, sino como fines en sí mismos.

5) En la imposición de guías docentes destinadas a los profesores y funcionarios que controlan la administración – y que pueden dictaminar sobre ellas- y no a los alumnos.

6) En la imposición de la figura del profesor de los otros profesores. Esos profesores de profesores poseen plena capacidad docente sobre los demás profesores de todas las áreas de conocimiento de su universidad. Una capacidad no reconocida en ninguna ley y que conculca la plena capacidad docente de los demás profesores y su dignidad académica.

7) La consolidación de esa supuesta capacidad docente de los “expertos” en innovación y administración sobre toda la universidad es ilegal y no es más que un proceso de control y sumisión del cuerpo docente a sus ideas y su autoridad institucional. No tiene sin embargo equivalencia ni contrapartida en los casos de las restantes áreas de conocimiento y profesores de todos los niveles.

Para frenar el acoso administrativo docente los profesores han de ser conscientes de lo siguiente:

1) Que su docencia en el aula no puede ser definida ni planificada por nadie más que ellos mismos, aunque de ello deberán dar cuenta a sus alumnos e informar a las autoridades docentes.

2) Que la elaboración de sus programas, programaciones y secuencias docentes le corresponde únicamente a ellos, aunque deberán darlas a conocer de antemano.

3) Que podrá utilizar los medios impresos, digitales, o de cualquier otro tipo de la forma que sea necesaria en función de su asignatura, sin seguir las pautas que se le quieran imponer.

4) Que deben ser conscientes de que la elaboración y control docente de los grados, licenciaturas y másteres está asignada por la LOU a los Centros y los Departamentos y no a las comisiones creadas administrativamente al margen de esta ley.

5) Que en el control de la docencia solo deben reconocer la autoridad de los Directores de Departamentos y Decanos, pues únicamente a ellos y a los órganos colegiados correspondientes se la asigna la ley.

6) Que no deben admitir órdenes de funcionarios no docentes jerárquicamente inferiores a ellos, aunque estén destinados en otros órganos administrativos superiores, pues las órdenes tendrán que dárselas los Vicerrectores correspondientes, si no se refieren a las capacidades docentes propias de su área de conocimiento y no interfieren con las competencias de Departamentos y Facultades.

7) Que cuando alguien o alguna norma interfiera con su docencia mediante la imposición de conceptos, métodos o patrones de control, nunca acepte una orden por e-mail

8) Cuando se tenga la sospecha de que quien da la orden se extralimita en sus funciones se deberá solicitarla por escrito con registro de salida – día y número – y recibirla con acuse de recibo.

9) esa orden debe ser recurrida ante el Rector, hasta que envie al recurrente al contencioso administrativo. Y si se diese el caso de que lo posiblemente ilegal fuese la normativa, se ha de recurrir la misma como tal al Consejo de Gobierno de cada Universidad, de modo individual o colectivo.

Todo ello no será posible si no se reivindican las funciones que la LOU otorga a Departamentos y Facultades, y que están siendo conculcadas de modo progresivo por la proliferación normativa y por la interferencia en el gobierno de las Universidad de las Agencias de evaluación, que se otorgan, a través de las leyes que las crean, competencias adscritas a otros órganos en otras leyes. Por ello sería necesario pedir a Directores y Decanos que se pronunciasen a través de sus órganos colegiados sobre el problema del acoso administrativo en la docencia.

El acoso administrativo se ejerce en la investigación mediante la creación de redes de evaluadores aparentemente neutros y autónomos, pero cuya capacidad de acción está limitada por las normativas que ellos aceptan y redactan, y que por estar nombrados de modo discrecional pueden ser susceptibles de padecer influencias de todo tipo.

La evaluación de la investigación en España es una de las más complejas del mundo desde el punto de vista administrativo, no es transparente, y además está sesgada ideológica, económica y políticamente. Los profesores son víctimas del acoso administrativo en la evaluación de su investigación y ello condiciona tanto su carrera académica como sus retribuciones. Los métodos con los que se lleva a cabo se basan en no analizar los contenidos sino aplicar sistemáticamente procedimientos formales y rígidos, además de sesgados.

Estos procesos de evaluación suelen hacerse fuera del marco de cada universidad, pero cada profesor que desee frenar el acoso administrativo en la investigación deberá básicamente, siempre que pueda, pedir que se redacten informes sobre los contenidos de la investigación con criterios científicos propios de cada campo y por especialistas, negándose a compartir y sobre todo a aplicar esos criterios cuando se le quieran imponer.

