ASALTO A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA


Publicado en el Día de Córdoba el 14 12 2012

Diego Llanes Ruiz

En pocos meses, las universidades públicas contarán con una cuarta ley para regular sus actividades. Si excluimos la LRU (1983) del PSOE, que significó un cambio necesario para los nuevos tiempos democráticos, el resto de las leyes LOU, (2001) del PP y LOMLOU, (2007) del PSOE, nunca me parecieron realmente necesarias,  y creo que solo tenían un fin; abrir las universidades al llamado capitalismo académico. Para ello, introduce, la LOU, y desarrolla, la LOMLOU, un nuevo objetivo universitario: el conocimiento al servicio del desarrollo económico.

Nuestro capitalismo académico es una mala copia del original. Al tener nuestro país, y no digamos Andalucía, una débil economía productiva, no contábamos con los sectores empresariales  que impusieron este modelo a las mejores universidades anglosajonas. Nosotros hemos tenido que intentar crear a los propios empresarios que se beneficien de esos cambios y para ello animar a cada universitario y universitaria a convertirse en emprendedor. Además fue necesario el inicio de una campaña de potenciación del mercado y lo privado, en abierta contradicción con el modelo funcionarial de nuestras universidades.

La nueva ley querrá, sin más dilación, imponer el capitalismo académico con el paso directo a la gestión privada de la universidad pública. Los procesos electorales, que aupaban al poder a los rectores, tienen por tanto los días contados. El poder pasará a manos de un organismo similar al actual Consejo Social, que será el encargado de gestionar a las universidades públicas y nombrar a los rectores.

Los nuevos miembros de los Consejos Sociales serán elegidos por el poder político, lo que vendrá a significar que las universidades públicas estarán controladas por el capital financiero, que en última instancia controla a las cúpulas de los partidos mayoritarios. Esto se llevará a cabo si la sociedad civil: organizaciones sociales, empresarios, pequeños partidos y sindicatos,… no se dota de la suficiente fuerza, como para imponer un modelo de gestión universitaria más acorde con las necesidades del conjunto de la sociedad.

La universidad que salió de la transición realizó eficazmente su función de poner la educación superior a disposición de un gran número de españoles. En los últimos años, el crecimiento económico especulativo, ligado a la burbuja inmobiliaria, también ha tenido sus efectos negativos en la gestión universitaria. La bonanza económica y la supuesta necesidad de hacer de la universidad motor del desarrollo económico alentaron y potenciaron al profesor-gestor, frente al docente y al investigador. El aumento exponencial de los cargos, que en ningún momento fue acompañado de los adecuados mecanismos de control, ha dado lugar al clientelismo y la auto-satisfacción.

Clientelismo debido a que los rectores debían ser elegidos cada cuatro años por el resto de miembros de la comunidad universitaria y auto-satisfacción ya que los fondos de que disponían estos gestores aumentaban cada año, lo que les permitía repartir prebendas, crear las más diversas estructuras y difundir su mayor éxito, el noveno lugar en el ranking mundial por publicaciones.

El clientelismo y la auto-satisfacción trajeron consigo además la desregulación y el descontrol en el funcionamiento de las universidades. Baste un ejemplo: los programas de jubilación anticipada incentivadas. Profesores-gestores de 33 universidades públicas desde 2002 han aprobado y puesto en marcha unos programas que carecen de soporte legal. El Tribunal de Cuentas ha abierto por ello diligencias para investigar el posible delito contable cometido por estos profesores-gestores.

La necesidad de más fondos públicos para las universidades tenía una justificación perfecta: éramos los motores de la economía. La realidad, sin embargo, discurría por otros caminos. Los fondos que nos financiaban no salían del aumento de nuestra economía productiva, provenían de los ingresos que el Estado conseguía con la burbuja inmobiliaria, verdadero motor de nuestro desarrollo. Por tanto, como ahora todos constatamos con un 25% de parados, el 33% en Andalucía, los motores de nuestro desarrollo no se alimentaban con los éxitos, ni con las publicaciones científicas, que se producían en las universidades, aunque nuestros rectores insistieran e insistan aún hoy en hacer creer a todos que somos nosotros, con el aumento de los conocimientos, los que llevábamos el peso del desarrollo económico.

Una vez desaparecido el verdadero motor de nuestro crecimiento, la burbuja inmobiliaria, se hace necesaria una reestructuración del modelo universitario. Lo que está en juego es si esos cambios se acometen para beneficiar al conjunto de la sociedad o a unos pocos. Se avecinan tiempos de incertidumbres y sacrificios, y de toda la sociedad depende que estos cambios puedan ser tutelados por una sociedad civil, que deberá fortalecerse, o por gestores que eliminarán las escasas posibilidades que tenemos de una universidad pública crítica con el modelo económico imperante

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RECORTES EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS


ALTERNATIVAS A LOS RECORTES EN LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA.

Diego Llanes Ruiz

La situación económica en que se encuentra España y Europa empieza a tener consecuencia directa sobre el funcionamiento de las universidades públicas. Se han anunciado importantes recortes, de alrededor de 130 millones, en las universidades públicas andaluzas, que en la UCO llegarían a los 10 millones de euros.

La necesidad de aplicar estos recortes en las universidades públicas, no debemos olvidarlo, es una consecuencia de la crisis del capitalismo financiero y de casino que ha imperado en los últimos años. Sin embargo, las medidas de recorte pretenden justificarse por la necesidad de eliminar la deuda (fundamentalmente privada y de bancos) que se ha generado estos años, y una y otra vez, nos dicen que la causa ha sido porque “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, argumento que ha sido interiorizado por una buena parte de la población y por muchos de nuestros compañero/as.

Debo decir que “no todos” hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y por tanto algunos (una gran mayoría de la población) deberíamos tener la fuerza moral necesaria para enfrentarnos a aquellas medidas encaminadas a hacer pagar a todos las deudas generadas por el crédito fácil y la especulación financiero-inmobiliaria.

Los bancos españoles, con muy pocas excepciones, han vivido por encima de sus posibilidades, pero de ahí a decir que, un funcionario (o un trabajador/a), que ha pagado religiosamente los impuestos y no ha adquirido deudas que no pudiera pagar con su sueldo, ha vivido por encima de sus posibilidades además de radicalmente falso, es un insulto.

Al igual que cada uno de nosotros puede y debe analizar si ha vivido por encima de sus posibilidades y tener una postura frente a la deuda coherente con su situación particular. Las instituciones, y entre ellas la Universidad de Córdoba, debe analizar su situación y los gastos acometidos durante estos últimos años de especulación y actuar en consecuencia respecto a los recortes.

No tengo datos suficientes para afirmar o negar que nuestra universidad sea una de las instituciones que ha vivido por encima de sus posibilidades, si es así los recortes que se nos piden tendrían algo de justos y necesarios, o por el contrario si los gastos se han ajustado a nuestras responsabilidades, los recortes son injustos e innecesarios. Más injustos serán todavía, si como parece, el gobierno de la nación y el autonómico pretenden aplicar los recortes al conjunto de la institución y especialmente a los más débiles, en forma de aumento de tasas académicas, disminución de sueldos o rescisión de contratos.

Sería necesario, por tanto, conocer si en nuestra universidad hay estructuras que han crecido por encima de las necesidades que marcaban nuestros objetivos básicos, y en caso de ser así su eliminación debería ser un primer paso en los recortes.

La Universidad de Córdoba ha decidido acometer reducciones en el gasto, y recientemente se han hecho publicas una serie de directrices generales (Consejo de Gobierno del 15-5-2012), pero estas propuestas se ven enturbiadas por decisiones concretas como la del anuncio de la contratación de un gerente para el ceiA3, lo que significa la generación de un nuevo cargo con un gasto adicional mínimo de 56.000 euros/año. Debemos tener en cuenta que el Campus ha estado funcionando durante casi tres  años sin ese cargo, y que además se hace la contratación en el momento que el programa de Campus de Excelencia ha sido calificado por el MEC de “herramienta inútil”.

La Universidad de Córdoba, para acometer los recortes que afectan al conjunto de su personal, debe en primer lugar y sobre cualquier otra consideración, hacer un esfuerzo en presentar una gestión transparente y evitar que pueda darse la percepción, como me ha sucedido con el nombramiento del gerente del ceiA3 y otras plazas, de que se favorece a grupos de privilegiados que en nada tienen que ver con los objetivos básicos de la institución.