El acoso administrativo está siendo, y lo será cada vez más, el instrumento fundamental para lograr un control efectivo de los profesores universitarios españoles. Un control que se escapa cada vez más de la esfera del derecho y que permite someter a los profesores y a las universidades a los intereses económicos de algunas empresas, y a los intereses de algunos partidos políticos y sobre todo a los intereses de los grupos de administradores – profesores y funcionarios- que desean incrementar cada vez más las dimensiones de la administración y el gasto administrativo con el fin de promocionarse profesional, política, e incluso ecómicamente. El futuro dirá si conseguirán o no someter a todos los profesores.

Réquiem por el Instituto de Criminología


RÉQUIEM POR EL INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA
Por HERMINIO R. PADILLA ALBA

Publicado en ABC (30/07/12)
Republicado en este Blog a petición del Autor

En el último Consejo de Gobierno celebrado por la Universidad de Córdoba (UCO) con fecha de 20 de julio se decidió suprimir la Sección de Córdoba del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (en adelante IAIC). La explicación que ha dado la UCO es que «desde hace varios años no desarrollaba actividad alguna». No voy a entrar a polemizar con la UCO, pero desde que fui nombrado por el Rector secretario de esta Sección, allá por el año 2006, he organizado y dirigido cada curso académico uno o dos cursos en los que la Unidad proponente ha sido siempre la Sección de Córdoba del IAIC. Además, la Sección también ha colaborado en la financiación de la publicación de libros sobre distintas materias de corte criminológico y de Derecho positivo. Tras estos días, y pasada la lógica indignación, escribo y doy a conocer públicamente esto no como ejercicio del derecho al pataleo sino con mucha tristeza y pesar pues creo que la Sección de Córdoba del IAIC no se merecía un final como el que ha tenido.

La UCO, o más bien las personas que hoy están en sus órganos de gestión, han tenido poca sensibilidad. De todas formas soy consciente del hecho de que la Sección, por mucho cariño que le haya puesto en estos años para mantenerla viva (no es culpa nuestra que la Universidad no haya puesto en marcha el título oficial de Criminología), no deja de ser una institución. Peor lo están pasando muchos profesores asociados que no verán renovados sus contratos para el próximo curso académico tras el ERE encubierto de la UCO. Se interpreta restrictiva e interesadamente un Real Decreto para modificar el Plan Docente del Departamento ya aprobado en el mes de mayo aumentando las horas de clase de unos profesores (entre los que se incluyen también, al parecer sin cumplir la formalidad legal de la autorización de la Secretaría General de Universidades de la Junta, al personal laboral) para dejar sin materia que enseñar a los asociados y así poder ponerlos directamente en la calle en el mes de septiembre.

La pasada semana se nos pidió por la Junta de Personal Docente e Investigador de la UCO que intentemos colaborar con el equipo rectoral aportándoles ideas que puedan conducir a la optimización en el uso de los escasos recursos económicos disponibles. Frente a ideas elogiables pero difíciles de llevar a la práctica de las que he tenido conocimiento, yo les he propuesto una muy sencilla y factible: que quien desempeñe un cargo de gestión no cobre –o al menos disminuya su cuantía– el complemento económico que recibe por tal desempeño. Desde un Secretario de Departamento, un Director, un Vicedecano, un Decano… hasta llegar a los puestos más altos: Vicerrectores y Rector. Con tal medida se podrían salvar muchos puestos de profesores asociados pues su sueldo está muy cercano al complemento económico más bajo, el de un Secretario de Departamento o de Instituto. Y si de labor o desempeño de función se trata, no hay color: gana el profesor asociado por goleada.

Como para Jesucristo (Mt 23:3) lo importante eran los hechos y no las palabras, desde 2008 no he cobrado ni un céntimo de euro por el desempeño de la labor de Secretario del citado IAIC. Ante la falta de voluntad que la UCO ha mostrado en mantener, incluso a coste cero, la Sección de Córdoba del IAIC, descanse en paz. Igualmente R.I.P. para los profesores asociados de la UCO, aunque a éstos todavía les queda una esperanza ya que en el Rectorado se está (sic) estudiando la viabilidad de proceder, en vez de a la no renovación de sus contratos, a su suspensión.