Para empezar debemos cumplir con los objetivos docentes e investigadores desde una total transparencia económica, mostrando a la sociedad, que la financia, que su universidad cumple con los objetivos que se les pide y los desarrolla acorde con los medios que la sociedad pone a su disposición.

Por todo ello propongo una serie de medidas que se podrían estudiar en la UCO y que su adopción, conjunta o por separado además de reducir el gasto, permitiría empezar a diseñar una universidad pública diferente a la actual.

1.- Realizar una auditoría que permita conocer la situación económica de las diferentes estructuras de la UCO, con objeto de descubrir y proceder a la eliminación de aquellas partidas de gasto no acorde con los objetivos académicos básicos.

2.- Detener los planes de austeridad que afecten por igual a todo el personal, ya que no tiene en cuenta la responsabilidad que este personal tiene en la situación económica y el posible déficit de nuestra universidad.

3.- Elaborar un catálogo de los servicios básicos necesarios que permita recuperar la gestión pública de las empresas y servicios ahora privatizados. Responsabilizar de la gestión de todos los servicios al personal de administración y servicios. 

4.- Hacer de la actividad docente el objetivo y actividad principal de la institución y del profesorado. Independizar la actividad y el personal de las empresas de base tecnológica (EBT) de las estructuras universitarias.

4.- Con objeto de disminuir el anunciado recorte, poner a la venta las acciones de las diversas sociedades en las que participa la UCO, especialmente Rabanales 21 SA.  

5.- Disminución del número de cargos y eliminación de todos los complementos de asimilados a cargo.

6.- Emprender un programa para reducir la jornada laboral del personal fijo de nuestra universidad lo que servirá para fomentar un programa de nuevas contrataciones.

7.- Elaborar una relación de puestos de trabajos docentes (RPT) que contemple, un plan  para la contratación de profesorado joven, que aumente nuestra capacidad docente, y que su dedicación le permita acometer también investigaciones que sirvan para aumentar el conocimiento de los problemas que afectan a nuestra sociedad.

8.- Refundar democráticamente el modelo de universidad basado en la solidaridad y en la austeridad y no en los privilegios.

9. -Apostar por la separación de la gestión económica y de personal, de la académica. Las dos primeras deberán recaer en la sociedad que nos financia en tanto que  la actividad académica docencia e investigación, será responsabilidad de los universitarios.

Estas medidas permitirían que la UCO pudiera salir fortalecida de la crisis. Crisis que es del sistema económico, y que no se va a solucionar con recortes de sueldos y plazas. Para superarla, aunque nos parezcan utópicas, deberemos tomar medidas como las propuestas por el CADTM (Comité para la anulación de la deuda del tercer mundo para construir otra Europa) y que son:

1.- Realizar una auditoría de la deuda pública con el objetivo de anular su parte ilegítima.

2.- Detener los planes de austeridad puesto que son injustos y profundizan la crisis.

3.- Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza. Prohibir las transacciones con los paraísos judiciales y fiscales. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de las personas más ricas.

4.- Controlar los mercados financieros, principalmente mediante la creación de un registro de los propietarios de títulos, la interdicción de las ventas al descubierto y de la especulación en una serie de sectores.

5.- Transferir los bancos al sector público bajo control ciudadano.

6.- Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados desde 1980.

7.- Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para crear empleos, y al mismo tiempo aumentar los salarios y las pensiones.

8.- Refundar democráticamente otra Unión Europea basada en la solidaridad.

Espero que este escrito pueda ayudar a abrir un debate y ser una alternativa a los recortes que se proponen a la UCO desde la administración autonómica y nacional.

La Universidad de Granada suspende su oferta de empleo público para 2012.


La Universidad de Granada ha suspendido su oferta de empleo público para 2012.

Resolución del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación de la UGR

Esta medida afecta de lleno a los 6.900 trabajadores de la UGR, sobre todo al profesorado laboral eventual y al personal de administración y servicios, y pone en riesgo servicios esenciales de la Universidad, como son la docencia y la investigación.

La oferta de trabajo que había lanzado la UGR para 2012 incluía las nuevas contrataciones de 70 profesores ayudantes-doctor, 15 profesores asociados y 67 interinos. Además de 60 promociones internas de titular a catedrático para el personal docente investigador, 75 de doctor a titular, 15 de estabilización de investigadores.

La Gerencia prepara un recurso contra el decreto del Gobierno que impide nuevas contrataciones, y afecta a los 6.900 trabajadores de la institución superior, porque “paralizaría servicios esenciales”.

EL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN TIEMPOS DE CRISIS. I y II.


Los dos artículos que siguen son una  reflexión sobre el gobierno de la universidad en estos  tiempos  y cuáles serían las medidas que a mi entender se deberían tomar para hacerla más eficaz socialmente. Espero que os interese y si es posible genere un debate.

Los artículos surgieron tras leer el informe de unos expertos y, en menor grado, un artículo del Prof. Valcárcel donde se emplea el término gobernanza.

Pueden consultarse en:

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2011/10/informe-finaleu2015?documentId=0901e72b80f610c2

http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/el-chocolate-del-loro-en-uco_671177.html

He enviado los artículos al Día de Córdoba, y según me han dicho lo publicaran uno de estos días, pero me adelanto y los cuelgo antes en este foro.

Un abrazo

Diego

EL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN TIEMPOS DE CRISIS. (I)

Se han incrementado las voces de élites universitarias que reclaman un cambio en el modelo de gobierno de las universidades públicas. Modelo que consideran ineficaz y, lo peor, asambleario. Estas élites proponen un nuevo modelo de “gobernanza”, como les gusta llamarlo. La “gobernanza” es el sinónimo de gobierno que se usa para reducir el autogobierno universitario e introducir criterios empresariales en la gestión, como la rentabilidad económica en la educación y el conocimiento.

 Los planes del modelo neoliberal de la economía, para las universidades públicas españolas, no son otros que hacerse con su control. La privatización de las universidades públicas no puede seguir el modelo utilizado con otras empresas públicas. Se trataría de hacerse con su gestión, sin costo alguno, implantando un modelo de gobierno, donde los rectores, cuenten con una completa autonomía para seguir el dictado de los mercados.

 La nueva “gobernanza” se presenta como la solución para una universidad pública, inmersa, sin lugar a duda, en una crisis, con un profesorado y alumnado desorientado e incapaz de ver más allá de las necesidades del día a día.

 La crisis de la universidad pública es una consecuencia más de las políticas que el sector financiero está imponiendo para pagar la supuesta deuda que tenemos con los mercados. La introducción del proceso de Bolonia, que ha sido pilotado por muchos de los que ahora reclaman un cambio de “gobernanza”, ha tenido el efecto de desestabilizar de forma consciente al sistema universitario público.

 Hemos de recordar que el gobierno de nuestras universidades recae en los Consejos de Gobierno que actúan de hecho como Consejos de Administración, con la particularidad de que no lo forman los mayores accionistas, cosa imposible en tanto las universidades sean de titularidad pública, sino miembros de la universidad, elegidos cada cuatro años.

 El carácter asambleario del que se culpa al gobierno universitario vendría dado por el Claustro, pero este no tiene capacidad de gestión, el Claustro en la universidad se reúne anualmente y el rector de turno presenta una memoria a la que se pueden hacer propuestas. En nuestra universidad, en la historia reciente jamás se sometió a votación propuesta alguna.

 En un país, y especialmente en una comunidad como la andaluza, con una clase política omnipresente y omnipotente, un empresariado habituado a las subvenciones y una sociedad civil débil es difícil que la gestión universitaria destaque por la eficacia, la transparencia y la asunción de responsabilidades.

 A pesar de ese marco social, el gobierno de las universidades públicas ha funcionado positivamente durante décadas y no ha sido hasta la introducción de nuevas funciones, relacionadas con el modelo económico neoliberal, primero por la LOU (2001) del PP y después, por la modificación del PSOE (2007), cuando se empieza a cuestionar el autogobierno universitario.

 Un paso hacia ese modelo, ha sido evitar las molestas asambleas, léase Claustros. En la universidad cordobesa no se han celebrado los claustros de 2006 y 2010 que recogían sus Estatutos y jamás tuvo lugar un claustro para tratar la aplicación de un proceso como el de Bolonia que tantos cambios de gestión implicaba.