Quien a hierro mata, a hierro muere.


LA UNIVERSIDAD DE HUELVA HA APROBADO EN SU CONSEJO DE GOBIERNO QUE EL P.D.I. TANTO LABORAL COMO FUNCIONARIO TENDRÁN COMO MÁXIMO UN ENCARGO DOCENTE DE 8 HORAS SEMANALES.

La Universidad de Huelva en Consejo de Gobierno celebrado ayer miércoles día 18 de julio da validez a la Nota Informativa del Ministerio con fecha de día 2 de julio, en la que se alude explícitamente al R.D. 898/1985 como referencia obligada para determinar la dedicación docente del profesorado de universidad, por lo que ha aprobado que la dedicación docente máxima para el personal docente e investigador, tanto funcionario como contratado, no excederá de 8 horas semanales, lo que se traduce en un curso académico de 30 semanas lectivas en un máximo de 240 horas anuales.

La Universidad de Huelva se suma por tanto a un conjunto cada vez más numeroso de Universidades que establecen el máximo encargo docente en 8 horas semanales.

El libre albedrio interpretativo de la legislación vigente, y de la credibilidad o no del Ministerio y de sus notas aclaratorias está servido, y con él la desregulación del Sistema Público Universitario, que en nuestra Universidad se traduce en más despidos, más destrucción de empleo,menos oportunidades para la investigación, menos calidad en la docencia e innovación y una mayor precarización del trabajo.

¿Por qué la Universidad de Córdoba hace una lectura restrictiva del RDL 14/2012? ¿Acaso nuestra Universidad es menos pública que la Universidad de Huelva o la Universidad Pablo de Olavide? ¿Es distinta la fuente de financiación de las Universidades Públicas Andaluzas? ¿Acaso es solo que nuestros dirigentes, elegidos por nosotros mismos, nos vuelven la espalda en un afán de quedar bien con el Gobierno Central? ¿Acaso es, simplemente, una perversión sádica familiar? ¿Acaso los despidos es la única forma que se les “ocurre” para ahorrar?

Que tengan bien seguro que este rigor, que ahora nos hacen padecer, bien puede volverse contra ellos; quien a hierro mata, a hierro muere, dice el proverbio.

Recortes y austeridad impuestos por los Políticos de lo Público contra los trabajadores de la Función Pública.


He recibido, por email, la siguiente y desgarradora carta, con el ruego de hacerla correr. La asumo como propia, porque no se puede escribir algo más cercano y acertado. Ruego a todos los que la lean le den la máxima difusión, tanto dentro como fuera de la Universidad. Gracias.
El Administrador

Recortes y austeridad impuestos por los Políticos de lo Público contra los trabajadores de la Función Pública.

Los empleados públicos siempre hemos trabajado con respeto y responsabilidad por entender que el destino de nuestro esfuerzo laboral y nuestra dedicación contribuía a mejorar la sociedad a la que servimos y de la que formamos parte. El lema “el servicio público” ha sido siempre nuestra guía moral y ética.

Sin embargo, en momentos difíciles como éste, en el que todo se desmorona, nuestro desconcierto es inmenso. Desconocemos porqué se nos juzga y condena tan duramente sin apenas garantías legales que nos amparen. Son nuestros propios compañeros –los que junto a nosotros han realizado el camino de lo público, desde otra atalaya- los ejecutores, los verdaderos verdugos. Veamos un ejemplo. No les tiembla la mano en firmar resoluciones que nos afectan: recortes de derechos adquiridos, reducción de sueldos, aumento de jornada, reducción de vacaciones, desaparición de ayudas sociales, etc. etc. Porque a ellos, a nuestros dirigentes, no les va afectar. Y si así fuere, en apariencia, ya resolverán –que medios tienen- para resarcirse por otras vías.

Nadie plantearía una queja porque como individuos particulares, como personas somos, en general, solidarios. Pero nos encontramos en un escenario diabólico, por calificarlo suavemente. Los dirigentes de lo público son a su vez juez y parte en muchas de las Administraciones, aunque yo voy a referirme a las Universidades.