 Otro paso dado en la dirección neoliberal es fomentar que grupos de profesores con sustanciosos  complementos económicos, actúen como si fueran propietarios de las diversas áreas de gestión de cada universidad.

 Así el capital financiero y las élites universitarias que piden un cambio en la “gobernanza” están encontrando un campo propicio para establecer su modelo neoliberal y apropiarse de las universidades públicas. Para ello se propone al gobierno la designación del rector de entre esas élites, autoproclamadas de excelencia y que pondrá a las universidades al servicio de los poderes económicos que lo hayan aupado al poder.

 Las necesidades que una sociedad como la andaluza, con una tasa de paro de más del 30%, tiene de una universidad pública eficaz van más allá del mero cambio de “gobernanza” que defienden, en su exclusivo provecho, las élites universitarias y el capital financiero. Los principales problemas que afectan a la universidad pública no han sido creados por la forma de gobierno, son responsabilidad de las autoridades nacionales y autonómicas; como la creación y mantenimiento de centros y títulos repetidos, la falta de transparencia en la selección del profesorado, los problemas de  financiación,…

 Quien quiera abordar seriamente la mejora de las relaciones de las universidades públicas con la sociedad que las sustenta debería tener en cuenta dos realidades. Primero, que estamos en una sociedad con un sector económico privado incapaz de absorber la cantidad de titulados que formamos. Los sectores empresariales, apoyados en la innovación y el conocimiento, sus destinatarios naturales son escasos. Y segundo, los recortes en la financiación pública, impuestos por el modelo neoliberal, producirán la disminución del empleo público para titulados, su principal fuente de empleo, lo que aumentará el paro o el subempleo de los mismos.

 Dejo para más adelante los cambios que a mi entender deberían acometerse en las universidades para dar respuesta a las necesidades de la sociedad andaluza.


 

EL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN TIEMPOS DE CRISIS. II

Las propuestas de cambios en la forma de gobierno de la universidad española, usualmente se hacen considerando que es posible tener una universidad de alto nivel, habitualmente referido más a la investigación que a la docencia, al margen del tipo de sociedad donde se integran.

 Los cambios que según mi criterio necesita el gobierno de la universidad pública se contienen en una idea básica. Hagamos que sea la sociedad en su conjunto, y no las élites universitarias, ni el mercado, léase capital financiero, la que determine el tipo de universidad que desea y qué profesionales y qué conocimientos necesita para aumentar su bienestar.

 Para cumplir con el objetivo de insertar la universidad en la sociedad, el gobierno de las universidades deberá asentarse en tres pilares. 1º La administración nacional y/o autonómica, que gestione la estructura del sistema universitario. 2º El autogobierno universitario que gestione el funcionamiento de la actividad docente y/o investigadora y 3º Un patronato de carácter local que gestione los aspectos financieros y de personal y sirva para acercar la universidad a la sociedad  donde se ubique.

 La administración sería la responsable de regular el número de centros, titulaciones, tasas, el modelo de selección del personal y los planes plurianuales de financiación. El autogobierno universitario, con su rector y demás cargos, elegidos entre sus miembros, se ocuparán de la organización docente e investigadora con la más absoluta autonomía, integrándose en este autogobierno tanto el profesorado como el alumnado y el resto de trabajadores. El patronato local estaría formado por personas nombradas por la administración de entre los diferentes sectores de la sociedad y no solo del empresarial. Este patronato entenderá de la estructura y retribuciones de las plantillas, así como de la gestión económica, que incluirá todos aquellos fondos públicos o privados conseguidos por y para la universidad.

 Este modelo organizativo responsabiliza a la administración de mantener o reducir el número de universidades y titulaciones. En caso de reducción del número de universidades se debería mantener un campus universitario en cada provincia, pero siempre buscando  la racionalización de las inversiones públicas.

 El autogobierno universitario permitirá una gestión independiente de las actividades y estructuras docentes e investigadoras, eliminando la autogestión en cuestiones relativas a las condiciones de trabajo. Pudiendo cogestionar junto con el patronato aquellos fondos que los miembros de los diferentes colectivos consigan por su actividad docente e investigadora.

 El patronato local, se convertirá en el verdadero motor de cada universidad o campus. Será el responsable último de que la universidad o el campus sea una herramienta eficaz para el entorno social, incluso si es posible para entornos más alejados. En él ocuparía un lugar destacado el sector empresarial que aporte experiencias en actividades innovadoras. Al ser responsable de la organización de las plantillas y de la gestión del presupuesto, este patronato deberá contar con una organización capaz de llevar a cabo sus funciones de forma eficaz, y deberán responder de su gestión ante las autoridades.

 Este modelo, que mantiene el autogobierno universitario, pretende implicar a la sociedad en la gestión de su universidad, evitando que la gestión de la actividad docente e investigadora caiga en manos de expertos, bien nombrados por los cargos políticos o por las élites universitarias.

 Nuestro país en los últimos diez años ha incrementado las inversiones públicas en universidades. Esto se ha visto reflejado especialmente en un aumento de la oferta de titulaciones, y en el crecimiento del número de publicaciones científicas, “papers”, de los que son autores nuestros profesores.  Es hora de que la universidad y la ciencia que se realiza en ella, conozca y aporte soluciones a los problemas que tiene la sociedad y no solo nuevos títulos y “papeles”. Y que esta sociedad, a su vez, descubra cómo puede conseguir una universidad más eficaz para aumentar su bienestar, abandonando el sueño de una universidad de excelencia al servicio del desarrollismo económico propuesto por los mercados.

 No creo necesaria una nueva ley de universidades, dos leyes en 10 años no han hecho sino empeorar la situación. Necesitamos pocas normas pero que se cumplan. Como ejemplo tenemos el problema de la endogamia universitaria. Para su disminución bastaría un gobierno que estuviera dispuesto a aplicar en las universidades una ley de 1992, aún vigente, sobre el Régimen jurídico de las Administraciones públicas, que en su artículo 28 regula las causas para abstenerse de formar parte de tribunales, o para ser recusado si se forma parte ellos, entre otras estaría el tener “interés personal” en el asunto o una “relación de servicio” con persona interesada directamente en el asunto.  ¿Hay más relación o interés que ser director de la tesis del opositor, coautor de trabajos con el opositor o convivir en el mismo departamento con el opositor? La aplicación de esta ley anularía más del 95% de los actuales tribunales, y ello sin tocar la vigente ley de universidades.

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LOS DIOSES DEBEN ESTAR LOCOS.


Los dioses deben estar locos y han contagiado a las consejerías de economía y educación. No encuentro otra explicación para emitir un texto como el que han puesto en la web y del que he seleccionado y resaltado algunas partes.

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacionyuniversidades/056325/economia/educacion/presentan/consejo/andaluz/universidades/plan/fomento/cultura/emprendedora

Los consejeros de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, y de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, han asistido en Córdoba al Consejo Andaluz de Universidades (CAU), en el que se ha analizado el Plan Estratégico para el Fomento de la Cultura Emprendedora en las Universidades Públicas Andaluzas, un documento con el que se pretende sentar las bases para el desarrollo de un nuevo modelo de educación basado en el emprendimiento y ayudar a potenciar el talento de los estudiantes, permitiéndoles tomar iniciativas, asumir riesgos, aprovechar las oportunidades de forma proactiva y, en definitiva, competir al máximo nivel en las nuevas sociedades basadas en el conocimiento.

El documento gira en torno a cinco pilares que deben conformar el nuevo modelo educativo basado en la cultura emprendedora y que se pretende implantar en Andalucía. Se trata del impulso de la cultura emprendedora, entendiendo ésta como la unión del espíritu emprendedor, la innovación y la creatividad; la potenciación de la cultura emprendedora en todos los niveles, desde la infancia y durante toda la vida; el impulso el emprendimiento personal, social y productivo; el estrechamiento de los lazos de unión con el sistema empresarial y con el conjunto de la sociedad, donde las personas emprendedoras son modelos a seguir para el alumnado; la contemplación de un papel protagonista del profesorado, basado en nuevos contenidos y nuevas formas de aprender, en sí mismas creativas, innovadoras y emprendedoras.

Lo he leido varias veces y se me ocurren muchos comentarios, sobre los politicos de nuestra junta, pero los dejaré pasar un tiempo.

 

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