En la Universidad, no tienen escrúpulos en aplicar recortes de cualquier tipo porque a ellos no les van a afectar, más bien al contrario. Ya ni justifican la creación de plazas para sus familiares y allegados, además de otras actuaciones de difícil exposición (…) No tienen siquiera problemas para hacerlo de forma legal –cuentan con sicarios sindicales altamente cualificados-, que más tarde cobrarán su parte alícuota del pastel. La vulneración de toda norma ética es el principio que nos rige hoy en día. La utilización del desvío de poder es herramienta de uso cotidiano. Este procedimiento, altamente reprobable, se ha multiplicado hasta el infinito de manera que sus redes lo hacen inextricable e indestructible.

Las partidas presupuestarias ocultas bien manejadas dan para mucho. Este es el alimento de las peores fieras, cada día más voraces, que por desgracia nos vemos obligados a soportar. Es el reino de los mediocres y mezquinos el que triunfa impunemente. Las gratificaciones por el trabajo de desviar fondos que irán a parar a sus bolsillos se realizan a plena luz, y para destapar tamaña poza séptica hacen falta muchas agallas (…) y ¡¡¡el miedo es libre!!!

El poder absoluto ejercido con el filtro de la falsa democracia cuenta con ello. El poder se hereda, no se destruye. Los nuevos delfines llegan con más hambre y con menos principios éticos para descuartizar a sus piezas, sin remordimientos, sin que la culpa ni siquiera les roce. Alegan que el ejercicio de responsabilidad de los cargos es duro, difícil de asumir por cualquiera. Alegan que nadie en su sano juicio querría esa elevada responsabilidad. Para ese ejercicio están ellos dispuestos al sacrificio por la colectividad, porque su sentido del deber así se lo impone. Continuarán soportando esa difícil carga, ocupando los puestos casi de manera feudal, por designio divino. En definitiva porque alguien tiene que trabajar para lo público con responsabilidad y acierto.

Sin embargo, todavía la luz del poder no nos ha cegado; aún nos permite desvelar las malas prácticas y denunciarlas. El coste es tan elevado (…) que las víctimas de este cínico terrorismo son ya demasiadas.

Es nuestra obligación: DESVELAR, DENUNCIAR y DERROTAR.

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¿Son legales las “desgravaciones docentes” de los cargos académicos?


Acabo de descubrir que la Universidad de Oviedo se ha puesto las pilas para aplicar el Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Obviamente, al tratarse de un RDL es de obligado cumplimiento y deroga cualquier Disposición de inferior rango que entre en contradicción con el RDL. Dado que la redución de encargo docente, o “desgravación”, como dicen en el Principado, es un Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, al igual que pasa aquí, en la UCO, o en cualquier otra Universidad Pública Española, los Cargos Académicos, que proliferan como setas en bosque húmedo, no pueden alegar que su “desgravación” docente sea algo más que una prerrogativa que ellos mismos se han otorgado.

Recordemos que el RDL es de rango superior al Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, que, en su articulado, dejaba el albur de las “desgravaciones” por cargos, carguillos y carguetes a lo que se dispusiera en los Estatutos de cada Universidad, por lo que parece obvio que esas “desgravaciones” deben desaparecer a la voz de ¡YA!

Por si acaso, y para no transmitir una imagen peor de la que ya tienen, los del Principado se lo van a pensar durante un año y, a lo mejor, se “recortan” un poquito la “desgravación” para el curso 2013-14; pero, de momento, por lo que pueda ocurrir o puedan discurrir tan ínclitos personajes, lo mejor es dejar las cosas como están para el próximo curso 2012-13 . Que bien lo dice el refrán: “Quien con sus manos se capa, buenos cojones se deja”

El Consejo de Gobierno aprueba un acuerdo sobre dedicación docente

18/6/2012

La instrucción se realiza en aplicación del decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado hoy un acuerdo sobre dedicación docente en aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que recoge los siguientes puntos:

— La reducción docente por actividad investigadora será la que proceda de conformidad con lo previsto en el artículo 6. Cuatro del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, y la redacción que con el mismo se da al artículo 68 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

— Mientras no se apruebe por el Consejo de Gobierno nueva normativa adaptada al citado Real Decreto-ley sobre la reducción de la docencia de los cargos académicos, durante el próximo curso 2012-13, éstos seguirán con la misma desgravación que se venía aplicando hasta el presente curso académico.

Con la salvedad de lo establecido en el número anterior, la reducción máxima de horas de dedicación docente para cada profesor por cualquier actividad que tenga reducción reconocida en la normativa vigente será de 90 horas. Ningún profesor podrá tener una dedicación docente inferior a 150 horas.

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